Pasar al contenido principal
Domingo, 15 Enero 2017

Toribío: dos años en paz, pero sin luz por las noches

Por Sania Salazar

Gracias a la negociación y firma del Acuerdo Final, hace dos años que la tranquilidad reina en este municipio caucano que fue azotado por el conflicto. La esperanza y el comercio crecen, así como los cultivos de marihuana en invernadero. Instantáneas de su nueva realidad.

Completar cinco meses sin servicio de energía eléctrica por las noches es lo de menos. En Toribío, Cauca, ya se puede disfrutar tranquilamente de un helado en las bancas de la plaza. Pararse cerca de un policía ya no es convertirse automáticamente en blanco de las balas de las Farc. Los niños pueden jugar en las calles.

Aunque el apagón nocturno llevaba dos meses a mediados de noviembre, cuando Colombiacheck visitó el pueblo, otro dato es más mucho más importante y descriptivo de lo que vive este pueblo: Aproximadamente dos años, coinciden sus habitantes, sin guerrilleros del sexto frente de las Farc disparando desde las montañas que lo circundan.

“En Toribío ya hay paz”, dice en voz alta una señora de cabello largo, blanco y recogido, de unos 70 años. “Antes a uno le temblaban las nalguitas así todos los días”, y levanta las manos vibrantes mientras espera sentada en un microbús a que empiece el recorrido, de dos horas, desde Santander de Quilichao hasta la plaza de Toribío.

La casa de doña Julia, cuyo nombre completo es Hostal La Mansión de Julia es el albergue que recomiendan ahora en el pueblo a los visitantes. Seis cuartos en el primer piso. La vivienda de la dueña en el segundo cuyo garaje se convierte por las noches en pizzería. Un tercer piso en construcción.

A sus 52 años Julia Isabel Díaz está construyendo un hotel y reconstruyendo su vida. Payanesa. Auxiliar de enfermería. Se le ocurrió la idea del hotel para quienes llegaban hasta el pueblo por trabajo, pues eran poquitos los que se atrevían a ir a un municipio donde la guerrilla estaba pendiente en las vías de acceso de quién entraba, para qué y por cuánto tiempo. Un pueblo donde en cualquier momento llovían balas y pipetas desde las montañas. El municipio del país más afectado por hostigamientos y tomas guerrilleras.

A quien necesitaba quedarse unos días le alquilaban un cuarto en una casa de familia o debía quedarse en un hostal en el que a duras penas ofrecían una cama, sin ninguna otra comodidad, donde un baño privado era un lujo suntuoso.

Pero desde que abrió el primer cuarto, en marzo pasado, no ha parado de recibir gente, periodistas, sobre todo internacionales, y familias de municipios vecinos que llegan de paseo los fines de semana.

En la sala de su casa, alumbrada solo por un pequeño rayo de luz de una veladora detrás de ella, cuenta que cuando fue a que la incluyeran dentro de las 6.550 víctimas de Toribío reconocidas por el Registro Único de Víctimas, le dijeron que para ella no había nada porque lo de ella era psicológico.

6.550 víctimas en un municipio que según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tiene este año 29.496 habitantes. Las víctimas son el 22,2% de los pobladores. Una de cada cinco personas. Julia, una de cinco, es oficialmente una víctima.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico. Tengo estrés postraumático, depresión mayor, síndrome de ansiedad”, enumera, y esboza una explicación de sus padecimientos, “me tocaba atender en el hospital a los heridos de parte y parte. Eso me tocaba verlo, quiéralo o no”, recuerda.

Julia sabe que aunque vuelva la violencia habrá personas que necesiten pasar temporadas en Toribío por trabajo, pero confía en que los tiempos violentos terminaron, por eso piensa en un hotel con las comodidades de la ciudad y hasta con una pequeña zona de spa.

Pero Julia no es la única que confía en el potencial de Toribío. Jesús Betancur, funcionario de la Alcaldía, mira por la ventana de su oficina, en el primer piso de la edificación.

“Esos toldos que se ven ahí no estaban antes, eso era vacío”, señala con el dedo al hablar de los puestos de ventas informales que hay en el parque principal, 15 en total ese día de noviembre. Ofrecen carne, ropa, comida, entre otras cosas.

Los números que consulta en el computador de la tesorería indican también el incremento en el comercio formal, uno de los primeros aspectos que resaltan los habitantes de Toribío en la nueva etapa de tranquilidad que viven.

En 2013, primer año oficial de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, 50 establecimientos pagaron el impuesto de industria y comercio. 2014, en la mesa de negociación ya se había empezado a hablar del Fin del Conflicto y las Farc anunciaron un cese al fuego unilateral y definitivo, la tesorería recaudó aportes de 56 negocios. 2015, un año el que el proceso vivió una de sus crisis más delicadas porque las Farc mató a 11 militares en Buenos Aires, Cauca, 73 establecimientos pagaron. 2016, después de que el plebiscito perdió en las urnas y justo antes de la firma definitiva del Acuerdo Final 50 comerciantes habían cumplido con esa obligación.

La huella de la violencia en los estudiantes

“Profe, mis papás me dan $2.000 todos los días para ‘el algo’ (merienda), yo le voy a dar $1.000 para que compre pintura y cambiemos el color de la escuela. Es verde, por eso nos disparan”, recuerda Janeth Hurtado que le rogaba, llorando, un niño. Ella se tapa la cara con las palmas de las dos manos al recordar uno de los tantos momentos de angustia durante uno de los tantos enfrentamientos entre ejército y guerrilla cerca a la Institución Educativa Toribío, donde ella es coordinadora.

Janeth asegura que, por lo menos en la institución donde trabaja, el conflicto no era causa de deserción. Las cifras le dan la razón pues al consultar en el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, Tángara, se ve que la matrícula en la zona urbana de Toribío pasó de 984 en 2005 a 1.373 en 2014 (389 matrículas más). Además, la cobertura total, también aumentó de 93,9% a 102,1% en ese lapso. En ambos casos, con fluctuaciones.

Según el RUV 2011, 2013, 2012, 2014, 2005, fueron, en ese orden, los años que mayor número de víctimas dejaron producto de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Esos años violentos no coinciden necesariamente con los de menores cifras en cobertura: 2008 con 81,5% y 2010 con 82,2%. Ni con los de cifras más bajas en matrícula: 2010 con 814 y 2013 con 479. Este último caso es el único en que coincide el segundo año más violento con la cifra más baja en matrículas.

Los niños no abandonaban el colegio, pero allí pasaban momentos angustiosos y debían aprender, además a proteger sus vidas. Todavía lo hacen, pues la profesora dice que no pueden dejar de hacer simulacros, sobre todo porque puede haber artefactos explosivos sin detonar.

Temen una paz pasajera

Gabriel Paví es el gobernador del Cabildo indígena de Toribío. Cuenta que la gente está construyendo y mejorando sus casas en el pueblo pues ya no hay tomas que echen a perder el esfuerzo, pero teme que la paz sea pasajera, que no haya la inversión social y económica suficiente para que el pueblo progrese y que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc o que milicianos se dediquen a la delincuencia.

“Sembrar marihuana resulta mejor que otros cultivos. La libra está a unos $150.000, mientras que la arroba de café está alrededor de $70.000. Además, por el jornal recogiendo café pagan $15.000 el día, mientras que por desmoñar una sola libra de marihuana pagan lo mismo”, compara.

He ahí la explicación de la proliferación de los cultivos de marihuana en los alrededores del pueblo. Paví cuenta que, en su mayoría, son cultivos en invernadero, con sistemas de riego y que por la noche los alumbran con bombillos, todo esto para mejorar la calidad del producto.

No hay una voz oficial que lo diga, pero el secreto a gritos en Toribío es que la empresa de energía quita el servicio de noche porque los dueños de los cultivos se conectan ilegalmente al sistema.

La sombra de nuevas violencias generadas por los cultivos ilícitos y por las viejas heridas que aún no cierran del todo, son los motivos que ahora tienen los toribianos para temer que la oscuridad regrese a su municipio.

Miércoles, 12 Abril 2017

¿Qué lenguaje es el que usamos para hablar de paz y posconflicto?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“Las Farc son terroristas”, es una frase que sin tregua repiten los uribistas y opositores al proceso de paz. Colombiacheck verificó si hay razones técnicas para denominar a las Farc como terroristas y de paso aprovechó para aclarar uno que otro término ya que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, no usamos las palabras que corresponden cuando hablamos de paz y posconflicto.

 

 

Terrorista o guerrillero, secuestrado o prisionero de guerra, conflicto armado o amenaza terrorista. En Colombia la guerra por el lenguaje no ha parado ni mucho menos entró en tregua. Lo seguro del caso es que aunque las Farc han cometido acciones terroristas tienen las características necesarias para ser denominados como un grupo armado organizado, por lo tanto, es incorrecto a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, llamarlos terroristas. La confrontación semántica se mantiene, unas palabras ya quedaron claras, otras siguen en disputa.

¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

Es evidente que en Colombia esa discusión, desde el punto de vista legal, se cerró cuando el presidente Juan Manuel Santos aceptó que lo que ha vivido el país es un conflicto armado, dándole estatus de organización armada a las Farc y, por tal razón, pudo iniciar el proceso de paz.

Sin embargo, el reconocimiento respecto de si hay o no un conflicto armado (no internacional), está basado en los criterios sobre organización e intensidad establecidos por los tribunales internacionales, no en un reconocimiento del gobierno de tales situaciones.

 

 

Durante gran parte de la historia de Colombia se tuvo claro que el país estaba inmerso en un conflicto armado, no obstante, bajo la administración presidencial de Álvaro Uribe, se implantó otra tesis, que lo que existía era una amenaza terrorista. Eso transformó el lenguaje y trajo sus consecuencias. No en vano Pablo Neruda dijo “Todo está en la palabra… una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio”.

Esa tesis fue sembrada por el hoy senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien bajo la presidencia de Uribe fue su asesor político y quien ha sido su gran escudero.

Gaviria por medio de su libro “Sofismas del Terrorismo en Colombia” explicó por qué bajo su perspectiva lo que existía era una amenaza terrorista. Primero, aseveró que lo que existía en Colombia era una democracia legítima y no una dictadura ni un régimen opresivo. Segundo, que las guerrillas ya no luchaban por un ideal político sino que actúan como mafias vinculadas al narcotráfico. Y el tercer argumento fue que la principal víctima de las guerrillas son civiles. “No respetan las normas humanitarias”, escribió.

Con esas premisas el Estado colombiano no aceptó la existencia de un conflicto armado y por ello se aseveró que las Farc y otras guerrillas no eran grupos armados sino una amenaza terrorista. Es decir, que en ese entonces, el Gobierno nacional consideraba que no debía aplicarse las normas de Derecho Internacional Humanitario, DIH; un compendio de reglas que buscan hacer menos cruel o más humana (si el término cabe) la guerra.

En 2010 llegó Santos a la presidencia y al año siguiente categóricamente aceptó que “Hace rato hay un conflicto armado” en el país.

El primer mandatario de los colombianos manifestó ese año la presencia del conflicto armado y por tal razón, ahora Colombiacheck a partir de información pública de organizaciones como el Cicr, explica lo que define si hay o no un conflicto armado.

El artículo 8º de la Corte Penal Internacional dice: “Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”.

Según explicó el Comité Internacional de la Cruz Roja, el DIH reconoce dos tipos de conflictos, el Conflicto Armado Internacional (CAI) y el Conflicto Armado no Internacional (Cani), este último es el que ha vivido Colombia.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, que refiere la literatura recogida por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, la existencia de un conflicto armado se conoce por dos aspectos principales: la intensidad y la organización de las partes en conflicto.

La intensidad se basa en factores como el hecho de que el gobierno “tenga que recurrir a las fuerzas militares para combatir, la seriedad de los ataques, la existencia de enfrentamientos en el territorio y en el tiempo, la ocupación de territorio, la naturaleza de las armas empleadas y las consecuencias humanitarias”, señala la literatura del Tribunal Penal que atendió en conflicto en la antigua Yugoslavia.

Todas las anteriores características se cumplieron en Colombia: Estado combatió a través de las Fuerzas Militares a las Farc durante más de 50 años; las acciones violentas fueron frecuentes al igual que las operaciones militares y de Policía; las Farc alcanzó control territorial en algunas zonas del país y las consecuencias humanitarias son evidentes: muertos, heridos, desplazados y desaparecidos.

La otra característica, la organización de las partes en conflicto, también salta al vista. Que haya una estructura de mando, la autoridad para lanzar operaciones que involucren distintas unidades, la capacidad para reclutar y entrenar combatientes y la existencia de reglas internas, otras características que también cumplien tanto el Estado como las Farc.

Uno de los argumentos principales de José Obdulio Gaviria en su momento fue que las guerrillas ya no tenían ideales políticos porque incursionaron en el negocio del narcotráfico. Aunque esto es cierto y no queda ninguna duda, según la experiencia del Tribunal Penal para Yugoeslavia, los únicos dos criterios para definir si hay o no un conflicto armado son la intensidad y la organización: “El propósito de los grupos armados en su participación en los actos de violencia o la consecución de otros objetivos es irrelevante”.

Lo que vivió Colombia por más de 50 años con las Farc fue un conflicto armado no internacional. Las Farc y el Estado colombiano en varias ocasiones cometieron infracciones al DIH pero eso no cambia que las Farc sea un grupo armado organizado.

Las Farc, a la luz de la resolución de la ONU 1566 de 2004, han cometido actos terroristas, “cualquier acto destinado a matar o lesionar cuando su propósito sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización Internacional a realizar una acción o abstenerse de ella”, sin embargo, eso no les arrebata su estatus de grupo organizado que ya ha reconocido el Estado colombiano, la Unión Europea y el cual estudia desde hace un buen tiempo el Gobierno estadounidense.

Si tenemos en cuenta que lo que hubo en Colombia fue un conflicto armado no internacional es importante precisar que quienes señalan a las Farc como terroristas, no tienen sustento a la luz del DIH, para llamarlos como así.

Por ejemplo, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, el representante Álvaro Hernán Prada, el senador Daniel Cabrales, entre otros opositores al proceso de paz que confunden a la opinión pública al usar equivocadamente esta denominación a la luz del DIH.

Sin embargo, esta distinción es algo que el ciudadano común y corriente puede no comprender con facilidad y mucho menos, incorporar a su lenguaje, por eso es importante que tanto los medios de comunicación como los personajes del poder que orientan el discurso público, hagamos estas claridades.

 

 

Si se tiene en cuenta que a las Farc se les reconoció hace un buen tiempo como un grupo armado no solo es necesario llamarlos como son, sino también replantear otros términos mal usados: los secuestrados y los prisioneros de guerra.

¿Secuestrados o prisioneros de guerra?

Ninguna de las anteriores.

 

Las Farc siempre se ha empeñado en denominar a las personas que priva de la libertad como prisioneros de guerra, un ejemplo de ello lo dio Fernando Toloza, representante de Voces de Paz (el partido de las Farc) en el Congreso. Para el grupo armado los civiles y militares que ha tenido en su poder son prisioneros de guerra y de igual manera denomina a los integrantes de su organización que están en alguna cárcel de Colombia.

Sin embargo, a la luz del lenguaje del DIH es un grueso error hablar de prisioneros de guerra porque en Colombia no hay un conflicto armado internacional, en el cual sí pueden existir prisioneros de guerra.

En el DIH no existe la noción de secuestro que aparece en la legislación penal colombiana. El DIH no prohíbe a las partes en conflicto la detención de una persona por motivos de seguridad. No obstante, el DIH prohíbe la toma de rehenes que consiste en la privación de la libertad de una persona, haciendo amenazas de matar, herir o continuar la detención con el fin de compeler a un tercero a hacer o dejar de hacer algo.

Así y de manera más detallada lo establecen comentarios respecto a los convenios de Ginebra que en los artículos 652 al 662 refieren todo el tema humanitario en cuanto a los rehenes.

Un poco técnico y extenso el lenguaje pero relevante si se tiene en cuenta que en el DIH no aparece la categoría de secuestro a diferencia de la legislación colombiana.

Al respecto, la ley de amnistía, indultos y tratamientos especiales Ley 1820 de 2017 indica para efectos de amnistiar a miembros de las Farc (en el artículo 23º), que se consideran como delitos conexos a la rebelión, la aprehensión o muerte de combatientes en el desarrollo de operaciones militares de conformidad con el DIH.