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Martes, 25 Mayo 2021

Sobre desapariciones en protestas, Duque solo presenta los datos de la Fiscalía que más le convienen

Por José Felipe Sarmiento

El presidente citó a medias un reporte del fiscal Barbosa sobre personas desaparecidas en el paro nacional y minimizó denuncias de oenegés. Segunda entrega de chequeos sobre su entrevista en Noticias Caracol.

En la entrevista del 17 de mayo de 2021, cuando el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le pidieron explicaciones al presidente de la República, Iván Duque, por los civiles muertos y desaparecidos durante las protestas del paro nacional, que empezó el 28 de abril y que ya lleva casi un mes, el mandatario respondió con cifras de la Fiscalía.

“Frente al tema de desaparecidos, el Fiscal General de la Nación saca un pronunciamiento en el que dice [que] en el sistema SPOA [Sistema Penal Oral Acusatorio], que es donde están los registros de denuncias criminales, no existe hoy una denuncia por desaparición forzada. Han existido, en este momento, personas con ubicación. Yo recuerdo que hace tres días decían que eran 500, 400; ya han aparecido más de 200 personas”, dijo.

Aunque también afirmó que “no se trata de minimizar el hecho”, enseguida agregó que “se han hecho señalamientos de desapariciones con información incompleta, que no puede ser verificable”. Ante lo cual Colombiacheck decidió, precisamente, verificar los argumentos del presidente como parte de una serie de chequeos a sus respuestas en esa entrevista (el primero fue sobre sus cifras descontextualizadas de vacunación contra COVID-19).

El pronunciamiento de Duque sobre las desapariciones es cuestionable. La Fiscalía sí se pronunció en el sentido que él mencionó, pero el jefe de Estado omite información importante respecto a esa misma declaración y le da un alcance que no tiene.

El 24 de mayo, una semana después de la entrevista, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dio un balance de una sola denuncia formal de desaparición forzada pero 129 personas “no localizadas” en proceso de búsqueda y otras 290 que habían sido ubicadas luego de que fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el informe más reciente para la fecha del noticiero era otro y coincidía en algunos aspectos con lo que dijo Duque.

Al intervenir en una audiencia pública de la Cámara de Representantes el 12 de mayo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que había 168 activaciones del mecanismo de búsqueda urgente en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Esta herramienta, creada y definida por la Ley 971 de 2005, obliga a las autoridades a efectuar todas las acciones necesarias para localizar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El primer mandatario no mencionó ese dato, a pesar de que sí resaltó otros que el fiscal dio a continuación y quedaron registrados en un comunicado de la entidad. Por un lado, está la cifra de las 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ante la Defensoría y que ya habían sido ubicadas. Por otro, el hecho de que todavía no había ninguna denuncia formal en el SPOA.

“Tenemos 153 inadmisiones del mecanismo de búsqueda por falta de información, porque se requieren unos estándares para poder establecer esas aceptaciones. Se les han devuelto a las personas que han enviado esto para que complementen la información”, explicó también Barbosa ante el Congreso.

La citada ley exige que las solicitudes tengan ciertos datos mínimos, como la identificación de la persona a la que hay que buscar, las circunstancias en que desapareció o si se han entablado denuncias ante diferentes autoridades. O sea que la petición de complementarlas no descarta el hecho de que hayan podido ocurrir, como lo pretende mostrar el presidente.

“Por ejemplo, sabemos de Luisa Fernanda en Ibagué el 28 de abril. No sabemos más. Eso no significa que no esté desaparecida sino que la información está incompleta porque de pronto eso fue lo único que alcanzó a gritar cuando se la llevaron”, explica Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las oenegés que ha liderado la recopilación de esa información.

De hecho, la cantidad de personas que continúan desaparecidas sigue siendo incierta. El 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo recibió reportes de 26 oenegés que hablaban de 379 personas sin contar otras 92 que ya habían sido ubicadas. No obstante, González aclara que al cotejar se han dado cuenta de que había casos repetidos en diferentes listas y que, hasta el 24 de mayo, serían 284 personas.

El abogado y defensor de derechos humanos advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

La explicación que le da González Perafán al hecho de que no haya denuncias es que “ya no hay confianza en las autoridades”. Advierte que la mala imagen del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afecta el trabajo de los funcionarios de esa entidad en terreno.

Cabe recordar que tanto Camargo como Barbosa son cercanos al gobierno, que los ternó a ambos para sus cargos actuales. El primero es un político conservador de Córdoba sin experiencia en derechos humanos, yerno de la senadora Nora García Burgos y primo del senador David Barguil. El segundo llegó a la Fiscalía justo después de ser consejero presidencial de Duque, con quien mantiene una amistad desde que estudiaron juntos en pregrado.

En todo caso, la abogada Muñoz también clarifica que la Fiscalía puede abrir investigaciones penales de oficio por desaparición forzada, o sea que no necesita la interposición de denuncias formales adicionales. “Ante cualquier conocimiento que tenga de un hecho que revista las características de este delito, tiene la obligación constitucional de iniciar la persecución penal”, enfatizó, pues no se trata de una conducta querellable.

Colombiacheck le escribió al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño para que el presidente diera el sustento de sus argumentos. No obstante, al momento de publicar este chequeo no ha llegado ninguna respuesta. Dado que utilizó datos oficiales publicados por la Fiscalía, pero incompletos y mal interpretados, su respuesta sobre las desapariciones en el marco del paro es cuestionable.

Nota: La imagen de fondo de la portada de este chequeo fue tomada de Flickr, donde el fotógrafo Oxi la publicó bajo licencia de uso libre con atribución.

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Miércoles, 12 Mayo 2021

Munición de este video genera estruendo, pero no es ‘artillería pesada’ como dicen en redes

Por José Felipe Sarmiento y Laura Rodríguez Salamanca

Un video de ataques de la Policía contra manifestantes en la localidad de Bosa, en Bogotá, fue publicado en Twitter con un mensaje en el que se da a entender que las armas utilizadas son de gran calibre, pero son elementos de disuasión de protestas.

Un trino publicado por el periodista Jorge Gómez Pinilla la noche del 4 de mayo de 2021 contiene un video con el asegura que en las imágenes se ve cómo la Fuerza Pública disparó “artillería pesada” contra quienes participaban en protestas contra el gobierno, enmarcadas en el Paro Nacional que empezó el 28 de abril y que ya completa dos semanas.

Jorge_Gomez_artilleria_pesada

El mensaje en Twitter ha sido reproducido más de 6.000 veces. Después de su publicación, empezaron a difundirse otros con la misma información en Facebook. Entre quienes los compartieron se destaca el congresista Fabián Díaz, representante a la Cámara del partido Alianza Verde en la coalición Alternativa Santandereana.

Fabia_Diaz_artilleria_pesada

Ante la gravedad de tal acusación, Colombiacheck decidió verificar tanto el contenido de los videos como a qué corresponden los disparos. El resultado es que sí es una grabación del 4 de mayo en la localidad de Bosa, en Bogotá, pero las publicaciones exageran en su afirmación sobre los elementos de disuasión de protesta utilizados y, por tanto, es cuestionable.

La artillería pesada es, por definición, de gran calibre. Osler García, coronel retirado del Ejército, le dijo a Colombiacheck que la artillería pesada “se usa exclusivamente en conflictos externos, tiene gran poder destructivo y su uso está regulado por tratados y leyes internacionales y debe seguir los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y de los conflictos armados”.

Por ejemplo, en una noticia de 2016 sobre un impacto de mortero proveniente de Siria que cayó junto a una escuela en Turquía se ve el cráter que dejó en el pavimento y los daños en un carro que está al lado.

En el archivo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos también se pueden ver grabaciones de entrenamientos con artillería pesada que ilustran el tamaño de las plataformas necesarias, el alcance de sus cañones y el poder destructivo de la munición.

Las Fuerzas Militares de Colombia también tienen armas de esta categoría. Entre ellas están, por ejemplo, los morteros MKEK HY-12 y AM-50, como lo menciona un informe al respecto publicado en junio de 2020 por el diario digital español Infodefensa, especializado en temas de seguridad.

No obstante, al revisar con cuidado la grabación y su contexto, es posible concluir que esa no es la clase de armamento utilizado contra los manifestantes. Aunque implica ciertos peligros, no son tan grandes como se hizo creer en el trino.
 

Bosa, 4 de mayo de 2021

El mismo video fue compartido en diferentes publicaciones de redes sociales. El periodista y político Hollman Morris especificó en un trino que las imágenes eran de Bosa, específicamente del sector Metrovivienda.

Colombiacheck utilizó Google Street View para ubicar en esa zona un lugar con las características visibles:

  • Conjunto residencial con edificios de seis pisos y fachada azul con amarillo.
  • Parqueadero al aire libre con torres a dos costados opuestos y un extremo que, a través de un cerramiento, da a la calle en la que se ve el disparo.
  • Dos árboles sobre el andén del lado del conjunto.
  • Del otro lado, un lote sin mucha construcción (zona verde, parque o algo parecido) también con cerramiento.

El resultado fue que el video fue grabado desde el conjunto Condados de la Sabana III (Calle 71 Sur No. 97 C-50). Lo que está del otro lado de la carrera 97 C es la cancha que hay detrás de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días Metrovivienda.

 

Menos de una cuadra al oriente de allí, a 77 metros, está el Comando de Reacción Inmediata (CAI) Metrovivienda en el parque El Recreo. Este fue epicentro de protestas la noche del 4 de mayo. Los ataques de la Policía contra los manifestantes empezaron hacia las 7:45 de la noche, hora y media antes del trino de Gómez Pinilla.

Así lo confirmó una vecina del barrio entrevistada para este chequeo, a quien llamaremos Mercedes ya que pidió no publicar su nombre por seguridad. La ciudadana participó en las manifestaciones y aportó algunos videos en los que da la fecha y la hora (la silenciamos para evitar que la reconozcan), en los que se ve la misma unidad residencial pero desde el lado que da al parque donde los policías estaban empezando a dispersar a la gente.

¿Qué dispararon?

En el video que circuló por redes no está muy claro. No se ve de dónde salió el disparo y, en esas condiciones, era por lo menos apresurado, para alguien sin conocimiento específico del tema, concluir qué clase de armamento se estaba utilizando.

“Uno no ve bien si lo que hay es desde una plataforma, la parte superior de un carro antimotines o un helicóptero. Me parece que es una afirmación ligera”, dijo el periodista Víctor de Currea-Lugo, quien tiene amplia experiencia en el cubrimiento de conflictos armados alrededor del mundo. “Yo no creo que haya elementos ahí suficientes para afirmar o negar alguna cosa”, agregó.

Ni en el video viral ni en los de Mercedes se oyen helicópteros. Tampoco se ven plataformas como las de artillería pesada. Sí se ven, en cambio, los gases que empiezan a dispersarse por el espacio y algunos relámpagos. También se escuchan fuertes estruendos. “Luego de eso llegó la tanqueta y tuve que irme del lugar, ya que por la cantidad de gases no podía respirar”, cuenta la manifestante. 

Una de las grabaciones es de una granada sobre el piso: es una Saf-Smoke de humo blanco marca Defense Technology diseñada para entrenamiento, aunque también puede ser usada en operaciones, según el catálogo. Su ficha técnica indica que tiene seis centímetros de diámetro.

pantallazo_granada

Mercedes no reporta daños de la magnitud que dejarían armas como las que el trino de Gómez dice que se dispararon. Las afectaciones que ella menciona tienen que ver con los efectos de los gases, que se entraron a los apartamentos de varios conjuntos a la redonda. “Un chico perdió el conocimiento por asfixia”, denuncia.

Lo que disparaba, según la testigo, eran las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En otros episodios del mismo Paro Nacional, incluso esa misma jornada y no muy lejos, han sido captados disparos con las características del video desde esos vehículos. Es el caso de una grabación compartida en Twitter por el periodista Juan Miguel Hernández Bonilla a las 11:49 de la noche del 4 de mayo, correspondiente a lo ocurrido sobre la Calle 42 G Sur, junto a la parroquia San Roque González.

 

Compartimos los videos con varios expertos en armas y municiones, quienes nos dieron sus conceptos sobre los elementos que identificaron en las imágenes. Todos coincidieron en que es un error señalar que se trata de artillería pesada. 

El coronel retirado Osler García nos dijo: “Lo que se ve en el video es un lanzador de gases lacrimógenos y de pirotecnia. Tiene un lanzador múltiple, emplea poca cantidad de pólvora para su lanzamiento y produce más miedo que destrucción”. Y a la pregunta de si se puede considerar artillería pesada, respondió. “Eso es completamente falso”. 

Por su parte, Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), un tanque de pensamiento lationamericano, y experto en política exterior, defensa y seguridad, coincidió en que es falso referirse a lo que se ve en los videos, incluso, como artillería 

“Una pieza de artillería, aún pequeña como podría ser un mortero de 60mm (el más pequeño en uso) tendría un radio de letalidad de 15 metros del punto de impacto. Es un poder destructivo enorme el de artillería real. El tema es que justamente los proyectiles de estruendo están diseñados para generar una explosión grande en términos visibles y un gran estruendo ya que apuntan a tener un efecto psicológico, pero la letalidad es muy reducida”, dijo Serbin Pont. 

Además nos explicó que el efecto que se ve en los videos es producido por “lanzadores múltiples de 38 mm VENOM V3037”, fabricados por la empresa estadounidense CSI Combined System, que “pueden lanzar gas lacrimógeno, humo, y munición de estruendo o aturdidora”. No lanza elementos que generen gran destrucción. “No son morteros ni artillería. Pero si se parecen mucho a los usados en los VN-4 de Guardia Nacional en Venezuela”, anotó.

Venom

Según la descripción de este producto en la página web del fabricante, el VENOM modelo V3037 es un lanzagranadas de 38 milímetros, ligero y con alta capacidad: para 30 tubos. Se puede instalar en varias superficies, incluidos “vehículos, protectores, soportes de trípode, estaciones de armas e instalaciones estáticas”. Se usa para advertencia y dispersión de multitudes. 

Como se puede ver en algunas de las imágenes, el lanzador VENOM está instalado sobre las tanquetas del ESMAD. Por ejemplo, en este video del 2 de mayo en Bogotá.

En el sitio web de CSI Combined Systems también se especifica que el modelo es un lanzagranadas “no letal”, que “ofrece destellos y sonidos [de nuevo] no letales, oscurecimiento con humo, efectos irritantes y de trauma contundente”. Es decir, según la misma página, genera diversos grados de dolor y lesiones, pero son temporales. 

En palabras de Serbin: “Balísticamente no son diferentes a las granadas de gas lacrimógeno disparadas desde lanzadores manuales como los que solemos ver en manos de la Policía. Están diseñados para ser menos letales, aunque el impacto directo sobre una persona puede ser muy peligroso”. 

El fabricante especifica que “en raras circunstancias, si se usa incorrectamente”, este tipo de “productos pueden causar daños a la propiedad, lesiones corporales graves o la muerte”. Por lo tanto, sugiere que quienes lo empleen debe “recibir la capacitación adecuada para garantizar su uso más seguro y efectivo”

Así mismo, según nos explicó Rafael Rondón, exmilitar y experto en armas venezolano radicado en Perú, estos artefactos “son meramente disuasivos y, usados con los protocolos de distancia adecuados, no ejercen mayor daño. Lo único que hacen es aturdir el sistema auditivo y generar un efecto de luz que a los que están más cerca los deja aturdidos y ligeramente cegados durante breves segundos. Pero esos daños los ejercen en el momento y posteriormente los individuos se recuperan”.

Hay que aclarar, como lo hizo Serbin Pont, que “es importante que no se usen para generar un impacto directo sobre la persona. Una granada de gas de 37/38mm, si impacta directamente a una persona, puede ser letal, sobre todo si impacta en la cabeza. En general se apunta a no tener un impacto directo sino que el proyectil impacte en un área cercana a la multitud para motivar su dispersión”. 

Rondón además identificó que la munición empleada en los video son “granadas de aturdimiento conocidas como flash bang, que en general están limitadas para las fuerzas armadas en Sudamérica, pero están disponibles para el público en las casas armeras en Estados Unidos”. 

Finalmente señaló que “el destello blanco o amarillo que se ve [en los videos], es resultado de una mezcla de pólvora especializada con algunas otras sustancias químicas que generan el flash, pero no tiene riesgo inflamable porque genera la explosión para disuadir y se disuelve inmediatamente”. 

Con esta información, calificamos como cuestionables las publicaciones en las que se señala que la Fuerza Pública usó “artillería pesada” para atacar a los manifestantes en la localidad bogotana de Bosa el pasado 4 de mayo.

El video sí corresponde a la localidad y al día que se menciona en los mensajes. También muestra un ataque de la Policía a los manifestantes. Pero lo que se ve en las imágenes no es artillería, sino el efecto de lanzadores para dispersión de multitudes, que es según los expertos, de baja letalidad usado en las distancias apropiadas. Por el contrario, la artillería pesada tiene fuertes efectos letales.