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Miércoles, 14 Junio 2017

Rafael Nieto, enredado al hablar de la financiación del partido de las Farc

Por Paula Vásquez

Bastante imprecisas resultaron las afirmaciones lanzadas por el precandidato presidencial del Centro Democrático cuando aseveró que las Farc tendrán ventaja sobre los demás partidos políticos del país en las elecciones de 2018.

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia de Álvaro Uribe y ahora está en la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, aprovechó su participación en la celebración del cumpleaños de Cartagena para hablar sobre la financiación del partido político que surja luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

 

 

Colombiacheck habló con Nieto, quien argumentó su trino diciendo que, “lo que dice el Acuerdo es que las Farc van a recibir financiación estatal sin haber sacado un solo voto, el promedio de lo que reciben todos los partidos políticos más un 5% adicional para su centro de pensamiento, y más un 5% adicional para la difusión de sus ideas, eso te da un 10% más. Es decir, reciben "el promedio" más un 10% adicional. De manera que las Farc van a recibir más financiación estatal que cualquiera de los partidos políticos hoy y más que varios de ellos juntos”.

La frase de Nieto tiene dos afirmaciones, la primera, que “las Farc harán política con la financiación privilegiada del Estado” y la segunda, que “las Farc harán política con dineros ilícitos”.

Luego de revisar el Acuerdo Final y de consultar varias fuentes expertas en el tema, calificamos de engañosas las afirmaciones de NIeto porque omite detalles necesarios para entender el tema y porque se aventura a pronosticar hechos que no hay cómo determinar que pasarán o no.

El primer paso en la ruta de este chequeo fue revisar el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc, donde quedó pactado que: “con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.

El Acuerdo no habla de los porcentajes a los que se refirió Nieto al explicar la fuente en la que basó su afirmación inicial.

Además, el Acuerdo aclara que esta medida obedece al objetivo de facilitar el tránsito de esa guerrilla a la actividad política legal y que lo que recibirá este grupo es “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final”. En el documento se resalta también que el uso de esos recursos será acorde con las reglas que aplican a los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Colombiacheck consultó a Álvaro Campos, del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró que el 7% del presupuesto que se entregará a las Farc sale del presupuesto general para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y que el resto de los partidos se seguirán rigiendo por la Ley 1475 del 2011, la cual señala que dependiendo de la cantidad de congresistas y senadores que logre cada partido, se le asignará una cantidad de dinero.

Elisabeth Ungar, hasta hace poco directora de Transparencia por Colombia y quien ahora estará al frente de la Misión Electoral Especial pactada en la mesa de la Habana, explicó que si bien esa financiación inicial para las Farc sí puede ser mayor, va a ser por solo dos periodos.

“Ellos nunca han hecho política, ese es el argumento que se está utilizando, numéricamente sí es mayor, pero ahí la discusión es el costo que tiene hacer el tránsito de la política con armas a la política electoral”, precisó Ungar, quien recordó que los partidos políticos también reciben unos montos importantes para su funcionamiento y que en la propuesta de reforma política que está estudiando el Congreso todos los partidos recibirán más financiación.

“El costo para el país de una guerrilla de 7.000 hombres en armas, lo que eso genera en muertos, en heridos, en destrucción física, en pérdida de legitimidad de las instituciones, porque esto no es cuantificable en términos de recursos, es infinitamente menor a lo que equivale ese 7%”, agregó Ungar.

Sobre la afirmación de Nieto que indica que las Farc harán política con dineros adquiridos ilícitamente Ungar recordó que ese debate lo inició el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el decreto 903 que expidió el Gobierno. “El fiscal dice que eso va a suceder, el Gobierno insiste en que no va a ser así, es decir, que la guerrilla va a entregar todos los bienes y no va a hacer política con esos recursos, es una especulación decir que eso va a suceder, no es lo que está previsto en los acuerdos no en la normatividad”, concluyó.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Alexánder Vega, dijo que en el caso de que las Farc se queden con dineros obtenidos de manera ilegal tendrán que responder ante las autoridades. “Una vez se legalicen, las Farc no podrán quedarse con ningún bien de origen ilícito para financiar su partido, porque tendrán las mismas obligaciones de los partidos legales y por lo tanto serán sometidos a sanciones si se les comprueba que han tenido ingresos ilegales”, aseguró.

Anunció que la entidad ya tiene el presupuesto para la financiación del partido político que conformen las Farc, cuando se desmovilicen. $1.866 millones para funcionamiento y $1.698 millones para financiar el Centro de Pensamiento.

Otras imprecisiones de Nieto

Al preguntarle al precandidato presidencial en qué fuente basó su afirmación, Nieto justificó su frase en otro par de argumentos que no son del todo ciertos: Uno de ellos, es que a la fuente directa del Estado se suma la posibilidad de participar activamente en la definición de los presupuestos y las obras que se ejecutarán en los programas especiales de desarrollo territorial y que además hay un conjunto de “incentivos perversos” en el Acuerdo: “como que los amnistiados puedan esconder bienes y que no habrá sanciones para quienes oculten esos dineros o bienes ilícitos”.

Nieto se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se pactaron entre Gobierno y Farc y que según el documento, serán el mecanismo de ejecución de los planes nacionales que se derivan del Acuerdo en las zonas priorizadas. En resumen, serán los planes que desarrollen obras de infraestructura en el campo para mejorar las condiciones de vida en zonas alejadas del país, a través de la construcción de obras como acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura.

El Acuerdo especifica que los Pdet tendrán una participación activa de las comunidades, en conjunto con las entidades territoriales para lograr la integración de regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Estos programas serán elegidos bajo los criterios de niveles de pobreza, grado afectación del conflicto, presencia de cultivos ilícitos y debilidad administrativa, entre otros criterios.

Colombiacheck no encontró ninguna fuente que apoyara la afirmación de Nieto, pues como explicamos, la elección de los lugares donde se van a realizar los Pdet tienen ciertas características, sin embargo, lo que sí explica el Acuerdo es que el seguimiento y evaluación de estos planes hará parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), que está compuesta por tres integrantes del Gobierno y tres integrantes de las Farc.

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Falso

Jueves, 22 Marzo 2018

¿Qué pasa si aparecen armas y dineros escondidos por las Farc?

Por Sania Salazar

Iván Duque insistió en que en el acuerdo de paz no quedaron sanciones en caso de que el inventario de bienes de las Farc quede incompleto; pero la versión final del acuerdo sí lo incluye. Les contamos de qué trata.

En entrevista con RCN Radio Iván Duque, candidato presidencial por el Centro Democrático, reiteró sus críticas a algunos puntos del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc.

“No dejaron con precisión las sanciones ejemplarizantes para la cúpula de las Farc cuando aparezcan armas y dineros escondidos. . . esas cosas hay que modificarlas”, aseguró Duque.

Después de revisar el Acuerdo Final y las precisiones que la Corte Constitucional le hizo al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Colombiacheck califica la frase como Falsa, pues dichos ajustes se incluyeron en la segunda versión del Acuerdo Final, en las normas de implementación del mismo y también las delimitó la Corte Constitucional. Es decir, las modificaciones que Duque dice que hay que hacer, ya se hicieron.

Hay que recordar que los sectores que estaban en desacuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las Farc, conocidos como los del NO al plebiscito, incluyeron entre sus críticas la solicitud de que las Farc debían entregar bienes y dinero para reparar a las víctimas. Esta solicitud, en particular, fue del expresidente Andrés Pastrana.

Este punto se incluyó en la última versión del Acuerdo así: “Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos”.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa de Duque para saber por qué el candidato insiste en que no se definieron esos castigos y respondieron que lo único que hay en el Acuerdo Final acerca de esto es la frase que dice que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Esto significa que la entrega de recursos de la guerra es una condición que deben cumplir los excombatientes para acceder a los beneficios penales de la JEP, así como seguir gozando de ellos. Por ahora, las normas lo establecen como un requisito y serán los magistrados de la JEP quienes resolverán qué consecuencias hay, en cada caso. Si el incumplimiento de esta condición implica la pérdida de todos los beneficios, el respectivo caso debe ser resuelto por los jueces ordinarios. Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que el hecho de que este tipo de casos queden en manos de la justicia ordinaria quiere decir que en cada caso se determinarán las sanciones a imponer según el código penal.

La Corte Constitucional le hizo ajustes al acto legislativo que crea la JEP en lo relacionado con lo que señala Duque:

Estableció que le corresponderá a la Jurisdicción ordinaria investigar y juzgar los delitos “de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario”.

Esos delitos son lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares, que están entre los que refiere Duque. Es decir, a quienes estén sujetos a la JEP (entre ellos los integrantes de la cúpula de la exguerrilla) y se les comprueben hechos como estos, pasarán a ser juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la JEP, lo que quiere decir que podrán ir a la cárcel.

Hay que recordar que el Acuerdo Final dice que la JEP, “se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, lo que quiere decir que los delitos cometidos después de diciembre de 2016 los juzgará, también, la justicia ordinaria.