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Viernes, 21 Agosto 2020

Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede actuar en caso Mancuso

Por Sania Salazar

El tribunal al que piensa acudir el Gobierno no juzga personas ni delitos de tipo penal como los que cometió el exjefe paramilitar, sino Estados. Colombia tampoco hace parte del convenio por el cual opera ese tribunal.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el gobierno colombiano tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también conocido como TEDH y Tribunal de Estrasburgo) en caso de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea deportado a Italia y no extraditado a Colombia.

“El Tribunal de Derechos Humanos de Europa tiene una responsabilidad y es juzgar los delitos contra derechos humanos contra ciudadanos de cualquier parte del planeta y en ese sentido tenemos un recurso, yo sé que a veces estas cosas nos llevan al pesimismo, pero hay un recurso válido, hay un tribunal serio que ha demostrado juzgar a aquellos criminales que han cometido los peores delitos en el mundo, así se vaya él (Mancuso) para Europa, allá hay un tribunal al cual recurriremos con toda la fuerza”, le dijo Ceballos a W Radio.

Lo que dijo Ceballos es falso porque el Gobierno colombiano no tiene ningún recurso ante el TEDH, ya que este hace parte de un convenio del que no forma parte Colombia, ese tribunal no juzga personas sino Estados y tampoco juzga delitos penales como los que tienen en prisión a Mancuso. Así lo explicó una experta en el tema a Colombiacheck y lo hicieron ver reconocidos expertos en derecho en Twitter. Por lo tanto, ese tribunal no tendría cómo exigirle nada a Mancuso en caso de que él sea deportado a Italia.

María Cecilia Ibáñez, profesora de derechos humanos en la Universidad de Los Andes y magíster en derecho internacional y europeo de los derechos humanos de la Universidad de Leiden, le explicó a Colombiacheck que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano del Consejo de Europa que se encarga de interpretar un tratado internacional de derechos humanos, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal se encarga de juzgar y condenar Estados, no a individuos. 

“Para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda condenar a un Estado, este tiene que haber ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y ese no es el caso de Colombia. Los países que han ratificado ese Convenio son europeos y, cuando lo hacen, le dan poder al Tribunal para que se pronuncie por violaciones de derechos humanos en las que han incurrido estos Estados. Pero el Tribunal no lo puede hacer respecto de cualquier Estado del mundo”, aclaró Ibáñez.

Durante la entrevista en W Radio, Ceballos argumentó que Mancuso violó los derechos humanos al cometer crímenes de lesa humanidad, pero Ibáñez explicó que los tribunales de derechos humanos se pronuncian, precisa y exclusivamente, sobre violaciones de estos derechos, que no necesariamente son lo mismo que los crímenes de lesa humanidad, que están establecidos en el Estatuto de Roma.

Como ya lo ha explicado Colombiacheck el Estatuto de Roma rige la competencia y el funcionamiento del máximo tribunal de justicia penal del mundo y tiene un carácter permanente y complementario respecto de las jurisdicciones nacionales. Es decir, actúa en el caso de que los Estados no lo hagan de manera genuina.

Los crímenes de lesa humanidad son, según el Estatuto de Roma, cualquiera de los siguientes actos (como parte de un ataque generalizado y sistemático) contra población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, y desaparición forzada de personas, entre otros.

“En derecho internacional una cosa son violaciones de derechos humanos, establecidos en un tratado de derechos humanos y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. Hay muchos casos en los que pueden traslapar estos conceptos, pero es importante resaltar que la Corte Penal Internacional y los tribunales penales internacionales son los que se pueden pronunciar sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los tribunales de derechos humanos no tienen competencia sobre crímenes de lesa humanidad”, precisó Ibáñez.

Así que es falsa la afirmación de Ceballos, quien se desempeñó como director del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y como director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana, sobre la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Mancuso.

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Miércoles, 13 Marzo 2019

JEP sí tiene competencia para impedir la extradición de ‘Jesús Santrich’

Por José Felipe Sarmiento

El abogado Abelardo de la Espriella negó que la justicia transicional pueda decidir, ante la petición de Estados Unidos, que el exjefe guerrillero permanezca en Colombia. La Constitución lo contradice.

En una columna reciente, el abogado Abelardo de la Espriella se despachó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la captura de uno de sus fiscales, acusado de recibir un soborno con el supuesto propósito de influir en el proceso de extradición que cursa allí contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’.

Según el texto, publicado en el portal de la firma De la Espriella Lawyers y otros dos sitios de internet, el envío del integrante de la Farc a Estados Unidos “no se ha dado, por las trabas que le ha puesto la JEP, pese a que no tiene competencia legal para impedirlo”. 

Captura de pantalla de la columna de De la Espriella en la página de su firma con la frase resaltada

Santrich es solicitado en ese país para que responda por su presunta participación en una conspiración narcotraficante que habría sido posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz. Por eso fue capturado en abril de 2018 y está a la espera de que la sección de revisión del Tribunal de Paz, máximo organismo de la justicia transicional, defina si la fecha de los hechos por los que lo acusan en efecto fue después de la firma.

Este proceso, en efecto, ha enfrentado obstáculos. Por ejemplo, la pérdida de una carta en la que Colombia le pedía a la justicia estadounidense el envío de pruebas al respecto, lo que obligó a ampliar el plazo para recibirlas.

Pero De la Espriella se equivoca en su última frase, que es falsa. El tribunal sí tiene poder constitucional para impedir que Santrich sea extraditado, en caso de que no se logre probar que la supuesta conducta delictiva ocurrió después de la firma. Eso es lo que se conoce, precisamente, como la garantía de no extradición que quedó establecida en el punto 5.1.2.42 del Acuerdo del Teatro Colón:

“No se podrá conceder extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR”.

En seguida se establece que, cuando algún exmiembro de la guerrilla sea pedido por la justicia de otro país, la sección de revisión del Tribunal de la JEP debe determinar la fecha de la conducta por la que se le acusa.

Si los hechos ocurrieron luego de la firma, el proceso pasa a la justicia ordinaria y el supuesto implicado queda expuesto a que la Corte Suprema de Justicia avale su extradición y el Presidente la firme. En cambio, si sucedieron antes de esa fecha, el caso va a la sala de reconocimiento y el presunto responsable mantiene la garantía pactada.

Este procedimiento forma parte de la Constitución por medio del artículo transitorio 19 del acto legislativo que le dio origen al Sistema. Además, pasó un examen previo de la Corte Constitucional para poder ir a sanción presidencial y entrar en vigencia. Este tribunal le dio su aval a la norma sin salvedades en esta materia.

Colombiacheck le escribió a De la Espriella al correo que pone al final de la columna y lo trató de contactar por teléfono en sus oficinas de Bogotá y Barranquilla para buscar una versión ampliada de su argumento. No obstante, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado. Una abogada de la empresa devolvió la llamada y averiguó por el motivo de la entrevista, pero tampoco respondió a nombre de él.

Es posible que en la columna se estuviera refiriendo a la suspensión que hizo la JEP del proceso de extradición de Santrich a partir del momento en el que asumió el caso, en mayo del año pasado. La decisión de la sección de revisión se basó en el artículo 134 del reglamento interno que la jurisdicción se dio a sí misma y un protocolo que había expedido la misma sala para el trámite de este tipo de solicitudes, por medio de los cuales se atribuyó esa facultad.

Esa actuación de los magistrados fue duramente criticada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que la calificó como un “desafío al orden constitucional”. Incluso el jurista Rodrigo Uprimny, que ha sido defensor del proceso de paz, admitió en una columna para el diario El Espectador que la JEP cometió “errores” al tomar esa determinación, a pesar de que consideró “exageradas” las afirmaciones de la Fiscalía.

“Es discutible que la JEP tenga competencia para ‘suspender’ una extradición, ya que ninguna norma constitucional ni legal le atribuye explícitamente esa facultad. Y mal podría la JEP invocar, como lo hizo, su propio reglamento para tomar esa decisión, pues la reforma constitucional que creó la JEP (AL Nº 1 de 2017) expresamente prohíbe que el reglamento contenga normas procesales”, escribió el investigador del tanque de pensamiento DeJusticia.

En efecto, la disputa entre la entidad que representa Martínez Neira y la JEP fue resuelta por la Corte Constitucional a favor de la primera. El alto tribunal determinó que la suspensión y las normas en que se basó desconocían la independencia de poderes y la colaboración armónica entre ellos, consagradas en la Carta de 1991. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión y declaró inaplicables tanto el protocolo como el artículo 134 del reglamento de la jurisdicción.

Esto, sin embargo, es distinto a negar la competencia de la justicia transicional para impedir la extradición de Santrich. Se refiere solo a la suspensión del proceso mientras la JEP lo estudiaba. Por lo tanto, la afirmación que hizo De la Espriella sigue siendo falsa.