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Martes, 25 Mayo 2021

Sobre desapariciones en protestas, Duque solo presenta los datos de la Fiscalía que más le convienen

Por José Felipe Sarmiento

El presidente citó a medias un reporte del fiscal Barbosa sobre personas desaparecidas en el paro nacional y minimizó denuncias de oenegés. Segunda entrega de chequeos sobre su entrevista en Noticias Caracol.

En la entrevista del 17 de mayo de 2021, cuando el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le pidieron explicaciones al presidente de la República, Iván Duque, por los civiles muertos y desaparecidos durante las protestas del paro nacional, que empezó el 28 de abril y que ya lleva casi un mes, el mandatario respondió con cifras de la Fiscalía.

“Frente al tema de desaparecidos, el Fiscal General de la Nación saca un pronunciamiento en el que dice [que] en el sistema SPOA [Sistema Penal Oral Acusatorio], que es donde están los registros de denuncias criminales, no existe hoy una denuncia por desaparición forzada. Han existido, en este momento, personas con ubicación. Yo recuerdo que hace tres días decían que eran 500, 400; ya han aparecido más de 200 personas”, dijo.

Aunque también afirmó que “no se trata de minimizar el hecho”, enseguida agregó que “se han hecho señalamientos de desapariciones con información incompleta, que no puede ser verificable”. Ante lo cual Colombiacheck decidió, precisamente, verificar los argumentos del presidente como parte de una serie de chequeos a sus respuestas en esa entrevista (el primero fue sobre sus cifras descontextualizadas de vacunación contra COVID-19).

El pronunciamiento de Duque sobre las desapariciones es cuestionable. La Fiscalía sí se pronunció en el sentido que él mencionó, pero el jefe de Estado omite información importante respecto a esa misma declaración y le da un alcance que no tiene.

El 24 de mayo, una semana después de la entrevista, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dio un balance de una sola denuncia formal de desaparición forzada pero 129 personas “no localizadas” en proceso de búsqueda y otras 290 que habían sido ubicadas luego de que fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el informe más reciente para la fecha del noticiero era otro y coincidía en algunos aspectos con lo que dijo Duque.

Al intervenir en una audiencia pública de la Cámara de Representantes el 12 de mayo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que había 168 activaciones del mecanismo de búsqueda urgente en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Esta herramienta, creada y definida por la Ley 971 de 2005, obliga a las autoridades a efectuar todas las acciones necesarias para localizar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El primer mandatario no mencionó ese dato, a pesar de que sí resaltó otros que el fiscal dio a continuación y quedaron registrados en un comunicado de la entidad. Por un lado, está la cifra de las 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ante la Defensoría y que ya habían sido ubicadas. Por otro, el hecho de que todavía no había ninguna denuncia formal en el SPOA.

“Tenemos 153 inadmisiones del mecanismo de búsqueda por falta de información, porque se requieren unos estándares para poder establecer esas aceptaciones. Se les han devuelto a las personas que han enviado esto para que complementen la información”, explicó también Barbosa ante el Congreso.

La citada ley exige que las solicitudes tengan ciertos datos mínimos, como la identificación de la persona a la que hay que buscar, las circunstancias en que desapareció o si se han entablado denuncias ante diferentes autoridades. O sea que la petición de complementarlas no descarta el hecho de que hayan podido ocurrir, como lo pretende mostrar el presidente.

“Por ejemplo, sabemos de Luisa Fernanda en Ibagué el 28 de abril. No sabemos más. Eso no significa que no esté desaparecida sino que la información está incompleta porque de pronto eso fue lo único que alcanzó a gritar cuando se la llevaron”, explica Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las oenegés que ha liderado la recopilación de esa información.

De hecho, la cantidad de personas que continúan desaparecidas sigue siendo incierta. El 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo recibió reportes de 26 oenegés que hablaban de 379 personas sin contar otras 92 que ya habían sido ubicadas. No obstante, González aclara que al cotejar se han dado cuenta de que había casos repetidos en diferentes listas y que, hasta el 24 de mayo, serían 284 personas.

El abogado y defensor de derechos humanos advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

La explicación que le da González Perafán al hecho de que no haya denuncias es que “ya no hay confianza en las autoridades”. Advierte que la mala imagen del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afecta el trabajo de los funcionarios de esa entidad en terreno.

Cabe recordar que tanto Camargo como Barbosa son cercanos al gobierno, que los ternó a ambos para sus cargos actuales. El primero es un político conservador de Córdoba sin experiencia en derechos humanos, yerno de la senadora Nora García Burgos y primo del senador David Barguil. El segundo llegó a la Fiscalía justo después de ser consejero presidencial de Duque, con quien mantiene una amistad desde que estudiaron juntos en pregrado.

En todo caso, la abogada Muñoz también clarifica que la Fiscalía puede abrir investigaciones penales de oficio por desaparición forzada, o sea que no necesita la interposición de denuncias formales adicionales. “Ante cualquier conocimiento que tenga de un hecho que revista las características de este delito, tiene la obligación constitucional de iniciar la persecución penal”, enfatizó, pues no se trata de una conducta querellable.

Colombiacheck le escribió al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño para que el presidente diera el sustento de sus argumentos. No obstante, al momento de publicar este chequeo no ha llegado ninguna respuesta. Dado que utilizó datos oficiales publicados por la Fiscalía, pero incompletos y mal interpretados, su respuesta sobre las desapariciones en el marco del paro es cuestionable.

Nota: La imagen de fondo de la portada de este chequeo fue tomada de Flickr, donde el fotógrafo Oxi la publicó bajo licencia de uso libre con atribución.

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Lunes, 31 Mayo 2021

Macías exagera sobre bloqueos de vías como delitos cuando afectan la salud: no son de lesa humanidad

Por José Felipe Sarmiento

El señalamiento del senador del Centro Democrático solo acierta en que casos como el de los bebés fallecidos en ambulancias atacadas pueden constituir delitos, pero no de esa magnitud.

En la plenaria del Senado del 24 de mayo de 2021, en la que se debatía la fallida moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por los abusos policiales cometidos contra el Paro Nacional que empezó el 28 de abril y ya lleva más de un mes, el senador Ernesto Macías Tovar defendió al funcionario con un argumento crítico de las manifestaciones que fue citado en varios medios (1, 2, 3) y en un comunicado de la corporación.

Tras recordar los dos casos en los que murieron bebés en ambulancias atacadas por manifestantes en vías bloqueadas, el congresista del partido Centro Democrático preguntó “quién dio la orden” de efectuar esas acciones. “Los bloqueos no son un derecho, son una violación a los derechos. En plena pandemia, que tristemente se registran cerca de 500 fallecidos al día, misiones médicas, pacientes graves en las ambulancias; no dejan pasar el oxígeno, las vacunas. Estos son delitos de lesa humanidad”, afirmó.

Dado el impacto de la frase en la opinión pública por su aparición en diferentes sitios de noticias, Colombiacheck decidió verificarla y encontró que es cuestionable. Si bien los bloqueos pueden considerarse delitos en ciertas circunstancias, incluidas las afectaciones a los derechos a la vida y la salud como las mencionadas por Macías, no son de lesa humanidad. Decir eso es una exageración.

La “obstrucción de vías que afecte el orden público” sí es un delito que se incorporó al Código Penal en 2011. No obstante, la definición legal que este contiene es más específica que la de simplemente bloquear, pues debe hacerse “por medios ilícitos” y “de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.

Al estudiar una demanda contra esta norma, la Corte Constitucional avaló esta penalización teniendo en cuenta que su correcta interpretación pone unas condiciones específicas que no afectan a las marchas o los plantones en general. Así, la sentencia C-742 de 2012 advirtió que “sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional” y, por tanto, las manifestaciones violentas, no.

La constitucionalista Catalina Botero Marino, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, le dijo a Colombiacheck para el explicador sobre la protesta social publicado en 2020 que esta “es naturalmente disruptiva”. Es decir:

“Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no está dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no está dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”.

En esa misma ocasión, el politólogo Víctor Barrera Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), destacó que la disolución de una protesta se debe dar cuando “haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. No es válido hacerlo con base en situaciones hipotéticas.

Asimismo, el penalista Andrés Garzón Roa señala que el límite entre el derecho a la manifestación pacífica y el delito de obstrucción de vías está marcado por sus efectos sobre los derechos fundamentales de otros ciudadanos, entre ellos la salud y la vida (como en los casos señalados por el senador). “La movilidad, no”, aclara.

“Cuando el bloqueo es prolongado y violento, ahí ya no se ampara la protesta [con la Constitución] y empezamos el camino del tipo penal”, explica. Incluso considera que, en los casos de los bebés que murieron en Cundinamarca y el Valle del Cauca, podría imputarse el cargo de homicidio.

Sin embargo, también recalca que esta conducta está lejos de poder considerarse dentro de la categoría de lesa humanidad. “Ahí hay pirotecnia. Las cosas hay que decirlas como son. No se puede exagerar”, afirma.

¿Por qué no es lesa humanidad?

Como la denominación lo indica, los delitos de lesa humanidad “son conductas gravísimas que afectan a toda la humanidad, no solo a la víctima sino a todo el conglomerado social”, dice Garzón. El abogado especifica que “los bloqueos pueden ser una situación que afecta a toda Colombia, pero no se pueden considerar de lesa humanidad desde la legislación internacional; no es un atentado contra la dignidad como la tortura o la explotación sexual”.

En otro explicador de 2020, Colombiacheck señaló que el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, tiene un listado de conductas específicas que entran en esa clasificación: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo por su identidad, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos.

La definición de cada uno tiene unos elementos específicos que establecen un nivel de gravedad que supera al de las mismas conductas en situaciones aisladas. En general, para que una de esas acciones sea enmarcada como de lesa humanidad debe hacer parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

La sistematicidad se refiere a que los actos deben ser producto de un plan organizado. La generalidad, por otro lado, tiene que ver con el número de víctimas: la acción debe estar dirigida contra un gran número de personas. La acreditación de ambos factores requiere un análisis del contexto documentado con pruebas contrastables que den cuenta de las estructuras criminales participantes y su funcionamiento.

Así lo explica una cartilla de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) coescrita por la jurista Claudia López Díaz, hoy magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento se refiere a la aplicación de los delitos de lesa humanidad en Colombia con base en la jurisprudencia nacional e internacional.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que algunos habitantes de Cali han alegado que están “secuestrados” por los manifestantes, hay que aclarar que el delito de lesa humanidad más parecido es el de privaciones graves de la libertad pero sus elementos no coinciden con lo que ha sucedido allá. La definición en realidad corresponde a acciones como los secuestros cometidos por las FARC, como lo determinó la JEP en la imputación contra ocho ex jefes de esa guerrilla (ver chequeo).

Como las conductas que describió Macías no coinciden con el listado que contiene el Estatuto de Roma, dado que la definición del delito de obstrucción de vías en el Código Penal nada tiene que ver con los que están descritos como de lesa humanidad a nivel internacional, no hay lugar para su afirmación. En lo único en lo que tiene razón es en que algunos casos específicos han afectado derechos fundamentales como la vida y la salud y, por tanto, pueden constituir conductas punibles, pero no de esa magnitud.