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Martes, 25 Mayo 2021

Sobre desapariciones en protestas, Duque solo presenta los datos de la Fiscalía que más le convienen

Por José Felipe Sarmiento

El presidente citó a medias un reporte del fiscal Barbosa sobre personas desaparecidas en el paro nacional y minimizó denuncias de oenegés. Segunda entrega de chequeos sobre su entrevista en Noticias Caracol.

En la entrevista del 17 de mayo de 2021, cuando el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le pidieron explicaciones al presidente de la República, Iván Duque, por los civiles muertos y desaparecidos durante las protestas del paro nacional, que empezó el 28 de abril y que ya lleva casi un mes, el mandatario respondió con cifras de la Fiscalía.

“Frente al tema de desaparecidos, el Fiscal General de la Nación saca un pronunciamiento en el que dice [que] en el sistema SPOA [Sistema Penal Oral Acusatorio], que es donde están los registros de denuncias criminales, no existe hoy una denuncia por desaparición forzada. Han existido, en este momento, personas con ubicación. Yo recuerdo que hace tres días decían que eran 500, 400; ya han aparecido más de 200 personas”, dijo.

Aunque también afirmó que “no se trata de minimizar el hecho”, enseguida agregó que “se han hecho señalamientos de desapariciones con información incompleta, que no puede ser verificable”. Ante lo cual Colombiacheck decidió, precisamente, verificar los argumentos del presidente como parte de una serie de chequeos a sus respuestas en esa entrevista (el primero fue sobre sus cifras descontextualizadas de vacunación contra COVID-19).

El pronunciamiento de Duque sobre las desapariciones es cuestionable. La Fiscalía sí se pronunció en el sentido que él mencionó, pero el jefe de Estado omite información importante respecto a esa misma declaración y le da un alcance que no tiene.

El 24 de mayo, una semana después de la entrevista, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dio un balance de una sola denuncia formal de desaparición forzada pero 129 personas “no localizadas” en proceso de búsqueda y otras 290 que habían sido ubicadas luego de que fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el informe más reciente para la fecha del noticiero era otro y coincidía en algunos aspectos con lo que dijo Duque.

Al intervenir en una audiencia pública de la Cámara de Representantes el 12 de mayo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que había 168 activaciones del mecanismo de búsqueda urgente en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Esta herramienta, creada y definida por la Ley 971 de 2005, obliga a las autoridades a efectuar todas las acciones necesarias para localizar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El primer mandatario no mencionó ese dato, a pesar de que sí resaltó otros que el fiscal dio a continuación y quedaron registrados en un comunicado de la entidad. Por un lado, está la cifra de las 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ante la Defensoría y que ya habían sido ubicadas. Por otro, el hecho de que todavía no había ninguna denuncia formal en el SPOA.

“Tenemos 153 inadmisiones del mecanismo de búsqueda por falta de información, porque se requieren unos estándares para poder establecer esas aceptaciones. Se les han devuelto a las personas que han enviado esto para que complementen la información”, explicó también Barbosa ante el Congreso.

La citada ley exige que las solicitudes tengan ciertos datos mínimos, como la identificación de la persona a la que hay que buscar, las circunstancias en que desapareció o si se han entablado denuncias ante diferentes autoridades. O sea que la petición de complementarlas no descarta el hecho de que hayan podido ocurrir, como lo pretende mostrar el presidente.

“Por ejemplo, sabemos de Luisa Fernanda en Ibagué el 28 de abril. No sabemos más. Eso no significa que no esté desaparecida sino que la información está incompleta porque de pronto eso fue lo único que alcanzó a gritar cuando se la llevaron”, explica Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las oenegés que ha liderado la recopilación de esa información.

De hecho, la cantidad de personas que continúan desaparecidas sigue siendo incierta. El 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo recibió reportes de 26 oenegés que hablaban de 379 personas sin contar otras 92 que ya habían sido ubicadas. No obstante, González aclara que al cotejar se han dado cuenta de que había casos repetidos en diferentes listas y que, hasta el 24 de mayo, serían 284 personas.

El abogado y defensor de derechos humanos advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

La explicación que le da González Perafán al hecho de que no haya denuncias es que “ya no hay confianza en las autoridades”. Advierte que la mala imagen del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afecta el trabajo de los funcionarios de esa entidad en terreno.

Cabe recordar que tanto Camargo como Barbosa son cercanos al gobierno, que los ternó a ambos para sus cargos actuales. El primero es un político conservador de Córdoba sin experiencia en derechos humanos, yerno de la senadora Nora García Burgos y primo del senador David Barguil. El segundo llegó a la Fiscalía justo después de ser consejero presidencial de Duque, con quien mantiene una amistad desde que estudiaron juntos en pregrado.

En todo caso, la abogada Muñoz también clarifica que la Fiscalía puede abrir investigaciones penales de oficio por desaparición forzada, o sea que no necesita la interposición de denuncias formales adicionales. “Ante cualquier conocimiento que tenga de un hecho que revista las características de este delito, tiene la obligación constitucional de iniciar la persecución penal”, enfatizó, pues no se trata de una conducta querellable.

Colombiacheck le escribió al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño para que el presidente diera el sustento de sus argumentos. No obstante, al momento de publicar este chequeo no ha llegado ninguna respuesta. Dado que utilizó datos oficiales publicados por la Fiscalía, pero incompletos y mal interpretados, su respuesta sobre las desapariciones en el marco del paro es cuestionable.

Nota: La imagen de fondo de la portada de este chequeo fue tomada de Flickr, donde el fotógrafo Oxi la publicó bajo licencia de uso libre con atribución.

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Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.