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Miércoles, 10 Junio 2020

Explicador: ¿Qué es la ‘Ideología de género’?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La expresión “ideología de género” ha sido frecuentemente usada en desinformaciones. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Existe una sola ideología de género?

Varios portales divulgaron hace un tiempo una información (falsa) sobre una pareja de mujeres que supuestamente mató a su hijo por no querer vestirse de mujer. “Eso es lo que genera la ideología de género”, decían algunas publicaciones en Facebook que compartieron la noticia.

A través de esa misma red social, durante la pasada campaña electora de 2019, circuló un video que afirmaba (también falsamente) que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, implementarían la ‘ideología de género’ en la capital.

Apenas dos ejemplos de desinformaciones que circularon en internet y que tienen como punto en común la llamada “ideología de género” y sus supuestos nefastos efectos para la humanidad, sobretodo para los niños. Pero, ¿qué es exactamente la ‘ideología de género’? ¿En dónde radica su peligro?

En este explicador Colombiacheck intenta resolver algunas de las preguntas alrededor de esta expresión para entender lo que hay detrás de ella y por qué su uso ha resultado tan efectivo en términos políticos y electorales.

¿Qué son los estudios de género?

Antes de adentrarnos en la “ideología de género”, vale la pena entender qué son los estudios de género.

Constituyen un campo interdisciplinario de investigación que se empieza a consolidar en las universidades a finales de la década de 1970, y que toma como categoría central el género. Aquí es importante entender qué es el género y su diferencia frente al sexo.

Según los expertos consultados para este artículo, ‘Sexo’ hace referencia a las características biológicas de los cuerpos humanos: masculino y femenino. Y ‘género’ tiene que ver con la construcción social a partir de esas características biológicas. 

Sandra Mazo, coordinadora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, dice que si bien los seres humanos tenemos diferencias biológicas al nacer que son evidentes e innegables (pene, vagina, testículos, ovarios); ser mujer o ser hombre ha definido nuestros roles en lo social, cultural, económico y político. 

Estos roles han desembocado en “desigualdades muy profundas que no pueden estar mediadas por lo biológico”, dice Mazo.

Por eso, varias visiones desde la academia cuestionan que los seres humanos seamos definidos y asignados en la sociedad en relación a los órganos sexuales con los que nacemos. “No nacemos biológicamente desiguales; es una construcción social”, dice Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización Colombia Diversa.

La categoría género, además, permite trabajar a su vez con otras categorías que tienen que ver con las orientaciones sexuales (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad) y las identidades sexuales (cisgénero, transgénero, no binario), de acuerdo Mazo. 

“El género es una categoría social y cultural que nos permite una lucha por la igualdad; igualdad de derechos en tanto somos seres humanos con las mismas capacidades”, dice Mazo.

Teniendo este marco de referencia claro, pasamos a las preguntas más comunes sobre la “ideología de género”.

¿Qué es la ‘ideología de género’?

Quienes han popularizado la expresión ‘ideología de género’ han tomado puntos que sí promueven los estudios de género, como la diferencia entre sexo y género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embargo, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos y generar desinformaciones.

Por ejemplo, se ha dicho que la ‘ideología de género’ pretende homosexualizar a los niños, acabar con la familia y que busca que “no haya sexos y los individuos puedan transitar entre sexos cada que se les ocurra”. 

“Es una estrategia de manipulación”, sostiene Sánchez. Y quienes están detrás de ella han esparcido desinformaciones, como las que mencionamos al comienzo, de supuestos padres y madres homosexuales que asesinan o torturan a sus hijos en nombre de la “ideología de género”.

Quienes han difundido estas ideas generalmente se escudan en un discurso por la defensa de los niños y la familia. Sin embargo, lo que hay detrás es una estrategia que persigue intereses políticos y electorales. Que instrumentaliza las ideas de los estudios de género para movilizar padres y madres indignados y temerosos por lo que, supuestamente, pueda ocurrirles a sus hijos.

Un ejemplo es el discurso de Ángela Hernández, exdiputada de la Asamblea de Santander y excandidata a la Gobernación del mismo departamento, quien promovió una marcha en contra de la “ideología de género” que, según ella, busca “imponerse” en la sociedad colombiana.
 

En conclusión, el concepto de ‘ideología de género’ “es un recurso político que algunos sectores conservadores usan para reafirmar su posición y su agenda”, dice Franklin Gil, investigador del Observatorio de Género de la Universidad Nacional, “pero tanto en sus orígenes como ahora, la expresión ‘ideología de género’ ha sido una respuesta a otra cosa [intereses políticos y electorales]”.

‘Ideología de género’: otra definición

Para Maria Mercedes Acosta, directora del medio Sentiido, englobar el cuestionamiento al género con el término de “ideología” lo que pretende es presentar los estudios de género como una opinión sin fundamento, una visión unívoca de un grupo de personas (feministas y la comunidad LGBTI). “El solo hecho de nombrarlo como una ‘ideología’ es una manera de restarle cualquier veracidad, seriedad o componente científico”, dice Acosta.

No obstante, los estudios de género sí son una ideología en tanto posición ideológica; de la misma manera que la visión de los grupos conservadores tiene una postura ideológica sobre el género. Estos últimos sostienen que el sexo es inmutable porque un Dios, la naturaleza o la ciencia nos hizo hombres o mujeres.

La investigadora Nancy Prada Prada publicó un artículo en el que señala que sí tiene sentido hablar de “ideologías de género”, en plural. “Las iglesias lanzan la acusación: ‘nos quieren imponer la ideología de género’, sin reconocer que la suya también es una posición ideológica”, afirma Prada. Y esa es, en opinión de Gil, una posición posible dentro de la democracia.

Sí existe, como señala Prada, la “ideología de género”; pero no existe en el sentido negativo que se le pretende endilgar.

¿Cuándo surgió el concepto?

No es claro. Sin embargo, aunque Sandra Mazo y Marcela Sánchez no logran situar una fecha exacta, coinciden, junto a otros expertos y expertas en el tema, en ubicarlo a comienzos de la década de los 90, en el marco de las conferencias internacionales de Naciones Unidas; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994; la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), en 1994. Encuentros en los que se debatieron temas de población, desarrollo, derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de género.

Según Mazo, ante el avance y el fortalecimiento de la perspectiva de género y el reconocimiento internacional de movimientos por la igualdad de género, el Vaticano acuñó esta expresión como una forma de frenar el progreso hecho por mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

¿Cuándo llegó la expresión a Colombia?

En Colombia podemos encontrar dos momentos en los que aparece el término, con diferentes intensidades y efectos, de acuerdo con Franklin Gil.

El primer momento es en 2005, el año que precedió a los debates de la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, según Gil, “en ese momento ese recurso no estaba tan desarrollado y no tuvo el mismo impacto que en 2016”. 

Ese 2016 fue el año de las cartillas del Ministerio de Educación y del plebiscito por la paz; dos eventos que estuvieron marcados por la difusión de desinformaciones en nombre de la “ideología de género”.

Las cartillas

Desde 1994 existe en Colombia una política pública que busca educar a niños y niñas entorno a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 115, señala como objetivo de la educación del país “desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”.

A raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se suicidó en 2014 en Bogotá debido a la discriminación que sufrió en su colegio a causa de su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo con Prada. 

Esta orden incluía hacer, en un plazo de un año, una “revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) produjeron unas cartillas que pretendían orientar a las directivas de los colegios en las modificaciones que se debían hacer a los manuales de convivencia.

En el desarrollo de la orden de la Corte, en julio de 2016, se dio un debate en la asamblea departamental de Santander en la cual, la entonces diputada Ángela Hernández, “advirtió” que el Ministerio de Educación y la ministra Gina Parody en su “condición” de mujer lesbiana, pretendían adelantar una “colonización homosexual” en los colegios. Y convocó a una marcha para el 10 de agosto con el fin de “rescatar los principios” y rechazar “la imposición de la ideología de género en las aulas”.

“Lo que vino luego fueron días intensos de informaciones cruzadas y debates encendidos”, dice Prada Prada en su artículo. Se hablaba de “las cartillas del Ministerio” sin hacer distinción del instrumento utilizado efectivamente por el Ministerio de Educación y la cartilla producida por el UNFPA, “e incluso se hizo circular un material de origen belga que incluía contenido sexual explícito, afirmando que ese era el texto que el Ministerio estaba llevando a las instituciones educativas”, de acuerdo con el artículo de la investigadora.

El plebiscito por la paz

El plebiscito para refrendar los acuerdos producto de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc se realizó el 2 de octubre. Y en el marco de las campañas por el ‘Sí’ y por el ‘No’ la “ideología de género” volvió a aparecer.

Múltiples sectores religiosos y promotores del ‘No’ sostuvieron que “la ideología de género” podría estar dentro del Acuerdo final y que de aprobarse se “impondría” la ideología de género. Colombiacheck, incluso, publicó en su momento una verificación sobre el tema.

La desinformación surgió a raíz de que el 7 de septiembre de 2014 se instaló la Subcomisión de Género que tenía como objetivo revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tuviesen un adecuado enfoque de género (que explicamos en otro chequeo). 

Ambas desinformaciones (las de las cartillas y la de la ideología de género en el plebiscito) estuvieron siempre conectadas, a tal punto que Alejandro Ordóñez, ex Procurador General de la Nación, dijo que ya no sería la ideología de género “impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede en la norma constitucional. Desde luego no la llaman así, la llaman enfoque de género”.

Desde entonces, la llamada “ideología de género” se usa como una carta que sacan ciertos sectores para perseguir fines político-electorales.

Pero ¿quiénes integran esos sectores?

Para Sandra Mazo, afirmar que la Iglesia Católica o los grupos religiosos son quienes están detrás de la difusión desinformada de la ‘ideología de género’, es caer en un error discriminatorio, dado que dentro de la Iglesia Católica hay distintas posiciones para cada tema: no hay una única mirada.

Para ella, entonces, quienes advierten sobre “los peligros de la ideología de género” son grupos fundamentalistas conservadores que estigmatizan lo que significa la categoría de “género” para los estudios de género. Personas que defienden un modelo típico, tradicional y excluyente. Y que, por supuesto, tienen intereses en mantener las desigualdades entre grupos sociales. 

¿Cómo se ha visto la ideología de género en otros países?

La organización Dejusticia publicó un artículo en mayo de 2017 en el que cuenta casos de otros países en la región en donde el monstruo de la “ideología de género” también hizo presencia.

“El 10 de septiembre de 2016, padres y madres de familia de diferentes estados de México salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con lemas como ‘Dios creó al hombre y a la mujer. No a la ideología de género’. (...) Acusaron a la ‘ideología de género’ de fomentar la homosexualidad entre niños y niñas. (...).

“El 4 de marzo de 2017, Perú también gritó ‘Con mis hijos no te metas’. Sectores religiosos, conservadores, y padres y madres preocupados por la educación de sus hijos, salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su inconformidad por el programa de educación sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en los colegios. ‘Ideología de género no va’, ‘El gobierno quiere homosexualizar a la niñez’ y ‘Ministra, no homosexualices a nuestros hijos’, fueron algunos de los lemas que se escucharon en la marcha. 

“En Brasil el panorama es bastante similar: en 2015, la Cámara Municipal de Manaus aprobó una ley que prohíbe la inclusión de la ‘ideología de género’ en las escuelas municipales. Marcel Alexandre, promotor del proyecto, y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño, celebró la promulgación de la ley y afirmó que constituía una victoria para las familias, pues, para él, el género es una ideología que busca adoctrinar a niños y niñas para promover una cultura de la homosexualidad.

Lunes, 10 Mayo 2021

Explicador: ¿Quién manda cuando hay asistencia militar y en qué se diferencia de la conmoción interior?

Por José Felipe Sarmiento

Son dos figuras distintas. Una se está aplicando y la otra, por ahora, no (aunque no está descartada según el gobierno). Ninguna permite remover autoridades locales de sus cargos ni matar civiles.

Ha habido mucha confusión desde que el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el uso de asistencia militar para recobrar el orden público en algunas ciudades a raíz de las protestas que empezaron el 28 de abril de 2021 contra el gobierno, las cuales se han mantenido por casi dos semanas.

Algunas demostraciones han terminado en disturbios, saqueos y abusos policiales con un número de víctimas, que aún no está claro. Hasta el 8 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG contaban 47 asesinatos (39 por violencia policial), 12 casos de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones (cifra de la Defensoría del Pueblo) y 28 lesiones oculares entre al menos 1.876 hechos violentos.

Un policía fue asesinado en Soacha. Intentaron quemar vivos a otros 10 en un CAI de Bogotá. Un recién nacido murió en una ambulancia que fue atacada en Tocancipá, Cundinamarca.

En ese contexto, Duque dijo el 5 de mayo que no descarta una eventual declaratoria de conmoción interior, como se lo ha pedido su partido, el Centro Democrático. Horas después apareció en redes sociales un decreto falso que supuestamente tomaba esa medida, al mismo tiempo que circulaban cadenas que despertaron temores sobre todo entre la población del Valle del Cauca porque contenían rumores sobre decisiones que afectarían principalmente a Cali, la capital departamental.

Un audio viral en WhatsApp, por ejemplo, asegura que la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, “han sido relevados del manejo del orden público”. El mensaje afirma que el encargado en adelante sería el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

Este mensaje tomó más fuerza luego de los hechos ocurridos en la noche del lunes 3 de mayo en Siloé, oeste de Cali, donde se denunció una respuesta desmedida por parte de la Fuerza Pública. A las 11:30 p.m., Ospina publicó un trino que generó una serie de comentarios acerca de que él no mandaba ya en la ciudad.

Otras cadenas muestran capturas de pantalla de chats en los que supuestos integrantes de la Fuerza Pública cuentan a sus familiares que les dieron órdenes “de disparar a cualquier persona” o “matar jóvenes”. El contenido de estas conversaciones, sin embargo, es imposible de verificar porque no aportan ninguna evidencia y tampoco pistas (o estas son insuficientes) sobre las personas que intervienen en ellos o a las que se refieren.

Lo que sí puede hacer Colombiacheck en este caso es responder algunas preguntas sobre las implicaciones de la asistencia militar, sus responsables, sus límites y sus diferencias con una eventual conmoción interior. Un adelanto: bajo ninguna de las dos son admisibles los asesinatos de civiles que ya se han registrado incluso en transmisiones en vivo por redes sociales en distintas ciudades.

¿Qué es la asistencia militar?

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Código de Policía) la define como un “instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”. Este consiste en “disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, la describió en Twitter como “una terapia de choque para ayudar a la Policía Nacional a retomar control”. También aclaró que debe ser temporal y que el personal militar participante debe estar entrenado para operaciones urbanas, entre otros aspectos.

Otro experto en seguridad ciudadana, el investigador Alberto Sánchez Galeano, señala que “no es una receta que se tenga que hacer de una forma específica”. Destaca, por el contrario, que una de sus características es la flexibilidad en términos de las funciones que se les pueden asignar a los militares dependiendo de las necesidades y los recursos disponibles en cada caso.

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que el gobierno expidió en 2019 enmarca la asistencia militar como una línea de acción ante la protesta social, aunque aclara que está reservada para “una situación excepcional”. Sánchez explica que esto no necesariamente quiere decir que serían las Fuerzas Militares las encargadas de enfrentar posibles disturbios, por ejemplo, sino que podrían asumir la protección de infraestructura (transporte público, unidades de reacción inmediata, entre otras) para apoyar a la Policía, mientras esta controla la situación.

¿Asistencia es militarización?

Para el jurista José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, “en la práctica, es militarización de las ciudades, como se ha visto en los últimos días”. No obstante, Sánchez Galeano considera esa interpretación equivocada porque “la figura de la militarización no existe”.

El investigador considera que una verdadera militarización “implicaría romper el orden constitucional” porque implicaría que mandos militares tomaran el control de instituciones civiles. A modo de ilustración, plantea que ese sería el caso si los comandantes fueran puestos a ordenar el gasto de los entes territoriales y se les diera acceso a sus recursos, invadiendo las competencias de alcaldías y gobernaciones. “Eso no pasa”, sentencia.

¿Quién manda entonces?

En este punto hay que aclarar dos cosas: quién decide sobre el uso de asistencia y quién la ejecuta.

El Código de Policía establece que las alcaldías y gobernaciones pueden solicitar la asistencia militar. Sin embargo, lo hagan o no, la decisión de enviarla es de la Presidencia de la República, en este caso ocupada por Duque. La Política Marco de Seguridad lo reafirma y agrega que el Ministerio de Defensa debe dar un concepto que dé las bases para sustentar tal determinación.

Esto quiere decir que las administraciones locales que salieron a rechazar la asistencia, en realidad no tenían poder legal para hacerlo, y las que anunciaron que no harían la solicitud, tampoco aclararon que Duque igual podría enviarla. Los casos más sonados fueron los de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández; el de Medellín, Daniel Quintero Calle; el de Villavicencio, Felipe Herman Ortiz, y el de Jamundí (Valle), Andrés Felipe Ramírez.

No obstante, para una adecuada ejecución es necesaria la coordinación entre los diferentes actores. “En el PMU [puesto de mando unificado] se decide la estrategia y la forma en la que se va a ejecutar”, dice Sánchez Galeano. En esa instancia tienen presencia tanto militares como policías, junto con alcaldías o gobernaciones y sus gabinetes, organismos de atención de emergencias, entre otras entidades.

“La Fuerza Pública concierta los términos de la intervención. Nadie decide solo”, enfatiza el investigador. Sobre todo destaca que “nadie puede pasar sobre la autoridad civil”, lo cual está claro en las normas que regulan la figura.

¿Pueden relevar a los gobiernos territoriales?

No. Parte del no pasar sobre la autoridad civil es justamente eso. “Dependen de los alcaldes y tienen que obedecer sus órdenes, rendirles informes y cuentas por lo actuado. Ellos son las autoridades de policía y esta les debe obediencia; también los militares que la asisten. No los pueden desplazar ni sustituir. Eso sería inconstitucional”, asevera el exmagistrado Hernández Galindo.

El abogado Mario Cajas Sarria, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, pone algunos matices en el sentido de que el comandante del Ejército está por encima en jerarquía para dar ciertas órdenes. En este sentido, afirma que “las competencias siguen siendo tremendamente centralistas y la Constitución inclinó la balanza hacia el Presidente”.

A pesar de eso, el profesor también coincide con Sánchez Galeano en la importancia de la coordinación interinstitucional. “Esas relaciones son muy complejas”, asegura. Así, “el general Zapateiro no puede decretar un toque de queda; tiene que coordinar con la alcaldía o la gobernación”, agrega.

¿Cuáles son los límites?

Sánchez insiste en que la asistencia militar “no es una carta blanca” para los militares, mucho menos para cometer asesinatos de civiles. La política marco establece que su activación “está sujeta a estrictos requisitos derivados de la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno”.

El exmagistrado Hernández Galindo recuerda que “la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional condenan el uso excesivo y abusivo de la fuerza y la violación de los derechos y libertades”. En consecuencia, esas son fronteras que ni militares ni policías deberían traspasar en ningún contexto.

El mismo Código de Convivencia es claro en que la fuerza debe ser el “último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos [policías]”, solo cuando sea necesaria, proporcional y racional. Su uso, por tanto, se restringe a situaciones específicas determinadas en esa misma ley.

“No se trata de operaciones de carácter ofensivo sino de restablecimiento del orden. Solo se pueden usar las armas  para defenderse o proteger la vida de los ciudadanos”, detalló Villamizar en su hilo de Twitter.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en esa misma red social que “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. Citando esto, el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, investigador del centro de estudios DeJusticia, señaló que “Procuraduría y Defensoría deberían estar vigilantes” ante la asistencia.

Es más, un fallo de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 obligó al Ejecutivo a expedir el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana que reafirma muchos de esos límites y establece protocolos para su cumplimiento. Además, prohíbe la utilización de armas de fuego en las intervenciones policiales en protestas.

Los analistas coinciden en que esta prohibición también cobija a las Fuerzas Militares cuando actúan como apoyo para la Policía. Tanto es así que el anterior Código de Policía también lo aclaraba de forma explícita (arts. 86-95).

“No se explica por qué esa prohibición ha sido transgredida”, reclama Hernández. En su columna del 4 de mayo también escribió que “Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos”.

DeJusticia y otras organizaciones defensoras de derechos humanos vinculadas a la citada tutela incluso le pidieron a la Corte Suprema el 6 de mayo que declare que ha habido desacato al fallo y suspenda la asistencia militar, la disolución de manifestaciones por la fuerza, el uso de armas de fuego y la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. “Consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado”, argumentaron en un comunicado.

¿Quién responde por los abusos?

Hay diferentes grados y tipos de responsabilidad. El primero es individual. “El uniformado individualmente es responsable del uso de la fuerza”, dice Sánchez, en referencia a quienes disparan contra civiles desarmados. También afirma que “hay una responsabilidad compartida” entre las instituciones presentes en los PMU por las decisiones que se coordinan desde el punto de vista estratégico, más allá de lo operativo.

“Todos ellos [mandos militares y policiales, alcaldes y gobernadores] son responsables jurídicamente en la medida de sus actos u omisiones. Además, en cuanto al Presidente y ministros, hay lugar a responsabilidad política”, asegura el exmagistrado Hernández.

¿Es igual a la conmoción interior?

No. Para decretar la conmoción interior, la Constitución exige que la perturbación del orden público sea tan grave que “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. No se trata de una herramienta de apoyo, sino de un recurso que le da poderes especiales a la Presidencia.

Esos poderes consisten en dictar decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, lo que incluso le permite suspender otras normas ya existentes, de forma parecida a como funcionan los estados de emergencia como los declarados en 2020 por la pandemia de COVID-19. Esto requiere la firma de todos sus ministros.

No quiere decir que no tenga límites. La conmoción está sujeta al control de las otras ramas del poder. La Corte Constitucional puede “tumbar” la declaratoria si encuentra que no había motivos suficientes para hacerla, como lo hizo en 2009 con una del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. “Entraría a analizar si realmente lo que está pasando no puede ser conjurado por vía ordinaria”, expone el profesor Cajas.

La medida puede establecerse por un máximo de 90 días y no puede tener más de dos prórrogas iguales. La segunda debe ser autorizada por el Senado.

Pero sobre todo, ningún estado de excepción “puede suspender los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario ni las ramas del poder público”, indica Hernández. “Ni siquiera en estado de conmoción interior se puede esperar que la Fuerza Pública le dispare a un civil desarmado. No lo pueden detener sin cargos ni lo pueden juzgar militares”, recalca Cajas Sarria.