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Sábado, 12 Agosto 2017

¿Sancionarán a algún empleador por exigir pruebas de embarazo?

Por Verónica Ucrós

La aerolínea Iberia fue multada hace un mes por su política laboral para verificar si sus empleadas están embarazadas. Estas prácticas, consideradas discriminatorias, también ocurren en Colombia pero no existe una ley que penalice las empresas que obligan a realizarse exámenes de embarazo en las pruebas médicas de ingreso.

-¡Ay, está embarazada!

Esa exclamación la escuchó una abogada de 27 años de parte de una profesional que supervisaba los documentos y exámenes de su ingreso a una notaría en Santander. Tenía 24 años y sabía con total certeza que no había ninguna posibilidad de embarazo.

- No. Sé que no estoy embarazada.

La respuesta, en tono serio, frustró la broma.

La profesional que hacía los exámenes reveló una sonrisa, al tiempo que aclaró que todos los resultados médicos estaban bien. Enfatizó que, efectivamente, la abogada no estaba embarazada y podría asumir su cargo como coordinadora jurídica.

La primera tarea de la abogada en su nuevo cargo fue redactar un recurso para que la Corte Constitucional revisara el resultado de una acción de tutela que ganó otra empleada de la misma notaría. El proceso correspondía a un reclamo por violación de los derechos de la trabajadora, despedida por su empleador al conocer que estaba en embarazo. Tanto en primera como en segunda instancia la acción de tutela falló a favor de la madre.

Los despidos de mujeres embarazadas y el requerimiento de pruebas médicas por parte de algunos empleadores para cerciorarse de que las aspirantes a contratar o ascender no están esperando un hijo, son prácticas organizacionales consideradas discriminatorias, pero ocurren en Colombia.

Este fenómeno fue documentado por Profamilia y el Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, que se aplica cada cinco años. En 2015 la encuesta reunió a 44.614 hogares del país.

La encuesta señala que el 32% de las mujeres consultadas aseguró que su empleador le exigió prueba médica de embarazo. Este porcentaje se mantiene en los sondeos de los últimos cinco años. Aunque, por otra parte, la proporción de mujeres que aseguran fueron despedidas de su trabajo estando embarazadas disminuyó levemente en el país. Según la encuesta pasó de 4% a 3.1%, aunque estos datos son de hace dos años.

Que un empleador exija a una empleada o a una aspirante, por cualquier medio, una prueba sobre su estado de gravidez, es una práctica que ha sido condenada y prohibida por la jurisprudencia constitucional en Colombia. En igual sentido se pronunció el Ministerio del Trabajo, salvo en aquellos casos en que las labores del cargo vacante involucren riesgos para el normal desarrollo del proceso de gestación.

Sin embargo, no hay una ley que regule y sancione efectivamente estos hechos en donde ocurren y por eso las mujeres en Colombia están desprotegidas ante esta modalidad de discriminación laboral.

Caso Iberia, un ejemplo

Violar la intimidad biológica de una persona a fin de saber si está embarazada o no, es un atrevimiento que se toman algunos empleadores. La aerolínea española Iberia, una de las más tradicionales del mundo, enfrenta desde hace un año un escándalo que solo pudo zanjar en el último mes. La firma anunció que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico de ingreso a sus potenciales empleadas.

Iberia fue sancionada con multa de $25.000 euros (casi $88 millones de pesos colombianos) cuando una inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la comunidad autónoma de las Islas Baleares detectó esta irregularidad.

La aerolínea inicialmente se defendió al asegurar que la intención con la cual incluía pruebas de embarazo en sus procesos de contratación no era discriminatoria. La medida, según Iberia, buscaba prever la necesidad de activar correctamente el protocolo de salud que la compañía dispone para sus empleadas embarazadas.

El gobierno balear desdeñó ese argumento, aclarando que una mujer solo está en deber de notificarle a una empresa su estado de embarazo cuando ya figura en su nómina y no cuando, simplemente, está en proceso para ocupar un cargo.

Por el contrario, en Colombia se presume que esta discriminación laboral es una práctica sistemática, donde es poco probable que una empresa sea objeto de control. Menos de sanción legal. ¿La razón? No hay una ley en el país que faculte a ninguna entidad estatal para castigar a un empleador por exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación. A este panorama se suma que el gremio de empleadores no toma con suficiente seriedad este tema, como ellos lo admiten.

Vacíos que dejó la encuesta

Uno de los problemas que evidenció la encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud fue el desconocimiento de los escenarios de la discriminación laboral. A las mujeres se les preguntó si alguna vez les exigieron certificado de embarazo al solicitar empleo. Nada más. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos en que la respuesta fue afirmativa se trata de una flagrante discriminación o una de las excepciones que contempla la ley por tema de seguridad industrial.

Por ejemplo, si el trabajo que la mujer estaba solicitando requería que se expusiera a radiaciones que pueden hacerle daño al feto, es legítimo que el empleador conozca si la persona que va a contratar está embarazada.

El director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, aclaró que no es posible distinguir en qué casos la intención con la que se exigieron esas pruebas de embarazo era proteger a la madre (de conformidad con el criterio del Ministerio del Trabajo y la Corte Constitucional) y en qué casos esos exámenes fueron requeridos con ánimo discriminatorio.

“Es una de las limitaciones de la pregunta,” admitió también Rocío Murad, quien conformó el equipo de trabajo de Profamilia como investigadora.

¿Qué dicen los empleadores?

Al vacío en la encuesta de Profamilia se suma el hecho de que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, admitió que no incluye como tarea en su agenda averiguar por qué los empresarios continúan con esta práctica a pesar de haber sido declarada inconstitucional y discriminatoria.

Respecto a qué tantos empleadores en el país hacen pruebas de embarazo arbitrariamente, su presidente nacional, Guillermo Botero, afirmó que la asociación no ha monitoreado el tema ni tiene planeado hacerlo.

“Creo en sus estudios [refiriéndose a la encuesta de Profamilia] pero no pienso que sea un tema generalizado. Diría que es una práctica que tienen más bien pocos empleadores, pero no soy capaz de medirlo y no le damos tanta importancia a eso como para haber hecho un estudio”, precisó el líder gremial.

El Estado condena, pero no persigue

El Ministerio del Trabajo conceptuó que la prueba de embarazo “no puede considerarse como un requisito para que una mujer pueda ingresar a laborar o mantenerse en su empleo” a menos de que “las actividades del trabajo impliquen un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo”.

Llama la atención entonces que el país no ha ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que 34 gobiernos se comprometieron a garantizar que el embarazo no sea causa de discriminación en el acceso al empleo.

Además, la Corte Constitucional calificó esta práctica como violatoria del derecho a la intimidad, a la no discriminación y al trabajo. “Todo acto del patrono orientado a investigar si existe el embarazo para que de allí dependa el acceso, la permanencia o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y puede ser objeto de acción de tutela,” aclaró la alta corte en una sentencia de 2005.

Pero por mucho que el Estado se declare en contra de esta realidad discriminatoria, parece poco probable que se lean en Colombia en el corto plazo, titulares como los que han involucrado el escándalo de Iberia.

Si el Ministerio del Trabajo documenta este fenómeno o en alguna forma ejecuta labores de inspección, es desconocido. Esa entidad no dio respuesta a un cuestionario sobre esta práctica discriminatoria para esta investigación periodística.

Lo que sí se puede constatar son dos acciones de tutela, registradas en los últimos siete años ante la Corte Constitucional, donde mujeres denuncian que sus empleadores les hicieron realizar pruebas de embarazo durante los procesos de contratación.

En la primera, Stefany Barón instauró una acción de tutela donde reporta que su empleador le realizaba pruebas de embarazo a su costa económica. El proceso registra cómo Barón demandó en el 2010 a las empresas Laboratorios Incobra y Línea Humana Servicios en Barranquilla. A través de la segunda compañía, que es una empresa de servicios temporales, ella trabajó durante un año en la primera.

El fallo de la Corte constitucional recuenta que, a lo largo de ese año, la mujer fue vinculada y desvinculada cuatro veces del laboratorio y que ella asegura que, para cada incorporación, Línea Humana le ordenaba exámenes médicos de ingreso, entre ellos el de embarazo, cuyo costo luego descontaba de su salario.

Stefany Barón denunció que su contrato no volvió a ser renovado después de haberle comunicado a las dos empresas que iba a tener un bebé, ante lo cual la Corte falló a su favor, ordenándole a Línea Humana Servicios reintegrarla en su antiguo cargo, afiliar a madre e hijo al sistema de seguridad social e indemnizar a la mujer por el daño causado.

Lo interesante del fallo es que durante toda la argumentación que despliega resulta tan irrelevante el tema de las pruebas de embarazo, que Línea Humana no reconoce ni niega haberlas hecho. Y en toda su disertación, la Corte Constitucional jamás se detiene sobre esa discriminación.

En la otra sentencia, registrada en 2009, Adriana Arango Cardona logró un contrato laboral a término indefinido con la empresa Singular Comunicaciones, hoy distribuidor autorizado de Claro, para trabajar en el área de servicio al cliente en las oficinas que tenía Comcel en el municipio de Chaparral, Tolima.

El 19 de septiembre de ese año se presentó “a los exámenes médicos de rutina que requiere la empresa para aprobar el ingreso de sus empleados, entre los cuales, según ella, se encontraba una prueba de embarazo cuyo resultado fue negativo”.

Tres días después, según la versión de Adriana, se repitió por otros medios e iniciativa propia la prueba, que esta vez resultó positiva. Una semana después, la mujer notificó de su embarazo a su jefe inmediato, quien la despidió al día siguiente. Por esta razón, Arango demandó ante un juzgado municipal de Chaparral a Singular Comunicaciones, que negó requerir pruebas de embarazo como parte de sus exámenes médicos de ingreso.

La Corte Constitucional le halló la razón a la empresa demandada sobre el punto de si el despido era justificado o no y confirmó el fallo del juez de Chaparral, quien había negado las pretensiones de la madre. Sea como fuere, tampoco aquí la Corte Constitucional le dio la menor importancia a la posibilidad de estar ante una empresa que sistemática y arbitrariamente estaría exigiendo pruebas de embarazo a mujeres que contrata para atender al público en una oficina.

La carga de la prueba es de ellas

No es fácil encontrar en Colombia quien documente permanentemente y a profundidad esta modalidad de discriminación laboral contra las mujeres. Más allá de la iniciativa con que Profamilia y el Ministerio de Salud presentan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ni la una ni el otro llevan a cabo otras actividades de monitoreo al respecto. La Defensoría del Pueblo, la Central Unitaria de Trabajadores y Fenalco también admitieron que no le hacen seguimiento sistemático a este tema.

En esta realidad muchas denuncias quedan reducidas a la palabra de una mujer contra la de su empleador y nada más. Y, como en otros fenómenos de discriminación, muchos casos no se denuncian. Algunas mujeres albergan el máximo grado de sospecha de que lo que les hicieron en sus exámenes de ingreso fue una prueba de embarazo, pero no tienen evidencia que lo demuestre.

“A mí me hicieron un examen de sangre a los 32 años cuando entré a trabajar en una empresa pública operada por privados y yo creía que había sido para verificar si estaba embarazada. Un día le pregunté a un compañero que había ingresado el mismo año que yo y él me confirmó que en ningún momento le habían sacado sangre”, denunció Alejandra Corredor, ingeniera eléctrica.

Por otra parte, Mónica Fernández les preguntó a algunas mujeres de su oficina por qué la agencia digital en donde trabajaban hacía exámenes de sangre. Las empleadas respondieron que desconocían la respuesta, pero les parecía obvio que la empresa quería saber si estaban embarazadas. Mónica preguntó al momento del examen para qué se necesitaba la sangre y el personal que la atendía le dijo que para analizar varias cosas. “Es decir, no me respondieron”, concluyó.

Juliana Poma, abogada a quien también le tomaron muestras de sangre para entrar a una multinacional ni siquiera se atrevió a indagar por qué le iban a sacar sangre por miedo a que no le dieran el trabajo. A ella y a Alejandra Corredor les preguntaron en las entrevistas si estaban casadas o planeaban estarlo, si tenían hijos o planeaban tenerlos.

Ninguna de las tres recibió jamás un documento escrito en donde les informaran específicamente qué estudios se llevaron a cabo con las muestras de sangre. Tampoco recibieron copia de los resultados. En el país nadie puede ordenar y realizar pruebas de sangre a una persona sin informar para qué se realizan. Todo proceso médico requiere autorización.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, explica que “no es legal realizar sobre una muestra biológica pruebas que la persona no ha autorizado y cuando no se le ha especificado de qué tipo de análisis se trata: exámenes infecciosos, metabólicos y/o prueba de embarazo. Y es obligación también ampliar cualquier información que el dueño de la sangre requiera, así como poner a disposición del paciente los resultados completos del examen”.

El representante del Ministerio de Salud precisa que aún en los casos cuando la persona objeto del examen no pregunte sobre los resultados, se le debe dar previamente información específica y completa sobre el uso que se le va a dar a su muestra de sangre. Tampoco, aclara, es permitido extraer sangre sin consentimiento debidamente informado del paciente. “El dueño de la muestra de sangre no es el empleador: es quien la aporta”, concluye.

Ante la pregunta de si estas obligaciones se pueden cumplir informalmente y sin dejar registros por escrito, Osorio aclara que no es válida la información cuando se suministra en esa forma: “Todos los laboratorios, por el Sistema General de Garantía de la Calidad, deben emitir un resultado formal y firmado por un profesional competente.”

No hay ley que castigue

Aparte del recurso de la acción de tutela, en Colombia no hay mecanismos que sancionen a las empresas que solicitan pruebas de embarazo. Nadie les impide efectivamente a los empleadores arreglárselas para prescindir de una mujer embarazada antes de contratarla, renovarle el contrato o ascenderla.

Si una mujer lograra exponer esta irregularidad, la empresa involucrada no tendría que enfrentar ninguna sanción económica, disciplinaria (en el caso de las empresas o entidades gubernamentales) o penal. Guillermo Botero, el director de Fenalco, explica que “el régimen laboral no hace mención alguna a ese tema. Lo que hay jurídicamente es un desarrollo jurisprudencial en que la Corte Constitucional ha dicho que los exámenes de embarazo no se pueden hacer”.

Por esta razón, tres veces se ha tratado de llevar al rango legal la prohibición de hacer pruebas de embarazo injustificadas en los procesos de selección, contratación o promoción. Representantes a la Cámara del partido político Mira radicaron proyectos de ley en 2012, 2014 y 2016. Los dos primeros fueron archivados sin debatir.

El segundo intento proponía sancionar a las empresas responsables de realizar o exigir pruebas de embarazo a empleadas o participantes en un proceso de selección con multa por no menos de 50 salarios mínimos (casi $37 millones de pesos) en cada caso comprobado, indemnización a la víctima de dicho mecanismo de discriminación y suspensión de la licencia de funcionamiento cuando se acumularan tres o más casos. Si la organización fuera pública, en lugar de la suspensión de la licencia se sancionaría disciplinariamente a los funcionarios responsables.

El más reciente proyecto de ley corrió con mejor suerte. La Cámara de Representantes lo debatió y aprobó en enero pasado y podrá entrar a su tercer debate en el Senado en esta legislatura.

La parte que podría valorarse positivamente en esta iniciativa es que, si la ley se llegara a aprobar y, aún más difícil, a cumplir, con solo tres casos comprobados una compañía colombiana se vería castigada a pagar una multa más alta que la que tuvo que asumir Iberia.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque
**Esta historia fue publicada originalmente en Vanguardia.
Viernes, 11 Agosto 2017

Maternidad condicionada

Por Alexandra Gómez

Si bien la Ley de Amnistía se aplica por igual a hombres y mujeres, no fue pensada desde el enfoque de género, razón por la cual las madres exguerrilleras privadas de la libertad y sus hijos pequeños, sufren las consecuencias.

Farley y Carmelita llegaron al mundo abrigados por arrullos, caricias, besos dulces y melosos que irrumpieron en la hostilidad de las cárceles, donde sus madres, Deisy y Mayerly, pagaban condenas por pertenecer a las Farc.

Ellas decidieron entrar a la guerra siendo aún adolescentes y, al igual que Edna, por años resistieron y sobrevivieron a los ataques “enemigos”. Aprendieron a ser madres mientras estaban privadas de la libertad y ahora, tras la implementación de la Ley de Amnistía, gozan del beneficio de libertad condicionada. Hoy sus bebés, junto a la recién nacida Salomé, pasarán sus primeros años de vida en el campamento Libertad Simón Trinidad, entre las montañas de Mesetas en el departamento del Meta.

El campamento Libertad Simón Trinidad fue diseñado para albergar a 700 excombatientes de las Farc excarcelados y beneficiados con libertad condicionada. A la fecha, hay 417 hombres y 32 mujeres que cometieron delitos de guerra o de lesa humanidad y que no han cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad.

Para permanecer en este lugar debieron suscribir un compromiso de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empezará a operar el año entrante. Así podrán resolver su situación jurídica y aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, previsto en el Acuerdo de La Habana.

Aunque el Acuerdo Final de Paz tuvo la histórica participación de una subcomisión de género, integrada por mujeres del Gobierno y Farc, que incluyó la perspectiva de género en los seis puntos del documento, esta Ley de Amnistía que debía garantizar la libertad inmediata de todos los excombatientes, no tuvo en cuenta las particularidades de la situación de las mujeres con hijos que están privadas de la libertad.

Las historias de estas tres mujeres, las únicas con hijos menores de edad que pasan sus días en este campamento transitorio, retratan cómo “las decisiones judiciales reproducen las situaciones históricas de desigualdad de las mujeres, bajo el presupuesto básico de que el derecho es neutral, tiene respuesta para todo y es completo”, según llama la atención la abogada, Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio.

El camino hacia el campamento Libertad

A seis horas de Bogotá, pasando por Villavicencio, se llega a Mesetas. Es un pequeño y cálido pueblo de 3.500 habitantes en la cabecera municipal; su calle principal está inundada por la venta de arepas, papas rellenas, empanadas y chorizos; y los domingos por la noche, las discotecas encienden las luces de neón y compiten con el volumen de los equipos para atraer a los clientes.

Desde marzo, un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hace parte de la vida cotidiana del parque principal. Allí se le ve parqueado, a la espera de los miembros de las Farc que llegan de todo el país beneficiados por la Ley de Amnistía. Desde el parque deberán recorrer algo más de una hora por trocha para encontrar la Zona Veredal Mariana Páez, la más grande del país que alberga cerca de 500 excombatientes. Un kilómetro más allá está el Campamento Libertad.

Mientras el sol se esconde sólo queda la lluvia y el barro. Los lugareños insisten “en que dejará de llover por ahí en noviembre”. La carretera que conduce del casco urbano hacia la zona veredal, empieza en una trocha empedrada en mal estado. Cada tanto se observan cantinas de leche en las puertas de las fincas y el intenso olor de urea del ganado se disuelve en el húmedo ambiente.

Después de media hora por el camino pedregoso, la carretera cambia poco antes de llegar a la Vereda La Florida. La capa de tierra aparece desnuda, gredosa, es como un retén natural para impedir el tránsito. A medida que se avanza, los motores de los carros aumentan su potencia para no quedarse enterrados.

En el caserío La Florida aparecen vehículos distintivos del Inpec, de la ONU, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y una ambulancia. Es el aviso de que la zona veredal está cerca, faltan quince minutos, pero el barro no da paso, hay que llegar caminando.

Con el acto protocolario de la dejación de armas del 27 de junio pasado y la llegada de más de 300 invitados, la carretera empeoró y los campesinos de la zona se quejan porque el carro lechero ya no sube y ellos dependen económicamente de la venta de ese producto.

La zona veredal Mariana Páez es aún un punto de preagrupamiento, en ocho hectáreas se ven las viviendas de los excombatientes en plásticos y lona verde. La construcción de los campamentos, a julio, solo había avanzado el 5%.

Después de varias curvas se llega al campamento Libertad, donde viven Deisy, Edna y esperan a Mayerly. De este difícil camino depende que Salomé, Farley y Carmencita puedan recibir atención médica y sus kits de aseo, de manera adecuada.

La niña rubia del campamento

“Cuando nació y me la mostraron y yo vi a Carmencita ¡eso fue muy lindo! Que mire que es una niña, ver la carita y esos cacheticos todos rosaditos. Yo les decía, muéstrenme bien la vaginita para saber si es una niña, y se me salieron las lágrimas. ¡Es una experiencia bien bonita! pero también quedé con un frío horrible del hospital. Dormí esa noche y al otro día regresé a la cárcel”. Así recuerda Deisy la llegada de su hija.

Ella logró recibir atención prenatal en la cárcel de Montería gracias a una visita de la Personería al centro carcelario, porque allí sólo tienen acceso a un médico general. Faltando apenas cinco días para el parto fue trasladada a un patio especial donde convivía con otras madres en cuatro cuartos. Por ocho días soportó los dolores de parto y tuvo que ser sometida a una cesárea: la bebé estaba envuelta en el cordón umbilical.

“La detención domiciliaria la pedí cuando la bebé tenía cinco meses de nacida, el juez me la denegó diciendo que yo era un peligro bien berraco para la sociedad, que era reincidente, que ya había violado una detención domiciliaria. Ese juez era Fredy Padilla, del Bagre Antioquia. Me cuentan que, con el tiempo, fue condenado a siete años de cárcel por corrupción”, exclama indignada Deisy.

Deisy inició los trámites para ser beneficiada por la Ley de Amnistía en febrero, y en mayo Carmencita cumplió tres años, la edad límite permitida para la permanencia de los niños en la cárcel. Pese a que su libertad condicionada ya estaba en trámite en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, el Inpec, a través del Instituto de Bienestar Familiar empezó a gestionar para que la niña saliera de la cárcel.

Deisy soportó la presión durante varias semanas hasta junio, cuando recibió la libertad condicionada. El Inpec se opuso a garantizar el traslado de la niña hasta la zona veredal y Carmencita tuvo que ser llevada hasta el campamento Libertad por un familiar.

“¡Carmencita tiene unos crespos más lindos y es terrible!”. Así la describe su familia ampliada en el campamento, por lo inquieta y audaz. Su presencia ha cambiado la vida en este lugar, acompaña a su mamá a las reuniones y cada tanto interrumpe la solemnidad de las discusiones. Mientras intento entrevistar a Deisy, Carmencita le insiste a su mamá: “ponme la canción aquí en el celular”, y tararea el himno de las Farc, como si fuera una ronda infantil. El pasatiempo para ellas en las tardes, es visitar a “la vaca lola”, como bautizó Carmencita a la vaca del campamento. Si no hace caso, no irán a verla, sentencia su mamá con autoridad.

El cuarto está lleno de juguetes, Carmencita tiene sus botas pantaneras, pero las deja fuera del cuarto de 6X5 metros donde duermen, para no embarrarlo. “De las condiciones en las que vivíamos en la cárcel cambió todo, ahora Carmencita tiene donde correr, puede jugar con los animales, puedo verla crecer porque antes nos querían separar, mis compañeros me ayudan a cuidarla”, reconoce Deisy sobre su nueva vida en la zona veredal.

Deisy ingresó a las Farc en el Magdalena Medio, a los 14 años, tras quedar huérfana de madre. Pasó por el Bloque Caribe, en el frente 37, que operaba en los Montes de María. En el 2009 fue capturada en Bucaramanga por el delito de rebelión y cumpliendo la pena nació su primer hijo.

“Recibí la detención domiciliaria por el período de lactancia, yo aproveché para dejar el niño con mi familia y regresé a las Farc”, explica Deisy. La última captura fue en el 2013 durante un asalto al Ejército en la zona rural del Bagre, Antioquia. Estuvo condenada a 96 meses por rebelión y tiene otro proceso penal en curso sindicada por otros delitos.

Deisy todavía le da pecho a Carmelita, le consiente los crespos rubios, prepara su desayuno en la estufa de un solo puesto que tiene en la habitación. “Mi hija representa una parte primordial en mi vida. La continuidad del proyecto político de las Farc es otra de mis responsabilidades”, dice.

Los primeros pasitos en Libertad

Hay septiembres de amor y otros de guerra. En septiembre de 2011, durante un ataque del Ejército al Frente Urías Rendón, del Bloque Oriental, Edna fue capturada y condenada a seis años de prisión por rebelión. Desde los 14 años ingresó a las Farc, fue caminante del piedemonte llanero y testigo de los ocasos en las sabanas. Mientras la densidad de las nubes atrapa los árboles en las alturas de Mesetas, ella mece a Salomé, una bebé de cuatro meses de nacida.

Edna obtuvo redención de pena por trabajos sociales y, en 2014, le otorgaron la detención domiciliaria y, luego, la libertad condicionada. Desde enero del 2017 solicitó la libertad definitiva por cumplimiento de pena, pero aún no ha recibido la boleta que le garantice la tranquilidad de estar a paz y salvo con la justicia.

Salomé nació en el hospital de Granada-Meta, pero a los pocos días Edna se fue a la casa de una familia desconocida, por recomendación de uno de sus “camaradas”. No se sintió cómoda en una casa extraña y decidió devolverse para el campamento. “Decidí incorporarme en enero a la zona veredal porque todavía me aparecen antecedentes judiciales y mi vida han sido las Farc”, afirma mientras vigila el sueño de Salomé que duerme en una sencilla hamaca militar que se utiliza para acampar.

En los primeros días una de sus compañeras le ayudaba con la preparación de algunos alimentos y la lavada de la ropa, pero después ella decidió asumir esas labores, sin cuidar mucho su salud y la “dieta” que suelen guardar las mujeres durante el puerperio. “Ahora tengo como unos dolores internos y la bebé está con diarrea, sólo hay un médico general y para atención de pediatría toca ir hasta Granada”, cuenta. Además, explica, no hay presupuesto de transportes contemplado para estos casos. “Estoy pidiendo que me bajen a la zona veredal Mariana Páez, donde está el médico”, dice Edna preocupada.

En una hoja pegada en el exterior de la habitación, un letrero anuncia: “Salome Nagive”. Adentro hay dos camas, un corral y una cuerdita en la que cuelga ropa de bebé. “La mayoría de las cositas de la niña han sido donaciones, nos llegan pañales del gobierno pero son etapa 5 y la bebé queda envuelta en el pañal. A veces logro intercambiar y conseguir con otras compañeras tallas más pequeñas”, narra Edna.

“A mí me gustaría participar de las capacitaciones que organizan algunos camaradas o cuando viene gente de las universidades pero ¿quién se queda con Salomé? Queremos organizar una guardería para el cuidado de los niños porque varias tenemos la intención de terminar el bachillerato y emprender un proyecto productivo. La mayoría de las que estamos aquí somos madres solteras”, explica Edna. Ella tiene además un hijo adolescente, que dejó al cuidado de su familia y después de ocho años, logró verlo.

Salomé sólo ha visto a su papá (también integrante de las Farc) una vez y fue al interior de la cárcel, Edna ansía el reencuentro para que juntos vean los primeros pasos que seguramente dará la niña en el campamento Libertad.

Farley espera la Libertad

En junio, Mayerly cumplió tres años de estar privada de la libertad. Está condenada a 38 años de cárcel. Detrás de la reja de visitas del complejo carcelario de Cúcuta aparece con un cochecito, donde duerme Farley, de 6 meses. Desde febrero esta exguerrillera está tramitando el beneficio de libertad condicionada por la Ley de Amnistía. El proceso avanza con lentitud y, cada tanto, el Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cúcuta, que lleva su caso, pone una nueva traba que ha impedido su traslado a la zona veredal. El papá del bebé, en cambio, ya se encuentra en el campamento Libertad.

En mayo, el juez le negó la libertad condicionada asegurando que “el acta de compromiso entregada no corresponde al modelo del formato establecido”. En junio, Mayerly entregó nuevamente los documentos y el 6 de julio le concedieron la libertad condicionada, pero lleva un mes a la espera de ser trasladada a la zona veredal.

“El INPEC le exige viajar sola y que otra persona sea responsable del traslado del bebé. Mayerly no tiene un familiar cercano que le colabore, porque ella es de Arauca y esto ha demorado su salida de la cárcel”, explica la abogada de la Corporación Solidaridad Jurídica que acompaña el caso.

Esta angustiosa espera es apenas el colofón de una cadena de injusticias que ha rodeado su maternidad. Mayerly recuerda, por ejemplo, que sólo pudo obtener un control prenatal cuando ya completaba el octavo mes de gestación. A los tres meses de nacido, Farley fue trasladado de urgencias al hospital por una otitis. El INPEC le permitía apenas una hora de lactancia en la mañana y otra en la tarde. El ICBF le asignó una madre sustituta para el cuidado permanente del bebé, “pero cuando yo llegaba el niño estaba quemado en sus partes íntimas y las mamás de la sala me contaban que vomitaba en la noche”, cuenta tras la reja de la cárcel.

Mientras transcurrían los días de hospitalización del bebé, el INPEC inició, ante un defensor de familia, el trámite para trasladar al niño a un hogar sustituto, sin el consentimiento informado a Mayerly. Gracias a la intervención de una ONG lograron detener el proceso, que iba en contravención de los derechos del bebé.

Mayerly tiene 29 años y desde los 14 se integró a las Farc, al Bloque Oriental. Sus primeros meses de maternidad transcurrieron en la Unidad de Medidas Especiales de la cárcel de Cúcuta junto a un grupo de mujeres excombatientes que espera la libertad por la Ley de Amnistía. Faltan tres. Mientras tanto, Farley sigue creciendo en la incertidumbre, mientras espera llegar al campamento Libertad.

Una ley desenfocada

La Ley de Amnistía fue el primer acto legislativo que se expidió en el largo camino de la implementación del Acuerdo de Paz. Su diseño estuvo a cargo de un grupo de seis juristas hombres que discutió el punto 5, de manera hermética y paralela a otros temas de la agenda. El resultado fue un texto que incluía la Ley de Amnistía y que se anexó al Acuerdo. La ley fue tramitada en el Congreso y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre del 2016.

“La discusión estuvo centrada en defender la existencia del delito político, en establecer qué se incluye y qué no, pero no les interesó distinguir entre hombres y mujeres, por eso muchas de las disposiciones de la ley son tradicionales, se crea un procedimiento común de indultos, amnistías, liberaciones y ya”, sostiene Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional de Dejusticia.

A pesar de que la negociación con las Farc y el Acuerdo final significaron un importante avance en la participación de las mujeres y en la inclusión del enfoque de género en el texto, la implementación de la Ley de Amnistía no tuvo en cuenta las condiciones especiales, como madres lactantes, de Deisy y Mayerly.

“Se supone que todos los guerrilleros salían de inmediato (…) la ley no fue hecha para que salieran primero las mujeres y después los hombres, pero las decisiones de los jueces nos han enredado la pita”, dice Victoria Sandino, dirigente de las Farc, quien integró la subcomisión de género en los diálogos de la Habana y hoy es la única mujer en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, Csivi.

Con la llegada de Mayerly, Deisy y Edna, contarán con una madre más y serán tres lactantes las que habiten el Campamento Libertad, que en su diseño no tuvo en cuenta que llegarían allí mujeres con sus bebés. Cada habitación tiene aproximadamente 6 X 4 metros y cuenta con dos camarotes para acomodar a cuatro personas. Para el caso de las mujeres lactantes ellas deciden con quién comparten el cuarto.

Mientras estas mujeres esperan junto a sus bebés que la Justicia Especial para la Paz, les defina su futuro, es importante llamar la atención sobre la necesidad de que este sistema de justicia transicional implemente efectivamente el enfoque de género.

Así lo advierte la abogada Isabel Agatón: “Pensar en las magistradas que ocuparán la JEP no es sólo una discusión de paridad entre hombres y mujeres. El hecho de ser mujer no garantiza una decisión comprometida con la justicia de género. Se requiere de juristas con conciencia de género, que hayan cuestionado el estatus clásico del derecho, que apliquen estándares internacionales y se preocupen por adoptar medidas efectivas para la protección de los derechos de las mujeres”.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.