En la misma entrevista, el mayor Ospina afirmó que, en octubre del año pasado, solicitó que los documentos que le competía formular para la creación del informe final del conflicto fueran “revisados por la plenaria (de comisionados), pero eso me fue negado”. En Colombiacheck quisimos verificar si, como Ospina lo afirma, nunca hubo una respuesta de aprobación por parte del resto de comisionados de la CEV respecto al trabajo realizado por él.

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con Ospina. Esto fue lo que nos dijo frente a lo ocurrido en la Comisión de la Verdad con los documentos que supuestamente él entregó:

“En el mes de octubre del 2021 yo terminé mi primer borrador final de los informes, ya que se suponía que en el mes de noviembre debía terminar la fase de investigación y análisis para el informe. Todavía me quedaba un mes y medio para perfeccionar este informe. Le presenté al padre (Francisco de Roux, presidente de la CEV) lo que yo había hecho respecto al informe. De igual forma, se los envié por correo electrónico a cada uno de los comisionados para que analizaran los hallazgos que yo había encontrado”.

Según Ospina, la respuesta que hubo por parte de la plenaria de comisionados fue: “que los temas que yo estaba tocando no estaban contemplados dentro de los capítulos aprobados por la plenaria y que eso no entraba dentro de los informes”.

En marzo de 2022, de acuerdo a la respuesta dada por el mayor Carlos Ospina a Colombiacheck, “cuando terminé de revisar los informes, se los presenté al presidente de la Comisión para que me autorizaran dos lectores, como tenían autorizados el resto de capítulos, para que me dijeran qué errores tenía y para evaluar la escritura que tenía. Pedí también un corrector de estilo, pero en su momento me fue negado”.

Cuando le solicitamos al mayor algún documento o, incluso, los correos electrónicos que intercambió con la plenaria de comisionados, para comprobar que, como lo afirma, hubo una negativa por parte de la CEV con su trabajo, su respuesta fue esta: “Esto se manejaba por el correo institucional de la Comisión, del cual ya no tengo acceso. Y además, tengo restricción de confidencialidad”.

También nos comunicamos con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para saber si hubo oficialmente una respuesta negativa de cara a los documentos presentados por el excomisionado Ospina pero al momento de la publicación de este chequeo obtuvimos como respuesta este comunicado de 7 puntos en el que la CEV afirma: “La Comisión aclara, enfáticamente, que siempre le brindó a Carlos Guillermo Ospina, las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos, procedimientos y recursos de todo tipo para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas como comisionado”.

De acuerdo con el equipo de prensa de la CEV, ese comunicado es “la única información que se dará” respecto al caso de Carlos Ospina. De cualquier manera, no pudimos obtener documentación por parte de la CEV con la que pudiéramos verificar si lo afirmado por el excomisionado ocurrió o no. Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nos aseguró que lo que tiene por decir respecto al excomisionado Carlos Ospina se publicó el 3 de mayo de este año en este comunicado.

Ahora bien, como lo indicamos en este explicador llamado ‘¿Qué es el informe final de la Comisión de la Verdad?’, contamos que “tras la renuncia de Ospina, la Comisión recalcó en un comunicado público que es una entidad que ha buscado ser el eco de todas las voces y de todas versiones, de todos los bandos y posturas”. Por eso mismo, es necesario recordar que, como lo contamos en ese artículo, en cuanto a la escucha de la Fuerza Pública, uno de los temas desarrollados por el mayor mientras fue miembro de la CEV:

“La Comisión ha registrado entre 2019 y 2022 más de 160 hitos de trabajo con sus miembros que han incluido, entre otros, conversaciones, intercambios pedagógicos, preparación y puesta en escena de espacios de escucha, entrevistas, entrega de informes y casos.

En total, la Comisión de la Verdad ha recibido 158 documentos correspondientes a casos e informes entregados por la fuerza pública, desde el año 2018 hasta lo corrido de 2022. De estos, 14 fueron entregados por el Comando General de las Fuerzas Militares, 107 por el Ejército Nacional de Colombia, 6 por la Fuerza Aérea Colombiana, 12 por la Armada de Colombia y 19 por la Policía Nacional. Así́ mismo, entre 2020 y hasta la fecha, la Comisión de la Verdad ha realizado un total de 66 espacios de escucha coordinados y acompañados desde el nivel nacional, de los cuales 20 han involucrado la participación de las Fuerzas Militares y de Policía, organizaciones de ex integrantes de la fuerza pública y organizaciones de víctimas que pertenecieron a la fuerza pública”.

Entonces, al no obtener una información sólida con la que podamos verificar si el pleno de comisionados de la CEV le negó, o no le negó, al mayor Carlos Ospina los documentos que eran de su competencia durante la formulación del informe final, como lo afirmó en la entrevista de La W, calificamos su frase como inchequeable.

La Comisión de la Verdad no dice que “los palmeros están sindicados de expropiación” en ninguno de sus capítulos. Colombiacheck revisó lo que ha publicado la CEV sobre el sector palmero y encontró que en el capítulo de “Hallazgos y Recomendaciones” hay 13 referencias sobre la palabra “palma”, tres de “palmicultores” y una de “palmeros”.

En ninguna de las referencias se sindica de manera general a todos los palmeros o todo el sector de “expropiación (...) de confabularse con los paramilitares, de apoyar a los grupos armados y atentar en ciertas regiones contra la población”, como lo expresó el mayor Ospina en su entrevista radial.

Quince de las diecisiete referencias, asocian de manera negativa al sector, pero en ningún caso se aborda a todo el gremio como el causante de los hechos victimizantes. Incluso, en dos referencias se reconoce a algunos palmicultores como víctimas del conflicto armado. Ejemplo de lo anterior es la referencia de la página 622:

“Actores armados, especialmente el paramilitarismo, lo ubicaron como alternativa de financiación de la guerra, al menos de dos maneras: a) a través de extorsiones a los palmicultores, secuestros de administradores, la obstrucción del transporte de los trabajadores y las amenazas de destrucción de las instalaciones en lugares en los que la palma ya estaba establecida”.

Las asociaciones y conductas negativas que la Comisión le endilga a una parte de este sector son por hechos como improductividad, causante del fracaso de una reforma agraria, financiación de la guerra y los hechos que menciona el mayor Ospina: “​​expropiación (...) de confabularse con los paramilitares, de apoyar a los grupos armados”. Sin embargo, es fundamental reiterar que los señalamientos de la CEV los hace a una parte de ese sector y no a todos en general.

A continuación algunas de las conductas descritas en el informe:

• “En detrimento de las economías campesinas y étnicas, los sucesivos gobiernos siguieron impulsando la ganadería extensiva, la explotación forestal, las agroindustrias (palma y caña) y la extracción de carbón, petróleo y minerales”: p. 614.
• “​​Algunos recursos agrícolas, especialmente de plantación extensiva, vinculados con las prioridades de los mercados internacionales, también se beneficiaron de la apertura económica y terminaron en ocasiones vinculadas con el conflicto armado. Por ejemplo, el auge del cultivo de palma aceitera”: p. 622.
• “La concepción de una parte de Colombia como un país que no importa más que como fuente de recursos naturales, ha llevado a la expansión de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la implantación de políticas mediante la coacción y las armas. Además, ha convertido los problemas ligados al modelo de desarrollo y la economía en parte del conflicto armado, con numerosas violaciones de derechos humanos contra líderes o comunidades que se declaran en resistencia o que tratan de proteger sus territorios del cultivo extensivo de palma o coca”: p. 71.
• “En las sentencias de restitución de tierras hay referencias a estos actores en 3.000 casos, la mayoría relacionados con el sector ganadero, agroindustrial (banano y palma) y extractivo (carbón y petróleo). El interés económico en los territorios, en la acumulación de la propiedad y en el uso de la tierra ha sido uno de los móviles del conflicto armado”: p. 351.

En el numeral 5.9, relativo a “El entramado con poderes económicos y la financiación de la guerra”, la Comisión explicó que, de hecho, al interior del empresariado hubo posturas distintas frente al conflicto y la relación con el paramilitarismo: “Dentro del empresariado, como un sector muy diverso, hubo diferentes posiciones frente a los paramilitares, muchos de ellos no colaboraron o se opusieron, pero los apoyos y la participación directa de los actores económicos que sí hicieron parte fueron un impulso fundamental para explicar las dimensiones que alcanzó”: p. 351.

El mayor Ospina, en diálogo con Colombiacheck, explicó que precisamente su declaración sobre una posible estigmatización de la Comisión hacía todo el sector palmero la dio porque en el informe que él vio hasta del 2 de mayo (el borrador), antes de su salida de la entidad, se abordaba a todo el sector y no a unos palmeros en específico como causantes de hechos como el despojo de tierras, alianzas con los paramilitares, etc. “Me alegra que se haya corregido”, explicó.

Pero un último detalle deja ver claramente que la afirmación de Ospina carece de sustento, pues al decir que hoy “los palmeros están sindicados de expropiación…” el exmilitar le está endilgando funciones judiciales a la Comisión de la Verdad, cuya naturaleza es extrajudicial, según quedó consignado en el decreto 588 de 2017.

En relación a los hechos, Colombiacheck buscó a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), pero prefirieron no dar declaraciones.

Algunas condenas en el sector palmicultor

Más allá de cualquier declaración y alejados de cualquier generalidad una parte del sector palmero sí tuvo incidencia en un pedazo del conflicto armado colombiano.

Por ejemplo, el portal Verdad Abierta, en uno de los varios casos que documentó sobre el rol de los palmeros, sobre una versión de una sentencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín dijo: “El proyecto agroindustrial que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada con palma de aceite no fue más que un complejo engranaje criminal que involucró a Vicente Castaño y sus huestes paramilitares; comisionistas de tierras cercanos al proyecto paramilitar como Sor Teresa Gómez y Remberto Manuel Álvarez; y empresas palmicultoras”.

Según el portal, 19 empresarios del Chocó fueron a la cárcel “tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite”.

El capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’, en la página 351, también mencionó que: “En 35 sentencias del proceso de Justicia y Paz proferidas por los tribunales entre 2011 y 2015 fueron mencionados 439 actores empresariales. En las sentencias de restitución de tierras hay referencias a estos actores en 3.000 casos, la mayoría relacionados con el sector ganadero, agroindustrial (banano y palma) y extractivo (carbón y petróleo)”.

Así es que, tras estas evidencias, Colombiacheck califica la afirmación del excomisionado Ospina como cuestionable porque, aunque casi todas las afirmaciones que se dan sobre el sector palmero tienen una connotación negativa, el capítulo de “Hallazgos y Recomendaciones” no "sindica" al sector de “expropiación (...) de confabularse con los paramilitares, de apoyar a los grupos armados y atentar en ciertas regiones contra la población”.

A renglón seguido, y continuando con el tema de los palmicultores y para ilustrar su punto, el excomisionado Ospina hizo referencia a cultivos de palma de aceite en el distrito de Tumaco, Nariño.

“Yo soy profundamente conocedor de los palmeros de Tumaco”, introdujo el oficial en retiro. “Hice un informe con los palmeros de Tumaco —continuó— y la gente allá, donde hay palma, no hay coca”.

Desde la década de los años sesenta, el bum de la palma de aceite se empezó a expandir por la costa de Nariño y uno de los municipios estrella fue Tumaco. Según La Silla Vacía, para 2010, la mitad de las plantaciones era de pequeños cultivadores, y la otra mitad de 12 empresas. El sector “generaba más de 36 mil hectáreas, la palma genera unos diez mil empleos al año en el municipio”.

Y de acuerdo con el portal especializado en periodismo ambiental Mongabay, el Estado estimuló el cultivo de palma para colonizar los bordes de Colombia, instando a empresarios a invertir capital a cambio de titulación de baldíos, tierras que para entonces ya habían sido establecidas como Zona de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959. Pero las comunidades ancestrales denuncian que esa estrategia se trazó sin pensar en las negritudes e indígenas que habitaban esos territorios al menos desde el siglo XVII.

Ahora, en relación con Tumaco, los datos más recientes de Fedepalma indican que en el distrito hay cinco plantas de beneficio de ese cultivo: Extractora Santafe S.A.S., Olivo S.A.S., Palmas de Tumaco S.A.S., Palmeiras Colombia S.A. y Salamanca Oleaginosas S.A. Sobre estas, precisa que hay 22.239 hectáreas sembradas, de las cuales, 18.474 están siendo productivas.

El otro producto del agro que, tempranamente, empezó a destacar en la región era la hoja de coca para uso ilícito. Desde 2002, el municipio de Tumaco encabeza la lista de los municipios nariñenses con más hectáreas de coca cultivadas, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia. Aunque desde 2016 la superficie de área cultivada de coca viene en descenso en Tumaco, en 2020 aún mantiene un número representativo de 8.832,92 hectáreas cultivadas.

En el mismo artículo de La Silla Vacía quedó evidenciado cómo, para la década del 2010, “en algunos casos, la coca se siembra entre los cultivos de la palma o a escasos metros de las plantaciones más grandes”.

Por eso, consideramos que es cuestionable esta afirmación de Ospina, pues aunque existen casos en los que la palma no dejó espacio para la coca en Tumaco, en otros el campesinado se lucraba de ambos productos.

Colombiacheck le preguntó a la Comisión de la Verdad si conocía algún informe que el excomisionado Ospina haya realizado con los palmeros de Tumaco, Nariño, pero no respondieron.

La segunda afirmación que hace sobre la palma y el puerto es que “Allá lo que hubo fue progreso, vías, escuelas y asumieron el papel del Estado. No hubo despojo de tierras, no hubo asesinatos y no hubo convivencia con grupos paramilitares y tampoco de la guerrilla. ¿Dónde están representados?”.

Un ejemplo de lo que expone Ospina lo exalta la empresa Palmas de Tumaco S.A.S., quienes aseguran que en 1977 la empresa inauguró la Escuela de Palmas de Tumaco para proveer educación básica a los hijos de sus empleados. “De esta forma, treinta niños tenían acceso a educación, transporte y alimentación. Así mismo, el centro de salud para empleados y comunidades cercanas y las casas de habitación para empleados se inauguraron en 1985”, se lee en su página web.

Pero, en contraste, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), para 2017, en muchos casos, los inmensos cultivos de palma no logran desarrollarse en las siguientes etapas de producción y no representan ganancia para las comunidades.

“La gran extensión de los cultivos de palma africana y cultivos de uso ilícito ha disminuido la tierra destinada a la producción de alimentos, principalmente los de autoconsumo, lo que ha generado una alta dependencia de productos externos que por la complejidad de la zona presentan un incremento en el valor”, apunta la OCHA.

Pero tal vez lo más grave es la tensión que alrededor de la tierra se desató entre comunidades étnicas, campesinos y empresarios de palma señalados de acumulación de tierras: “El Estado levantó la Ley 2 de reserva forestal para titular a campesinos que nunca han estado en el territorio y que tres días después le vendieron a la empresa que acumuló los predios”, recogió Mongabay de una fuente conocedora de los procesos de restitución contra palmeros que prefirió mantener su nombre en reserva.

En el municipio hay 13 consejos comunitarios de comunidades negras y 15 resguardos indígenas. Con la Ley 70 de 1993, que abrió la posibilidad para que las comunidades negras tuvieran tierras de manera colectiva, “en la región del Mira, los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera y Bajo Mira y Frontera solicitaron respectivamente 24.000 y 46.000 hectáreas”, precisa Mongabay e indica que solo fue hasta el 2006 y 2013 que respectivamente lograron la titulación colectiva de esos territorios.

“En ambos casos, las tierras de las comunidades negras quedaron traslapadas con las de dos palmeras: Palmas de Tumaco, que hoy tiene más de 5.000 hectáreas, con el consejo de Bajo Mira, y Palmeiras SA con el consejo de Alto Mira en 800 hectáreas”, investigó Mongabay.

Caso similar documentó VerdadAbierta.com. Una de las primeras peleas de los afro con los palmeros fue contra Palmeiras Colombia S. A. y Salamanca Oleaginosas S.A.

“En 1991, compraron predios en los corregimientos de Candelillas, Restrepo y Pusbí, de Tumaco, ‘con campesinos y colonos que ocupaban terrenos baldíos del territorio de las comunidades’, según la medida cautelar proferida en 2013 por la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior de Cali”, documentó ese medio.

Como ocurrió en otros departamentos del país, la afectación ambiental fue una constante tras la instauración de la palma. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), estas empresas talaron árboles nativos y contaminaron afluentes de las que las comunidades negras se servían.

“El problema se agravó en 1998 cuando Palmeiras Colombia S. A. le solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entonces la institución encargada de regular el tema de tierras, la suscripción de un contrato de explotación de baldíos en 800 hectáreas, que estaban dentro de un territorio que ya había solicitado el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera para titulación colectiva”, precisa el artículo.

La empresa se disputa la tierra aduciendo que la habría comprado, mientras que las negritudes se valían de la ancestralidad para reclamar su derecho al territorio. El Incora le dio la razón a las empresas palmeras, pero pasados unos años revirtió la decisión tras un recurso de reposición que interpuso la Procuraduría de Asuntos Ambientales y Agrarios.

“La ocupación que se adelanta por parte de las empresas palmicultoras Palmas Oleaginosas Salamanca y Palmeiras SA, en los territorios colectivos de las comunidades negras agrupadas en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, que por la presente providencia se adjudican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 70 de 1993 es una ocupación indebida y de mala fe y no da lugar al reconocimiento de las mejoras establecidas”, resolvió el Incoder en la Resolución 0525 del 2 de marzo de 2006, fecha para la que se había desatado una enfermedad sobre la plantación por la pudrición del cogollo que mermó la producción de las empresas cultivadoras y con ella la pérdida de miles de empleos.

Según registró el artículo de VerdadAbierta.com, la agencia del Ministerio Público consideró que la presencia de la empresa, la contaminación y las “ocupaciones irregulares e indebidas de colonos que han generado desplazamiento de nativos” desembocaron en el “resquebrajamiento del tejido social y debilitado la representatividad de las comunidades y su capacidad de interlocución”.

Colombiacheck le preguntó a la Comisión de la Verdad si en su informe pudo establecer qué papel jugó la palma para el municipio de Tumaco, pero no se obtuvo respuesta.

De tal manera que calificamos como cuestionable esta segunda afirmación sobre el beneficio para las comunidades de Tumaco que trajo la palma de aceite, pues la afectación a la constitución de territorio afecta a comunidades ancestrales que dependen de la relación con su territorio.

Carlos Guillermo Ospina Galvis también hizo una afirmación relacionada con exfuncionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo estatal que fue disuelto en el 2011 para darle paso a la Agencia Nacional de Inteligencia (hoy Dirección Nacional de Inteligencia).

Lo que dijo textualmente en entrevista con La W es esto:

“Alguien me pregunta hoy: ¿qué es el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad? Los que ‘chuzaron’, los que desaparecieron, los que interceptaron, los que asesinaron… ¿Ustedes saben que hay 500 personas, funcionarios del DAS, víctimas del conflicto? No lo saben. Que son 7.000 familias, que los sacaron, y entonces están estigmatizados porque cuando buscan otra vez (no es audible), no las liquidan. ¿Pero alguien habla de los escoltas de la familia Turbay Cote? Nadie va a hablar eso. ¿Cuántos son los que están siendo investigados o están metidos en la cárcel? 219, pueden subir a 300. Eran 7.300 funcionarios. 500 víctimas que están invisibilizadas. Y ellos están representados en algunos informes, en mis informes que yo saqué”.

El caso Turbay Cote al que hace mención el excomisionado tiene que ver con los hechos donde fue asesinado Diego Turbay Cote, congresista y presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes, en sucesos ocurridos el 29 de diciembre de 2000 cuando él salió desde Florencia, Caquetá, hacia Puerto Rico, otro municipio del departamento, para cumplir con un evento político que tenía programado.

El portal Rutas del Conflicto, en un artículo publicado el 15 de octubre de 2019, explicó que el representante fue asesinado por un grupo de guerrilleros de la hoy extinta Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur de las FARC, quienes detuvieron la caravana en la que se movilizaban Turbay Cote, su comitiva y escoltas.

“Los guerrilleros dispararon a las llantas de los vehículos y los escoltas iban a sacar las armas, pero Turbay Cote los detuvo y se bajó del automotor para intentar conversar con los guerrilleros. Sin embargo, los subversivos asesinaron al congresista y seis personas más que viajaban con él”, se lee en el texto del medio.

En el informe final de la Comisión de la Verdad, en el tomo ‘Hallazgos y recomendaciones’, el DAS es citado 17 veces en párrafos que nada tienen que ver con exfuncionarios de la entidad que hayan sido víctimas de hechos sucedidos en el marco del conflicto armado, como lo cuenta el mayor Ospina.

Desde Colombiacheck contactamos al exmilitar, quien preside actualmente la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado, para que explicara de dónde había extraído la cifra de 500 exfuncionarios del DAS víctimas del conflicto armado en Colombia, a lo que explicó que logró consolidarla con su equipo de trabajo en la Comisión cuando elaboró dos documentos relacionados con estudios de casos de exfuncionarios del DAS.

“Con este primer libro, ‘Más allá del olvido’, estudiamos cuatro casos entre 1997 y 2006, a profundidad. Y estudiando estos casos empezaron a salir muchas más víctimas. Este primer libro tiene que ver con las victimizaciones que tuvieron los detectives del DAS, especialmente los que fueron asesinados prestando sus servicios como escoltas. Está el caso de la emboscada al convoy del DAS en el corregimiento Las Mercedes, en Puerto Triunfo (1994); (el de) Diego Turbay y sus escoltas en Caquetá (2000); está el ataque del convoy en Hacarí, Norte de Santander (2006), y otro de Magdalena Medio. Estos casos fueron entregados siendo comisionado, el primero en 2019. Empezamos con esto y las víctimas del DAS empezaron a asociarse y recordar lo que había pasado, y crearon la asociación de víctimas y empezaron a tener un centro de información”, afirmó el mayor Carlos Ospina.

Para precisar los hechos violentos mencionados por Ospina hay que indicar que el ataque armado a una caravana del DAS en el corregimiento Las Mercedes tuvo lugar el 15 de diciembre de 1994. En los hechos, murieron un escolta y tres más quedaron heridos, según un artículo publicado por el portal Verdad Abierta.

En total, la comitiva de detectives estaba conformada por 45 funcionarios adscritos a la seccional Antioquia del DAS y 25 agentes que habían sido enviados desde Bogotá. La misión que tenían era adelantar un operativo en contra de grupos paramilitares que para la época delinquían en esa región antioqueña. La comitiva fue atacada con ráfagas de fusil y granadas, se lee en una noticia publicada por el diario El Tiempo. Con el tiempo se conoció que Ramón Isaza, entonces jefe de las autodefensas en el Magdalena Medio, fue quien ordenó el ataque.

El otro suceso citado por el excomisionado es la emboscada ocurrida en Hacarí, Norte de Santander, el 21 de abril de 2006. En la acción murieron diez funcionarios del DAS y siete militares tras caer en un campo minado en el sitio conocido como Mesa Rica, zona rural del municipio, cuando adelantaban un operativo en contra de guerrilleros de la columna Libardo Moro Toro del EPL.

Los funcionarios también fueron atacados con armas de fuego. Por este caso fue condenado a 40 años Carlos Alberto Suárez Reyes, exfuncionario del DAS, quien llevó hasta el sitio del atentado a la comitiva de detectives en un acto cómplice para que hombres de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, ejecutaran la acción violenta luego de él enterarse de que el DAS lo pretendía capturar.

La explicación dada por el antiguo comisionado de la Verdad la basó a partir de dos publicaciones que acompañó haciendo parte de la Comisión de la Verdad: ‘Más allá del olvido, estudios de caso de graves violaciones de DIH, estigmatización, no reparación y olvido a funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1997 y 2006’ y ‘El DAS, camino al olvido, estudios de caso de graves violaciones de DIH, estigmatización, no reparación y olvido a funcionarios del DAS. Desde la División de Seguridad Rural a la emboscada de Hacarí’.

El 21 de junio de 2021, la Comisión de la Verdad llevó a cabo un evento oficial para presentar el documento al que hace referencia el excomisionado. La transmisión del acto fue difundida en el Facebook de la entidad y tuvo 2.176 reproducciones, 25 comentarios y 130 reacciones.

La otra producción realizada por el equipo de Ospina fue presentada el 30 de abril de 2022 en el municipio de Aguazul, Casanare. El portal Pauto Noticias publicó la noticia de lo acontecido en el Auditorio Casa de la Cultura de esa localidad del país. El registro del acto también quedó en una transmisión en vivo que hizo el usuario de Facebook ‘Willian Aljure - Reconciliémonos’, como se observa en la grabación de la misma que quedó en el perfil de la red social.

“Este segundo libro, a raíz de que encontré víctimas, empecé a buscarlos a ellos (exfuncionarios del DAS) porque ellos no se organizaron y pues empezaron a asociarse y a contar su historia porque realmente habían sido estigmatizados. Me contaban que no encontraban trabajo porque les decían ‘ah, usted fue del DAS, no, no’. Se quedaron sin puestos de la noche a la mañana cuando el presidente Juan Manuel Santos acabó con ellos (el DAS). Quedaron 7.400 familias, algunos habían sido victimizados y sus procesos quedaron en el aire, empezamos a buscarlos. Primero, la Unidad de Víctimas no las ha reconocido a todas y, segundo, ellos se han escondido porque ser del DAS era el mayor pecado”, explicó el comisionado.

Ospina dice, en conclusión, que su cifra de 500 víctimas del conflicto armado en el antiguo DAS sale del trabajo hecho para los dos libros y el apoyo de su equipo de investigación cuando fue de la Comisión de la Verdad. “Por eso damos cifra cerrada de 500, me dicen que pueden ser más porque no quedaron registradas. Hay 18 desaparecidos, hay personas mutiladas, asesinatos, etc., esto lo hice como comisionado… La Unidad de Vícimas no las ha reconocido a todas (exfuncionarios del DAS víctimas del conflicto)”, agrega al indicar que los dos libros fueron entregados a la CEV y al público en eventos realizados para la presentación de cada uno.

Desde Colombiacheck hicimos una búsqueda avanzada en internet utilizando palabras claves para tratar de obtener información relacionada con exdetectives del DAS acreditados como víctimas del conflicto armado, pero no se lograron resultados concluyentes. La indagación se hizo bajo las referencias “Departamento Administrativo de Seguridad”, “DAS”, “víctimas”, “conflicto armado”, pero lo que arroja la búsqueda tiene que ver con noticias relacionadas con la actualidad de los archivos judiciales de esa entidad y que exfuncionarios de ese organismo pueden acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por ejemplo, la JEP tiene información relacionada con el DAS en el marco del caso No. 006, denominado ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’. En esa investigación, hasta el 4 de marzo de 2019, 13 exagentes y funcionarios de esa antigua entidad habían solicitado su acogida ante la Jurisdicción para responder por el exterminio del partido político, hechos ocurridos entre 1984 y 2002.

Al ser consultada la Comisión de la Verdad, la entidad solo indicó que sobre lo que afirme el mayor Ospina la única respuesta es el comunicado de prensa del 3 de mayo pasado que se publicó tras la renuncia de él. Desde Colombiacheck también se hizo una búsqueda avanzada con las palabras "unidad de víctimas", “registro de víctimas", "acreditadas" y "DAS", logrando solo dos resultados que no tienen que ver con lo que se indaga.

Por ser una declaración que hizo en un medio de comunicación radial, de gran alcance nacional, desde Colombiacheck consultamos a la Unidad de Víctimas para constatar la veracidad de lo dicho por el exmilitar. Dicha entidad informó que “la Unidad no puede establecer si existen ex-funcionarios del DAS incluidos en el Registro Único de Víctimas. En el registro no es indispensable que quien haya declarado ser víctima del conflicto afirme si ha sido o no perteneciente a alguna institución pública o privada”.

Por no contar con información completa en torno a la posible existencia de un universo de exfuncionarios del DAS acreditados debidamente como víctimas del conflicto armado ante la Unidad de Víctimas, entidad encargada de estos registros, calificamos como inchequeable la afirmación hecha por el excomisionado Ospina.

El mayor Ospina, quien en la Comisión de la Verdad se veía como la figura que representaba a las Fuerzas Armadas, luego de sus afirmaciones sobre los funcionarios del DAS, víctimas del conflicto, pasa a cuestionar, en la entrevista dada a la W Radio la representación de las víctimas de las fuerzas militares, pues según él, éstas no aparecieron en el informe final.

Así es como usando una fórmula de pregunta, indaga “en dónde están las 680.000 víctimas de las Fuerzas MIlitares, representadas?

Así que para hacer este chequeo, revisamos si la cifra de miembros de la Fuerza Pública victimizados durante el conflicto armado fue de 680.000 y encontramos que los registros disponibles de otras entidades del Estado señalan la existencia de 403.000.

Al consultarle al mayor Ospina por esta declaración dijo que este había sido el resultado de su trabajo de investigación y aclaró que la cifra se refiere a víctimas de la Fuerza Pública que suma a las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) con la Policía.

Estas cifras están muy por encima de las que habían presentado otras entidades del Estado e incluso de las que viene utilizando el mismo Ministerio de Defensa.

Por ejemplo, hace unos meses muchos medios compartieron la noticia de que 403.352 miembros de la Fuerza Pública han sido víctimas del conflicto armado. Esa cifra salió de la presentación del informe “Aporte a la verdad: Contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica” del MinDefensa y la Universidad Sergio Arboleda, que fue entregado el 25 de febrero de 2022 a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad y al Centro Nacional de Memoria Histórica.

Esa cifra, que no es mencionada en el informe sino solo en el prólogo escrito por el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, fue tomada del Registro Único de Víctimas que maneja la Unidad de Víctimas: “las FARC buscaron, con la orden de sus cabecillas, destruir la moral de la Fuerza Pública, a través de una violación sistemática y aterradora de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se evidencia en los 403.352 miembros de la fuerza pública (332.372 militares y 70.980 policías) víctimas de sus crímenes de guerra, además de las 978.9921 de víctimas civiles”: p. 7.

El informe en sí habla de 286.855 víctimas miembros de las Fuerzas Militares (es decir, sin contar a la Policía) entre 1958 y 2019, con lo que retoma una investigación de L. Suárez Carvajal publicada en un libro del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), que es una sección a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares.

Colombiacheck no encontró esta investigación del CCOET, pero en una nota de prensa sobre los resultados del “Plan de Profundización y continuidad orientado a los mecanismos de identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado en Colombia”, llevado a cabo por este comando, se hace referencia a los 359.981 miembros de la Fuerza Pública incluidos en el Registro Único de Víctimas y a que “la época de mayor victimización para los militares se produjo en los periodos 1997 al 2005 con 166.674 víctimas y en el periodo del 2006 al 2015 con 139.999 víctimas. Agrupando el 86,41% del total de víctimas registradas entre 1964 y 2019”, esto significaría un total de 354.904 víctimas militares y policías entre 1964 y 2019.

Según las cifras que la Unidad de Víctimas le envió a Colombiacheck, a corte de diciembre de 2021 había 403.352 miembros de la Fuerza Pública inscritos en el Registro Único de Víctimas y 522.626 evento victimizantes registrados (cada persona puede haber sufrido más de un hecho). De la Policía Nacional hay 70.980 víctimas y de las Fuerzas Militares hay 332.372 víctimas (288.421 del Ejército, 37.825 de la Armada y 6.126 de la Fuerza Aérea).

Es importante tener en cuenta que la Unidad de Víctimas no cuenta dentro de las víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan muerto en combate, ya que estos están bajo un régimen jurídico especial.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, los actos de guerra dirigidos contra el combatiente enemigo y los objetivos militares son lícitos. Este es el Principio de Distinción, que exige que “los actos de guerra se dirijan sólo contra combatientes del enemigo y objetivos militares y eviten los daños innecesarios y excesivos a las personas civiles”, según explica el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El artículo primero de Código Disciplinario Militar dice que “es deber fundamental del militar por su honor, la disposición permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario” y la Sentencia T-280 A de 2016 de la Corte Constitucional encontró que, a pesar de que en principio la Policía Nacional tiene un carácter civil, debido a las dinámicas propias del conflicto en algunos casos se hace necesaria su participación en las hostilidades y en ese momento sus miembros se convierten en combatientes bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Es por esto que el Manual de Valoración de la Unidad de Víctimas determina que sólo incluirá como víctimas a los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía que estuvieran participando directamente en las hostilidades cuando hubieran sufrido un daño como consecuencia de una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es decir, por ejemplo, cuando fueron víctimas de violencia sexual o de minas antipersonal o de otros métodos y medios prohibidos internacionalmente. También son incluidos miembros de la Fuerza Pública que hubieran sido víctimas antes o después de pertenecer a ella, pues en este caso serían considerados civiles o miembros de la Policía que no estuvieran participando en el conflicto armado.

Esta precisión es clave pues, según le explicó el mayor Ospina a Colombiacheck, es en los intríngulis de esta que radica una de las razones por las que él considera que hay un subregistro en las estadísticas de la Unidad de Víctimas. Según el mayor, hubo muchos casos en los que las personerías municipales, órganos encargados de tomar las declaraciones del Registro Único de Víctimas, negaron la inscripción de militares o policías que sí tendrían derecho por desconocimiento de estas excepciones.

“Desde el principio hubo una exclusión y un segregamiento del sector de la Fuerza Pública porque se consideraba que su deber, su actividad de riesgo, conllevaba a que él fuera herido o muerto”, explicó el mayor Ospina en una nota de voz enviada a Colombiacheck. “Hubo un rechazo muy fuerte en las personerías en donde tenían que tomar la declaración de estas personas y los cuales en principio decían usted no tiene derecho a declararse como víctima”, dijo.

Otra razón por la que el mayor Ospina considera que hay un subregistro es que “los soldados de extracto campesino, de extracto de pueblo, viven en ese entorno [del conflicto armado], por consiguiente, cualquier denuncia que tuvieran que hacer contra los actores armados diferentes a los estatales —llámese paramilitares, llámense guerrilleros— no eran denunciados porque tenían el miedo de que se tomaran retaliaciones contra ellos y contra sus familias”.

Y finalmente, está el hecho de que la Unidad de Víctimas solo incluye casos después de 1985, mientras que el mandato de la Comisión de la Verdad la llamaba a investigar desde 1958.

“Al hacer el monitoreo, y algunas organizaciones que les encomendamos que nos buscaran el daño sufrido, nos reportaron que las cifras del militar y su entorno familiar por desplazamiento, usurpación de tierras, asesinatos, amenazas que podrían sumar más de 280.000 con una connotación que no son cifras reales sino cifras estimadas”, explicó el mayor en su respuesta a Colombiacheck.

¿Aparecen los militares en el Informe Final de la CEV?

Como hemos dicho en otros chequeos, la Comisión de la Verdad sí incluyó las victimizaciones sufridas por los miembros de la Fuerza Pública en el informe final. Por ejemplo, en el archivo en PDF del proyecto transmedia “Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia”, encontramos los relatos de al menos 11 víctimas de la fuerza pública o de sus familiares.

Diana Britto, directora de conocimiento de la Comisión, le dijo a Colombiacheck que la entidad no hizo cálculos propios sobre el número de miembros de la Fuerza Pública que sufrieron victimizaciones durante el conflicto sino que utilizó las cifras del Registro Único de Víctimas y las del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Britto le explicó a Colombiacheck que la información cuantitativa de la Comisión vino de cuatro ejercicios de estadística: 560 bases de datos, de las cuales nueve se construyeron internamente con base en la información recolectada por la Comisión; un proyecto de estimaciones con el experto internacional en cuantificación de violaciones a los derechos humanos Patrick Ball, el análisis estadístico de la información recogida a través de fichas en las entrevistas realizadas a 28.603 personas y los proyectos propios de cada equipo de investigación.

Según explicó Britto, la Comisión debía apegarse al mandato definido por el artículo 11 del decreto 588 del 05 de abril de 2017, que la insta a “esclarecer y promover el reconocimiento” de 13 puntos entre los que están “Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (punto 1) y “El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.” (punto 5), pero no se menciona a la Fuerza Pública como víctima diferenciada. Por eso, explica Britto, estas victimizaciones no aparecen en un capítulo o apartado propio, pero sí se encuentran trasnversalizadas a lo largo de todo el informe.

La directora Britto también le dijo a Colombiacheck que la Comisión entrevistó a 374 miembros activos o retirados de la Fuerza Pública en tres espacios de entrevista colectiva y 363 en individuales; de estos, 293 fueron entrevistados en calidad de víctimas.

La Dirección de Diálogo Social realizó al menos al menos 6 espacios dedicados al reconocimiento de las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública —estos incluyeron espacios de escucha sobre desplazamiento forzado de militares víctimas, mujeres del Ejército, Policía Nacional y huellas del conflicto contadas por militares víctimas integrantes de la séptima división y sus familias— además de otros eventos de reconocimiento de responsabilidades y contribución a la verdad.

A esto se suma que la Comisión recibió de parte de la Fuerza Pública 98 informes y 12 documentos que abordan infracciones a los derechos humanos y el DIH de las que sus miembros fueron víctimas. Estos fueron incluidos en los procesos de catalogación, sistematización y análisis y, en los capítulos del informe final, se citan de manera textual más de 47 de estos informes.

Por lo tanto, Colombiacheck concluye que lo que dijo el mayor Ospina en la entrevista en La W Radio es cuestionable porque aunque la afirmación de las 680.000 víctimas de la fuerza pública, es decir 280.000 más de las 400.000 contabilizadas en el Registro Único de Víctimas, es producto de un trabajo investigativo propio de Ospina, es claro en cambio que la Comisión de la Verdad sí incluyó a estas víctimas a lo largo del Informe Final.