Abortar en Colombia es un derecho difícil de ejercer. Aunque, como lo contamos en otro explicador, hace 14 años la Corte Constitucional lo despenalizó en tres casos [que recordaremos un poco más adelante], hay todo tipo de barreras para acceder a este servicio de salud: desconocimiento e incumplimiento legal por parte de las instituciones prestadoras de salud y de las EPS, demoras en los trámites, falta de conocimiento por parte de las personas gestantes, y una enorme lista de barreras culturales y económicas. 

En medio de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, este panorama no ha mejorado. Diversas organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos han denunciado en todo el mundo el surgimiento de nuevas barreras y la profundización de las conocidas para acceder al aborto seguro.

En palabras de Carolina Triviño, abogada de casos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo que defiende el aborto legal, “hemos evidenciado tres principales. Las EPS y las IPS se están excusando en la priorización de las atenciones relacionadas con el COVID-19 para no atender las solicitudes de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Por la virtualidad de los trámites, no todas las mujeres pueden acceder a los canales para solicitarla porque muchas no tienen herramientas para enviar correos o simplemente llamar. Y las EPS no están garantizando los traslados a las mujeres que lo requieren y se escudan en la falta de transporte público y en que el uso de las ambulancias es exclusivo para casos de COVID-19”. 

Además, se están presentado complicaciones adicionales para las personas gestantes a las que estructuralmente se les han vulnerado sus derechos. Por ejemplo, se han reportado casos de negación del procedimiento a las mujeres venezolanas con base en su situación migratoria, de negación de la información a niñas y adolescentes, y de mujeres que, aunque conocen las rutas, no pueden ejercer su derecho porque están a cargo del cuidado de sus hijos. 

“Nos hemos enterado de que existen comunidades indígenas que tienen protocolos según los cuales cuando una mujer solicita el procedimiento, la entidad le informa a la comunidad para que autorice. No ocurre en todas partes, pero sí en el Cauca, por ejemplo”, explica Diana Rodríguez, delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo. 

Los efectos de las barreras no son menores por estos días. De acuerdo con una estimación del Instituto Guttmacher, solo con la disminución del 10 por ciento de los abortos seguros en países de medianos y bajos ingresos por la emergencia del COVID-19, “veríamos tres millones adicionales de abortos inseguros y 1.000 muertes maternas adicionales debido a abortos inseguros”. 

Por estas razones, elaboramos una guía general con preguntas y respuestas, las rutas y algunas de las organizaciones que brindan apoyo e información confiable tanto para acceder a este servicio de salud de forma segura, como para superar las barreras que ya hemos explicado. 

¿Se puede abortar de forma segura y legal en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19?

Sí. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es considerada una urgencia, entonces no se puede negar o dilatar con excusas relacionadas con la mitigación de la pandemia. De hecho, el 24 de abril el Ministerio de Salud publicó un comunicado con el que aclara que las instituciones prestadoras de salud tienen que continuar con la atención relacionada con la salud sexual y reproductiva. Este lineamiento incluye la asesoría y suministro de métodos anticonceptivos y las IVE que se incluyan dentro de las tres circunstancias despenalizadas por la Corte Constitucional.

¿Cuáles son esas circunstancias? 

Las explicamos en otro artículo, pero no sobra recordarlas. De acuerdo con la Corte Constitucional, hay tres causales en las que el aborto no se puede penalizar, y no solo durante la emergencia sanitaria. Para cada una de estas causales se exige un requisito específico, solo uno. Y la mujer es quien determina por qué circunstancia quiere solicitar el aborto, aunque las entidades prestadoras de salud están en la obligación de brindar orientación para la toma de decisiones informadas.  

1) Cuando el embarazo implica peligro para la vida o la salud de la mujer. 

Es importante tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, el concepto salud no se refiere a la ausencia de enfermedad, sino al bienestar completo en sus dimensiones mental, física, social y económica. Esto quiere decir, como explica Laura Vásquez Roa, activista de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que “en teoría todas las mujeres y cuerpos gestantes podríamos abortar bajo la causal salud porque, por ejemplo, un embarazo no planeado genera angustia, ansiedad y afecta el proyecto de vida”.

El único requisito que se puede exigir es la certificación de un médico o un psicólogo. Puede ser expedido por un médico general o un especialista.“Incluso si no existe certificación particular, esta se puede derivar de las valoraciones de la historia médica”, explica Triviño.  

2) Malformaciones del feto incompatibles con la vida.

Esta no se refiere a cualquier malformación, sino aquellas que producen que el feto no sobreviva después del parto. Y, según Triviño, el único requisito que se debe presentar es la certificación de un médico (general o especialista) de que existe la malformación.

3) Acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, o incesto.

Solo se debe presentar la copia de la denuncia. No se puede exigir ni la sentencia, ni una valoración médica. Y hay excepciones: las niñas menores de 14 años y aquellas que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado no deben presentar ningún requisito.

Si se exige un requisito adicional en cualquier de las tres circunstancias, se considera que la entidad o el personal de salud está generando una barrera.

Además, hay que aclarar que las menores de edad no necesitan permiso de sus padres o tutores para solicitar el aborto legal. En palabras de Érika Saldarriaga González, médica general e integrante de la Red de Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Rhuda, “la decisión de las niña o adolescentes prevalece por encima de la de cualquier persona. No se pueden exigir permisos, autorizaciones, firmas o consentimientos informados de los padres o tutores. Hacerlo constituye una violación  a la intimidad”.

¿A quién se puede acudir para acceder a un aborto seguro? 

Como nos explicó Laura Vásquez, existen tres rutas principales: 

1) A través de la red hospitalaria a nivel nacional:

Las personas gestantes que cuentan con un seguro médico (sin importar si son del régimen contributivo o subsidiado) deben solicitar una cita médica en la EPS o acudir a urgencias. Esta última alternativa es la más recomendable en caso de que no se cuente con seguro médico (como le ocurre a muchas mujeres venezolanas) o cuando el seguro no asigne citas médicas escudándose en la emergencia por el COVID-19. Y la respuesta a la solicitud de aborto legal se puede demorar máximo cinco días sin importar la emergencia sanitaria. 

De hecho, de acuerdo con el Decreto 538, emitido por el Gobierno para dar instrucciones al sector salud para el manejo de la pandemia, aunque durante de la emergencia sanitaria el cotizante haya dejado de pagar los aportes al seguro médico, podrá seguir contando con sus servicios.

Además, como aclara la abogada Triviño, “las migrantes también deben recibir atención porque tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud han definido que los servicios de salud relacionados con el embarazo, incluida la IVE se deben atender de manera urgente y prioritaria”. Entonces, no es legal tener en cuenta el estatus migratorio para garantizar el ejercicio de este derecho. 

En caso de que por la edad gestacional avanzada, se requiera un traslado a otra ciudad para acceder a servicios médicos de mayor complejidad, la EPS debe asumir los gastos. En palabras sencillas, “es como si fueran a operar a alguien del corazón y lo tuvieran que remitir, la EPS tendría que darlo”, dice Vásquez. 

Es importante tener en cuenta que el hospital o la clínica no puede negarse a practicar el aborto argumentando objeción de conciencia. La razón: Colombia no existe la objeción de conciencia institucional. “La Corte Constitucional ha dicho que la objeción de conciencia tiene que ver con las valoraciones éticas y morales que particularmente un individuo tiene, que son sus profundas convicciones, por lo que solamente se pueden presentar por una persona natural y no una persona jurídica”, dice resume Triviño. 

Y el derecho a objetar conciencia está reglamentado. Solo la puede hacer el médico que directamente va a realizar el procedimiento; no la puede hacer ni la enfermera, ni el anestesiólogo, ni  el juez, ni el fiscal. Y para ejercerla se requiere que el médico haya haya comunicado la objeción por escrito en el momento en que se vinculó al hospital o la clínica. Pero todas las IPS deben tener médicos que realicen la IVE.

2) Por medio de instituciones prestadoras de salud especializadas. 

Dado que tienen experiencia en el tema y trabajan para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos, en estas instituciones se presentan menos barreras y revictimización. Sus servicios son pagos, pero algunas tienen tarifas diferenciales y ofrecen subsidios para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Algunas tienen convenios con las EPS, lo cual reduce significativamente el costo de los servicios. Todas continúan garantizando el derecho en la emergencia sanitaria. 

Las que recomiendan las fuentes y organizaciones que consultamos son Oriéntame, que tiene sedes en Bogotá, Risaralda, Barranquilla, Medellín y Cúcuta, y habilitó una sede virtual que ofrece el servicio de telemedicina (consiste en dan instrucciones y acompañamiento para hacer un aborto en casa) para acceder al aborto con medicamentos en cualquier lugar hasta la semana nueve de embarazo. Se puede solicitar la cita por chat o llamada. 

 

 

 

 

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Garantizar el acceso a un #AbortoLegal y seguro con medicamentos con acompañamiento médico de forma remota evita que las mujeres vuelvan a recurrir a métodos inseguros que ponen en riesgo su vida. #14añosDeAbortoLegalEnColombia

Una publicación compartida de #OriéntameEnLaU (@fundacion.orientame) el 11 May, 2020 a las 8:20 PDT

Otra institución que presta el servicio a través de telemedicina es Profamilia, que tiene 14 sedes en todo el país. Y específicamente en Cali, las fuentes que asesoran a las mujeres en el proceso de la IVE  nos recomendaron a la Fundación Sí Mujer, que ha recibido reconocimientos del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca por el trabajo que desarrolla a favor de la salud de las mujeres.

3) A través de redes de acompañamiento.

Además de las rutas institucionales, en Latinoamérica existen algunas redes de mujeres, que cuentan con asesoría seria y voluntarias profesionales, que acompañan el aborto con medicamentos en casa [hay que decir que esta alternativa es para embarazos poco avanzados y que requiere de acompañamiento serio]. 

La única que referiremos, debido a que fue recomendada por casi todas las organizaciones de mujeres que consultamos en varias zonas del país, es Las Parceras, Línea y Red Feminista de Acompañamiento en Aborto, grupo que está afiliado a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

#ComunicadoOficial Aquí encuentran toda la información de contacto con #LasParceras, agradecemos difundir, ya que nos permite seguir acompañando a las mujeres de manera segura y evitar que personas inescrupulosas pongan en riesgo a las mujeres. #AbortoLibre pic.twitter.com/Hid0fr8Sz1

— Las Parceras (@LasParcerasCol) June 5, 2019

¿Pero es seguro abortar con medicamentos en casa? Como explica la doctora Saldarriaga, “el aborto con medicamentos es una alternativa segura. Incluso en el protocolo de aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan. Pero hay que tener en cuenta que debe ser un aborto asesorado. La asesoría médica es fundamental para saber que es el medicamento correcto, que es con la regularidad indicada y que hay una atención a los signos de alarma”. 

Además es importante aclarar que este método solo se emplea para embarazos tempranos y para persona con condiciones clínicas específicas. Por eso, la médica reitera la importancia de recibir acompañamiento. 
En ese sentido, todas las fuentes que consultamos no recomiendan adquirir los medicamentos por internet o en cualquier farmacia. “No compren a través de grupos, de personas que no conocen. Hemos encontrado que venden dosis erradas o medicamentos falsos. Acudan a las rutas”, recomienda Vásquez. 

¿Quiénes puede ayudar a superar las barreras?

En caso de que se presenten dilaciones o de que se requiera orientación, información o apoyo, existen dos principales asesores a los que se puede acudir a nivel nacional y de forma gratuita para exigir a las instituciones que cumplan con sus obligaciones. 

La Defensoría del Pueblo: La labor de este órgano estatal consiste en promover, proteger, defender y divulgar el ejercicio de los derechos humanos. Como explica su delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, “cuando conocemos el caso, evaluamos el apoyo que se requiere e iniciamos las acciones de incidencia frente a las entidades prestadoras de salud. Si se requieren acciones de tutela, asignamos un representante judicial. También nos articulamos con organizaciones que trabajan el tema específicamente”. 

El medio más efectivo para comunicarse con esta entidad en medio del confinamiento es el correo electrónico delegadagenero@defensoria.gov.co. La Defensoría del Pueblo está en 32 regionales del país.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres: El principal canal de comunicación para solicitar asesoría de este colectivo feminista es el celular 320 273 3179. 

Como explica su abogada de casos, “lo que hacemos primero es brindar información y asesoría sobre la interrupción voluntaria del embarazo y las rutas de atención. Pero si hay barreras, hacemos el acompañamiento legal. Activamos la ruta administrativa, nos ponemos en contacto con las entidades competentes o también realizamos documentos que activen esa ruta como solicitudes de atención. Dependiendo del caso, también apoyamos en la elaboración de las acciones judiciales”. 

Además, identificamos varias organizaciones y colectivos de mujeres que, desde las regiones, dan información confiable y gratuita, y acompañan y abrazan el proceso sin revictimizar a las personas gestantes. Todas responden con celeridad a través de sus redes sociales. 

1) Montería, Córdoba: Poder Mestizo

Este colectivo de mujeres tiene, entre muchos ejes de trabajo, el proyecto Un Derecho Sin Barreras, que busca hacer pedagogía sobre la IVE y la sentencia C-355. Realizan círculos de formación para socializar el acceso a este derecho en Córdoba y Sucre. “Acompañamos a las personas para que conozcan la ruta más adecuada y segura”, dice Yuliana Montes, coordinadora del proyecto. 

Se pueden comunicar con ellas a través del correo podermestizo@gmail.com o a través de la cuenta de Instagram de Caribeñxs, un laboratorio de artes feministas que nació de una propuesta de Poder Mestizo.

2) Provincia de Sugamuxi, Boyacá: Red Defemsoras

Brindan orientación psicojurídica, hacen acompañamiento social y tratan de incidir frente a las instituciones prestadoras de salud para que garanticen el derecho al aborto. Se puede conversar con ellas llamando o escribiendo por WhatsApp al número 322 3698403 o a través de sus cuentas de Facebook e Instagram.

3) Neiva, Huila: Rhuda

La Red Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, según Érika Saldarriaga, integrante del grupo, “es una articulación regional de activistas conformada por trabajadoras sociales, psicólogas, médicas, psicólogas, profesoras, politólogas y otras profesionales que procuran brindar un acompañamiento integral a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo”. 

Su apoyo consiste en guiar a las personas gestantes en las rutas de atención: averiguan en qué institución conviene solicitar el servicio de acuerdo con la EPS y hacen acompañamiento psicológico. “Lo más importante es que abrimos un espacio de diálogo abierto para que las mujeres puedan conocer las múltiples posibilidades que tienen”, agrega Saldarriaga. 

La forma más sencilla de contactarlas es a través de sus cuentas de Instagram y Facebook. 
 

4) Cali, Valle del Cauca: Kuna Luna Unidiversidad Libertaria

Esta plataforma pedagógica y artístico cultura brinda apoyo también de carácter informativo. Su integrantes indican la ruta más adecuada de acuerdo a la EPS, y a las mujeres que por diversas razones no quieren asistir a un hospital las ponen en contacto con otras colectivas y redes de acompañamiento en casa. Su número de contacto es 320 686 9555. 

5) Armenia, Quindío: Yukasa

Esta casa feminista trabaja por el acceso a derechos y las diversidades sexuales a través de arte e incidencia política. Han recibido acompañamiento de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Al contactarlas por sus redes sociales (Facebook e Instagram), se puede acceder a información sobre las rutas más adecuadas para la IVE en el Quindío y Risaralda. También brindan apoyo emocional y, en caso de que se presentan obstáculos para el acceso al aborto, remiten a los organismos estatales que deben exigir el ejercicio de este derecho o a redes de acompañamiento.