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Martes, 03 Julio 2018

Verdades (y no tan verdades) en el debate de la JEP

Por José Felipe Sarmiento Abella

Chequeamos las afirmaciones de tres congresistas y un ministro sobre algunos de los puntos calientes que tuvo la votación del proyecto de ley en la plenaria del Senado.

La plenaria del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que reglamenta los procedimientos para la Justicia Especial para la Paz (JEP) en medio de un debate que, aunque fue tranquilo en términos generales, tuvo un par de discusiones acaloradas alrededor de las últimas dos modificaciones que logró incluir el Centro Democrático.

Colombiacheck le puso la lupa a las intervenciones durante el debate y verificamos cuatro de las afirmaciones del ministro Guillermo Rivera y de tres senadores.

Aval a proceso de extradición

“El artículo 19 transitorio (del acto legislativo que creó la JEP) no fue objeto de ningún comentario de la Corte Constitucional, lo que quiere decir que fue avalado en su integridad”: ministro del Interior, Guillermo Rivera. Verdadera.

Aunque todavía no se conoce la sentencia completa de la Corte Constitucional sobre su examen al acto legislativo que creó la JEP con base en el Acuerdo Final con las Farc, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tiene razón en la afirmación de que el artículo referente a los requisitos para la extradición por delitos cometidos después de la firma fue aprobado por el tribunal sin mayores comentarios.

El comunicado por medio del cual se dio a conocer la decisión de declarar exequible la iniciativa menciona varias excepciones. Sin embargo, ninguna de estas se refiere al artículo transitorio 19, en el que se habla de ese procedimiento. En consecuencia, este se mantuvo en pie tal como salió del Congreso y como venía en el texto pactado con la guerrilla en el Teatro Colón de Bogotá.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI de Cali, Mario Cajas, respaldó la interpretación de Rivera. Es decir, coincidió en que, si el comunicado no menciona nada sobre ese artículo, se puede concluir que la Corte lo avaló y que no le puso condiciones. Pero también señaló que la demora en la publicación de la sentencia completa es una “limitación” en el sentido de que “ha permitido que se llegue a este punto en el debate político”.

Es que el ministro dio este argumento para responderle al senador uribista Jaime Amín, que había insinuado que la ley de procedimiento para la JEP buscaba beneficiar al exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’, acusado en los Estados Unidos por supuesto narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Esto, porque el proyecto del Gobierno contemplaba que esta jurisdicción podía pedir pruebas para determinar la fecha de los supuestos delitos que sustentaran cualquier solicitud de extradición contra exmiembros de las Farc sometidos al sistema transicional.

El Centro Democrático se opuso a darle esa posibilidad a la JEP con el argumento de que dilataría el posible envío de los exguerrilleros pedidos por otros país, en particular el de Santrich. Por eso propuso que la ley de procedimiento le impidiera pedir pruebas a la sala encargada de revisar esos casos y, por ende, esta se tenga que remitir a los hechos como los presenta el escrito de acusación extranjero.

Rivera remarcó, en cambio, que la intención del Gobierno es reglamentar la reforma constitucional que creó la JEP. Esta fue la que estableció que esta jurisdicción debía determinar la fecha de los supuestos delitos, para decidir si negar la extradición o enviar el proceso a la Corte Suprema. Como en cualquier proceso judicial, según el ministro, esto hacía necesario que la sala en cuestión pudiera pedir las pruebas necesarias para ese fin.

No obstante su postura fue derrotada y el Senado aprobó la modificación presentada por el CD.

Rifirrafe por tratado con EE. UU.

“Es un tratado de extradición que unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso (el de ‘Jesús Santrich’), y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”: Jaime Amín, senador del CD. Engañosa.

“El tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”: Roy Barreras, senador del partido de La U. Ligera.

Este rifirrafe entre los dos senadores se dio también a raíz de la acusación de Amín sobre el beneficio que, según él, le representaba a Santrich la ley de procedimiento de la JEP. Pero además refleja una vieja discusión entre el uribismo y el Gobierno, que empezó a raíz del proceso de extradición de Estados Unidos a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias.

Para defender a su exfuncionario de un posible envío a pagar acá la condena a 17 años de cárcel que debe por el escándalo de corrupción en el programa Agro Ingreso Seguro, el expresidente Álvaro Uribe había afirmado en su momento que el tratado de extradición entre los dos países no estaba vigente. Ese fue también uno de los argumentos de los abogados de Arias. En cambio la Cancillería manifestó lo contrario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó entonces la situación compleja de ese acuerdo binacional. De hecho, una cartilla sobre la extradición publicada por el Gobierno actual explica de manera muy escueta lo que sucede en el caso de Estados Unidos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández le contó a Colombiacheck.com la historia completa. El secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano como delegado presidencial de Julio César Turbay, Germán Zea Hernández, firmaron un tratado bilateral de extradición en 1979. Este, en principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.

Pero la ley con la que se aprobó el tratado en Colombia fue demandada y la Corte Suprema de 1986 la declaró inexequible. Según el tribunal, era un vicio que el texto no hubiera sido firmado por el presidente Turbay sino por el ministro delegatario Zea. Aunque cabe recordar que la decisión se dio después de una serie de amenazas y atentados contra los magistrados, además de la toma del Palacio de Justicia el año anterior. “Los narcos, en especial Pablo Escobar y los Extraditables, atacaron mucho ese tratado”, afirmó Hernández.

Incluso el presidente Virgilio Barco firmó una nueva ley ese año para tratar de que Colombia acogiera el tratado. Sin embargo, la Corte la ‘tumbó’ de nuevo. Luego vendrían la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991 (una concesión a Escobar para que se entregara) y su levantamiento con la reforma de 1997, como lo recuerda un informe del Departamento de Estado americano.

A pesar de todo esto el tratado, aunque inaplicable en la legislación interna por falta de aprobación, permaneció siempre vigente a nivel internacional, como lo ha explicado la Cancillería. Es por eso también que en Estados Unidos lo asumen así y, en consecuencia, la corte de Florida que lleva el caso de Arias determinó que el acuerdo está en vigor antes de avalar la extradición del exministro de Agricultura.

El exmagistrado advirtió que “no podemos decirles a los estadounidenses que no apliquen el tratado porque se cayó la ley acá; ese es un problema nuestro”. En consecuencia, no es cierto que el tratado no exista, como dice el senador Barreras, ni que solo esté vigente a veces, como señala Amín.

Lo que pasa es que se le aplica a Arias porque Estados Unidos sí lo tiene aprobado en su legislación interna, pero no a Santrich porque en Colombia esa incorporación se frustró. Además, Colombiacheck no encontró registros en medios ni en las comunicaciones oficiales de la Cancillería donde esta entidad afirme que el tratado no está vigente, ni en relación con el caso Santrich ni en ningún otro. Por eso calificó la afirmación del congresista del CD como engañosa.

A Roy, entre tanto, le asiste la razón en que Colombia tiene hoy un compromiso con la extradición que ha permitido enviar a narcotraficantes y otros delincuentes a diferentes países. Además del artículo 35 reformado de la Constitución, así lo consagra el Código de Procedimiento Penal, tal como él lo aseguró y lo confirmó el jurista Hernández.

No obstante, Colombia y Estados Unidos también hacen parte de la Convención para la Extradición firmada en la Conferencia Panamericana de 1933 en Montevideo (Uruguay). Este pacto entró en vigencia para nuestro país en 1936 y sigue en pie. Por eso no se trata solo de “buena fe” unilateral, sino que hay también otros compromisos por cumplir en esta materia. En consecuencia, el senador de La U hizo una aseveración ligera.

¿Qué va a pasar con los militares?

“El (nuevo) artículo no les cierra la puerta a la posibilidad de que quienes quieran someterse con este procedimiento que estamos aprobando hoy y con los magistrados que están actualmente, lo hagan”: Paloma Valencia, senadora del CD. Verdadera.

El proyecto de ley de procedimiento para la JEP quedó con un artículo adicional que suspende los procesos contra miembros de las Fuerzas Armadas implicados en delitos cometidos en el marco del conflicto hasta que se cree un procedimiento especial para ellos. Además, da un plazo de 18 meses para que el Gobierno y el Congreso saquen adelante una iniciativa para establecerlo.

La proposición fue presentada por la senadora Paloma Valencia y defendida en especial por su partido, el Centro Democrático. En defensa de su idea, que al final fue aprobada, la congresista señaló que el texto le permitía a los militares y policías acusados seguir adelante con las normas vigentes y acogerse a la justicia transicional como existe hoy en día.

En efecto, el texto que quedó en el informe de conciliación y que corresponde con el que ella leyó ante la plenaria dice que los ellos pueden “solicitar de manera expresa que el proceso continúe”, pese a la moratoria declarada por este artículo. Es decir que los uniformados que, por ejemplo, quieran confesar sus delitos para salir libres pronto, pueden pedirle a la JEP que avance en sus casos sin necesidad de esperar la norma especial que promueve el CD.

Así lo explicó la senadora Valencia al responder a las críticas del ponente de la iniciativa, Roy Barreras, a su propuesta. El congresista del partido de la La U advirtió sobre un posible “limbo” que esta podría generarles a los 2.189 miembros o exmiembros de las Fuerzas Militares y la Policía que ya se sometieron a la justicia transicional.

Según el exmagistrado Hernández, la consecuencia de la norma como quedó aprobada es que los procesos sí se van a suspender en general pero “depende de cada caso” si a los acusados les conviene pedir la continuidad con la JEP como está o esperar el tratamiento especial que promete el uribismo. Sin embargo, considera que la modificación podría ser declarada inconstitucional porque ese cambio debía hacerse por medio de una reforma, no de una ley.

Argumentos similares planteó el senador y con ellos coincide el abogado y defensor de derechos humanos Gustavo Gallardo, de la Fundación Lazos de Dignidad, quien encabeza la defensa de Santrich. Estuvo de acuerdo con Valencia, no obstante, en que a un militar preso que quiera salir de la cárcel pronto le conviene más pedir que su proceso continúe por la JEP actual porque, de lo contrario, “va a tener que esperar los 18 meses privado de la libertad”.

Hernández agregó que “no está claro” lo que pasaría con quienes ya obtuvieron esa libertad. El proyecto aprobado, que el presidente Santos ya anunció que sancionará sin objeciones para que la Corte Constitucional se pronuncie, dice que “podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas antes de la entrada en vigencia de esta ley”. Es decir que “seguirán gozando de su libertad pero con el proceso suspendido”, explicó Gallardo.

Así, la discusión sobre cuál de las dos opciones les da más seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas queda abierta. La cúpula militar envió una carta de respaldo a la JEP como estaba pero el CD dice representar a otros sectores que desconfían de ese sistema.

Entre tanto la “puerta abierta” de la que habló Valencia para que los procesados por la jurisdicción transicional puedan seguir adelante con sus casos es verdadera.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: 1. “El artículo 19 transitorio (del acto legislativo que creó la JEP) no fue objeto de ningún comentario de la Corte Constitucional, lo que quiere decir que fue avalado en su integridad”. 2. "Es un tratado de extradición (el de Colombia con Estados Unidos) que unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso (el de ‘Jesús Santrich’), y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”. 3. “El tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”. 4. “El (nuevo) artículo no les cierra la puerta a la posibilidad de que quienes quieran someterse con este procedimiento que estamos aprobando hoy y con los magistrados que están actualmente, lo hagan”.

    Autor: 1. Ministro del Interior, Guillermo Rivera. 2. Jaime Amín, senador del Centro Democrático. 3. Roy Barreras, senador del partido de La U. 4. Paloma Valencia, senadora del CD.

    Fuentes: Transmisión en directo por YouTube de la plenaria para la votación del proyecto de ley 225/2018 (Senado), informe de conciliación de la iniciativa, acto legislativo 1 de 2017 por medio del cual se creó la JEP, comunicado 55 de 2017 de la Corte Constitucional sobre el examen de esa norma, Acuerdo del Teatro Colón, exmagistrado José Gregorio Hernández, abogado Gustavo Gallardo de la Fundación Lazos de Dignidad, defensor del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich'; director de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI de Cali, Mario Cajas; nota de Semana sobre carta del expresidente y senador Álvaro Uribe en defensa del exministro Andrés Felipe Arias, respuesta de su defensa a la solicitud de extradición de Colombia, comunicado de la Cancillería sobre vigencia del tratado, cartilla de la entidad sobre la extradición, leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que aprobaron en Colombia el tratado de extradición entre los dos países, nota de El Espectador sobre la historia que llevó a que ambas fueran declaradas inexequibles por las sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de entonces, artículo 35 original de la Constitución de 1991, que prohibía la extradición; acto legislativo 1 de 1997, que lo reformó para permitirla de nuevo; informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Plan Colombia y los tratados de extradición con diferentes países de América Latina, certificación de extradición y orden de compromiso de la corte del distrito Sur de la Florida sobre el caso de Arias, artículo 490 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, Convención para la Extradición de Montevideo y ley 74 de 1935 que la aprobó para Colombia.

    Contexto: Debate final en la plenaria del Senado para la votación de la ley que reglamenta los procedimientos al interior de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

    Calificación: 1. Verdadera. 2. Engañosa. 3. Ligera. 4. Verdadera.

Miércoles, 12 Julio 2017

“El 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación es de Sofía Gaviria, senadora liberal, y resultó engañosa no solo porque apenas el 88,2% de los municipios colombianos están en dicha categoría, sino porque eso no significa que todos tengan necesidades básicas insatisfechas.

Pocos días antes de tomar su licencia de maternidad la senadora Sofía Gaviria se despachó contra el presidente Juan Manuel Santos por “la avalancha de 34 decretos emitidos por el Gobierno gracias a las inmensas facultades extraordinarias que le concedió, sin discusión alguna, un Congreso que ha perdido toda autonomía”, escribió en la columna de opinión que publica en el periódico El Mundo de Medellín, fundado por su padre Guillermo Gaviria Echeverri y dirigido por su hermana Irene Gaviria.

En relación a sus críticas publicadas el 2 de julio frente a la “avalancha” de decretos, la congresista antioqueña también expresó su inconformidad porque el exministro Juan Fernando Cristo fue nombrado en la Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) lo que le permite, según ella, controlar “todo lo relacionado con la implementación de los billonarios recursos de los acuerdos, mientras, abiertamente, es precandidato presidencial”.

Su voz de inconformidad también la expresó por decretos que, según ella, tocaron aspectos como la modificación del estatuto tributario, la modificación del reglamento de la Corte Constitucional, la falta de claridad sobre quienes conformarán las instancias para la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, así como lo relacionado con el Fondo de Tierras para el posconflicto, entre otras temas.

Al conjunto de inconformidades la senadora liberal sumó que, en su opinión, el gobierno centró “los esfuerzos estatales de electrificación rural en unos pocos municipios y deja aplazada la electrificación de los demás”. Para sostener su argumento Gaviria adujo que la electrificación rural se está dando de manera “inequitativa” y mencionó que “el 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”, una cifra que Colombiacheck verificó.

¿Cómo es la categorización de los municipios colombianos?

Para conocer la fuente del dato mencionado por Gaviria, consultamos a su oficina de prensa. Allí explicaron que la cifra del 89% la tomaron del Portal Territorial que ofrece cifras de la categorización de los municipios del país con corte a 2007.

Colombiacheck revisó la página y en efecto así está publicado. También confirmamos que el dato publicado por la senadora está desactualizado en por lo menos una década (10 años).

Para conocer cifras más actualizadas consultamos varias bases de datos y preguntamos a expertos en la materia. Revisamos las cifras que tiene la Contaduría General de la Nación, en su reporte de información fechado en noviembre de 2016.

En relación a la categorización de 2007 publicada por el Portal Territorial y la de Contaduría hay algunas diferencias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en 2007 el Portal Territorial solamente reportó 1.098 municipios contrario a la publicación de la Contaduría que reportó 1.101 en total.

En la base de datos de la Contaduría de 2016 también se encuentra que de los 1.101 municipios en Colombia hay seis en categoría 0, una categoría especial.

De los otros municipios la Contaduría reveló que hay 26 en categoría uno, 19 en categoría dos, 13 en categoría tres, 26 en categoría cuatro, 39 en categoría cinco y 951 categoría seis.

Esos datos que son oficiales y de acceso público, también evidenciaron que hay 21 municipios sin categorizar, aunque según Juan Carlos Rodríguez, contratista de la Subcontaduría de Centralización de la Información, dichos municipios también pertenecen a la categoría seis. De acuerdo con Rodríguez, están sin categorizar porque “no tuvimos información sobre ellos”.

Según estos datos Colombia contaba a 2016 con 972 municipios de categoría seis, que representan un 88.2% del total de los municipios del territorio nacional. Es decir, hay una diferencia de 0.8 puntos decimales con relación a la información de 2007 ofrecida por el Portal Territorial.

¿Confunde y reinarás?

Pero más allá de esa pequeña imprecisión en los datos, el ‘veneno’ de la afirmación de la senadora Gaviria lo trae en la segunda parte, donde dice que califica esos municipios de categoría seis como zonas “con necesidades básicas insatisfechas, NBI”, lo cual es totalmente falso y llama a la confusión de sus lectores.

Es falso y enreda a sus lectores pues, de acuerdo con Rodríguez, el experto de la Contaduría General de la Nación, la categorización de los municipios el Colombia no se realiza según las NBI, sino como lo ordena la Ley 1551 de 2012 que dicta las pautas para la organización y el funcionamiento de los municipios.

En su artículo 6º esta ley dictamina que: “Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica”, en definitiva, está categorización no mide las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas de los municipios colombianos.

¿La senadora Gaviria no conocía este aspecto de la clasificación de los municipios o, pese a conocerlo, lanzó su temeraria afirmación que llama al engaño a quienes la leen y no conocen la Ley 1551 de 2012? Eso solo lo sabe ella.

Ahora bien, teniendo esa claridad en cuenta, según Rodríguez, es lógico que algunos municipios aparezcan en la categoría seis debido a que tienen menor población y por lo tanto menores ingresos, pero no necesariamente mayores necesidades básicas insatisfechas.

Para entender mejor cómo están catalogados los municipios del país es bueno saber que la zona cero o zona especial está conformada por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Mientras que Yopal, Villavicencio, Neiva, Valledupar, Manizales, Tunja, Pereira e Ibagué, entre otras ciudades, han sido categorizadas en la escala uno.

Sin embargo, es importante recalcar que estar en la categoría cuatro, cinco o seis no indica necesariamente tener necesidades básicas insatisfechas. Como de igual manera estar en una categoría especial o uno no indica tener garantizadas todas las necesidades básicas.

Luego del análisis de la información oficial disponible y de la contrastación con los expertos, calificamos la afirmación de la senadora Gaviria es engañosa porque ella tenía la posibilidad de acceder a la información más actualizada (ya que es pública) y, en su calidad de Senadora, debe conocer que los municipios en Colombia no se clasifican por sus necesidades básicas insatisfechas.

Desde la oficina de la senadora Gaviria explicaron que la relación del 89% de los municipios como zonas con necesidades básicas insatisfechas se debió a “un error de transcripción” aunque recalcaron que los municipios de categoría seis tienen más necesidades que los demás. “Esos más que los demás”, dijeron textualmente.

Municipios con 0% de cobertura eléctrica

Es importante señalar que el dato mencionado por Gaviria referente a que el 89% de los municipios del país son de categoría seis se originó por la inconformidad de la senadora en relación a la manera “inequitativa”, según ella, en que se ejecutará el Plan Nacional de Electrificación Rural mencionado y aprobado en el Decreto Presidencial 884 de 2017, uno de los 34 que firmó el presidente Santos en un fin de semana.

Colombiacheck analizó el decreto y confirmó que no establece una lista de los municipios que se beneficiarían del Plan Nacional de Electrificación Rural, originado en el Acuerdo Final. Lo que se estableció en el decreto fue que se “elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional - SIN”.

El decreto también menciona que “el contenido del Plan Nacional de Electrificación Rural, Pner, se armonizará con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)”. En definitiva, los municipios que estén caracterizados en los anteriores planes podrían hacer parte del Plan Nacional de Electrificación Rural.

Colombiacheck tuvo acceso a la base de datos del Sistema de Información Eléctrico Colombiano, Siel, y pudo conocer que hay seis municipios en el país, según estimaciones de 2015, que tienen 0% de cobertura eléctrica. Los municipios son San José del Palmar en Chocó, La Guadalupe en Guainía y los otros cuatro en el departamento de Putumayo; Colón, San Francisco, Santiago, y Sibundoy.

Según el mismo Siel, el municipio de Puerto Concordia en el Meta tiene un 2,1% de cobertura eléctrica, Pana Pana en Guainía tiene el 5,5% y Amazonas tiene otras dos zonas (mencionados como municipios o corregimientos) que tienen entre 4,6% y el 8,9% de cobertura eléctrica. Pacoa en Vaupés tiene cobertura del 9,9%.

En el rango de 10% a 39,9% de cobertura eléctrica hay 21 municipios, en el rango de 40% a 59,9% hay 23 municipios, de 60% a 89,9% hay 200 municipios, de 90% a 99,9% hay 439 municipios y con 100% de cobertura eléctrica hay 427 municipios.

Es decir, el 78,6% de los municipios del país cuentan con cobertura total de energía eléctrica o entre el 90% y 99%. Por otro lado, los municipios colombianos con 0% de cobertura eléctrica o con una que oscile entre 0,1% y 19,9% apenas representan el 1,3% del total de los municipios del país.

Como lo mencionamos anteriormente respecto a los municipios que se beneficiarían con el Plan Nacional de Electrificación Rural no hay una lista concreta sino que se tendrán en cuenta aquellos que estén caracterizados en otros planes como los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Por ejemplo, los seis municipios con 0% de cobertura eléctrica en el país no están en la lista de municipios que harán parte del Pdet, así lo pudo conocer Colombiacheck luego de acceder a la base de datos de la Agencia Nacional del Territorio. Estos municipios tendrán que hacer parte de los priorizados para los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral o del Pnis, de lo contrario la luz no les llegará, o por lo menos no la eléctrica.