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Jueves, 23 Julio 2020

Explicador: ¿qué es la renta básica?

Por Adolfo Ochoa Moyano

El presidente Iván Duque y la senadora Aída Avella emplearon este término para describir los subsidios que reciben los colombianos, pero ¿en qué consiste y existe en Colombia?

Este lunes 20 de julio, durante la instalación de las nuevas sesiones del Congreso, el presidente Iván Duque y la senadora opositora Aída Avella hicieron referencia al término "renta básica". Duque hizo referencia a las ayudas estatales que se están entregando por la pandemia, mientras que Avella anunció que, junto a un grupo de congresistas, presentaría un proyecto de ley para que se amplíe la población que recibe beneficios económicos.
 
En su discurso, Duque dijo: “creamos Ingreso Solidario, una renta básica con la que estamos protegiendo a 3 millones de familias en situación de pobreza, que no recibían ningún alivio por parte del Estado”.
 
Por su parte, Avella replicó: “los mercados repartidos fueron insuficientes y nunca remplazarán la renta básica que exigimos los parlamentarios de nueve partidos, entre ellos toda la oposición. No es posible que un Gobierno no entienda que esa es una forma de reactivar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables, desempleados y a quienes perdieron sus empresas, sus inversiones y la capacidad de compra al quedarse sin ingresos y sin empleo”.
 
Pero ninguno de los dos acertó del todo en el significado de la renta básica.
 
¿Qué es la renta básica?
 
Según la definición de la asociación internacional Red Renta Básica, es “un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”.
 
Los programas sociales como Familias en Acción, Programa Adulto Mayor y Jóvenes en Acción son para una población específica. Se usan bases de datos del Sisbén para determinar quiénes pueden recibir el giro. En un modelo de renta básica cualquier ciudadano es susceptible de ser beneficiado, ahí radica una de las diferencias.
 
Otra diferencia entre estos programas y la renta básica es que esta última no es un auxilio temporal, como es el programa Ingreso Solidario, al que Duque calificó como renta básica. Esas ayudas del Gobierno irán hasta junio del 2021. Además, aunque Ingreso Solidario fue creado específicamente para atender a una población que no está inscrita en programas sociales como Familias en Acción o Colombia Mayor, no es necesariamente para toda la población, como sí lo es una renta básica.
 
¿Qué características tiene una renta básica?
 
La renta básica tiene las siguientes cinco características, según The Basic Income Earth Network:
 
1. Es un pago periódico. Por ejemplo, los giros son mensuales. No se entrega toda la ayuda en un solo monto, se distribuye en el tiempo.
2. El pago es en efectivo o con transacciones bancarias. La idea es que el beneficiario decida en qué lo gasta. No se reemplaza con mercados ni con bonos.
3. El auxilio se hace a cada individuo, no a familias o a hogares
4. Es universal, toda la población podría acceder a ella.
5. Es incondicional. Quienes acceden a la renta no deben demostrar que son población vulnerable ni están obligados a cumplir condiciones
 
¿Hay renta básica en Colombia?
 
Ciñéndonos a la definición estricta del término, no. Existen planes sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, en los que se atiende a población en estado de vulnerabilidad económica con subsidios mensuales, pero, como explicamos antes, estos no cumplen con las características para ser una renta básica.
 
Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, cree que las ayudas de Ingreso Solidario son “un primer paso” hacia la renta básica en el país.
 
“Para lograr una renta básica se necesitaría un sistema tributario muy robusto, con el que se pueda ‘mapear’ la situación de la población y saber quién necesita la ayuda y en qué porcentaje. Eso aún no pasa en Colombia”, nos explicó.
 
Por su parte, el docente e investigador de la Universidad Externado, Isidro Hernández, nos explicó que aunque en Colombia no existe una renta básica universal, es decir que cualquier ciudadano puede acceder a ella, programas como Familias en Acción materializan, en cierta medida, la filosofía de una renta básica.
 
“La renta básica tiene que ver con las teorías de la pobreza y la equidad. Por eso es un debate que se da mucho en países en vía de desarrollo. En Colombia hay programas de asistencia social a los pobres, como Familias en Acción. Es decir que los más vulnerables reciben un dinero para garantizar lo básico que necesita para su subsistencia, pero es una ayuda condicionada: quien recibe el beneficio debe cumplir unas condiciones, no solo de pobreza y vulnerabilidad, sino que debe, por ejemplo, hacer que los niños vayan a la escuela”, nos dijo Hernández, quien por eso cree que en Colombia no existe la renta básica. 
 
¿Aída Avella está proponiendo una renta básica?
 
No, pero se acerca. Avella, junto a un grupo de 41 congresistas, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca que a través de una reforma tributaria se cree un ingreso para una población de 9 millones de familias.
 
Aunque sí se acerca más al significado de renta básica, tampoco sería para toda la población y tendría un límite en el tiempo.
 
El congresista Iván Marulanda, del Partido Verde, nos explicó que la iniciativa “consiste en darle un salario mínimo de 877.000 pesos durante tres meses a cada hogar [dentro del programa propuesto] y luego dos meses más, el cuarto y quinto mes, medio salario mínimo”. Esto significa que el beneficio se crearía para atender la emergencia por la pandemia y no sería una política social estatal. 
 
Marulanda nos indicó que el proyecto buscaría gravar a la población de personas y empresas más ricas del país para obtener de allí los recursos. Además, proyecta que se podrían recaudar entre 14 y 21 billones en 2021. 

Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.