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Miércoles, 10 Junio 2020

Explicador: ¿Qué es la ‘Ideología de género’?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La expresión “ideología de género” ha sido frecuentemente usada en desinformaciones. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Existe una sola ideología de género?

Varios portales divulgaron hace un tiempo una información (falsa) sobre una pareja de mujeres que supuestamente mató a su hijo por no querer vestirse de mujer. “Eso es lo que genera la ideología de género”, decían algunas publicaciones en Facebook que compartieron la noticia.

A través de esa misma red social, durante la pasada campaña electora de 2019, circuló un video que afirmaba (también falsamente) que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, implementarían la ‘ideología de género’ en la capital.

Apenas dos ejemplos de desinformaciones que circularon en internet y que tienen como punto en común la llamada “ideología de género” y sus supuestos nefastos efectos para la humanidad, sobretodo para los niños. Pero, ¿qué es exactamente la ‘ideología de género’? ¿En dónde radica su peligro?

En este explicador Colombiacheck intenta resolver algunas de las preguntas alrededor de esta expresión para entender lo que hay detrás de ella y por qué su uso ha resultado tan efectivo en términos políticos y electorales.

¿Qué son los estudios de género?

Antes de adentrarnos en la “ideología de género”, vale la pena entender qué son los estudios de género.

Constituyen un campo interdisciplinario de investigación que se empieza a consolidar en las universidades a finales de la década de 1970, y que toma como categoría central el género. Aquí es importante entender qué es el género y su diferencia frente al sexo.

Según los expertos consultados para este artículo, ‘Sexo’ hace referencia a las características biológicas de los cuerpos humanos: masculino y femenino. Y ‘género’ tiene que ver con la construcción social a partir de esas características biológicas. 

Sandra Mazo, coordinadora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, dice que si bien los seres humanos tenemos diferencias biológicas al nacer que son evidentes e innegables (pene, vagina, testículos, ovarios); ser mujer o ser hombre ha definido nuestros roles en lo social, cultural, económico y político. 

Estos roles han desembocado en “desigualdades muy profundas que no pueden estar mediadas por lo biológico”, dice Mazo.

Por eso, varias visiones desde la academia cuestionan que los seres humanos seamos definidos y asignados en la sociedad en relación a los órganos sexuales con los que nacemos. “No nacemos biológicamente desiguales; es una construcción social”, dice Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización Colombia Diversa.

La categoría género, además, permite trabajar a su vez con otras categorías que tienen que ver con las orientaciones sexuales (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad) y las identidades sexuales (cisgénero, transgénero, no binario), de acuerdo Mazo. 

“El género es una categoría social y cultural que nos permite una lucha por la igualdad; igualdad de derechos en tanto somos seres humanos con las mismas capacidades”, dice Mazo.

Teniendo este marco de referencia claro, pasamos a las preguntas más comunes sobre la “ideología de género”.

¿Qué es la ‘ideología de género’?

Quienes han popularizado la expresión ‘ideología de género’ han tomado puntos que sí promueven los estudios de género, como la diferencia entre sexo y género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embargo, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos y generar desinformaciones.

Por ejemplo, se ha dicho que la ‘ideología de género’ pretende homosexualizar a los niños, acabar con la familia y que busca que “no haya sexos y los individuos puedan transitar entre sexos cada que se les ocurra”. 

“Es una estrategia de manipulación”, sostiene Sánchez. Y quienes están detrás de ella han esparcido desinformaciones, como las que mencionamos al comienzo, de supuestos padres y madres homosexuales que asesinan o torturan a sus hijos en nombre de la “ideología de género”.

Quienes han difundido estas ideas generalmente se escudan en un discurso por la defensa de los niños y la familia. Sin embargo, lo que hay detrás es una estrategia que persigue intereses políticos y electorales. Que instrumentaliza las ideas de los estudios de género para movilizar padres y madres indignados y temerosos por lo que, supuestamente, pueda ocurrirles a sus hijos.

Un ejemplo es el discurso de Ángela Hernández, exdiputada de la Asamblea de Santander y excandidata a la Gobernación del mismo departamento, quien promovió una marcha en contra de la “ideología de género” que, según ella, busca “imponerse” en la sociedad colombiana.
 

En conclusión, el concepto de ‘ideología de género’ “es un recurso político que algunos sectores conservadores usan para reafirmar su posición y su agenda”, dice Franklin Gil, investigador del Observatorio de Género de la Universidad Nacional, “pero tanto en sus orígenes como ahora, la expresión ‘ideología de género’ ha sido una respuesta a otra cosa [intereses políticos y electorales]”.

‘Ideología de género’: otra definición

Para Maria Mercedes Acosta, directora del medio Sentiido, englobar el cuestionamiento al género con el término de “ideología” lo que pretende es presentar los estudios de género como una opinión sin fundamento, una visión unívoca de un grupo de personas (feministas y la comunidad LGBTI). “El solo hecho de nombrarlo como una ‘ideología’ es una manera de restarle cualquier veracidad, seriedad o componente científico”, dice Acosta.

No obstante, los estudios de género sí son una ideología en tanto posición ideológica; de la misma manera que la visión de los grupos conservadores tiene una postura ideológica sobre el género. Estos últimos sostienen que el sexo es inmutable porque un Dios, la naturaleza o la ciencia nos hizo hombres o mujeres.

La investigadora Nancy Prada Prada publicó un artículo en el que señala que sí tiene sentido hablar de “ideologías de género”, en plural. “Las iglesias lanzan la acusación: ‘nos quieren imponer la ideología de género’, sin reconocer que la suya también es una posición ideológica”, afirma Prada. Y esa es, en opinión de Gil, una posición posible dentro de la democracia.

Sí existe, como señala Prada, la “ideología de género”; pero no existe en el sentido negativo que se le pretende endilgar.

¿Cuándo surgió el concepto?

No es claro. Sin embargo, aunque Sandra Mazo y Marcela Sánchez no logran situar una fecha exacta, coinciden, junto a otros expertos y expertas en el tema, en ubicarlo a comienzos de la década de los 90, en el marco de las conferencias internacionales de Naciones Unidas; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994; la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), en 1994. Encuentros en los que se debatieron temas de población, desarrollo, derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de género.

Según Mazo, ante el avance y el fortalecimiento de la perspectiva de género y el reconocimiento internacional de movimientos por la igualdad de género, el Vaticano acuñó esta expresión como una forma de frenar el progreso hecho por mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

¿Cuándo llegó la expresión a Colombia?

En Colombia podemos encontrar dos momentos en los que aparece el término, con diferentes intensidades y efectos, de acuerdo con Franklin Gil.

El primer momento es en 2005, el año que precedió a los debates de la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, según Gil, “en ese momento ese recurso no estaba tan desarrollado y no tuvo el mismo impacto que en 2016”. 

Ese 2016 fue el año de las cartillas del Ministerio de Educación y del plebiscito por la paz; dos eventos que estuvieron marcados por la difusión de desinformaciones en nombre de la “ideología de género”.

Las cartillas

Desde 1994 existe en Colombia una política pública que busca educar a niños y niñas entorno a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 115, señala como objetivo de la educación del país “desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”.

A raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se suicidó en 2014 en Bogotá debido a la discriminación que sufrió en su colegio a causa de su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo con Prada. 

Esta orden incluía hacer, en un plazo de un año, una “revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) produjeron unas cartillas que pretendían orientar a las directivas de los colegios en las modificaciones que se debían hacer a los manuales de convivencia.

En el desarrollo de la orden de la Corte, en julio de 2016, se dio un debate en la asamblea departamental de Santander en la cual, la entonces diputada Ángela Hernández, “advirtió” que el Ministerio de Educación y la ministra Gina Parody en su “condición” de mujer lesbiana, pretendían adelantar una “colonización homosexual” en los colegios. Y convocó a una marcha para el 10 de agosto con el fin de “rescatar los principios” y rechazar “la imposición de la ideología de género en las aulas”.

“Lo que vino luego fueron días intensos de informaciones cruzadas y debates encendidos”, dice Prada Prada en su artículo. Se hablaba de “las cartillas del Ministerio” sin hacer distinción del instrumento utilizado efectivamente por el Ministerio de Educación y la cartilla producida por el UNFPA, “e incluso se hizo circular un material de origen belga que incluía contenido sexual explícito, afirmando que ese era el texto que el Ministerio estaba llevando a las instituciones educativas”, de acuerdo con el artículo de la investigadora.

El plebiscito por la paz

El plebiscito para refrendar los acuerdos producto de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc se realizó el 2 de octubre. Y en el marco de las campañas por el ‘Sí’ y por el ‘No’ la “ideología de género” volvió a aparecer.

Múltiples sectores religiosos y promotores del ‘No’ sostuvieron que “la ideología de género” podría estar dentro del Acuerdo final y que de aprobarse se “impondría” la ideología de género. Colombiacheck, incluso, publicó en su momento una verificación sobre el tema.

La desinformación surgió a raíz de que el 7 de septiembre de 2014 se instaló la Subcomisión de Género que tenía como objetivo revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tuviesen un adecuado enfoque de género (que explicamos en otro chequeo). 

Ambas desinformaciones (las de las cartillas y la de la ideología de género en el plebiscito) estuvieron siempre conectadas, a tal punto que Alejandro Ordóñez, ex Procurador General de la Nación, dijo que ya no sería la ideología de género “impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede en la norma constitucional. Desde luego no la llaman así, la llaman enfoque de género”.

Desde entonces, la llamada “ideología de género” se usa como una carta que sacan ciertos sectores para perseguir fines político-electorales.

Pero ¿quiénes integran esos sectores?

Para Sandra Mazo, afirmar que la Iglesia Católica o los grupos religiosos son quienes están detrás de la difusión desinformada de la ‘ideología de género’, es caer en un error discriminatorio, dado que dentro de la Iglesia Católica hay distintas posiciones para cada tema: no hay una única mirada.

Para ella, entonces, quienes advierten sobre “los peligros de la ideología de género” son grupos fundamentalistas conservadores que estigmatizan lo que significa la categoría de “género” para los estudios de género. Personas que defienden un modelo típico, tradicional y excluyente. Y que, por supuesto, tienen intereses en mantener las desigualdades entre grupos sociales. 

¿Cómo se ha visto la ideología de género en otros países?

La organización Dejusticia publicó un artículo en mayo de 2017 en el que cuenta casos de otros países en la región en donde el monstruo de la “ideología de género” también hizo presencia.

“El 10 de septiembre de 2016, padres y madres de familia de diferentes estados de México salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con lemas como ‘Dios creó al hombre y a la mujer. No a la ideología de género’. (...) Acusaron a la ‘ideología de género’ de fomentar la homosexualidad entre niños y niñas. (...).

“El 4 de marzo de 2017, Perú también gritó ‘Con mis hijos no te metas’. Sectores religiosos, conservadores, y padres y madres preocupados por la educación de sus hijos, salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su inconformidad por el programa de educación sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en los colegios. ‘Ideología de género no va’, ‘El gobierno quiere homosexualizar a la niñez’ y ‘Ministra, no homosexualices a nuestros hijos’, fueron algunos de los lemas que se escucharon en la marcha. 

“En Brasil el panorama es bastante similar: en 2015, la Cámara Municipal de Manaus aprobó una ley que prohíbe la inclusión de la ‘ideología de género’ en las escuelas municipales. Marcel Alexandre, promotor del proyecto, y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño, celebró la promulgación de la ley y afirmó que constituía una victoria para las familias, pues, para él, el género es una ideología que busca adoctrinar a niños y niñas para promover una cultura de la homosexualidad.

Miércoles, 07 Julio 2021

Mujeres y migrantes: el doble riesgo de morir en Colombia

Por Cerosetenta y La Liga Contra el Silencio

Obligadas a huir de su país, cada vez más venezolanas padecen la desprotección y la violencia extrema. Sus familias, además, enfrentan barreras burocráticas que entorpecen la recuperación de sus cuerpos; mientras sus huérfanos terminan en un limbo ante la inacción de los gobiernos.

“Si no es hoy, no es nunca”, dijo Ányela Capote antes de desaparecer. Dejó su teléfono cargando, sus cuatro hijos (la mayor de seis años) al cuidado de una prima y salió. Eran las 10 de la noche del 10 de abril de 2020. Tres noches después la policía encontró su cuerpo desnudo en un pastizal, herido a cuchillo y envuelto en cobijas. Estaba cerca de su casa, y a solo 150 metros de donde vive un vecino 39 años mayor que ella, quien desde hacía meses la acosaba. Ányela –venezolana, 27 años, morena y de pelo crespo– varias veces le había pedido que no la molestara más. El teléfono de esta persona fue el último que ella marcó ese viernes por la noche. 

“Para conseguirla cerca de donde vive ese señor no hay más nada, sino que él fue”, dijo Mileidy Guzmán, prima de Ányela, en una entrevista con Prensa Libre Casanare cuando se confirmó la identidad del cadáver. “En verdad fue la última persona que habló con ella y que la vio”, añadió, encogiéndose de hombros. 

Según Mileidy, había una relación entre su prima y el vecino que la acosaba. “Él la ayudaba y ella lo ayudaba. Pero como ella decía, lo hacía por sus hijos”, contó. Tenía que prostituirse, agregó Darwin, otro vecino del barrio El Fical, en Yopal. “Ella se dedicaba a eso cuando el marido no conseguía lo suficiente para la familia”, explicó. 

El hombre de 67 años fue capturado en enero de este año como presunto responsable del feminicidio de Anyela Capote y enviado a prisión

En 2020, cuando empezó la pandemia, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta, comparada con una colombiana, según datos de Medicina Legal analizados por El País. El riesgo de sufrir violencia en pareja era un 39 % más alto, y el de sufrir violencia sexual un 28 % mayor.

La violencia contra venezolanas terminó en feminicidio 33 veces durante el año pasado; cuatro casos más que en 2019, según las cifras que recolecta mes a mes la revista Cerosetenta.

La inmensa mayoría corresponde a mujeres menores de 30 años. Es el caso de Naibel Yuraima Blanco, de 24 años y nacida en Trujillo, Venezuela. Naibel conoció a su pareja en el viaje a Colombia y seis meses después él la asesinó antes de fugarse con su hija de seis años.  

La violencia también se ensañó contra las mujeres trans. De las 32 asesinadas el año pasado, tres eran venezolanas, según el registro que lleva Cerosetenta. Alexandra Ramos Rivas, de 23 años, fue una de ellas. Era trabajadora sexual, vivía en Medellín y fue asesinada al parecer por un taxista que la frecuentaba y que ya la había amenazado, según un amigo de la víctima. 

La situación no ha cambiado este año: en los primeros cinco meses van 14 venezolanas asesinadas en el país. Desde 2019 suman 75 casos. 

Los casos de Ányela Capote, Alexandra Ramos y Naibel Yuraima Blanco demuestran que las migrantes se enfrentan a “decisiones imposibles”, según Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, una ONG que defiende a las mujeres en Venezuela y reporta los feminicidios dentro y fuera de ese país. “No tienes con qué comer ni cómo pagar, y la demanda es de tu cuerpo. No es que tú decidiste estar en el trabajo sexual, sino que parte de esa violencia hace que no tengas posibilidad de decidir”, explicó Borges.

La vulnerabilidad se carga en el morral 

En 2018 Ányela Capote llegó a Yopal con siete meses de embarazo y tres niños pequeños. Había salido un tiempo antes desde Maracay, estado Aragua, cuando en Venezuela empezó a faltar todo, incluido el acceso a la salud para mujeres gestantes. Con su esposo, Fredy Castañeda, intentaron mantener a la familia trabajando con  reciclaje. Pero tuvieron problemas, la pareja se separó y ella quedó a cargo. “Era la que siempre salía a dar la cara por sus hijos”, contó desde Perú su hermano Jhosman Capote. La pandemia terminó por dejarla sin opciones. 

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos cinco años, casi dos millones están en Colombia. Y aunque acaba de terminar el cierre más largo de la frontera en los años recientes, la migración no se ha detenido. 

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que el 52 % de los migrantes son mujeres y el 48 % son hombres. “El fenómeno que inicialmente fue sobre todo masculino se empieza a modificar hacia uno femenino”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.  “Esto es importante porque la feminización de la migración tiene unas complejidades adicionales que las autoridades colombianas deben responder”, añadió. 

Por ejemplo, según Beatriz Borges, las mujeres migrantes huyen de un país donde hay un desabastecimiento del 90 % en anticonceptivos. En Venezuela no hay acceso al alimento y a la salud, y son ellas quienes padecen mayores grados de desnutrición, pues renuncian a la comida para dárselas a sus hijos. Muchas, además, tienen historiales previos de violencia de género que no denuncian por falta de garantías. En este momento todas las casas de abrigo en Venezuela están cerradas, dijo Borges. “Todas esas vulnerabilidades las llevan ellas en un morral, y se agravan en el camino porque la condición de migrante hace que haya una vulnerabilidad estructural”, explicó. 

Un informe reciente de la organización Cuso reveló que el 91,1 % de las migrantes venezolanas trabaja de manera informal y sin protección social. Además trabajan más horas que las mujeres colombianas, pero reciben en promedio la mitad del salario: 785.000 versus 1.458.000 pesos mensuales.

“Los primeros trabajos que les proponen tienen que ver con la explotación sexual, y siempre se ven sujetas a ese tipo de mirada, que es una mirada de despojo”, dijo Diego Battistessa, docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – UC3M, quien construyó un mapa con los casos de venezolanas asesinadas en el extranjero entre 2017 y 2019.

La mayoría no denuncia. “No saben dónde porque les da miedo que las puedan deportar. Ellas mismas se invisibilizan en un estado que no les ofrece protección por el hecho de ser mujeres migrantes y refugiadas”, explica por su parte Beatriz Borges. 

La carga para las familias

Naibel Yuraima Blanco no conocía a casi nadie en La Primavera —un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de Bolívar, en el Valle del Cauca— cuando su pareja la asesinó en la habitación que compartían. Llevaban solo dos meses allí, pero sus vecinos sabían que él la maltrataba. “A cada rato la golpeaba, tenía muchas cicatrices. Pero ella no comentaba nada ni le gustaba que le preguntaran. Para mí que estaba amenazada por él”, dijo Cecilia Bustamante, una vecina, a la emisora local Ondas del Pescador.

La noche del 17 de enero de 2020 los vecinos volvieron a escuchar gritos. Pasaron dos días más antes de que un olor fétido los alertara. El domingo 19 de enero la Policía encontró el cuerpo de Naibel acuchillado y oculto bajo una montaña de ropa. El agresor y la hija de Naibel se habían ido.

Yamilena García, una lideresa social de Bolívar de 42 años, asumió el caso aunque no conoció a la víctima. Buscó a su familia para que pudieran sacar el cuerpo de la morgue. Medicina Legal solo los entrega a familiares directos, pero la mayoría de los migrantes no tiene un círculo de apoyo cercano.

Uno de los policías que atendió el caso le dio un número, y Yamilena llamó. Se comunicó con la hermana de Naibel, le contó que la habían asesinado y que su cuerpo estaba en la morgue de Roldanillo, Valle. “A ver cómo hacemos para que su mamá o alguien venga y la reclame. Yo les colaboro para el entierro”, le dijo. 

Yamilena hizo una campaña en Facebook, habló con sus conocidos, y pidió ayuda en las alcaldías de Bolívar y Roldanillo hasta recoger 1,2 millones de pesos para costear el entierro. El 11 de febrero, tras más de 20 días de travesía, la mamá de Naibel pudo enterrarla. “El padre me colaboró con el hueco en el cementerio, el sepulturero con su trabajo, y así”, cuenta Yamilena. Muchos acompañaron la caravana fúnebre.

Cuerpos huérfanos

En medio de la informalidad obligada en la que viven los migrantes, entierros como el de Naibel son más comunes de lo que se piensa. La repatriación de cuerpos es costosa, y así ha sido siempre, según Zair Mundaray, asesor jurídico de la embajada del presidente interino Juan Guaidó en Colombia. Por eso la mayoría de los cuerpos se quedan en Colombia. 

Ante la ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, y sin un consulado que se encargue de los trámites, las familias de los venezolanos asesinados en el país dependen de las ayudas que puedan brindar sus conocidos, organizaciones locales o personas como Yamilena García. 

Mundaray dijo que algunas alcaldías tienen recursos para ayudar a pagar los entierros de los más vulnerables, incluidos los migrantes. En esos casos ellos sirven de puente entre la familia y la entidad que colabora. Algo parecido hace Cepaz, apoyada en organizaciones locales, según contó Beatriz Borges. Pero reconocen que su alcance es muy limitado. “Tendríamos que saber cuántos fallecen a diario, y en la pandemia son muchísimos. Somos pocos y no tenemos recursos, pero sí orientación permanente para decirles qué hacer”, dijo Mundaray.

Sin embargo, ante la premura, las familias suelen ser víctimas de más injusticias. La mamá de Alexandra Ramos Rivas, por ejemplo, tuvo que cremar el cuerpo de su hija, aunque la asesinaron con nueve cuchilladas el 22 de enero de 2020. La cremación en estos casos no está permitida, pues el cuerpo es parte de la investigación. “A ella la iban a tirar a una fosa común porque no llegaba la familia, y además había que pagar como cuatro millones de pesos para que hicieran lo que tenían que hacer con ella”, relató Andrés Ocampo, amigo y compañero de cuarto de Alexandra.

Llevar el féretro a Venezuela costaba diez millones de pesos, dice Ocampo. “La mamá quería cremarla. Entonces se la entregaron en un cofre y no le costó nada”, contó. Pero sí hubo un costo: su caso quedó sin la principal evidencia para investigar el crimen. Una carga más de invisibilización para las personas trans a quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se les consigna su identidad de género en los reportes que emiten entidades como Medicina Legal. 

“El problema de las muertes violentas es que no está permitida la cremación, que siempre es más barata en los planes funerarios de las alcaldías. El cuerpo tiene que inhumarse, y la Fiscalía tiene que saber dónde quedó por si hace falta exhumarlo para algún tema probatorio”, dijo Zair Mundaray.

Nada de eso será posible en el caso de Alexandra. Su mamá se quedó con sus cenizas y dijo que pensaba tirarlas al mar cerca de Barquisimeto, donde nació, “porque era su sueño”, contó su amigo Andrés Ocampo.

Los que quedan atrás

La pandemia complicó los procesos. Con el cierre de la frontera, las repatriaciones se suspendieron y se volvió aún más difícil para las personas viajar a despedir a sus familiares o a recuperar a sus niños, huérfanos después de los feminicidios.

A Ányela Capote, asesinada en Yopal, pudieron sacarla de Medicina Legal porque su prima estaba en Colombia y se encargó de firmar los documentos. Sus conocidos, además, lograron que el hospital de la ciudad les donara una bóveda para enterrarla en el cementerio municipal. Pero su familia solo pudo despedirse en la salida de la morgue. Las medidas de bioseguridad dejaron el resto en manos de una funeraria. “No supimos ni en qué bóveda quedó, porque ellos e hicieron el proceso”, dijo Darwin, su vecino, que acompañó al esposo y la prima de Ányela. 

Sus cuatro hijos, de 2, 3, 4 y 6 años, quedaron con el papá. “Aunque supuestamente él no tenía cómo tenerlos. Yo le envié una plata a mi mamá para que los fuera a buscar a Colombia, pero no se pudo viajar porque no había paso. Más nunca supimos nada de él ni de los niños”, contó Jhosman Capote, hermano de Ányela. 

Zair Mundaray explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un enlace con la embajada del gobierno interino para intervenir en algunos casos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes en este momento suman más del 20 % de la población migrante en Colombia, según Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Pero pocas veces intervienen en casos como el de Ányela Capote. 

“Cuando esas cosas ocurren, la familia logra buscarle alguna salida con un pariente, con poca intervención institucional”, dijo Mundaray. Las familias buscan la forma de recuperar a esos niños. 

Es el caso de Naibel Yuraima Blanco. Luego de cometer el feminicidio, el agresor huyó y se llevó a su hija. Yamilena García relató que algunas personas lo vieron pidiendo dinero en la calle junto a la niña, cuando intentaba llegar a Cúcuta. La hermana de Naibel, según Yamilena, solo volvió a saber de él cuando se comunicó con ella para tratar de chantajearla, aunque al final devolvió a la niña.

“Lo más importante es que pudieron localizarla y ya la abuela la tiene”, contó Yamilena meses después. Dijo que algunos en su pueblo la felicitaron, pero que ella no lo hizo por eso. “Me apersoné solamente por el hecho de ser mujer, porque teníamos el mismo género”. Después duda: “Bueno, no sé. La verdad yo dije ‘hay que ayudar a la muchacha, a su familia’. Y se hizo. Se hizo sin importar quién era”.