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Viernes, 28 Octubre 2016

Estos son los municipios más afectados por el conflicto

Por Miriam Forero

Colombiacheck pone a disposición de su audiencia una herramienta que visualiza los datos de víctimas que se han registrado como tales, en cada uno de los 1.102 municipios del país por cada uno de los doce tipos de delito que maneja el Registro Único de Víctimas.

Las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia desde 1985 superan el número de habitantes de Antioquia e igualan al de Bogotá. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, el conteo, a septiembre de 2016, llega a 7.936.566 personas afectadas por la violencia guerrillera o paramilitar de los últimos 31 años.

Si se suman las víctimas de la delincuencia organizada -es decir, las llamadas Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO), que no se consideran parte del conflicto, pero que también generan mucha victimización con sus acciones-, la cifra llega a 8.2 millones.

En su segunda entrega de datos abiertos, Colombiacheck depuró, organizó y analizó la información del Registro Único de Víctimas, para elaborar un mapa* en el que los usuarios pueden ver cuántas víctimas produjo cada suceso -secuestros, desplazamientos, homicidios, desapariciones, agresiones sexuales, etc.- en cada municipio del país, entre 1985 y 2016.

De este modo, los datos muestran que los municipios con más personas afectadas por cada tipo de acción dentro del conflicto están en Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Arauca y Nariño. El siguiente gráfico muestra los rankings de los cinco municipios con mayor número de personas afectadas, según cada delito:

 

 

De 12 delitos que reconoce la ley como formas de victimización, Medellín (Antioquia) se encuentra en nueve escalafones. Policarpa (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) aparecen en cuatro de esos rankings de hechos victimizantes.

En el ámbito nacional, el desplazamiento es el delito que más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados. Le siguen el homicidio, que ha generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados; y la amenaza, por la cual se han registrado 321.505 víctimas.

Los datos muestran un repunte en el año 2000, en plena negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, en lo que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. El número de víctimas por hechos ocurridos ese año llegó a 613.000, cifra que duplicó la del año anterior. Los afectados continuaron aumentando hasta el pico máximo, que se dio en 2002, cuando los flagelados por el conflicto fueron 834.000. Sólo hasta 2009 empezó un descenso, con promedios de 200.000 afectados por el conflicto cada año y en 2015 los registrados bajaron hasta las 150.000 víctimas.

Por el contrario, las víctimas de bandas criminales han ido aumentando considerablemente desde 2010, momento en el que llegaron a ser 35.000, y en esa cifra se mantuvo el reporte del año pasado.

Para ver el detalle de cada municipio, los invitamos a navegar el siguiente mapa:

Nota: el mapa incluye tanto a víctimas del conflicto armado como a las de Bacrim. Por razones técnicas, las víctimas de sucesos ocurridos antes de 1985 quedaron registradas con fecha 1984.

¿Cómo se construye la base de datos?

El registro que maneja la Unidad para las Víctimas, con el fin de reunir la información de quienes han sido víctimas del conflicto y de las bandas criminales, surgió en 2012 con la Ley 1448 del año anterior, la misma por la que se creó la Unidad.

El primer insumo fue el Sipod, el Sistema de Información de Población Desplazada, que hasta aquel momento manejaba Acción Social y que se alimentaba por un mecanismo menos completo que el actual. Hoy en día, la ley incluye 12 tipos de delito por los que las víctimas del conflicto pueden solicitar atención y reparación.

Para esto, deben dirigirse al ministerio público de su zona -personerías y defensorías del pueblo- donde hay funcionarios capacitados por la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de los afectados y diligenciar los formularios correspondientes, sea en formato físico o digital.

Luego empieza un proceso de validación de la información que según le explicaron a Colombiacheck, Nelly Moreno y Juan Carlos Ricaurte de la oficina de planeación de la Unidad de Víctimas, involucra alrededor de 33 cruces con más de 400 bases de datos de distinta índole para confirmar aspectos como número de identificación, nombre, ubicación, fechas, tipo de eventos declarados, etc.

Según el resultado de esta verificación la persona puede ser incluida o no en el Registro de Víctimas y debe ser informada máximo 60 días después de su solicitud. Pero, de acuerdo con lo que narra Moreno, hay casos en los que las defensorías prefieren acumular varias solicitudes para después hacerlas llegar a la Unidad; esto hace que el proceso de verificación empiece tarde y por ende se retrase la respuesta.

De hecho, una de esas resoluciones negativas casi lleva a la cárcel a la anterior directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por una tutela que interpuso la persona que se declaró víctima de desplazamiento.

Existe, además, una depuración de los datos agrupados, en la que se diferencian las personas que pueden recibir atención y reparación -en la actualidad, 6.277.107 por el conflicto y 224.108 por las Bacrim-, de las que no porque están desaparecidas, fallecieron o han sido imposibles de localizar por inconsistencias en la información reportada.

En el sitio web del Registro Único de Víctimas se puede consultar la información consolidada, que se actualiza cada mes. Estos datos son la base del trabajo que realizan las 51 entidades -32 de ellas públicas- que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, donde éstas reciben atención inmediata, prevención, asistencia humanitaria y reparación.

“Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima”, reportó Semana, según lo que halló en un informe de la Universidad de Harvard que evaluó el programa. La auditoría encontró también retos enormes en términos de los esfuerzos que tendrá que hacer el país para lograr atender y reparar a todas las víctimas que pretende cobijar.

Descargue aquí las cifras actualizadas de víctimas del conflicto.


*Procesamiento de datos y mapa: Esteban Ponce de León

Sábado, 12 Agosto 2017

Comadreando se resiste la violencia en Buenaventura

Por Tatiana Navarrete

Paso a paso y sin hacer mucha bulla, las mujeres del puerto han creado una red de confianza para desenterrar las violencias que pasan inadvertidas a los ojos de las autoridades.

Son las nueve de la mañana y el calor húmedo se hace cada vez más intenso en el puerto de Buenaventura. Faltan dos horas para el estreno de la obra de teatro de la ‘Red Mariposas’ y las comadres no paran de reír. Cada carcajada es más fuerte que la otra.

“Mija, déjate de risas que tú tienes el papel de la violada”, grita la mujer que está a cargo del ensayo. Pero las risas continúan.

La dramatización de una violación por parte de hombres de un grupo armado será la excusa para explicar la ruta de atención. La pieza teatral resume lo que las denunciantes viven en Buenaventura: amenazas de las bandas, vecinos que culpan a la víctima –por cómo estaba vestida– y funcionarios que desacreditan las denuncias.

Aunque todas han vivido la violencia en carne propia, es la primera vez que actúan y están nerviosas. Los diálogos se les olvidan y las risas se les escapan. Esa misma risa que se ha convertido en su terapia.

“Aunque esto es pan de cada día en Buenaventura, ustedes saben que cuentan con ‘las Mariposas’. Acuérdense que no están pidiendo favores, están reclamando sus derechos”, concluye la narradora de la obra ante un auditorio de por lo menos 30 mujeres.

La obra es solo una más de las decenas de actividades que la ‘Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro’ se ha ingeniado para extenderse con cautela por Buenaventura. En algunos barrios se han hecho famosas por sus comadreos, como le llaman a las reuniones de mujeres.

En estos ‘las Mariposas’ buscan a jovenes y adultas para contarles qué es el autocuidado, cómo hacerse un examen de seno y cómo usar las plantas medicinales para tratar enfermedades. Pero cuando van ganando confianza comienzan a hablar de la violencia física, psicológica y económica que se vive en el Puerto. Asesoran sobre las rutas legales y les prestan apoyo psico-espirtual a quienes hayan sido maltratadas.

Los comadreos son además un intento por destruir la falsa creencia que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la ligera, no en Buenaventura.

Pues cada paso tiene que ser analizado con detalle, porque no a todos los jefes de las bandas les gusta su trabajo y hay barrios a los que les han impedido la entrada. “Las cosas están prendidas bajo el agua y acá todo el mundo tiene su padrino, sino es de un grupo, es de la Policía”, cuenta a VerdadAbierta.com una mujer que ha trabajado activamente durante diez años en los barrios del puerto. “Yo creo que, si nos visibilizáramos mucho, no existiríamos”.

Y es que Buenaventura no ha sentido la calma de un proceso de paz que se implementa con las Farc, ni los diálogos que lentamente avanzan con el ELN. En el puerto mandan las bandas que nacieron luego de una fallida desmovilización paramilitar: ‘La empresa’ y ‘El Clan del Golfo’ (también llamados ‘Gaitanistas’ o ‘Urabeños’) se dividen los barrios.

“En ese momento el territorio le pertenece a los paramilitares. A los que no permiten hacer reuniones sin autorización, a los que no dejan entrar a los barrios a ciertas horas. Es que si una persona es desconocida la desaparecen”, explicó la líder.

A esto se suman las decenas de desplazados que siguen llegando desde la zona rural de Buenaventura y del vecino departamento del Chocó, donde el ELN y los ‘Gaitanistas’ se enfrentan para quedarse con los territorios que han dejado las Farc. (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A finales de 2016 se organizó un torneo de futbol entre los grupos, o los ‘del cuento’ –como los llaman todos en Buenaventura–, donde se rumora que las bandas pactaron el desmonte de algunas fronteras invisibles. Desde otras regiones estaban llegando nuevos miembros a las bandas y, como no conocían los barrios, muchos fueron asesinados por equivocarse de cuadra.

Sin embargo, esta tregua no tuvo un efecto sobre los maltratos que a diario viven las mujeres.

Armas que controlan las vidas y los cuerpos

Para develar dichas violencias, entre octubre y noviembre de 2016 la red ‘Mariposas’ aplicó una encuesta, en conjunto con la Casa de la Mujer. Los resultados, que aún no son públicos, son desoladores.

“Al comienzo todas nos decían: ‘No, a mí nunca me ha pasado nada’”, recuerda una de las encuestadoras, “pero cuando se daban cuenta de que nosotras también sabemos lo que es vivir con miedo, que también nos han matado a nuestros hijos y esposos, que también nos han golpeado, ahí nos hicimos comadres”.

Todo comienza cuando son menores. En algunos colegios del puerto se han descubierto redes de prostitución. Donde los mismos niños son contratados como proxenetas, “son pelados de 12 años que les dicen “necesitamos unas niñas así y así”, entonces comienzan con gastarles en el recreo e invitarlas a cine”, explica otra de las encuestadoras. “Son niñas, pero también niños, a los que convencen con un nuevo celular o con un pantalón de tal marca”. El dinero recolectado va directo a las arcas de las bandas.

Otra situación viven las mujeres –sobretodo menores– que son “elegidas” por el jefe ‘del cuento’. Este es uno de los mayores temores de las madres, pues como si se tratara de un supermercado, el delincuente escoge a una mujer para obligarla a ser su pareja. “Es como si esa niña le perteneciera, entonces las tienen vigiladas”, cuenta una líder de Buenaventura que en su adolescencia vivió esa tragedia. “Me tuve que encerrar casi un año en mi casa, porque el señor no me permitía ni salir del barrio, incluso si iba con mi mamá. Me salvé solo porque lo mataron”, detalla.

Hoy estas mujeres tienen ‘campaneros’ que las persiguen y mantienen a los jefes ‘del cuento’ al tanto de sus movimientos, lo que hace imposible que ellas se acerquen a la Fiscalía a poner cualquier tipo de denuncia. “Solo pueden ir del colegio a la casa y de la casa al colegio”, relata una líder comunal.

Las parejas de los jefes de las bandas –sean obligadas o no– sufren todo tipo de violencia que no se denuncia. ‘Las Mariposas’ encontraron casos aterradores: una mujer a la que su esposo le quemó el pecho por usar escote, otra a la que su marido agarró del pelo y arrastró por todo el barrio, unas que han sido obligadas a realizarse operaciones estéticas en contra de su voluntad y varias mujeres que deben a pagarle la mitad del sueldo a su pareja.

“Hay un control real de la vida y de los cuerpos de las mujeres”, concluye una de las líderes de la Red Mariposas, “pueden planificar solo cuando les digan. Si quedan en embarazo sin autorización, las obligan a abortar”. Hay casos también de menores teniendo varios hijos, porque su novio “no sabe cuánto va a durar y quiere que lo recuerden”.

Cansadas de esta situación, decenas de adolescentes han tenido que salir de Buenaventura hacia Cali o Bogotá. Incluso algunas han huido a otros países como Chile o Ecuador. Sin embargo, varias han muerto asesinadas antes de lograr su huida. Es tal el peligro para ellas, que la casa de acogida que la ‘red Mariposas’ creó para ayudarlas, ni siquiera tiene letreros y pocos conocen su dirección.

Los resultados de esta encuesta son entonces una herramienta para contrarrestar la versión de algunas autoridades, como la Fiscalía, que ha dicho que la violencia contra las mujeres es sobretodo intrafamiliar.

“Este ejercicio nos mostró que las cosas no son tan simples. Que la violencia cometida por grupos no es denunciada, que a veces los mismos familiares son del grupo o son protegidos por los grupos”, dice una de las coordinadoras de la Red. Sus resultados serán presentados el 12 de septiembre en la Mesa Intersectorial de violencia contra las mujeres, integrada por autoridades locales y nacionales.

La violencia que sigue silenciada

Si en el casco urbano llueve, en la zona rural no descampa. La diferencia es que en algunas comunidades la verdad está más enterrada. “Falta mucho por trabajar. A las mujeres de mi resguardo, por lo menos, los maridos no las dejan salir porque dicen que la mujer se va a la ciudad a prostituirse y coger otros vicios, a muchas les prohíben salir, pero algunas desobedecemos”, cuenta una de las pocas mujeres indígenas que hace parte de la red.

Esta líder de su resguardo se ha atrevido a hablar en público sobre relaciones sexuales, algo que no está bien visto; ha cuestionado los matrimonios de niñas de 10 y 12 años y ha llamado por su nombre lo que denominan una “borrachera”, una violación que ocurre cuando las mujeres que han tomado alcohol están inconscientes. “Los maridos me dicen que quiero destruir las familias, pero las mujeres me escuchan”.

Por eso, la red está haciendo todo lo posible por seguir extendiéndose a la zona rural. Durante más de un año conversaron con varios resguardos para que permitieran la capacitación de quince mujeres indígenas que puedan convertirse también en líderes de su comunidad.

La situación más compleja la viven en este momento los pueblos ribereños del San Juan en zona rural de Buenaventura y en el sur del Chocó. Las comunidades indígenas y afro que allí habitan han sido testigos de la expansión de los ‘Gaitanistas’ y las disputas con el ELN por tener el control de los territorios como lo ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en sus informes del Sistema de Alertas Tempranas: hay comunidades confinadas por la instalación de minas antipersonales, menores vulnerables al reclutamiento forzado y desplazamientos masivos por miedo. (Ver: Informe del SAT)

De acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, entre 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 21.000 personas desplazadas en el Valle del Cauca y Chocó.

En algunas comunidades el desplazamiento ha sido masivo. Así sucedió en el Consejo Comunitario de Cabecera, de la zona rural de Buenaventura, cuyos habitantes salieron al casco urbano del puerto después de que el ELN entrara a la vecina comunidad de Carrá y asesinara a cinco jóvenes de una misma familia el pasado 25 de marzo.

Las 38 familias de la comunidad llevan cuatro meses viviendo en el coliseo de Buenaventura esperando que las cosas se calmen para poder retornar. En toda la mitad del coliseo, casi detrás de la cesta de baloncesto, está pegado un mapa que dibujaron de su pueblo, en compañía de varias organizaciones gubernamentales. Justo en la orilla del río San Juan dibujaron un aviso que dicen “ruta para violencia sexual”.

“Es que ese río se volvió la maldad, por ahí nos llegaron todos los males”, dice una de las mujeres del Consejo Comunitario mientras mira el mapa. Prefiere no dar detalles: “Nosotras nos cuidamos mucho entre todas, pero esa gente llegó haciendo de todo”.

Aunque es difícil aún medir el impacto de esta violencia, los primeros hallazgos confirman que las mujeres siguen siendo usadas como ‘botín de guerra’. “Allá había una muchacha que se ennovió con alguien de los paramilitares y la obligaron a salir, luego mataron a otras que eran novias de los guerrilleros. Eso pasa por igual si es con el ELN, con los paramilitares o con el Ejército”, dijo una de las líderes de Cabecera a VerdadAbierta.com

El más reciente informe de Human Rights Watch, encontró el caso de niñas de 12 años que han sido presionadas para convertirse en las parejas de los ‘Gaitanistas’. (Ver informe)

Este es el escenario al que se enfrentan las líderes sociales que a diario luchan en contra de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este contexto viven y no están dispuestas a detenerse. Como lo resume una de las coordinadoras: “Acá pasan tantas cosas, pero nosotras, sin hacer mucha bulla, seguiremos extendiendo nuestras alas de Mariposa”.

* Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en Verdad Abierta.
***Los nombres de las personas y de los barrios no han sido revelados para no exponer a las ‘Las Mariposas’, ni a las víctimas que decidieron hacer pública su historia.