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Falso

Martes, 29 Septiembre 2020

Policía civil no es igual a desarmada, como dicen Sergio Rodríguez y Papo Amín

Por José Felipe Sarmiento

El columnista y el concejal escribieron que la desmilitarización propuesta por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, implicaría quitarle las armas a la institución. Esto es falso.

En su cuenta de Twitter, el economista y columnista conservador Sergio Rodríguez publicó un “dato” según el cual la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de tener una policía sin fuero ni formación militar “implicaría desarmar [a sus integrantes] y quitarles su autoridad, algo así como volverlos gestores de convivencia”.

Trino de Sergio Rodríguez sobre desmilitarización de la Policía

Colombiacheck le preguntó, a través de un mensaje directo en esa red social, por sus fuentes y argumentos para hacer esa afirmación. Su respuesta fue un trino de Humberto Rafael Amín, concejal del Distrito por el partido Centro Democrático, que también asegura que el mensaje de la mandataria distrital equivale a “desarmar a la Policía” y adjunta un video donde la funcionaria dice que hay que “desmilitarizar” la institución.

Trino de Rafael Amín sobre desmilitarización de la Policía

La equivalencia entre los dos términos es falsa. El carácter civil de la institución policial no es incompatible con que utilice armas ni la equipara en autoridad o funciones a los gestores de convivencia, que son una figura distinta. De hecho, la Constitución ya define a la Policía como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”.

Incluso hay quienes consideran que hay una confusión entre quienes dicen que la entidad está militarizada. “El hecho de que tenga ciertas características, no la hace una fuerza militar”, señala Katherine Aguirre Tobón, investigadora del Instituto Igaripé, un tanque de pensamiento sobre violencia en América Latina.

Definida como civil, la Policía Nacional maneja armas. Pero eso no solo pasa en Colombia, también en la gran mayoría de países del mundo. “Yo diría que el 99 por ciento son instituciones armadas. Si, en cumplimiento de su deber, su vida o la de una tercera persona está en riesgo, pueden hacer uso de las armas”, explica el abogado Jairo Libreros, consultor internacional sobre seguridad y profesor de la Universidad Externado.

Como señaló el mismo experto en un explicador reciente acerca del limitado poder que tienen las alcaldías sobre la Policía Nacional en sus jurisdicciones, el carácter civil significa que la misión de la institución no es la de participar en combates y sus integrantes, por tanto, no son combatientes. Su fin, dice la Constitución, “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Para otros asuntos, como la defensa de la soberanía territorial, están las Fuerzas Militares (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea). Esto no impide que la Policía, de acuerdo con la misma Carta Política, haga parte de la Fuerza Pública junto con las otras tres instituciones.

Otra cosa es que la historia del país ha llevado a una confusión en las labores de los componentes militar y policial. Analistas como Libreros y Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coinciden en que el conflicto armado interno y la guerra contra el narcotráfico han obligado a que la Policía asuma funciones de contraguerrilla y utilice helicópteros o armas largas, por ejemplo.

Los expertos también recuerdan que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla emitió un decreto en 1953 para supeditar la Policía al entonces Ministerio de Guerra (hoy Defensa) bajo un mismo Comando con las Fuerzas Militares. La herencia de ese cambio perduró a lo largo de las décadas incluso en la cultura de la institución: los nombres de los rangos, los colores de los uniformes, hasta la forma de las botas. Sin embargo, Libreros y Castillo también destacan que se han hecho esfuerzos para desmilitarizarla desde la Ley 62 de 1993.

A partir de esa norma, se crearon los comandos municipales para tratar de mejorar los controles civiles a nivel local; también se reformaron los controles internos, se modificaron la carrera y los rangos de agentes y suboficiales (los grados de patrullero, subintendente, intendente, subcomisario y comisario reemplazaron a más de 15 de corte más militar, aunque los oficiales mantuvieron el viejo sistema) para profesionalizar el trabajo y darles más autonomía a los policías, entre otras medidas.

Aunque algunos de esos cambios se han mantenido, el investigador en seguridad Pablo Casas Dupuy recuerda, en un artículo alojado en la Base de Datos Política de las Américas de la Universidad de Georgetown, que a este intento le siguió una “contrarreforma” desde 1995, denominada como Plan de Transformación Cultural. Esta todavía está vigente, según el portal de la Policía.

Si bien el plan depuró la Policía de unos 7.000 miembros y buscó convenios con universidades para mejorar la formación, el autor argumenta que “muy sutilmente se revirtió todo el proceso iniciado en 1993” por medio de una nueva reforma estructural. Así, eliminó muchas de las nuevas instancias de control civil, participación ciudadana, bienestar y especialización que recién se habían creado o que ni siquiera alcanzaron a empezar a operar, incluyendo los comandos municipales.

También hubo un segundo intento de reforma en 2003, para el cual se convocó una misión de expertos que hizo una serie de recomendaciones sobre los controles disciplinarios y la gestión de recursos al interior de la institución. No obstante, el Gobierno desechó la mayoría y se concentró en un plan que, según Casas, no recogía “ni el espíritu ni la esencia de las transformaciones más importantes” que se habían propuesto”. 

De todas formas, la Ley 63 coincide con la Constitución en definir a la Policía como “cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Por tanto, demuestra una vez más que la equivalencia entre desmilitarización y desarme es falsa.

El concejal Amín nunca respondió nada luego de ser consultado por sus argumentos para igualar la propuesta de desmilitarizar la Policía con “desarmar” a sus integrantes. El columnista Rodríguez, más allá de enviar el trino del cabildante, consideró que no era necesario explicar más su posición con respecto a la supuesta pérdida de autoridad “después de todo lo que [la alcaldesa López] ha dicho estos días”. Solo le pidió a Colombiacheck averiguar “sobre la contratación de más gestores de convivencia”.

Para Castillo, decir que la desmilitarización le quita autoridad a la institución “es como decir que las empresas no tienen jerarquías porque no son militares”. La verdadera idea se refiere a darle mayor autonomía a los policías para actuar. “La estructura militar estricta no se compadece con el tipo de problemas que tienen que tratar”, explica.

Es cierto que Bogotá ha contratado más gestores de convivencia en la actual administración. A finales de 2019, bajo el mandato de Enrique Peñalosa y en pleno paro nacional, eran 120 personas. Para agosto de 2020, habían aumentado a 227. La misma Secretaría de Gobierno había anunciado el aumento de este personal desde febrero, pero nunca con la intención de quitarle autoridad a la Policía.

A la vez, la misma entidad anunció que aumentaría la concentración de policías en las manifestaciones de estudiantes en las universidades públicas. Solo en Bogotá, había 16.663 integrantes de la Policía en febrero y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, planeaba que el Distrito pudiera contar con recursos para aumentar el pie de fuerza con 2.000 o 3.000 uniformados más en la actual administración, según contó el diario El Tiempo 10 días después. Por tanto, la contratación de más gestores está lejos de ser un plan para reemplazar o desautorizar a la Policía.

De hecho, el fortalecimiento de la figura de los gestores por parte de las administraciones locales incluso está consignado en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana del actual gobierno nacional con el objetivo que “posibilitar que los miembros del cuerpo de Policía, que están formados para enfrentar a la delincuencia, se concentren principalmente en esa actividad y en la protección de los ciudadanos”. Están planteados como un apoyo a la institución, no lo contrario.

Los gestores se encargan de mediar en situaciones de aglomeración de personas, como eventos masivos o protestas. Además, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 cumplieron una labor de promoción de las medidas sanitarias. No cooptan las funciones policiales relacionadas con la atención ante posibles delitos y la detención o captura de personas, por ejemplo. Ni van armados.

El fuero, por otro lado, es el que permite que los policías sean juzgados como combatientes por la Justicia Penal Militar cuando cometen delitos relacionados con los actos del servicio. De acuerdo con la explicación de Libreros, los militares se rigen por el Derecho Internacional Humanitario por ser combatientes. Quitarle el fuero a la Policía implicaría juzgar a sus integrantes bajo otra óptica, “como funcionarios públicos de otra naturaleza”, en palabras de Castillo.

El experto de la FIP afirma que esto “no se puede desmontar de un día para otro porque la realidad es compleja”, debido a que la institución todavía ejerce funciones de corte más militar a pesar de ser un cuerpo civil armado en el papel. No obstante, los dos académicos coinciden en que esto nada tiene que ver con quitarles autoridad a sus integrantes ni con dejarlos desarmados.

Por tanto, los trinos de Amín y Rodríguez son falsos porque no corresponden con la realidad de lo que quiere decir la desmilitarización de la Policía. Ambos contrarían la definición de la institución, tanto a nivel nacional como internacional, y desconocen sus funciones. Además, el columnista plantea otra equivalencia con los gestores de convivencia del Distrito que, por el contrario, fueron creados para apoyar la labor policial en ciertas funciones que no requieren armamento, no para reemplazarla.

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Martes, 09 Julio 2019

Los financiadores que comparten Claudia López y Enrique Peñalosa son pocos

Por Miriam Forero

Aunque cinco empresas que le donaron dinero a López en su campaña de 2014 también lo hicieron con el actual alcalde de Bogotá en 2015, encontramos que sólo representan el 3% de los aportantes y que suelen financiar a muchos candidatos más, incluso de corrientes opuestas.

Una tabla que está rotando por WhatsApp y Facebook asegura que a Claudia López (en su campaña al Congreso en 2014) y a Enrique Peñalosa (en su campaña a la alcaldía de Bogotá en 2015) “los financiaron los mismos”.

López, que fue elegida en esa campaña de 2014 al Senado, ahora es candidata a la alcaldía de Bogotá y busca a reemplazar justamente a Peñalosa, quien también fue exitoso en su campaña de 2015.

Pero, aunque las cifras de la tabla son correctas, hay información de contexto muy importante que hace que la interpretación de los datos no sea del todo exacta, sino cuestionable:

Según los registros de Cuentas Claras, un aplicativo del Consejo Nacional Electoral en el que los candidatos deben reportar sus ingresos y gastos en tiempo real, no solo los números y nombres que presenta la imagen son reales, sino que las cinco entidades que menciona son exactamente las únicas coincidencias entre los donantes de López y Peñalosa.

Pero, precisamente, ahí está el primer análisis clave. Solo cinco donantes en común no son suficientes para concluir que a Peñalosa y a López “los financiaron los mismos”, si se tiene en cuenta que esas cinco compañías representan menos del 3 por ciento de los particulares (personas no familiares y empresas) que les aportaron a los dos políticos en sus campañas de 2015 y 2014, respectivamente.

En efecto, cuando Claudia López aspiró al Senado en 2014, declaró 41 donantes que, en total, le dieron 288 millones de pesos. Peñalosa, por su parte, registró aportes de 132 particulares por 2.843 millones de pesos.

Así que los fondos entregados por los aportantes que se muestran en la tabla representan el 29,5 por ciento de las donaciones de particulares (no del total de ingresos) de López y el 14 por ciento de las de Peñalosa. 

Por esto, decir que “los financiaron los mismos” no es preciso, pues las coincidencias solo fueron cinco de 173. Esta afirmación sería correcta en un caso como el del Centro Democrático, cuyos candidatos al Senado, en su primera campaña legislativa en 2014, presentaron exactamente los mismos financiadores con cantidades idénticas para cada aspirante.

Un segundo punto muy importante para analizar el caso de López y Peñalosa, es comprender por qué ocurre algo así, por qué seis empresas y ONG deciden aportarles diversas cantidades de dinero a dos políticos en sus campañas, con un año de diferencia.

Contrario a lo que se podría pensar, esta coincidencia no necesariamente implica que los dos políticos se hayan alineado para conseguir los mismos financiadores o que haya acuerdos ocultos al respecto. La prueba está en que las mismas cinco entidades hicieron donaciones y créditos a por lo menos 73 candidatos en los dos años analizados y suelen hacerlo en cada temporada electoral, pues están en los ránkings de los que más repiten donaciones y los que mayores aportes hacen.

Según los reportes de Cuentas Claras, la Fundación Bancolombia hizo contribuciones por 310 millones de pesos a 13 candidatos en 2015; Almacenes Éxito, a siete candidatos, por 80 millones; la Fundación Sura completó al menos 336 millones en sus aportes a diez campañas; los aportes de la Fundación Propública llegaron a 468 millones en 17 campañas y los de RCN Radio, entre préstamos y donaciones, superan los 400 millones de pesos, repartidos entre 15 candidatos, incluido Enrique Peñalosa.

En cuanto a 2014, año en el que Claudia López recibió las donaciones que señala la imagen de redes sociales, aunque el aplicativo Cuentas Claras no permite la descarga completa de información debido a una falla técnica en los datos de ese año, Colombiacheck pudo comprobar que los reportes de varios congresistas elegidos para esa legislatura también incluyen a las mencionadas cinco empresas. 

Además, llama la atención que algunas de estas organizaciones apoyaron con su dinero a candidatos de orillas opuestas, lo cual refuerza la teoría de que no se trata de acuerdos políticos entre los candidatos sino de posibles estrategias corporativas de quienes les hacen donaciones. Así, por ejemplo, RCN Radio no sólo financió a López y otros dos candidatos de Alianza Verde (Jorge Iván Ospina y Angélica Lozano), sino que también lo hizo con aspirantes del Centro Democrático (Edward David Rodríguez) y del Partido Conservador (Carlos Eduardo Enríquez Maya), en aquel momento miembros de la oposición. Algo similar ocurrió con las Fundaciones Sura y Bancolombia, que hicieron donaciones a candidatos del Partido de La U, Cambio Radical, el Centro Democrático y los verdes.