Pasar al contenido principal
Miércoles, 10 Junio 2020

Explicador: ¿Qué es la ‘Ideología de género’?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La expresión “ideología de género” ha sido frecuentemente usada en desinformaciones. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Existe una sola ideología de género?

Varios portales divulgaron hace un tiempo una información (falsa) sobre una pareja de mujeres que supuestamente mató a su hijo por no querer vestirse de mujer. “Eso es lo que genera la ideología de género”, decían algunas publicaciones en Facebook que compartieron la noticia.

A través de esa misma red social, durante la pasada campaña electora de 2019, circuló un video que afirmaba (también falsamente) que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, implementarían la ‘ideología de género’ en la capital.

Apenas dos ejemplos de desinformaciones que circularon en internet y que tienen como punto en común la llamada “ideología de género” y sus supuestos nefastos efectos para la humanidad y, sobretodo, para los niños. Pero, ¿qué es exactamente la ‘ideología de género’? ¿En dónde radica su peligro?

En este explicador intentamos resolver algunas de las preguntas alrededor de esta expresión para entender lo que hay detrás de ella y por qué su uso ha resultado tan efectivo en términos políticos y electorales.

¿Qué son los estudios de género?

Antes de adentrarnos en la “ideología de género”, vale la pena entender qué son los estudios de género.

Constituyen un campo interdisciplinario de investigación que se empieza a consolidar en las universidades a finales de la década de 1970, y que toma como categoría central el género. Aquí es importante entender qué es el género y su diferencia frente al sexo.

Según los expertos consultados para este artículo, ‘Sexo’ hace referencia a las características biológicas de los cuerpos humanos: masculino y femenino. Y ‘género’ tiene que ver con la construcción social a partir de esas características biológicas. 

Sandra Mazo, coordinadora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, dice que si bien los seres humanos tenemos diferencias biológicas al nacer que son evidentes e innegables (pene, vagina, testículos, ovarios); ser mujer o ser hombre ha definido nuestros roles en lo social, cultural, económico y político. 

Estos roles han desembocado en “desigualdades muy profundas que no pueden estar mediadas por lo biológico”, dice Mazo.

Por eso, varias visiones desde la academia cuestionan que los seres humanos seamos definidos y asignados en la sociedad en relación a los órganos sexuales con los que nacemos. “No nacemos biológicamente desiguales; es una construcción social”, dice Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización Colombia Diversa.

La categoría género, además, permite trabajar a su vez con otras categorías que tienen que ver con las orientaciones sexuales (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad) y las identidades sexuales (cisgénero, transgénero, no binario), de acuerdo Mazo. 

“El género es una categoría social y cultural que nos permite una lucha por la igualdad; igualdad de derechos en tanto somos seres humanos con las mismas capacidades”, dice Mazo.

Teniendo este marco de referencia claro, pasamos a las preguntas más comunes sobre la “ideología de género”.

¿Qué es la ‘ideología de género’?

Quienes han popularizado la expresión ‘ideología de género’ han tomado puntos que sí promueven los estudios de género, como la diferencia entre sexo y género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embargo, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos y generar desinformaciones.

Por ejemplo, se ha dicho que la ‘ideología de género’ pretende homosexualizar a los niños, acabar con la familia y que busca que “no haya sexos y los individuos puedan transitar entre sexos cada que se les ocurra”. 

“Es una estrategia de manipulación”, sostiene Sánchez. Y quienes están detrás de ella han esparcido desinformaciones, como las que mencionamos al comienzo, de supuestos padres y madres homosexuales que asesinan o torturan a sus hijos en nombre de la “ideología de género”.

Quienes han difundido estas ideas generalmente se escudan en un discurso por la defensa de los niños y la familia. Sin embargo, lo que hay detrás es una estrategia que persigue intereses políticos y electorales. Que instrumentaliza las ideas de los estudios de género para movilizar padres y madres indignados y temerosos por lo que, supuestamente, pueda ocurrirles a sus hijos.

Un ejemplo es el discurso de Ángela Hernández, exdiputada de la Asamblea de Santander y excandidata a la Gobernación del mismo departamento, quien promovió una marcha en contra de la “ideología de género” que, según ella, busca “imponerse” en la sociedad colombiana.
 

En conclusión, el concepto de ‘ideología de género’ “es un recurso político que algunos sectores conservadores usan para reafirmar su posición y su agenda”, dice Franklin Gil, investigador del Observatorio de Género de la Universidad Nacional, “pero tanto en sus orígenes como ahora, la expresión ‘ideología de género’ ha sido una respuesta a otra cosa [intereses políticos y electorales]”.

‘Ideología de género’: otra definición

Para Maria Mercedes Acosta, directora del medio Sentiido, englobar el cuestionamiento al género con el término de “ideología” lo que pretende es presentar los estudios de género como una opinión sin fundamento, una visión unívoca de un grupo de personas (feministas y la comunidad LGBTI). “El solo hecho de nombrarlo como una ‘ideología’ es una manera de restarle cualquier veracidad, seriedad o componente científico”, dice Acosta.

No obstante, los estudios de género sí son una ideología en tanto posición ideológica; de la misma manera que la visión de los grupos conservadores tiene una postura ideológica sobre el género. Estos últimos sostienen que el sexo es inmutable porque un Dios, la naturaleza o la ciencia nos hizo hombres o mujeres.

La investigadora Nancy Prada Prada publicó un artículo en el que señala que sí tiene sentido hablar de “ideologías de género”, en plural. “Las iglesias lanzan la acusación: ‘nos quieren imponer la ideología de género’, sin reconocer que la suya también es una posición ideológica”, afirma Prada. Y esa es, en opinión de Gil, una posición posible dentro de la democracia.

Sí existe, como señala Prada, la “ideología de género”; pero no existe en el sentido negativo que se le pretende endilgar.

¿Cuándo surgió el concepto?

No es claro. Sin embargo, aunque Sandra Mazo y Marcela Sánchez no logran situar una fecha exacta, coinciden, junto a otros expertos y expertas en el tema, en ubicarlo a comienzos de la década de los 90, en el marco de las conferencias internacionales de Naciones Unidas; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994; la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), en 1994. Encuentros en los que se debatieron temas de población, desarrollo, derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de género.

Según Mazo, ante el avance y el fortalecimiento de la perspectiva de género y el reconocimiento internacional de movimientos por la igualdad de género, el Vaticano acuñó esta expresión como una forma de frenar el progreso hecho por mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

¿Cuándo llegó la expresión a Colombia?

En Colombia podemos encontrar dos momentos en los que aparece el término, con diferentes intensidades y efectos, de acuerdo con Franklin Gil.

El primer momento es en 2005, el año que precedió a los debates de la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, según Gil, “en ese momento ese recurso no estaba tan desarrollado y no tuvo el mismo impacto que en 2016”. 

Ese 2016 fue el año de las cartillas del Ministerio de Educación y del plebiscito por la paz; dos eventos que estuvieron marcados por la difusión de desinformaciones en nombre de la “ideología de género”.

Las cartillas

Desde 1994 existe en Colombia una política pública que busca educar a niños y niñas entorno a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 115, señala como objetivo de la educación del país “desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”.

A raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se suicidó en 2014 en Bogotá debido a la discriminación que sufrió en su colegio a causa de su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo con Prada. 

Esta orden incluía hacer, en un plazo de un año, una “revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) produjeron unas cartillas que pretendían orientar a las directivas de los colegios en las modificaciones que se debían hacer a los manuales de convivencia.

En el desarrollo de la orden de la Corte, en julio de 2016, se dio un debate en la asamblea departamental de Santander en la cual, la entonces diputada Ángela Hernández, “advirtió” que el Ministerio de Educación y la ministra Gina Parody en su “condición” de mujer lesbiana, pretendían adelantar una “colonización homosexual” en los colegios. Y convocó a una marcha para el 10 de agosto con el fin de “rescatar los principios” y rechazar “la imposición de la ideología de género en las aulas”.

“Lo que vino luego fueron días intensos de informaciones cruzadas y debates encendidos”, dice Prada Prada en su artículo. Se hablaba de “las cartillas del Ministerio” sin hacer distinción del instrumento utilizado efectivamente por el Ministerio de Educación y la cartilla producida por el UNFPA, “e incluso se hizo circular un material de origen belga que incluía contenido sexual explícito, afirmando que ese era el texto que el Ministerio estaba llevando a las instituciones educativas”, de acuerdo con el artículo de la investigadora.

El plebiscito por la paz

El plebiscito para refrendar los acuerdos producto de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc se realizó el 2 de octubre. Y en el marco de las campañas por el ‘Sí’ y por el ‘No’ la “ideología de género” volvió a aparecer.

Múltiples sectores religiosos y promotores del ‘No’ sostuvieron que “la ideología de género” podría estar dentro del Acuerdo final y que de aprobarse se “impondría” la ideología de género. Colombiacheck, incluso, publicó en su momento una verificación sobre el tema.

La desinformación surgió a raíz de que el 7 de septiembre de 2014 se instaló la Subcomisión de Género que tenía como objetivo revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tuviesen un adecuado enfoque de género (que explicamos en otro chequeo). 

Ambas desinformaciones (las de las cartillas y la de la ideología de género en el plebiscito) estuvieron siempre conectadas, a tal punto que Alejandro Ordóñez, ex Procurador General de la Nación, dijo que ya no sería la ideología de género “impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede en la norma constitucional. Desde luego no la llaman así, la llaman enfoque de género”.

Desde entonces, la llamada “ideología de género” se usa como una carta que sacan ciertos sectores para perseguir fines político-electorales.

Pero ¿quiénes integran esos sectores?

Para Sandra Mazo, afirmar que la Iglesia Católica o los grupos religiosos son quienes están detrás de la difusión desinformada de la ‘ideología de género’, es caer en un error discriminatorio, dado que dentro de la Iglesia Católica hay distintas posiciones para cada tema: no hay una única mirada.

Para ella, entonces, quienes advierten sobre “los peligros de la ideología de género” son grupos fundamentalistas conservadores que estigmatizan lo que significa la categoría de “género” para los estudios de género. Personas que defienden un modelo típico, tradicional y excluyente. Y que, por supuesto, tienen intereses en mantener las desigualdades entre grupos sociales. 

¿Cómo se ha visto la ideología de género en otros países?

La organización Dejusticia publicó un artículo en mayo de 2017 en el que cuenta casos de otros países en la región en donde el monstruo de la “ideología de género” también hizo presencia.

“El 10 de septiembre de 2016, padres y madres de familia de diferentes estados de México salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con lemas como ‘Dios creó al hombre y a la mujer. No a la ideología de género’. (...) Acusaron a la ‘ideología de género’ de fomentar la homosexualidad entre niños y niñas. (...).

“El 4 de marzo de 2017, Perú también gritó ‘Con mis hijos no te metas’. Sectores religiosos, conservadores, y padres y madres preocupados por la educación de sus hijos, salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su inconformidad por el programa de educación sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en los colegios. ‘Ideología de género no va’, ‘El gobierno quiere homosexualizar a la niñez’ y ‘Ministra, no homosexualices a nuestros hijos’, fueron algunos de los lemas que se escucharon en la marcha. 

“En Brasil el panorama es bastante similar: en 2015, la Cámara Municipal de Manaus aprobó una ley que prohíbe la inclusión de la ‘ideología de género’ en las escuelas municipales. Marcel Alexandre, promotor del proyecto, y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño, celebró la promulgación de la ley y afirmó que constituía una victoria para las familias, pues, para él, el género es una ideología que busca adoctrinar a niños y niñas para promover una cultura de la homosexualidad.

Miércoles, 17 Octubre 2018

Abuso sexual contra menores, ¿es viable la cadena perpetua?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de revisar el estado actual de las penas para este delito y la viabilidad de imponer la cadena perpetua como medida disuasoria para frenarlo.

Desde hace al menos 10 años, cuando la entonces congresista Gilma Jiménez impulsó un proyecto de ley para poner cadena perpetua a los violadores de niños, el debate sobre las penas para este delito ha estado en la agenda pública. Y cada vez que un nuevo caso se vuelve popular en los medios, la propuesta (que ya ha sido varias veces hundida por la Corte Constitucional o por el Congreso) renace.

Hace unas tres semanas, el tema volvió a los medios de comunicación por el caso de Génesis Rúa, una niña de 9 años que fue asesinada en Fundación, Magdalena, a finales de septiembre.

Días después, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron que la menor de edad “fue víctima de un abuso sexual antes de perecer por estrangulamiento”, según publicó el periódico El Colombiano.

Al conocerse este hecho, el Presidente de la República, Iván Duque, manifestó estar de acuerdo con que se imponga la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Y aunque no dijo si el Gobierno Nacional promoverá algún proyecto de ley en relación a este asunto, sí sostuvo que “quiere ser el impulsor del debate”, de acuerdo con un artículo del diario El Espectador.

Colombiacheck decidió investigar el tema desde sus raíces para comprender cómo se define el abuso sexual contra menores, qué abarca, qué dicen las cifras sobre la ocurrencia de estos hechos, en qué está actualmente el tema penal contra el delito y qué tan necesaria y posible es la aplicación de la propuesta del Gobierno Nacional.

Definiciones

¿Qué es el abuso sexual infantil?

El abuso sexual infantil implica “la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña; supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación”, según un informe publicado por Save the Children, una ONG internacional que trabaja por los derechos de la niñez.

Según esta misma organización, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.

La Organización Mundial de la Salud define en general el abuso como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. No es únicamente el acceso carnal violento (la penetración).

Y para el caso de los niños, estas prácticas que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, de acuerdo con el informe de Save the Children, “sólo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando -por un lado- se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y -por otro lado- se ha reconocido al niño como sujeto de derechos”.

¿Qué dicen las cifras sobre el abuso sexual infantil en el mundo?

El Informe para el estudio de la violencia contra los niños más reciente de las Naciones Unidas, de 2006, encontró que, “de acuerdo con varios estudios realizados en 21 países (en su mayoría desarrollados) entre el 7% y el 36% de las mujeres y entre el 3% y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia, y según la mayoría de estos estudios la tasa de abusos sufridos por las niñas es de 1,5 a 3 veces la de los varones”.

De acuerdo con los estudios citados por el informe de Save the Children, entre el 14% y el 56% del abuso sexual de niñas y hasta el 25% del abuso sexual de niños fue perpetrado por parientes, padrastros o madrastras.

Y estudios, como el realizado por Emily M. Douglas y David Finkelhor (Childhood sexual abuse fact sheet. Crimes against Children Research Center May 2005) señalan que, en su mayoría, las víctimas son niñas; “en 2005 el porcentaje se sitúa entre el 78 y el 89%”.

¿En Colombia?

Lo que dicen los expertos consultados por Colombiacheck es que, al no haber un registro único para este delito, es muy difícil conocer la realidad sobre cuántos niños y niñas son violentados sexualmente. Más aún cuando es imposible conocer la totalidad de casos si las víctimas no denuncian.

Un reportaje publicado en El Espectador por Mutante.org señala que solo el 22% de víctimas de violencia sexual, según la mayoría de estimaciones, denuncian en Colombia a sus agresores.

Y, si se efectúa la denuncia, las cifras de Mutante dicen que en 2017, de todas las investigaciones que inició la Fiscalía, “apenas 5,6% terminaron en condena y 1,8%, en absoluciones. Más del 92% de los casos quedaron en el limbo”.

Pero en cuanto a cifras existentes, según la revista Forensis de Medicina Legal, el 2017 será recordado como el año que presentó mayores casos de presunto delito sexual en el país, frente a lo registrado durante la última década. En el 86,83% de los casos se cometieron contra niños, niñas y adolescentes y el 85,4% de las víctimas fueron mujeres.

El 86,65% de los abusos se cometieron presuntamente por personas cercanas a la víctima (familiar, conocido, amigo(a), pareja o expareja). Y el escenario del hecho con mayor riesgo para que se cometan actos de violencia sexual es la vivienda, donde se perpetró el 76,56% de los casos registrados durante el año 2017.

Asimismo, Medicina Legal realizó el año pasado 16.098 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual.

Por otro lado, los informes estadísticos del INPEC dicen que en el mes de agosto de este año hubo 4.963 personas condenadas por actos sexuales con menor de 14 años y 2.436 sindicadas. Y para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 4.007 condenados y 2.092 sindicados.

¿En qué están las penas para este delito en Colombia?

Colombia, en los últimos 10 años y después de la expedición del Código de la infancia y la adolescencia, aumentó las penas de delitos sexuales, para casos en los que las víctimas sean menores de 14 años, hasta en un 50%, explica María Cristina Hurtado, abogada y politóloga con maestría en ciencias políticas, política social, derechos de infancia y de derechos de familia.

El Título IV del Código Penal (ley 599 de 2000, modificado luego por la ley 1236 de 2008), en su Capítulo Primero, establece las penas para el delito de violación y en el Capítulo Segundo (de los actos sexuales abusivos), explica las penas para este delitos cometido en menores de 14 años:

Artículo 208. “El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”.

Artículo 209. “El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incu- rrirá en prisión de de nueve (9) a trece (13) años”.

Artículo 210. “El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.

Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de de ocho (8) a dieciséis (16) años”.

Ahora bien, el capítulo tres de ese mismo título refiere a las circunstancias de agravación punitiva:

Artículo 211: Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

  1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.
  2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
  3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual.
  4. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años.
  5. Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo.
  6. Se produjere embarazo.
  7. Cuando la víctima fuere una persona de la tercera edad o, disminuido físico, sensorial, o psíquico.

Es decir, que las penas contra menores pueden pasar de 12 a 60 años, si se cometen con concursos (cuando se cometen simultáneamente varias conductas o agravantes). Sin embargo, el Artículo 31 del Código Penal estableció que, en ningún caso, en los eventos de concurso, la pena podrá superar los 60 años de prisión.

¿Los agresores pueden acceder a beneficios?

El Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 199, Beneficios y mecanismos sustitutivos, establece que cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, los victimarios deben tener como medida de aseguramiento “siempre el establecimiento de reclusión”. Incluso para la detención preventiva.

Además, no pueden contar con el beneficio del principio de oportunidad, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, sustitución de la pena, ni rebajas de pena con base en preacuerdos o negociaciones entre Fiscalía e imputado. Es decir, el agresor de un menor siempre debe pagar su pena en la cárcel.

Hurtado, sin embargo, señala que la Fiscalía continúa haciendo acuerdos para rebajas de penas a pesar de lo que menciona el Código de Infancia y adolescencia en su artículo 199.

Iván Cancino, abogado penalista, por su parte, considera que esto es lo que debería hacerse en aras de salvar más niños. Porque, “por ejemplo, si llegara a manos de la justicia un violador que tuviese conocimiento de una red de prostitución infantil, y la Fiscalía le ofreciese un acuerdo de rebaja de la pena, ¿por qué no sacrificar la persecución de ese delincuente para evitar males mayores?”.

Más allá de las penas

Ya pasadas las definiciones vale la pena adentrarnos en las cuestiones que plantea el debate sobre la cadena perpetua para violadores de niños. Y estas son esclarecer si realmente es necesario imponer esta pena privativa de la libertad teniendo, según algunos, una condena ya bastante alta; explicar si Colombia puede, dentro de su jurisprudencia, incluir la cadena perpetua, y exponer si esta medida realmente es efectiva para disminuir los casos de violencia sexual contra menores.

¿Colombia podría aprobar la cadena perpetua?

Hoy Colombia no puede aprobar la cadena perpetua sin antes reformar la Constitución Política, que en su Artículo 34 establece que “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

Además, el país tendría que renunciar a dos pactos, el Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea Nacional de la ONU; y el de San José, en el marco de la OEA, según explica Stella Conto, exmagistrada del Consejo de Estado.

Por otro lado, la Corte Constitucional en varios fallos ha definido que el fin de la cárcel es resocializar a las personas. La sentencia T-388 de 2013, por ejemplo, dice: “La prisión es una de las herramientas en la guerra contra el delito, que buscan evitar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas mediante la resocialización de quienes delinquen”.

De modo que quien cometa un acto delictivo debe tener la expectativa de volver a la sociedad, lo que iría en contra de la cadena perpetua.

Ahora bien, lo que advierte esta misma sentencia es que en este momento ese derecho a la resocialización no se ha logrado, “puesto que la reclusión en las condiciones de crisis que se enfrenta, impiden que el encierro sirva adecuadamente a los propósitos que se le asignan”.

En ese sentido, dada la crisis carcelaria que advierte la Corte, y repite en la sentencia T-762 de 2015, la cadena perpetua se vuelve inviable hasta que no se resuelvan las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios.

¿Las penas ya son lo suficientemente altas?

Sobre esta pregunta hay varias opiniones al respecto. El argumento de quienes están a favor de la cadena perpetua es que estas personas no deben recobrar la libertad porque “no existe un crimen más atroz que meterse con un niño, que violarlo, asesinarlo y por eso la prisión perpetua va encaminada a que paguen de por vida”, como le dijo Johana Jiménez, hija de Gilma, en una entrevista del 10 de enero de 2017 a la revista Semana.

Pero lo que dijeron los expertos consultados por Colombiacheck es que la pena máxima que hoy tiene Colombia prácticamente ya constituye una cadena perpetua. Suponiendo que el imputado fuera una persona de 18 años, tras 60 años de cárcel, volvería a recobrar su libertad hasta los 78.

En todo caso, de acuerdo con Hurtado, ahí no debería centrarse el debate, “pues lo que ha demostrado la experiencia es que la gravedad en la parte punitiva no desestimula el delito”.

En ese sentido, el Estado y todo su poder judicial debería enfocarse, más bien, en resolver las falencias que ya hemos venido mencionando a lo largo del artículo, como que el número de denuncias no es representativo para el universo de actos cometidos para este delito; que no hay una entidad única que se encargue de recopilar la información y que la gran mayoría de investigaciones iniciadas por la Fiscalía no conducen hacia una condena.

También es importante “que todos los entes encargados hagan lo que tengan que hacer sin revictimizar a estos niños y niñas”, dice Hurtado, “y que medicina legal tome las pruebas a tiempo y de forma correcta”.

Pero además, otro de los problemas con los que cuenta hoy la justicia es que “los jueces, fiscales y demás funcionarios encargados de proteger a las niñas en Colombia aún son presas de un sistema institucional y cultural cargado de prejuicios y estereotipos”, según el reportaje de Mutante.org.

¿Endurecer las penas ayudará a disminuir que se cometa el delito?

No hay una conclusión definitiva sobre esta pregunta, que varios estudiosos de criminología alrededor del mundo se han hecho. Pero la mayoría de estudios sí van en contravía de la lógica de sentido común de pensar de que, entre mayor sea la pena, mayor será el riesgo para los potenciales criminales y, por lo tanto, disminuirá la incidencia.

Un estudio de 2009 de Robert G. Lawson, publicado en el Kentucky Law Journal, por ejemplo, concluye que la mayoría de criminales potenciales cree que no será arrestado, por lo que el tiempo de sentencia es irrelevante para disuadirlos de cometer delitos.

En la misma línea, el criminólogo estadounidense Daniel S. Nagin, en su artículo ‘Deterrence in the Twenty-first Century: A Review of the Evidence’, publicado en la Universidad de Heinz, dice que la evidencia ha demostrado que lo que genera un mayor efecto disuasorio para que no se cometan los delitos es aumentar la probabilidad de aprehensión, “no la gravedad de las consecuencias legales resultantes”.

Por otra parte, un estudio en curso de Giovanni Mastrobuoni y David Rivers, reseñado por la revista The Economist, muestra que los criminales potenciales se preocupan menos por el futuro que las personas promedio. Por lo tanto, las sentencias más largas sí pueden disuadir delitos, pero sólo hasta cierto punto. Es decir, para los sujetos del estudio enfrentarse a cinco años extra de condena puede causar el mismo efecto disuasorio que enfrentarse a 10 o 20 años extra.

Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado que el aumento de las penas en otras ocasiones ha resultado en mayor hacinamiento. En la sentencia T-762 de 2015 se dice: “El Director del centro de reclusión (EPAMS CAS de Palmira) expuso que la crisis carcelaria se empeoró con la entrada en vigencia de la Ley 1453 de 2011, la cual aumentó las penas de algunos delitos, pasando de un total de 93.387 internos en el país en julio de 2011 a 107.320 en abril de 2012”.

Esto aplica para las propuestas de aumentar las penas de cualquier delito. Y conduce a la misma conclusión del punto anterior en el caso del delito de violación de menores: lo que debe evaluar el sistema es cómo mejorar el proceso judicial, más que la dureza de las penas.

Cancino, por su parte, considera que antes de pensar en la propuesta, el Estado debería hacerse una pregunta: “¿La decisión que se va a tomar (en este caso la cadena perpetua) sirve para prevenir que sigan dañando niños? Si la respuesta es sí, entonces efectivamente se deben implementar las medidas. De lo contrario, no”.