El proceso electoral del pasado 29 de octubre transcurrió en el departamento del Caquetá en completa normalidad y, de entre 7 candidatos, el ganador a la Gobernación fue Luis Francisco Ruiz Aguilar, que fue avalado por el partido Cambio Radical y la Coalición Revive Caquetá, con 72.485 votos. En segundo lugar quedó James Edison Urrego, del Partido Alianza Social Independiente (ASI) con 61.654 votos.

En Florencia, la capital del departamento, se inscribieron 9 candidatos, y allí resultó elegido Marlon Monsalve Ascanio, avalado por el partido Nuevo Liberalismo y En Marcha, con 19.240 votos. La segunda votación fue para Jovanny Vásquez Gutiérrez, del Partido Alianza Verde, con 18.481 votos.

Al revisar lo reportado por estos cuatro políticos en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, encontramos que ni el gobernador ni el alcalde electo han registrado los ingresos de sus campañas. Hubo, en ambos casos, unos reportes iniciales que, sin embargo, fueron borrados. 

En el caso de las segundas votaciones para ambos cargos, encontramos que sí se han hecho reportes de ingresos y gastos de campaña y que ambas campañas fueron financiadas en su mayoría por recursos propios o familiares.

El Gobernador electo no ha reportado sus gastos de campaña

Ruiz Aguilar se inscribió inicialmente por un proceso en el que logró reunir más de 85.000 firmas a favor de su candidatura.

Sin embargo, esta se vio ensombrecida por los procesos que le siguen en la Procuraduría por presuntos sobrecostos en la ejecución de algunas obras cuando fue alcalde de Cartagena del Chairá (2015-2015). Así mismo, se pidió que fuera investigado  por denuncias penales y disciplinarias que hay en su contra en un caso de aparente contratación irregular.

A corte del 16 de noviembre, no se había subido a Cuentas Claras la información por parte del gobernador electo. No obstante, en los datos que habíamos observado en un reporte hecho inicialmente, arrojaba un total de ingresos de 432’778.480 y un total de gastos: 333’184.239 pesos, pero esa información fue desmontada de la página de Cuentas Claras.

Ruiz solamente tiene publicado el documento ‘Acuerdo reposición estatal de gastos’ donde le corresponde al Partido Cambio Radical el 50% y  Revive Caquetá 50%.

Inicialmente en la consulta que hicimos, el Gobernador electo tenía un reporte de Ingresos: 

1. Créditos y aportes propios por 432’778.480 pesos.
2. Gastos de administración: 65’882.914 pesos.

3. Inversiones en materiales y publicaciones: 87’528.300 pesos. 

4. Actos públicos: 39’596.300 pesos. 

5. Servicio de transporte y correo: 21’450.000

6. Propaganda electoral: 118’726.725 pesos.

En lo que se refiere a los financiadores, aparece únicamente él mismo en los aportes, con un crédito por 179 millones de pesos.

De tal manera que, al no estar el registro detallado de sus ingresos, no es posible analizar de dónde provinieron los recursos que financiaron la campaña del hoy gobernador electo del Caquetá, lo que sin duda es falta de transparencia.

James Edinson Urrego Carvajal: del bolsillo familiar

El informe entregado a Cuentas Claras por el segundo lugar, Urrego Carvajal, tiene un total de ingresos de campaña de 870,5 millones de pesos y una cifra idéntica de gastos.

Según lo reportado, fue una campaña financiada por él mismo, con aportes varios que suman 384 millones de pesos y por sus familiares. De ellos, el principal aportante fue su hermano, el exrepresentante a la Cámara conservador Luis Fernando Urrego Carvajal.

De hecho, Luis Fernando, al igual que James Edinson son los mayores contratistas del Caquetá, como lo verificamos en este chequeo de Colombiacheck, publicado en septiembre de 2019.

En ese entonces encontramos que James Urrego, candidato a la Gobernación del Caquetá, también en 2019, había obtenido  contratos por 15.296 millones de pesos, la mayoría de ellos con la electrificadora del Caquetá para proyectos de electrificación en diferentes municipios de ese departamento.

En total, esos aportes de familiares y de recursos propios fueron de 769,5 millones de pesos. De acuerdo con el documento, esos ingresos llegaron así:

1. Su hermano excongresista hizo 21 aportes de diferentes valores para un total de 350 millones.

2. Sus sobrinos Daniel Adolfo Medina Carvajal y Sebastián Andrés Medina Carvajal pusieron 10 millones cada uno.

4. Su prima María Lucero Carvajal Pérez le dio 5’500.000 pesos.

El dinero restante de la campaña de Urrego, llegó por cuenta de diez donaciones y contribuciones por un total de 101 millones de pesos y los aportantes fueron: 

1. Piedad Lorena Guayan Sánchez, quien aportó $24 millones es gerente de la inmobiliaria Seingo S.A.S. en Florencia. 

2. Paola  Stella Marquez Alfonso  quien aportó $21 millones aparece registrada con la representante legal de un negocio de caterin llamado La terraza de Pao.

3. Rodolfo Moreno Caicedo, quien donó $18.050.000, en tres aportes separados, es el representante legal de la empresa, Salud Seguridad Industrial Y Medio Ambiente Consultora Y Constructora S.a.s

4. Fernando Rojas Tovar, representante legal de la empresa Agrocomercial, hizo un donativo por $18 millones. 

5. Luz Stella Muñoz Narváez, socia accionista de la empresa Salud Seguridad Industrial y Medio Ambiente Consultora y Constructora S.A.S., donó 15 millones en tres aportes separados.

Los gastos que han sido reportados por la campaña suman un total de 747 millones de pesos y  al comparar el valor  en el  reporte del informe individual de ingresos y gastos de la campaña, estarían faltando aún 123,5 millones que no aparecen en otros gastos.

Cabe recordar que James Urrego estuvo involucrado en un escándalo de la campaña de 2019, cuando quedó en tercer lugar para la Gobernación con 10.268 votos. Esto dio lugar a la suspensión del entonces registrador delegado del Caquetá, Eduardo Noguera Dangond, por unas denuncias sobre posible favorecimiento a su candidatura, apoyada entonces por el uribismo, según detalló La Silla Vacía.

Alcalde electo de Florencia, sin reportes de financiación

Los reportes de la campaña de Monsalve también fueron borrados de Cuentas Claras. Solo  encontramos publicado, en el Acuerdo reposición estatal de gastos, un reporte del aporte hecho por  Agrupación Política En Marcha 40%  y  Partido Nuevo Liberalismo 50%.

En el reporte de ingresos y gastos que había diligenciado antes, un reporte de ingresos de $80 millones de pesos, en dos aportes, uno del bolsillo del candidato por $40 millones de pesos y otro de una persona identificada como Ana Julia Martínez Bejarano.

En lo que respecta a gastos, el reporte presentaba una cifra cercana a la de ingresos: 79’185.800 pesos. Esta se divide en actos públicos por 12’385.800 y propaganda electoral por 66’800.000 pesos.

Sin embargo, debido a que ya no existe la información en el aplicativo no podemos indagar en detalle por la financiación de la campaña del alcalde electo de Florencia, lo que denota una clara falta de transparencia.

Jovanny Vásquez, una campaña con donativos y préstamos

De otra parte, en relación con la información que ha reportado, Jovanny Vásquez Gutiérrez, quien obtuvo la segunda mayor votación, encontramos que en el aplicativo Cuentas Claras registra un total de ingresos por 190 millones de pesos y gastos por 165,2 millones.

Estos ingresos llegaron por tres vías diferentes, de acuerdo con lo establecido en Cuentas Claras: del bolsillo del candidato fueron $20 millones de pesos y dos aportes de sus hijos de $10 millones de pesos cada uno.

Vásquez recibió en contribuciones o donaciones otros $100 millones, de diez donantes diferentes, entre los cuales encontramos a Claudia Esperanza Campos Perdomo, quien era la esposa del líder comunitario y empresario, Juvenal Silva Manchola, quien fue asesinado por el Ejército en zona rural de Montañitas, Caquetá, el 27 de mayo de 2018, en medio de un operativo contra la disidencias de las Farc, en el que murieron otras 10 personas, entre ellos dos menores de edad.

El nombre de Campos Perdomo, quien donó 20 millones de pesos a la campaña de Vásquez Gutiérrez, aparece en el Auto A900-22 de la Corte Constitucional que dirime un conflicto de competencias entre la Fiscalía 115 especializada de la Dirección Nacional Especializada de Violaciones de Derechos Humanos y el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar y  por el caso relatado. El auto resuelve que en efecto es la Fiscalía especializada la autoridad competente para llevar a cabo la investigación de este caso.

En dicho auto, se recoge la versión de la Fiscalía que menciona entre otras cosas: En cuanto a la afectación de civiles en la operación militar, la Fiscalía indicó que “dentro del expediente está establecido las calidades personales, familiares, laborales y de todo orden que rodeaban al señor JUVENAL SILVA MANCHOLA, que debieron ser de conocimiento de la tropa previo al ataque, quien era un ciudadano destacado y de bien en este lugar, comerciante, líder, dueño de una pequeña bomba de gasolina de Terpel, así mismo de un establecimiento de comercio y dueño de una camioneta reconocida en la región como de su propiedad en la cual realizó el día de los hechos que habían elecciones populares servicio de transporte a los sufragantes durante todo el día, así mismo de José Yeferson Monroy, circunstancias que debían estar observando en el estudio de inteligencia previamente realizado por parte de los miembros de las fuerzas militares que protagonizaron estos hechos, situación que se puede corroborar”[6].

"Específicamente hizo alusión a las declaraciones de Héctor Alfonso Alcalá (amigo de Juvenal Silva)[7], Claudia Esperanza Campos Perdomo (esposa de Juvenal Silva)[8], Eduar Monroy Trilleras (hermano de José Yeferson Monroy)[9], Ludivia Galinde Jiménez (presidenta de la Junta de acción comunal de la vereda Miramar)[10], Héctor Toledo Llanos (miembro de la Asociación de Derechos Humanos del caserío Miramar del Caquetá)[11] y Edgar Monroy Valderrama (padre de José Yeferson Monroy)[12]”.

Por último, al revisar los gastos de esta campaña encontramos que estos fueron de 158’987.624 pesos y, al compararlos con los ingresos registrados, faltarían por reportar 6’275.783.

Así que es claro que en los cuatro casos analizados en Caquetá y Florencia encontramos falta de transparencia porque ninguno de los reportes es claro ni está completo, y porque en dos casos ni siquiera hay reporte.