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Sábado, 12 Agosto 2017

¿Sancionarán a algún empleador por exigir pruebas de embarazo?

Por Verónica Ucrós

La aerolínea Iberia fue multada hace un mes por su política laboral para verificar si sus empleadas están embarazadas. Estas prácticas, consideradas discriminatorias, también ocurren en Colombia pero no existe una ley que penalice las empresas que obligan a realizarse exámenes de embarazo en las pruebas médicas de ingreso.

-¡Ay, está embarazada!

Esa exclamación la escuchó una abogada de 27 años de parte de una profesional que supervisaba los documentos y exámenes de su ingreso a una notaría en Santander. Tenía 24 años y sabía con total certeza que no había ninguna posibilidad de embarazo.

- No. Sé que no estoy embarazada.

La respuesta, en tono serio, frustró la broma.

La profesional que hacía los exámenes reveló una sonrisa, al tiempo que aclaró que todos los resultados médicos estaban bien. Enfatizó que, efectivamente, la abogada no estaba embarazada y podría asumir su cargo como coordinadora jurídica.

La primera tarea de la abogada en su nuevo cargo fue redactar un recurso para que la Corte Constitucional revisara el resultado de una acción de tutela que ganó otra empleada de la misma notaría. El proceso correspondía a un reclamo por violación de los derechos de la trabajadora, despedida por su empleador al conocer que estaba en embarazo. Tanto en primera como en segunda instancia la acción de tutela falló a favor de la madre.

Los despidos de mujeres embarazadas y el requerimiento de pruebas médicas por parte de algunos empleadores para cerciorarse de que las aspirantes a contratar o ascender no están esperando un hijo, son prácticas organizacionales consideradas discriminatorias, pero ocurren en Colombia.

Este fenómeno fue documentado por Profamilia y el Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, que se aplica cada cinco años. En 2015 la encuesta reunió a 44.614 hogares del país.

La encuesta señala que el 32% de las mujeres consultadas aseguró que su empleador le exigió prueba médica de embarazo. Este porcentaje se mantiene en los sondeos de los últimos cinco años. Aunque, por otra parte, la proporción de mujeres que aseguran fueron despedidas de su trabajo estando embarazadas disminuyó levemente en el país. Según la encuesta pasó de 4% a 3.1%, aunque estos datos son de hace dos años.

Que un empleador exija a una empleada o a una aspirante, por cualquier medio, una prueba sobre su estado de gravidez, es una práctica que ha sido condenada y prohibida por la jurisprudencia constitucional en Colombia. En igual sentido se pronunció el Ministerio del Trabajo, salvo en aquellos casos en que las labores del cargo vacante involucren riesgos para el normal desarrollo del proceso de gestación.

Sin embargo, no hay una ley que regule y sancione efectivamente estos hechos en donde ocurren y por eso las mujeres en Colombia están desprotegidas ante esta modalidad de discriminación laboral.

Caso Iberia, un ejemplo

Violar la intimidad biológica de una persona a fin de saber si está embarazada o no, es un atrevimiento que se toman algunos empleadores. La aerolínea española Iberia, una de las más tradicionales del mundo, enfrenta desde hace un año un escándalo que solo pudo zanjar en el último mes. La firma anunció que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico de ingreso a sus potenciales empleadas.

Iberia fue sancionada con multa de $25.000 euros (casi $88 millones de pesos colombianos) cuando una inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la comunidad autónoma de las Islas Baleares detectó esta irregularidad.

La aerolínea inicialmente se defendió al asegurar que la intención con la cual incluía pruebas de embarazo en sus procesos de contratación no era discriminatoria. La medida, según Iberia, buscaba prever la necesidad de activar correctamente el protocolo de salud que la compañía dispone para sus empleadas embarazadas.

El gobierno balear desdeñó ese argumento, aclarando que una mujer solo está en deber de notificarle a una empresa su estado de embarazo cuando ya figura en su nómina y no cuando, simplemente, está en proceso para ocupar un cargo.

Por el contrario, en Colombia se presume que esta discriminación laboral es una práctica sistemática, donde es poco probable que una empresa sea objeto de control. Menos de sanción legal. ¿La razón? No hay una ley en el país que faculte a ninguna entidad estatal para castigar a un empleador por exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación. A este panorama se suma que el gremio de empleadores no toma con suficiente seriedad este tema, como ellos lo admiten.

Vacíos que dejó la encuesta

Uno de los problemas que evidenció la encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud fue el desconocimiento de los escenarios de la discriminación laboral. A las mujeres se les preguntó si alguna vez les exigieron certificado de embarazo al solicitar empleo. Nada más. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos en que la respuesta fue afirmativa se trata de una flagrante discriminación o una de las excepciones que contempla la ley por tema de seguridad industrial.

Por ejemplo, si el trabajo que la mujer estaba solicitando requería que se expusiera a radiaciones que pueden hacerle daño al feto, es legítimo que el empleador conozca si la persona que va a contratar está embarazada.

El director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, aclaró que no es posible distinguir en qué casos la intención con la que se exigieron esas pruebas de embarazo era proteger a la madre (de conformidad con el criterio del Ministerio del Trabajo y la Corte Constitucional) y en qué casos esos exámenes fueron requeridos con ánimo discriminatorio.

“Es una de las limitaciones de la pregunta,” admitió también Rocío Murad, quien conformó el equipo de trabajo de Profamilia como investigadora.

¿Qué dicen los empleadores?

Al vacío en la encuesta de Profamilia se suma el hecho de que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, admitió que no incluye como tarea en su agenda averiguar por qué los empresarios continúan con esta práctica a pesar de haber sido declarada inconstitucional y discriminatoria.

Respecto a qué tantos empleadores en el país hacen pruebas de embarazo arbitrariamente, su presidente nacional, Guillermo Botero, afirmó que la asociación no ha monitoreado el tema ni tiene planeado hacerlo.

“Creo en sus estudios [refiriéndose a la encuesta de Profamilia] pero no pienso que sea un tema generalizado. Diría que es una práctica que tienen más bien pocos empleadores, pero no soy capaz de medirlo y no le damos tanta importancia a eso como para haber hecho un estudio”, precisó el líder gremial.

El Estado condena, pero no persigue

El Ministerio del Trabajo conceptuó que la prueba de embarazo “no puede considerarse como un requisito para que una mujer pueda ingresar a laborar o mantenerse en su empleo” a menos de que “las actividades del trabajo impliquen un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo”.

Llama la atención entonces que el país no ha ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que 34 gobiernos se comprometieron a garantizar que el embarazo no sea causa de discriminación en el acceso al empleo.

Además, la Corte Constitucional calificó esta práctica como violatoria del derecho a la intimidad, a la no discriminación y al trabajo. “Todo acto del patrono orientado a investigar si existe el embarazo para que de allí dependa el acceso, la permanencia o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y puede ser objeto de acción de tutela,” aclaró la alta corte en una sentencia de 2005.

Pero por mucho que el Estado se declare en contra de esta realidad discriminatoria, parece poco probable que se lean en Colombia en el corto plazo, titulares como los que han involucrado el escándalo de Iberia.

Si el Ministerio del Trabajo documenta este fenómeno o en alguna forma ejecuta labores de inspección, es desconocido. Esa entidad no dio respuesta a un cuestionario sobre esta práctica discriminatoria para esta investigación periodística.

Lo que sí se puede constatar son dos acciones de tutela, registradas en los últimos siete años ante la Corte Constitucional, donde mujeres denuncian que sus empleadores les hicieron realizar pruebas de embarazo durante los procesos de contratación.

En la primera, Stefany Barón instauró una acción de tutela donde reporta que su empleador le realizaba pruebas de embarazo a su costa económica. El proceso registra cómo Barón demandó en el 2010 a las empresas Laboratorios Incobra y Línea Humana Servicios en Barranquilla. A través de la segunda compañía, que es una empresa de servicios temporales, ella trabajó durante un año en la primera.

El fallo de la Corte constitucional recuenta que, a lo largo de ese año, la mujer fue vinculada y desvinculada cuatro veces del laboratorio y que ella asegura que, para cada incorporación, Línea Humana le ordenaba exámenes médicos de ingreso, entre ellos el de embarazo, cuyo costo luego descontaba de su salario.

Stefany Barón denunció que su contrato no volvió a ser renovado después de haberle comunicado a las dos empresas que iba a tener un bebé, ante lo cual la Corte falló a su favor, ordenándole a Línea Humana Servicios reintegrarla en su antiguo cargo, afiliar a madre e hijo al sistema de seguridad social e indemnizar a la mujer por el daño causado.

Lo interesante del fallo es que durante toda la argumentación que despliega resulta tan irrelevante el tema de las pruebas de embarazo, que Línea Humana no reconoce ni niega haberlas hecho. Y en toda su disertación, la Corte Constitucional jamás se detiene sobre esa discriminación.

En la otra sentencia, registrada en 2009, Adriana Arango Cardona logró un contrato laboral a término indefinido con la empresa Singular Comunicaciones, hoy distribuidor autorizado de Claro, para trabajar en el área de servicio al cliente en las oficinas que tenía Comcel en el municipio de Chaparral, Tolima.

El 19 de septiembre de ese año se presentó “a los exámenes médicos de rutina que requiere la empresa para aprobar el ingreso de sus empleados, entre los cuales, según ella, se encontraba una prueba de embarazo cuyo resultado fue negativo”.

Tres días después, según la versión de Adriana, se repitió por otros medios e iniciativa propia la prueba, que esta vez resultó positiva. Una semana después, la mujer notificó de su embarazo a su jefe inmediato, quien la despidió al día siguiente. Por esta razón, Arango demandó ante un juzgado municipal de Chaparral a Singular Comunicaciones, que negó requerir pruebas de embarazo como parte de sus exámenes médicos de ingreso.

La Corte Constitucional le halló la razón a la empresa demandada sobre el punto de si el despido era justificado o no y confirmó el fallo del juez de Chaparral, quien había negado las pretensiones de la madre. Sea como fuere, tampoco aquí la Corte Constitucional le dio la menor importancia a la posibilidad de estar ante una empresa que sistemática y arbitrariamente estaría exigiendo pruebas de embarazo a mujeres que contrata para atender al público en una oficina.

La carga de la prueba es de ellas

No es fácil encontrar en Colombia quien documente permanentemente y a profundidad esta modalidad de discriminación laboral contra las mujeres. Más allá de la iniciativa con que Profamilia y el Ministerio de Salud presentan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ni la una ni el otro llevan a cabo otras actividades de monitoreo al respecto. La Defensoría del Pueblo, la Central Unitaria de Trabajadores y Fenalco también admitieron que no le hacen seguimiento sistemático a este tema.

En esta realidad muchas denuncias quedan reducidas a la palabra de una mujer contra la de su empleador y nada más. Y, como en otros fenómenos de discriminación, muchos casos no se denuncian. Algunas mujeres albergan el máximo grado de sospecha de que lo que les hicieron en sus exámenes de ingreso fue una prueba de embarazo, pero no tienen evidencia que lo demuestre.

“A mí me hicieron un examen de sangre a los 32 años cuando entré a trabajar en una empresa pública operada por privados y yo creía que había sido para verificar si estaba embarazada. Un día le pregunté a un compañero que había ingresado el mismo año que yo y él me confirmó que en ningún momento le habían sacado sangre”, denunció Alejandra Corredor, ingeniera eléctrica.

Por otra parte, Mónica Fernández les preguntó a algunas mujeres de su oficina por qué la agencia digital en donde trabajaban hacía exámenes de sangre. Las empleadas respondieron que desconocían la respuesta, pero les parecía obvio que la empresa quería saber si estaban embarazadas. Mónica preguntó al momento del examen para qué se necesitaba la sangre y el personal que la atendía le dijo que para analizar varias cosas. “Es decir, no me respondieron”, concluyó.

Juliana Poma, abogada a quien también le tomaron muestras de sangre para entrar a una multinacional ni siquiera se atrevió a indagar por qué le iban a sacar sangre por miedo a que no le dieran el trabajo. A ella y a Alejandra Corredor les preguntaron en las entrevistas si estaban casadas o planeaban estarlo, si tenían hijos o planeaban tenerlos.

Ninguna de las tres recibió jamás un documento escrito en donde les informaran específicamente qué estudios se llevaron a cabo con las muestras de sangre. Tampoco recibieron copia de los resultados. En el país nadie puede ordenar y realizar pruebas de sangre a una persona sin informar para qué se realizan. Todo proceso médico requiere autorización.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, explica que “no es legal realizar sobre una muestra biológica pruebas que la persona no ha autorizado y cuando no se le ha especificado de qué tipo de análisis se trata: exámenes infecciosos, metabólicos y/o prueba de embarazo. Y es obligación también ampliar cualquier información que el dueño de la sangre requiera, así como poner a disposición del paciente los resultados completos del examen”.

El representante del Ministerio de Salud precisa que aún en los casos cuando la persona objeto del examen no pregunte sobre los resultados, se le debe dar previamente información específica y completa sobre el uso que se le va a dar a su muestra de sangre. Tampoco, aclara, es permitido extraer sangre sin consentimiento debidamente informado del paciente. “El dueño de la muestra de sangre no es el empleador: es quien la aporta”, concluye.

Ante la pregunta de si estas obligaciones se pueden cumplir informalmente y sin dejar registros por escrito, Osorio aclara que no es válida la información cuando se suministra en esa forma: “Todos los laboratorios, por el Sistema General de Garantía de la Calidad, deben emitir un resultado formal y firmado por un profesional competente.”

No hay ley que castigue

Aparte del recurso de la acción de tutela, en Colombia no hay mecanismos que sancionen a las empresas que solicitan pruebas de embarazo. Nadie les impide efectivamente a los empleadores arreglárselas para prescindir de una mujer embarazada antes de contratarla, renovarle el contrato o ascenderla.

Si una mujer lograra exponer esta irregularidad, la empresa involucrada no tendría que enfrentar ninguna sanción económica, disciplinaria (en el caso de las empresas o entidades gubernamentales) o penal. Guillermo Botero, el director de Fenalco, explica que “el régimen laboral no hace mención alguna a ese tema. Lo que hay jurídicamente es un desarrollo jurisprudencial en que la Corte Constitucional ha dicho que los exámenes de embarazo no se pueden hacer”.

Por esta razón, tres veces se ha tratado de llevar al rango legal la prohibición de hacer pruebas de embarazo injustificadas en los procesos de selección, contratación o promoción. Representantes a la Cámara del partido político Mira radicaron proyectos de ley en 2012, 2014 y 2016. Los dos primeros fueron archivados sin debatir.

El segundo intento proponía sancionar a las empresas responsables de realizar o exigir pruebas de embarazo a empleadas o participantes en un proceso de selección con multa por no menos de 50 salarios mínimos (casi $37 millones de pesos) en cada caso comprobado, indemnización a la víctima de dicho mecanismo de discriminación y suspensión de la licencia de funcionamiento cuando se acumularan tres o más casos. Si la organización fuera pública, en lugar de la suspensión de la licencia se sancionaría disciplinariamente a los funcionarios responsables.

El más reciente proyecto de ley corrió con mejor suerte. La Cámara de Representantes lo debatió y aprobó en enero pasado y podrá entrar a su tercer debate en el Senado en esta legislatura.

La parte que podría valorarse positivamente en esta iniciativa es que, si la ley se llegara a aprobar y, aún más difícil, a cumplir, con solo tres casos comprobados una compañía colombiana se vería castigada a pagar una multa más alta que la que tuvo que asumir Iberia.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque
**Esta historia fue publicada originalmente en Vanguardia.
Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la guerra, voceras de la paz

Por Germán Arenas Usme

En la Zona Veredal Transitoria de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, viven 378 guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. 246 son hombres y 132, mujeres. Zoraya, Adela y Angi hacen parte de ese 35% de excombatientes mujeres. Sus historias nos muestran ese espiral de violencia y olvido que ha padecido por décadas el sur del país.

Zoraya colgó su fusil en medios de osos de peluche, cobertores y teteros. Tomó entre sus brazos a un bebé y le dio pecho. Su niña de cuatro meses es el mejor regalo que le ha dado la vida. Hace 17 años ingresó a la guerrilla de las Farc, cansada del maltrato de su familia: su padrastro la golpeaba y la insultaba, su hermano mayor abusaba sexualmente de ella.

“Cosas que quedaron en el pasado porque hoy mi familia es las Farc donde me lo han dado todo en la vida, hasta esta bella hija”, dice. Sonríe mientras amamanta a su bebé en una de las construcciones de la Zona Veredal de Transición y de Normalización en la vereda La Carmelita Putumayo.

Tiempo atrás, cuando llevaba el fusil terciado y vestía de camuflado, era una guerrillera más. “Fui al combate como cualquier de los hombres que hacían parte de mi frente. Inclusive en un contacto armado con el ejército fui herida en un brazo, gracias a la acción de los camaradas encargados de la salud de los guerrilleros me lograron curar y a los tres meses estaba de nuevo con mi fusil al hombro”, cuenta.

En la guerrilla se tiene una férrea disciplina. Una de las reglas era que las guerrilleras no podían tener hijos y a veces cuando alguna quedaba en embarazo se tenía que hacer un aborto, pero en otras ocasiones se les permitía tener a sus hijos, aunque y a los pocos meses los entregaban a un familiar cercano o a una familia campesina para que los cuidaran.

“Nunca nos quitaron el derecho de ser madres pero sí estábamos advertidas que por el bien de los niños no se podían tener en los campamentos por los combates. Desde hace más de dos años nos informaron que las parejas que quisieran tener sus hijos podían hacerlo sin problema, porque la paz estaba ya cerca”, recuerda Zoraya.

En 1990 la planificación con anticonceptivos se volvió obligatoria dentro de las Farc, según Victoria Sandino, jefe y negociadora de las Farc.

“El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos tuvimos que vivir”, señala Sandino.

“Para la mayoría de las mujeres unos de sus principales anhelos es el de ser mamá y acá ese anhelo o mejor ese derecho estaba truncado por la dinámica del conflicto pero hoy ese derecho lo tienen adquirido gracias a la paz”, agrega.

Adela creció en la vereda El Azul, Valle del Guamuéz, Putumayo. Cuando tenía 13 años su familia fue masacrada por los paramilitares. Sus papás y cinco hermanos fueron asesinados, en el 2002. Eran humildes campesinos que vivían del cultivo de matas de coca, pero fueron señalados de colaboradores de las Farc.

“A esa edad la impresión es terrible porque quedé desprotegida. Ahí conocí a las Farc y sencillamente pedí el ingreso”, cuenta.

Al ingresar al Bloque Sur de las Farc casi no sabía ni leer ni escribir. Recuerda que uno de sus profesores fue el comandante José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, líder histórico de este grupo.

‘Fabián Ramírez’ le impartió instrucción militar: a usar un fusil, a combatir. A los 15 años ya estaba disparando. Adela cuenta que escaló posiciones e iba a llegar a ser comandante de escuadra.

“No fue una guerrilla machista. Mis comandantes valoraban mi comportamiento en las filas. Fui una combatiente con muchas horas de contactos armados y con una gran destreza en el manejo de armamento largo, siempre estuve en las comisiones de orden público al frente del combate”, dice.

Adela cuenta su historia mientras trabaja en la zona veredal. Corta palos de madera para alimentar el fogón donde preparan algunos alimentos para ella y sus camaradas. Las funciones de aseo y ranchería, se las reparten, así como en la guerra.

Hoy sueña con obtener su diploma de bachiller y luego tomar cursos en el Sena en Agricultura en Precisión.

También dice que quiere tener un hijo. “Ya lo hemos planeado con mi pareja”, expresa, mientras hace un gesto de afirmación con su cabeza.

Actualmente diez guerrilleras del Bloque Sur están en embarazo y se han registrado seis nacimientos en los últimos meses. Sus hijos son llamados “Los niños de la paz”.

Angi es una excombatiente del Bloque Sur de las Farc. Ingresó a este grupo armado cuando tenía 11 años y siempre permaneció en el Frente 32, en el que patrullaba poblaciones del sur de Caquetá y norte del Putumayo. Hoy tiene 28 años.

Ella se considera como una niña de la guerra. Dice que enroló en las filas rebeldes por la falta de oportunidades. No pudo estudiar en su vereda porque no tenían ni escuela y menos profesor.

Nació en un hogar campesino en 1989 en una vereda de un municipio de Caquetá. No dice en cuál por la seguridad de su familia. Pero sí insiste en afirmar que nunca se ha arrepentido de haber ingresado a las Farc. “Ha sido un lugar donde me han respetado los derechos, donde me han tenido en cuenta para todo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. No es cierto que la mujer cuando ingresaba a las Farc, y si era bonita tenía que estar con el mando superior de la unidad como lo han referido los mismos medios de comunicación”, expresa.

En el monte era una guerrillera de fusil. Una combatiente más. En muchas ocasiones sintió la muerte muy cerca. Y recuerda que en el 2005 su campamento fue bombardeado por el enemigo en la zona norte del Putumayo. Allí perdió a tres compañeros. A uno de ellos lo consideraba como un hermano. Ella, solo tenía 16 años en ese momento.

Hoy, sin camuflado y sin fusil, Angi hace parte de la comisión de socialización de los acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba. Recorre las oficinas de alcaldes, concejales y diputados del Putumayo explicándoles los puntos.

El Bloque Sur conformó hace varios meses una comisión de socialización con 30 guerrilleros. A Angi le fue delegada los municipios el Medio Putumayo, entre ellos su capital: Mocoa.

Apenas termine esta etapa, su meta es ingresar a la universidad a estudiar sociología y en algún momento hacer parte del partido político de las Farc.

“En las Farc siempre hubo y habrá igualdad entre guerrilleros y guerrilleras”, afirma Victoria Sandino, una de las negoaciadoras de la guerrilla en la Habana.

La excombatiente -una de las mujeres que más alto llegó en las Farc como integrante del Estado Mayor del Bloque Suroccidente y responsable de organización y relacionamiento en el Comando Central Adán Izquerdo- explica que el tema de género dentro de las filas guerrilleras no fue nada fácil, a pesar que “la guerra los igualaba”.

Cuenta que en 1964, en sus comienzos, las Farc estaba conformada por 48 hombres y 4 mujeres. Dos de ellas: Georgina Ortiz y Miryam Narváez lograron firmar el primer programa agrario de las Farc. “Desde allí se puede hablar de la igualdad de género”, señala.

Pero el hecho que hombres y mujeres cocinaran “rancharan” en los campamentos no era garantía de una igualdad de género hasta después del año 2000 cuando la mujer guerrillera logró obtener mayor responsabilidad en el rol del conflicto llevándolas a ocupar cargos como comandantes de frentes y de bloques, como el caso de Erika Moreno y Karina.

Victoria Sandino fue parte de los diálogos de Paz en La Habana Cuba, en abril del 2013, estuvo en la Subcomisión de Genero Su bandera: la igualdad de género. Ahora forma parte de la comisión de la implementación de los acuerdos de paz.

En la décima conferencia nacional guerrillera celebrada en septiembre del 2016 en las sabanas del Yarí Caquetá, Sandino estuvo al frente del grupo que buscaba concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc ante la transformación de la agrupación guerrillera en partido político. En la fecha de la celebración de la conferencia solo una mujer: Erika Montero, formaba parte del Estado Mayor de las Farc, que contaba, con 31 miembros. Ninguna mujer hacia parte del secretariado.

Victoria Sandino relata que el tema del feminismo dentro de las tropas creó algo de malestar entre los hombres, ya que nunca querían aceptar que las mujeres impusieran sus derechos. Hoy en día entre las farianas existe una sororidad en el tema de feminismo el cual lo describen como una doctrina social favorable a la mujer.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en MiPutumayo.com / Diario del Sur / Colprensa.