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Falso

Martes, 11 Febrero 2020

Reviven cifra falsa de niñas violadas por personal de EE. UU. en Melgar

Por José Felipe Sarmiento

Aunque sí se han reportado abusos cometidos por militares de ese país, un portal retoma una cifra ya desmentida y cita declaraciones de 2015 como si fueran recientes.

Un artículo de La Nueva Prensa titula que “soldados de Estados Unidos vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia” y, en seguida, asegura que el “portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, Chris Grey, señaló recientemente el desarrollo de una investigación en respuesta a las acusaciones”.

Nota falsa sobre violaciones cometidas por militares de Estados Unidos en Colombia

La curioso es que el artículo de La Nueva Prensa, con fecha del pasado 2 de febrero, no describe ese “desarrollo” que supuestamente señaló “recientemente” el funcionario estadounidense. Solo agrega cuatro párrafos que citan el ensayo del historiador Renán Vega Cantor para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), que se convocó en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en Cuba y entregó su informe final en febrero de 2015.

Aunque sí ocurrieron violaciones, el número de niñas abusadas que presenta el titular ya ha sido desmentido por su falta de sustento. Además, Colombiacheck encontró que el pronunciamiento del país norteamericano data de la misma época que el documento de la comisión y, por tanto, no tiene nada de reciente. De modo que la nota es falsa.

El mismo texto y otros muy similares han sido publicados en otros portales desde mucho antes, sobre todo a principios de 2016 y 2019, y ahora de nuevo. Un ejemplo llamativo es el de YVKE Mundial Radio, una emisora pública de Venezuela que replicó esa desinformación en enero del año pasado.

La Nueva Prensa le da crédito a Russia Today (RT, un canal de televisión internacional ruso) por el escrito. Pero en Google no hay ningún texto de ese medio (ni en español ni en inglés) que coincida con el citado, a pesar de que ese medio de comunicación sí le hizo seguimiento a la denuncia de Vega entre marzo y julio de 2015.

Lo único en lo que coincide con RT es en que este, en la página de su canal en español, usó la misma foto que La Nueva Prensa en una nota que hizo parte de ese cubrimiento. Pero los somnolientos marines estadounidenses que protagonizan esa imagen, captados por la cámara de Kim Hong-ji para la agencia Reuters, no tienen nada que ver con Colombia, sino que estaban descansando de un ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur en una región costera del país asiático en 2013.

El artículo del medio ruso fue publicado el 2 de mayo de 2015. Ese mismo día apareció el texto original que La Nueva Prensa retoma casi cinco años tarde, pero fue publicado por el canal de televisión CDN, de República Dominicana. Solo que en ese entonces sí era noticia la acusación contenida en el informe de la CHCV, que había desatado un escándalo en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Además, La Nueva Prensa enlaza como referencia un artículo del portal estadounidense The Daily Beast. Lo que no dice es que esta nota también fue publicada por primera vez en abril de 2015 y su última actualización es de febrero de 2017. Incluso abre con una nota del editor, que aclara que el número específico de casos “ha sido cuestionado” después de que el artículo salió al aire por primera vez.

El origen difuso de la cifra

Luego de que la acusación tomó fuerza en la primera semana de mayo de 2015, se demostró que ese aparte del escrito de Vega no tenía sustento. “Lo que no se ha contado es que este historiador y economista que enseña en la Universidad Pedagógica Nacional ya admitió que no sabe de dónde sacó el número y que tampoco tiene cómo respaldarlo”, relató el portal La Silla Vacía con base en una investigación del periodista Manuel Rueda, que indagó por las fuentes primarias del académico y no encontró asidero para ese dato concreto.

El docente le dijo al reportero que tomó la cifra de la prensa y de Anna Kucia, una politóloga e internacionalista alemana que sí ha escrito sobre abusos de militares y contratistas estadounidenses contra “mujeres jóvenes” en Colombia. Solo dio mayores detalles en una réplica que escribió después de que fue cuestionado públicamente.

En esa respuesta, Vega incluyó una traducción literal de la tesis que la citada autora presentó ante la Universidad Libre de Berlín en 2007. Sin embargo, esta difiere de lo que él mismo escribió para la CHCV. El trabajo de ella se refiere a “53 menores de edad y jóvenes de sexo femenino” que aparecieron en igual número de videos, pero no especifica cuántas de las 53 tenían menos de 18 años y cuántas eran “jóvenes” por encima de esa edad. El ensayo del profesor asume que ninguna había alcanzado la mayoría de edad.

Kucia también menciona información divulgada por los medios en agosto de 2004. Esto salió de un artículo que la artista visual Claudia Salamanca publicó en 2005, en el que menciona “53 videos con 53 diferentes mujeres y niñas de los pueblos de Melgar y Girardot” y dice que el número salió de testimonios anónimos por petición de las mismas fuentes a los periodistas que las entrevistaron. El documento no cita los reportajes concretos en los que se basó y, en todo caso, tampoco asegura que todas las víctimas hayan sido menores de 18 años, como insistió Vega.

En cuanto al programa de televisión, el académico especificó en su réplica que había sido el reportaje ‘Porno marines’ de Adriana Villamarín para el noticiero sensacionalista ‘Primer Impacto’, transmitido por la cadena latina estadounidense Univisión. Esta referencia es tomada de un portal llamado El Correo de la Diáspora Argentina, que a su vez reproduce una columna de Iván Cepeda en El Espectador, supuestamente publicada el 8 de enero de 2004.

Aquí Vega se ‘pifió’ de nuevo. El texto en realidad fue publicado el 9 de enero de 2005, un año después de lo que dicen el historiador y el portal donde lo leyó, por tanto el informe televisivo del “pasado 3 de enero” también es de ese año y no del anterior. Y lo que es más grave: la reseña escrita por el hoy senador habla de “tres menores” violadas por contratistas norteamericanos de la base militar de Tolemaida, no de 53 como dice el excomisionado. Así que por esta vía tampoco se sostiene la cifra en cuestión.

Columna de Iván Cepeda en El Espectador del 9 de enero de 2005

El docente acudió incluso a interponer tutelas contra La Silla Vacía para que retirara las notas que ponían en entredicho la cifra que le dio a la CHCV. Pero estas acciones tampoco prosperaron, como lo contó el mismo medio tras la decisión definitiva del Tribunal Superior de Bogotá en 2016. Además, el portal reiteró sus argumentos en julio pasado, al desmentir una desinformación publicada por un sitio de internet de Santa Marta que repetía, una vez más, el dato falso.

¿Desarrollo?

A pesar de la falta de certeza sobre la cantidad de víctimas, el impacto de la denuncia de Vega llevó a que las autoridades de ambos países emitieran compromisos para esclarecer los crímenes y atender a las víctimas.

Jorge Armando Otálora, que era el defensor del pueblo en 2015, les pidió a la Cancillería y al Ministerio de Defensa usar los canales diplomáticos para evitar la impunidad, al tiempo que anunció una campaña para buscar a las niñas y adolescentes violentadas. La entonces directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, también dijo en medios que había ordenado efectuar esa búsqueda.

Fue en ese momento, no ahora, cuando el portavoz de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, Christopher Grey, respondió al escándalo con la promesa de que los agentes de esa unidad estarían en contacto con las autoridades colombianas para investigar las acusaciones.

Colombiacheck les preguntó al ICBF, la Cancillería y la embajada de Estados Unidos en Bogotá por sus avances y contribuciones a esos propósitos. Hasta el momento no ha recibido respuesta de ninguna y en sus respectivos portales tampoco aparecen pronunciamientos posteriores a 2015 sobre el desarrollo de las investigaciones o la atención a las mujeres, que ya deben ser adultas.

Por otro lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó, en julio de 2019, el testimonio de la madre de una niña que tenía 12 años en 2007, cuando fue abusada sexualmente por un soldado estadounidense y un contratista mexicano en Melgar. La mujer cuenta cómo ella y su hija han tenido que luchar por justicia sin apoyo del Estado:

Me he sentido maltratada, revictimizada, abandonada por la institucionalidad. Después de lo que pasó, en varias oportunidades me ha tocado salir desplazada por amenazas, intimidaciones, e incluso tuve un atentado en Bogotá en el 2011. Seguí buscando otras instituciones, hice manifestaciones al frente de la embajada, del Ministerio del Interior, fui a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a todos los lugares que pude, intentando lograr que se hiciera justicia.

Hasta el momento, solo han recibido indemnización como desplazadas y el apoyo psicosocial llegó después del tercer intento de suicidio de la niña. “Se iniciaron unas investigaciones, incluso al interior de la base militar se encargó de la investigación a un señor, que lo que hizo fue tapar, intimidar, hacer firmar con engaños a otras víctimas para que las denuncias que había no prosperaran, incluso unos documentos estaban en inglés”, dijo más adelante.

Mientras las víctimas claman por una justicia que no llega, La Nueva Prensa presenta como “desarrollo de una investigación” las declaraciones que Grey dio hace casi cinco años y, sobre todo, reproduce una cifra sobre el número de casos que carece de sustento. Eso es lo que hace que su nota sea falsa.

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Sábado, 30 Mayo 2020

No es cierto que en EE.UU. no se ha ‘demostrado seguridad de vacunas’ por más de 30 años

Por Adolfo Ochoa

Un portal afirma, equivocadamente, que abogados de Estados Unidos comprobaron que no hubo control de calidad de las vacunas por tres décadas y que el gobierno perdió una demanda al respecto.

La página web Mr.Capacho (la cual ya hemos desmentido varias veces) publicó una nota en la que asegura que la ‘Fundación de la OMS, CDC y Gates [fue] rechazada por fraude de vacunas’. Según el portal, ‘el gobierno de los EE. UU. Perdió la DEMANDA DE VACUNAS DE HECHO EN 2018’ (sic).
 
La nota, publicada el 9 de mayo pasado, ha sido compartida en Facebook más de 1.000 veces y ha sido vista por más de 25.000 personas desde esa fecha. Asimismo, tres usuarios de esta red social la reportaron como información potencialmente falsa, por lo que en Colombiacheck decidimos verificarla y encontramos que en efecto se trata de una desinformación.    
 
La primer evidencia de esto la encontramos al leer la nota, pues mientras en el título señalan a la Organización Mundial de la Salud, OMS; a la Fundación Gates y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en ninguna parte del texto se mencionan a la OMS y la Fundación Gates.
 
La nota comienza diciendo que “el abogado de lesiones por vacunas Robert F. Kennedy Jr.,Del Bigtree, productor del documental sobre la vacuna suprimida,'VAXXED' (sic) … exigieron los documentos gubernamentales relevantes que prueban que todas las vacunas aprobadas por el gobierno federal han sido probadas por su calidad en los últimos 32 años, ¡y no hubo NINGUNA!Cero, nada, nada!’ (sic).
 
Es decir, de acuerdo con este portal, ‘el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Y todos los fabricantes de vacunas han estado engañando a los estadounidenses durante más de 30 años sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas’.
 
Pero el portal mezcla verdades a medias con falsedades. Aunque es verdad que tanto Robert F. Kennedy Jr., abogado y sobrino del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, como Del Bigtree, productor televisivo y director del muy criticado documental Vaxxed, son reconocidos activistas antivacunas, no han adelantado acciones legales en contra de farmacéuticas privadas u organizaciones de salud internacionales por el supuesto daño de las vacunas.
 
Kennedy Jr. sí lideró una protesta en contra de un mandato del gobernador del estado de Nueva York de acabar con las excepciones de vacunas por motivos religiosos. Kennedy estuvo en Albany, capital del estado, en mayo del 2019 hablando frente a una multitud de personas que dicen que sus hijos no deben ser obligados a vacunarse cuando ingresan a escuelas públicas.
 
Además, en 2018 Kennedy Jr. trinó que habían “ganado una demanda” en contra del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) por “violar su deber de estudiar y procurar la seguridad de las vacunas por 32 años”. 
 
Sin embargo, la demanda a la que hace referencia fue desestimada y Kennedy Jr. tergiversa su contenido. 
 
La demanda fue interpuesta después de que, en 2017 la Red de Acción de Consentimiento Informado (ICAN), realizara una solicitud oficial de información al HHS.
 
La ICAN es un grupo fundado por el propio Bigtree, que asegura hacer investigaciones para que las personas tomen decisiones informadas sobre su salud. La petición de información la hicieron a través de un documento llamado “Freedom of Information Act” (o “FOIA”), un equivalente al derecho de petición en Colombia. 
 
La información que buscaban eran documentos que, según una ley de 1986, el HHS tendría que enviarle “periódicamente” a la Cámara de Representantes sobre los esfuerzos de una fuerza especial del gobierno estadounidense creada por esa misma ley para que las vacunas para niños fueran cada vez más seguras.
 
El 12 de abril de 2018, ICAN interpuso la demanda mencionada más arriba para que HHS diera respuesta a su petición de FOIA. En junio de 2018, el HHS respondió que no había podido ubicar los documentos. Puesto que el HHS dio respuesta, la demanda fue, como dijimos, desestimada, ya que ya se había cumplido su propósito. Así que el ICAN no la “ganó”.
 
Por otra parte, hicimos una búsqueda en Google de noticias sobre salud en Estados Unidos y descubrimos que no existe un solo registro de que haya un fallo judicial que castigue a promotoras de salud y organizaciones internacionales por temas de vacunas, como lo plantea el artículo.
 
De todas maneras, tras el anuncio de Kennedy Jr. aparecieron varios posts de Facebook en los que se aseguraba que “en 32 años” (entre a ley de 1986 y el trino en 2018) el HHS “no ha monitoreado la seguridad de las vacunas”. Pero nuestros colegas de PolitiFact desmintieron esto en 2019 y concluyeron que aunque el HHS “no pudo encontrar los documentos [solicitados por ICAN], no pudimos encontrar evidencia de que el departamento haya admitido que no había monitoreado la seguridad de las vacunas por más de 30 años. En cambio, el HHS da detalles en su página de cómo este y otros departamentos monitorean las vacunas”.
 
Otro aparte de la nota de Mr.Capacho asegura que la supuesta demanda fallada a favor de Kennedy y Bigtree “significa que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Y todos los fabricantes de vacunas han estado engañando a los estadounidenses durante más de 30 años sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas”.

Como ya explicamos, el resultado de la demanda no prueba esto. Pero además, por la misma ley de 1986 citada más arriba, el HHS creó en 1987 la Oficina del Programa Nacional de Vacunas (NVPO por sus siglas en inglés). Esta oficina “coordina y garantiza la colaboración de socios federales y partes interesadas externas de toda la tarea de inmunización en torno a las vacunas y la actividad de inmunización”.

También existe un organismo que forma parte del Comité Asesor Nacional de Vacunas (NVAC, por sus siglas en inglés), que hace recomendaciones de desarrollo, seguridad, comunicaciones, suministro e investigación de vacunas al Subsecretario de Salud. Así que en Estados Unidos, la creación de una vacuna es un proceso que involucra distintas entidades y que está obligada a pasar por varios filtros de aprobación. Esto puede tardar años.

La OMS explica en este instructivo de cómo se crea una vacuna contra una gripe pandémica que existe una red de laboratorios adscritos a esa entidad que trabajan en la creación de estas vacunas. También se indica que los estudios clínicos son obligatorios en algunos países antes de liberar una vacuna.

En el caso de Estados Unidos, la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) es la entidad encargada de regular las vacunas, según lo establecido en este documento legal oficial.

La FDA establece que legalmente deben mantener verificación de la vacuna, incluso después de que la licencia de creación y distribución ha sido aprobada.

“La FDA continúa supervisando la producción de vacunas después de que la vacuna y los procesos de fabricación son aprobados, para garantizar la seguridad continua. Después de la licencia, el monitoreo del producto y de las actividades de producción, incluidas las inspecciones periódicas de las instalaciones, debe continuar mientras el fabricante tenga una licencia para el producto”, dice la agencia federal norteamericana.

En la nota, Mr.Capacho asegura que la supuesta “victoria” legal “puede significar que la existencia continua, al menos en su forma actual, de cinco agencias de "atención médica" de los EE. UU. Ahora está en duda: los CDC, la FDA, el IOM, los NIH y la parte de "Salud" del DHHS” (sic).
 
Sin embargo, en este listado cita a la IOM, Organización Internacional de Migraciones, que no es ni una agencia de atención médica, ni hace parte de las agencias de Estados Unidos. Se trata de un organismo internacional, adscrito a las Naciones Unidas, encargado del tema de migraciones.
 
Finalmente, el artículo de Mr.Capacho cita al HHS como fuente de varias de sus afirmaciones. 
 
Sin embargo, al realizar una búsqueda avanzada en Google no encontramos en el portal oficial de la entidad ninguna información acerca de las denuncias de las vacunas.

La nota también dice que la información fue tomada de la página C-Vine. Al revisar este portal, que está en inglés, encontramos que el artículo de Mr.Capacho es una especie de traducción de parte de la información publicada en la web.
 
Así que es falso que se haya comprobado que el gobierno de Estados Unidos haya estado “engañando a los estadounidenses durante más de 30 años sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas”, ni que no se haya monitoreado esa seguridad durante más de tres décadas.