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Viernes, 28 Octubre 2016

Estos son los municipios más afectados por el conflicto

Por Miriam Forero

Colombiacheck pone a disposición de su audiencia una herramienta que visualiza los datos de víctimas que se han registrado como tales, en cada uno de los 1.102 municipios del país por cada uno de los doce tipos de delito que maneja el Registro Único de Víctimas.

Las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia desde 1985 superan el número de habitantes de Antioquia e igualan al de Bogotá. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, el conteo, a septiembre de 2016, llega a 7.936.566 personas afectadas por la violencia guerrillera o paramilitar de los últimos 31 años.

Si se suman las víctimas de la delincuencia organizada -es decir, las llamadas Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO), que no se consideran parte del conflicto, pero que también generan mucha victimización con sus acciones-, la cifra llega a 8.2 millones.

En su segunda entrega de datos abiertos, Colombiacheck depuró, organizó y analizó la información del Registro Único de Víctimas, para elaborar un mapa* en el que los usuarios pueden ver cuántas víctimas produjo cada suceso -secuestros, desplazamientos, homicidios, desapariciones, agresiones sexuales, etc.- en cada municipio del país, entre 1985 y 2016.

De este modo, los datos muestran que los municipios con más personas afectadas por cada tipo de acción dentro del conflicto están en Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Arauca y Nariño. El siguiente gráfico muestra los rankings de los cinco municipios con mayor número de personas afectadas, según cada delito:

 

 

De 12 delitos que reconoce la ley como formas de victimización, Medellín (Antioquia) se encuentra en nueve escalafones. Policarpa (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) aparecen en cuatro de esos rankings de hechos victimizantes.

En el ámbito nacional, el desplazamiento es el delito que más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados. Le siguen el homicidio, que ha generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados; y la amenaza, por la cual se han registrado 321.505 víctimas.

Los datos muestran un repunte en el año 2000, en plena negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, en lo que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. El número de víctimas por hechos ocurridos ese año llegó a 613.000, cifra que duplicó la del año anterior. Los afectados continuaron aumentando hasta el pico máximo, que se dio en 2002, cuando los flagelados por el conflicto fueron 834.000. Sólo hasta 2009 empezó un descenso, con promedios de 200.000 afectados por el conflicto cada año y en 2015 los registrados bajaron hasta las 150.000 víctimas.

Por el contrario, las víctimas de bandas criminales han ido aumentando considerablemente desde 2010, momento en el que llegaron a ser 35.000, y en esa cifra se mantuvo el reporte del año pasado.

Para ver el detalle de cada municipio, los invitamos a navegar el siguiente mapa:

Nota: el mapa incluye tanto a víctimas del conflicto armado como a las de Bacrim. Por razones técnicas, las víctimas de sucesos ocurridos antes de 1985 quedaron registradas con fecha 1984.

¿Cómo se construye la base de datos?

El registro que maneja la Unidad para las Víctimas, con el fin de reunir la información de quienes han sido víctimas del conflicto y de las bandas criminales, surgió en 2012 con la Ley 1448 del año anterior, la misma por la que se creó la Unidad.

El primer insumo fue el Sipod, el Sistema de Información de Población Desplazada, que hasta aquel momento manejaba Acción Social y que se alimentaba por un mecanismo menos completo que el actual. Hoy en día, la ley incluye 12 tipos de delito por los que las víctimas del conflicto pueden solicitar atención y reparación.

Para esto, deben dirigirse al ministerio público de su zona -personerías y defensorías del pueblo- donde hay funcionarios capacitados por la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de los afectados y diligenciar los formularios correspondientes, sea en formato físico o digital.

Luego empieza un proceso de validación de la información que según le explicaron a Colombiacheck, Nelly Moreno y Juan Carlos Ricaurte de la oficina de planeación de la Unidad de Víctimas, involucra alrededor de 33 cruces con más de 400 bases de datos de distinta índole para confirmar aspectos como número de identificación, nombre, ubicación, fechas, tipo de eventos declarados, etc.

Según el resultado de esta verificación la persona puede ser incluida o no en el Registro de Víctimas y debe ser informada máximo 60 días después de su solicitud. Pero, de acuerdo con lo que narra Moreno, hay casos en los que las defensorías prefieren acumular varias solicitudes para después hacerlas llegar a la Unidad; esto hace que el proceso de verificación empiece tarde y por ende se retrase la respuesta.

De hecho, una de esas resoluciones negativas casi lleva a la cárcel a la anterior directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por una tutela que interpuso la persona que se declaró víctima de desplazamiento.

Existe, además, una depuración de los datos agrupados, en la que se diferencian las personas que pueden recibir atención y reparación -en la actualidad, 6.277.107 por el conflicto y 224.108 por las Bacrim-, de las que no porque están desaparecidas, fallecieron o han sido imposibles de localizar por inconsistencias en la información reportada.

En el sitio web del Registro Único de Víctimas se puede consultar la información consolidada, que se actualiza cada mes. Estos datos son la base del trabajo que realizan las 51 entidades -32 de ellas públicas- que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, donde éstas reciben atención inmediata, prevención, asistencia humanitaria y reparación.

“Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima”, reportó Semana, según lo que halló en un informe de la Universidad de Harvard que evaluó el programa. La auditoría encontró también retos enormes en términos de los esfuerzos que tendrá que hacer el país para lograr atender y reparar a todas las víctimas que pretende cobijar.

Descargue aquí las cifras actualizadas de víctimas del conflicto.


*Procesamiento de datos y mapa: Esteban Ponce de León

Sábado, 28 Octubre 2017

Justicia transicional, el difícil camino para encontrar verdad y reconciliación

Por Colombiacheck

Colombiacheck presenta las cinco mejores historias del curso CdR/Lab Justicia Transicional “Claves para entender y cubrir la justicia especial para la paz”, realizado por Consejo de Redacción.

Después de más de 50 años de conflicto, en el que ha habido múltiples actores armados ilegales, son innumerables las violaciones a los derechos humanos cometidas, muchos los hechos por esclarecer y, según las cifras más recientes, 8.554.639 víctimas reconocidas por la Unidad para las Víctimas, que hay que reparar.

No es pequeño el reto que tiene la Justicia transicional en Colombia. El próximo desafío de esa justicia será encarar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos por las Farc, lograr que cuenten la mayor verdad posible, imponerles sanciones que incluyan reparación a las víctimas y así, allanar el camino de reconciliación y paz que busca el país.

Además, no caer en errores de otros procesos de justicia transicional, como la Ley Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares, pero en el que hay víctimas que todavía reclaman verdad. También lograr que otros grupos que todavía están en armas las entreguen y cuenten la verdad.

¿Qué papel jugará la justicia indígena? ¿Cómo se asegurará la justicia de que está condenando a verdaderos culpables y no a ciudadanos a los que han tildado de victimarios sin serlo? ¿Cómo asegurar una restitución de tierras que garantice la subsistencia de las víctimas? ¿Cómo garantizar las condiciones para que los excombatientes vivan dignamente y no vuelvan a delinquir? ¿Cómo lograr que los victimarios ayuden a esclarecer la suerte de los desaparecidos?

Esos son los temas que aborda este especial periodístico de cinco historias, realizadas por seis estudiantes que terminaron el curso virtual CdR/Lab Justicia Transicional “Claves para entender y cubrir la justicia especial para la paz”, quienes recibieron asesoría editorial de Tatiana Navarrete y María Clara Calle, periodistas del medio Verdad Abierta.

La capacitación CdR/Lab Justicia Transicional y las historias de este especial se realizaron gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de la AGEH y de la DW Akademie.

Nota: Aunque Colombiacheck tiene como política editorial identificar debidamente a las fuentes a las que les atribuye la información, en algunos de estos artículos se omiten o se cambian los verdaderos nombres por razones exclusivas de seguridad de los protagonistas de las historias.

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso.

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Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

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10 familias a las que les despojaron sus tierras en medio del conflicto intentan rehacer sus vidas en un predio a 15 minutos de la zona urbana de Cali. Ya tienen la tierra, pero les falta el agua potable y ayuda para que sus proyectos productivos sean sostenibles.

De inocentes a victimarios, el reto de no condenar a las personas equivocadas

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