Pasar al contenido principal
Miércoles, 10 Junio 2020

Explicador: ¿Qué es la ‘Ideología de género’?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La expresión “ideología de género” ha sido frecuentemente usada en desinformaciones. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Existe una sola ideología de género?

Varios portales divulgaron hace un tiempo una información (falsa) sobre una pareja de mujeres que supuestamente mató a su hijo por no querer vestirse de mujer. “Eso es lo que genera la ideología de género”, decían algunas publicaciones en Facebook que compartieron la noticia.

A través de esa misma red social, durante la pasada campaña electora de 2019, circuló un video que afirmaba (también falsamente) que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, implementarían la ‘ideología de género’ en la capital.

Apenas dos ejemplos de desinformaciones que circularon en internet y que tienen como punto en común la llamada “ideología de género” y sus supuestos nefastos efectos para la humanidad y, sobretodo, para los niños. Pero, ¿qué es exactamente la ‘ideología de género’? ¿En dónde radica su peligro?

En este explicador intentamos resolver algunas de las preguntas alrededor de esta expresión para entender lo que hay detrás de ella y por qué su uso ha resultado tan efectivo en términos políticos y electorales.

¿Qué son los estudios de género?

Antes de adentrarnos en la “ideología de género”, vale la pena entender qué son los estudios de género.

Constituyen un campo interdisciplinario de investigación que se empieza a consolidar en las universidades a finales de la década de 1970, y que toma como categoría central el género. Aquí es importante entender qué es el género y su diferencia frente al sexo.

Según los expertos consultados para este artículo, ‘Sexo’ hace referencia a las características biológicas de los cuerpos humanos: masculino y femenino. Y ‘género’ tiene que ver con la construcción social a partir de esas características biológicas. 

Sandra Mazo, coordinadora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, dice que si bien los seres humanos tenemos diferencias biológicas al nacer que son evidentes e innegables (pene, vagina, testículos, ovarios); ser mujer o ser hombre ha definido nuestros roles en lo social, cultural, económico y político. 

Estos roles han desembocado en “desigualdades muy profundas que no pueden estar mediadas por lo biológico”, dice Mazo.

Por eso, varias visiones desde la academia cuestionan que los seres humanos seamos definidos y asignados en la sociedad en relación a los órganos sexuales con los que nacemos. “No nacemos biológicamente desiguales; es una construcción social”, dice Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización Colombia Diversa.

La categoría género, además, permite trabajar a su vez con otras categorías que tienen que ver con las orientaciones sexuales (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad) y las identidades sexuales (cisgénero, transgénero, no binario), de acuerdo Mazo. 

“El género es una categoría social y cultural que nos permite una lucha por la igualdad; igualdad de derechos en tanto somos seres humanos con las mismas capacidades”, dice Mazo.

Teniendo este marco de referencia claro, pasamos a las preguntas más comunes sobre la “ideología de género”.

¿Qué es la ‘ideología de género’?

Quienes han popularizado la expresión ‘ideología de género’ han tomado puntos que sí promueven los estudios de género, como la diferencia entre sexo y género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embargo, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos y generar desinformaciones.

Por ejemplo, se ha dicho que la ‘ideología de género’ pretende homosexualizar a los niños, acabar con la familia y que busca que “no haya sexos y los individuos puedan transitar entre sexos cada que se les ocurra”. 

“Es una estrategia de manipulación”, sostiene Sánchez. Y quienes están detrás de ella han esparcido desinformaciones, como las que mencionamos al comienzo, de supuestos padres y madres homosexuales que asesinan o torturan a sus hijos en nombre de la “ideología de género”.

Quienes han difundido estas ideas generalmente se escudan en un discurso por la defensa de los niños y la familia. Sin embargo, lo que hay detrás es una estrategia que persigue intereses políticos y electorales. Que instrumentaliza las ideas de los estudios de género para movilizar padres y madres indignados y temerosos por lo que, supuestamente, pueda ocurrirles a sus hijos.

Un ejemplo es el discurso de Ángela Hernández, exdiputada de la Asamblea de Santander y excandidata a la Gobernación del mismo departamento, quien promovió una marcha en contra de la “ideología de género” que, según ella, busca “imponerse” en la sociedad colombiana.
 

En conclusión, el concepto de ‘ideología de género’ “es un recurso político que algunos sectores conservadores usan para reafirmar su posición y su agenda”, dice Franklin Gil, investigador del Observatorio de Género de la Universidad Nacional, “pero tanto en sus orígenes como ahora, la expresión ‘ideología de género’ ha sido una respuesta a otra cosa [intereses políticos y electorales]”.

‘Ideología de género’: otra definición

Para Maria Mercedes Acosta, directora del medio Sentiido, englobar el cuestionamiento al género con el término de “ideología” lo que pretende es presentar los estudios de género como una opinión sin fundamento, una visión unívoca de un grupo de personas (feministas y la comunidad LGBTI). “El solo hecho de nombrarlo como una ‘ideología’ es una manera de restarle cualquier veracidad, seriedad o componente científico”, dice Acosta.

No obstante, los estudios de género sí son una ideología en tanto posición ideológica; de la misma manera que la visión de los grupos conservadores tiene una postura ideológica sobre el género. Estos últimos sostienen que el sexo es inmutable porque un Dios, la naturaleza o la ciencia nos hizo hombres o mujeres.

La investigadora Nancy Prada Prada publicó un artículo en el que señala que sí tiene sentido hablar de “ideologías de género”, en plural. “Las iglesias lanzan la acusación: ‘nos quieren imponer la ideología de género’, sin reconocer que la suya también es una posición ideológica”, afirma Prada. Y esa es, en opinión de Gil, una posición posible dentro de la democracia.

Sí existe, como señala Prada, la “ideología de género”; pero no existe en el sentido negativo que se le pretende endilgar.

¿Cuándo surgió el concepto?

No es claro. Sin embargo, aunque Sandra Mazo y Marcela Sánchez no logran situar una fecha exacta, coinciden, junto a otros expertos y expertas en el tema, en ubicarlo a comienzos de la década de los 90, en el marco de las conferencias internacionales de Naciones Unidas; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994; la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), en 1994. Encuentros en los que se debatieron temas de población, desarrollo, derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de género.

Según Mazo, ante el avance y el fortalecimiento de la perspectiva de género y el reconocimiento internacional de movimientos por la igualdad de género, el Vaticano acuñó esta expresión como una forma de frenar el progreso hecho por mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

¿Cuándo llegó la expresión a Colombia?

En Colombia podemos encontrar dos momentos en los que aparece el término, con diferentes intensidades y efectos, de acuerdo con Franklin Gil.

El primer momento es en 2005, el año que precedió a los debates de la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, según Gil, “en ese momento ese recurso no estaba tan desarrollado y no tuvo el mismo impacto que en 2016”. 

Ese 2016 fue el año de las cartillas del Ministerio de Educación y del plebiscito por la paz; dos eventos que estuvieron marcados por la difusión de desinformaciones en nombre de la “ideología de género”.

Las cartillas

Desde 1994 existe en Colombia una política pública que busca educar a niños y niñas entorno a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 115, señala como objetivo de la educación del país “desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”.

A raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se suicidó en 2014 en Bogotá debido a la discriminación que sufrió en su colegio a causa de su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo con Prada. 

Esta orden incluía hacer, en un plazo de un año, una “revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) produjeron unas cartillas que pretendían orientar a las directivas de los colegios en las modificaciones que se debían hacer a los manuales de convivencia.

En el desarrollo de la orden de la Corte, en julio de 2016, se dio un debate en la asamblea departamental de Santander en la cual, la entonces diputada Ángela Hernández, “advirtió” que el Ministerio de Educación y la ministra Gina Parody en su “condición” de mujer lesbiana, pretendían adelantar una “colonización homosexual” en los colegios. Y convocó a una marcha para el 10 de agosto con el fin de “rescatar los principios” y rechazar “la imposición de la ideología de género en las aulas”.

“Lo que vino luego fueron días intensos de informaciones cruzadas y debates encendidos”, dice Prada Prada en su artículo. Se hablaba de “las cartillas del Ministerio” sin hacer distinción del instrumento utilizado efectivamente por el Ministerio de Educación y la cartilla producida por el UNFPA, “e incluso se hizo circular un material de origen belga que incluía contenido sexual explícito, afirmando que ese era el texto que el Ministerio estaba llevando a las instituciones educativas”, de acuerdo con el artículo de la investigadora.

El plebiscito por la paz

El plebiscito para refrendar los acuerdos producto de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc se realizó el 2 de octubre. Y en el marco de las campañas por el ‘Sí’ y por el ‘No’ la “ideología de género” volvió a aparecer.

Múltiples sectores religiosos y promotores del ‘No’ sostuvieron que “la ideología de género” podría estar dentro del Acuerdo final y que de aprobarse se “impondría” la ideología de género. Colombiacheck, incluso, publicó en su momento una verificación sobre el tema.

La desinformación surgió a raíz de que el 7 de septiembre de 2014 se instaló la Subcomisión de Género que tenía como objetivo revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tuviesen un adecuado enfoque de género (que explicamos en otro chequeo). 

Ambas desinformaciones (las de las cartillas y la de la ideología de género en el plebiscito) estuvieron siempre conectadas, a tal punto que Alejandro Ordóñez, ex Procurador General de la Nación, dijo que ya no sería la ideología de género “impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede en la norma constitucional. Desde luego no la llaman así, la llaman enfoque de género”.

Desde entonces, la llamada “ideología de género” se usa como una carta que sacan ciertos sectores para perseguir fines político-electorales.

Pero ¿quiénes integran esos sectores?

Para Sandra Mazo, afirmar que la Iglesia Católica o los grupos religiosos son quienes están detrás de la difusión desinformada de la ‘ideología de género’, es caer en un error discriminatorio, dado que dentro de la Iglesia Católica hay distintas posiciones para cada tema: no hay una única mirada.

Para ella, entonces, quienes advierten sobre “los peligros de la ideología de género” son grupos fundamentalistas conservadores que estigmatizan lo que significa la categoría de “género” para los estudios de género. Personas que defienden un modelo típico, tradicional y excluyente. Y que, por supuesto, tienen intereses en mantener las desigualdades entre grupos sociales. 

¿Cómo se ha visto la ideología de género en otros países?

La organización Dejusticia publicó un artículo en mayo de 2017 en el que cuenta casos de otros países en la región en donde el monstruo de la “ideología de género” también hizo presencia.

“El 10 de septiembre de 2016, padres y madres de familia de diferentes estados de México salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con lemas como ‘Dios creó al hombre y a la mujer. No a la ideología de género’. (...) Acusaron a la ‘ideología de género’ de fomentar la homosexualidad entre niños y niñas. (...).

“El 4 de marzo de 2017, Perú también gritó ‘Con mis hijos no te metas’. Sectores religiosos, conservadores, y padres y madres preocupados por la educación de sus hijos, salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su inconformidad por el programa de educación sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en los colegios. ‘Ideología de género no va’, ‘El gobierno quiere homosexualizar a la niñez’ y ‘Ministra, no homosexualices a nuestros hijos’, fueron algunos de los lemas que se escucharon en la marcha. 

“En Brasil el panorama es bastante similar: en 2015, la Cámara Municipal de Manaus aprobó una ley que prohíbe la inclusión de la ‘ideología de género’ en las escuelas municipales. Marcel Alexandre, promotor del proyecto, y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño, celebró la promulgación de la ley y afirmó que constituía una victoria para las familias, pues, para él, el género es una ideología que busca adoctrinar a niños y niñas para promover una cultura de la homosexualidad.

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.