Las recientes destituciones por parte del presidente Gustavo Petro de la jefa de gabinete de su gobierno, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por el escándalo de interceptaciones ilegales o “chuzadas” a la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, revive el fantasma de este tipo de intervenciones telefónicas en el país.

La controversia comenzó cuando la revista Semana publicó el 27 de mayo de 2023 un artículo en el que contaba que Meza, quien cuidaba al hijo de Sarabia, fue retenida en un sótano del Palacio de Nariño el 30 de enero de este año, donde la obligaron a someterse a un polígrafo, tras haber sido acusada de robo en la casa de la hace poco jefa del despacho presidencial.

El 1 de junio de 2023 se conoció por una publicación de la revista Cambio, que Marelbys Meza fue interceptada ilegalmente por la Dijín durante al menos diez días, luego de que su teléfono celular fuera vinculado a una investigación por operaciones del Clan del Golfo. 

Aunque la Policía Nacional dió su versión el 1 de junio de 2023 sobre la interceptación a la ex niñera de Sarabia, asegurando que duró 72 horas, un día después, la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado, los contradijo e indicó que la interceptación ilegal duró 10 días.

En el texto, la institución describe que las interceptaciones contra Meza y otra empleada de la casa de Sarabia ocurrieron porque, según una fuente anónima de la Policía, las mujeres pertenecían al Clan del Golfo. Incluso las identificaron con los alias de La Cocinera y La Madrina, respectivamente. 

Finalmente, la interceptación se suspendió cuando no arrojó información sobre ese grupo criminal y solo había “conversaciones personales".

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/sqrXtmJKtB

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 2, 2023

Frente a este escándalo, el fiscal Francisco Barbosa aseguró durante una rueda de prensa del 1 de junio del 2023, realizada en el Búnker de la Fiscalía en Bogotá que “las chuzadas habían vuelto a Colombia”.

Barbosa también informó que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue citado a declarar por las "chuzadas" detectadas por la Fiscalía. "Va a ser citado el embajador Benedetti a que nos ayude a corroborar los elementos que tenemos. Ya hay prueba técnica y hay elementos muy importantes para adelantar todas las acciones judiciales”, anunció el funcionario. 

La vicefiscal Martha Mancera aclaró que tendrán en cuenta las pruebas y declaraciones que el diplomático entregue, pero deslegitimarán sus críticas hacia Sarabia, quien antes trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando era senador. 

Recordemos que Benedetti había acusado días antes a la jefa del Gabinete por ocultar grandes sumas de dinero y llevar a cabo actividades de espionaje como interceptaciones ilegales en el país. 

Por su parte, el presidente Petro negó en la mañana del 1 de junio que algún miembro de su gobierno estuviese involucrado en interceptaciones y apuntó que señalar a su administración de dicha acción era “tamaña irresponsabilidad”.

Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas.

Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2023

Al día siguiente, el mandatario también calificó las chuzadas como violaciones de derechos humanos e insistió que su gobierno “no las permite, ni las ha hecho, ni las hará”. 

Cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará. https://t.co/RTfpBdNAUy

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2023

En las últimas horas Petro confirmó durante su discurso en una ceremonia de la Escuela General de Cadetes, que tanto Laura Sarabia, como Armando Benedetti saldrán del Gobierno.

Una historia de ‘chuzadas’

Recordemos que en Colombia ha habido varios escándalos de “chuzadas”, entre ellos las grabaciones que derivaron en el llamado Proceso 8.000 en contra del entonces presidente Ernesto Samper por financiación del Cartel de Cali a su campaña presidencial. 

Uno de los escándalos más sonados en el país fue el de las “chuzadas del DAS”, llevadas a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia y contrainteligencia de Colombia, y descubiertas en 2009. En ese entonces se develó todo un operativo de interceptaciones sin orden judicial ordenado por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos como el mismo Gustavo Petro o Piedad Córdoba, y periodistas como Daniel Coronel, entre otros (1, 2).

Estas “chuzadas” se habrían producido para dañar la reputación de las personas a quienes se les hacia seguimiento, para intimidarlas o sencillamente monitorearlas. Incluso, también se descubrió que hubo participación de organizaciones paramilitares en ellas.

Por estos hechos fueron condenados la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y del secretario de Presidencia, Bernardo Moreno, más otros 20 funcionarios, de hecho, hace casi dos años se conoció la sentencia contra Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, exsecretarios de la presidencia de Uribe. Las autoridades en su momento identificaron a cerca de 68 posibles responsables por las intervenciones. Además, en 2011 fue liquidado el DAS bajo el mandato de Juan Manuel Santos. 

Las grabaciones ilegales incluso han provocado la remoción de la cúpula de la Policía Nacional como ocurrió en 2007 cuando la revista Semana reveló interceptaciones ilegales de la Dirección de Inteligencia a funcionarios, periodistas y miembros de la oposición por más de dos años (1, 2, 3).

Esto llevó a que renunciara el director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, y fuese reemplazado por el general Óscar Naranjo para lo cual se requirió que en total se retiraran 11 generales porque en las fuerzas armadas el comandante debe ser el oficial de mayor tiempo de servicio.

Otro caso de chuzadas fue el de la operación Andrómeda, en 2014 en el que detuvieron al “hacker” Andrés Sepúlveda, a quien se le acusó de espiar las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno, aunque una investigación interna de las Fuerzas Militares cuestionó esa conclusión de la Fiscalía y alegó que no halló rastros del ataque cibernético a las comunicaciones del proceso de paz con las Farc.

 Andrómeda era una operación legítima creada en 2012 con el fin de “adquirir conocimientos de informática del hacking ético”, pero de acuerdo con las pesquisas militares, hubo “fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control sobre el personal que visitaba la dependencia”, lo cual llevó al retiro de 5 oficiales y suboficiales de inteligencia y el relevo de otros 19 uniformados.

Las chuzadas no se limitan a la escucha de comunicaciones de políticos, ya que en 2022 fue condenado el fiscal Fabio Martínez Lugo por haber interceptado las comunicaciones de profesionales y representantes de empresas y sindicatos entre 2017 y 2018, entre ellos la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) (1, 2).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Martínez se valió de su cargo para obtener información privada y corporativa para posteriormente comercializarla. 

En enero del 2020, Colombiacheck publicó un explicador sobre las interceptaciones telefónicas y las circunstancias en las que eran consideradas ilegales, a propósito de una denuncia hecha por la revista Semana en donde se señaló al Ejército Nacional por interceptar ilegalmente comunicaciones de “periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas”.

Ahora, tras el reciente escándalo por supuestas chuzadas desde el gobierno Petro, y el cruce de versiones con la Fiscalía les recordamos cómo se hacen las interceptaciones telefónicas, cuándo son legales y cuándo no, quién las ordena y qué consecuencias pueden tener.

¿Qué es una interceptación telefónica y para qué sirve?

La interceptación ocurre cuando un tercero escucha una conversación telefónica privada, pero también puede hacerse a comunicaciones por correo electrónico o a mensajes de texto enviados por dispositivos móviles o por computadores conectados a redes Wi -Fi.

En la Sentencia C 594/14 de la Corte Constitucional los profesores Francisco Bernate Ochoa y Ricardo Medina Rico, miembros del área penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explican que la interceptación de comunicaciones es uno de los mecanismos que se pueden utilizar para conseguir los elementos necesarios para probar un delito. “Expresan que a pesar de ser una intromisión en la intimidad de la persona, el Estado está legitimado para llevarla a cabo cumpliendo los requisitos que exige la Ley”.

Pedro Piedrahíta, profesor de la Universidad de Medellín, lo explica desde la ciencia política: “existen poderes invisibles dentro del Estado, algunos autores lo consideran como un mal necesario. En ese sentido, el espionaje, o los organismos de inteligencia (que hacen las interceptaciones) son ese mal necesario dentro del Estado.

“Los organismos de inteligencia o espionaje cumplen dos funciones: domésticas, es decir, funciones internas, y otras internacionales. Todos los Estados en el mundo mantienen espías para saber qué están haciendo otros Estados y para identificar posibles amenazas. A nivel interno también se hace por cuestiones de seguridad. El Estado tiene cuerpos de inteligencia cuyo objetivo es establecer posibles amenazas, o hacer seguimientos a posibles amenazas a la seguridad o también a personas que hacen parte de un proceso judicial y un juez determina que deben realizarse interceptaciones”, puntualiza Piedrahíta. 

Según Andrés Velázquez, investigador del Laboratorio de Privacidad y Seguridad Digital de la Fundación Karisma (K+LAB), existen al menos cuatro tipos o formas de interceptación telefónica.

“La primera de ellas (y la más común) es cuando existe una conexión directa con la línea telefónica, un método usado principalmente por entidades como la Dijin o la Fiscalía en órdenes de jueces, donde pueden intervenir llamadas de forma directa. Esto se conecta directamente a la línea telefónica, siendo muy difícil de detectar”

Velazquez también afirma que existe otra forma menos usada y es a través de la explotación de la vulnerabilidad de los protocolos de comunicaciones.  “Cuando se usa un protocolo de comunicaciones antiguo que igual se conecta con las redes telefónicas actuales, ese protocolo al ser tan vulnerable permite hacer las interceptaciones. Pero para hacer esto, normalmente se debe montar una empresa telefónica alterna.

“Una tercera manera es mediante el uso de antenas falsas que se colocan cerca al teléfono que se quiere interceptar y el éste, en vez de ir a su antena de telefonía, se conecta a la antena falsa haciendo que  todo lo que pase por esa antena podrá ser escuchado por quien la esté controlando. Hoy día hay aparatos muy sofisticados que permiten esta forma de intercepción telefónica y que sabemos que existen en Colombia”.

La cuarta forma y una de las más complejas según el experto, es la interceptación telefónica a través de virus que permiten escuchar y ver todo lo que hay en el teléfono, entre esos las llamadas. “En este caso se usan unos métodos muy sofisticados de infección, en donde el usuario no nota que es blanco de intercepción telefónica. No tiene que dar click en ningún enlace, solo con el número de teléfono pueden infectar su dispositivo y con el apoyo de un servidor se puede ver y escuchar todo lo que pase en su teléfono, incluso ver con la cámara”, advierte Andrés Velázquez.

¿En qué circunstancias es legal interceptar las comunicaciones?

Según la Ley 1621 de 2013 o Ley de inteligencia y contrainteligencia, “la interceptación de conversaciones privadas telefónicas móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberán someterse a los requisitos establecidos en el Artículo 15 de la Constitución (derecho a la intimidad) y el Código de Procedimiento Penal y sólo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales”. 

El profesor Piedrahita, quien es magíster en seguridad y defensa, resalta que las interceptaciones siempre deben cumplir las normas constitucionales y por tanto debe existir una autorización judicial y una fundamentación de los organismos de inteligencia para realizarlas. Es decir, previamente se deben demostrar los méritos necesarios para violar la privacidad de una persona o de un grupo de ellas. Si no se cumplen esas condiciones, son interceptaciones ilegales.

¿Quién autoriza y realiza las interceptaciones telefónicas? 

Las interceptaciones telefónicas son autorizadas por un juez, bajo alguna de las circunstancias descritas anteriormente. 

Por otra parte, hay diferentes organismos dentro del Estado que pueden realizar las interceptaciones. Estos incluyen a la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia, y la Dirección de Inteligencia de la Policía e inteligencia militar, dependiendo de la naturaleza de la investigación y siempre y cuando tengan las autorizaciones legales respectivas. 

¿Interceptar una llamada sin las autorizaciones necesarias es un delito?

Jean Carlo Mejía, experto en derecho operacional y profesor de las universidades Nacional y Católica de Colombia, explicó que al realizar una interceptación sin la debida autorización se pueden configurar varios delitos, dependiendo del caso. Los delitos pueden ir desde violación ilícita de comunicaciones hasta posibles conciertos para delinquir.

Según la Sentencia C 594/14 de la Corte Constitucional, la interceptación ilegal de comunicaciones es “una práctica contraria a los principios democráticos que protegen a los individuos de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, la interceptación de comunicaciones, sólo puede ser realizada bajo las condiciones y procedimientos expresamente señalados en la Carta y en la ley, como garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la intimidad”.

¿Qué consecuencias tiene para un país que esas interceptaciones se estén haciendo ilegalmente?

“Cuando se hace sin las autorizaciones respectivas, es cuando funcionarios del Estado empiezan a comportarse como criminales, entonces ya no se sabe cuál es el Estado o el Gobierno, no se tiene clara la diferencia entre los políticos y los criminales porque son los políticos los que se roban la información y la privacidad. El problema es que no queda clara cuál es la línea que divide a los unos de los otros y ese es el cuestionamiento que se hace en términos políticos”, explicó Piedrahíta.

El profesor reiteró que las interceptaciones se realizan en todos los Estados del mundo, pero que el problema en Colombia es que funcionarios corruptos venden la información obtenida en esas interceptaciones a políticos para beneficio personal, cuando esa información debe ser utilizada en beneficio del Estado para asuntos de interés público.

Para Andrés Velázquez, las interceptaciones ilegales violan los derechos y libertades de las personas intervenidas, incluso, pueden representar una amenaza para su integridad física. “Si la interceptación la realiza el Estado de forma ilegal hay una violación garante a la libertad e intimidad de la persona y se pone en peligro su vida, dependiendo de quien esté detrás de estas interceptaciones ilegales”.

Pegasus, el sistema de espionaje invisible 

Desde 2021 diferentes medios y colectivos han alertado sobre las labores de espionaje con el software Pegasus en distintos países como España, México, El Salvador, Francia, entre otros.

Este programa informático suministrado por la firma israelí NSO Group y que, a diferencia de la mayoría de otros sistemas espías, no necesita que la víctima abra algún archivo adjunto o enlace para acceder a su computadora o celular, es capaz de ingresar a estos dispositivos de forma totalmente invisible a través de cualquier aplicación o programa que se tenga.

Rafael Fernández-Calvo, informático experto en seguridad y miembro de la Internet Society, le explicó a la Cadena Ser que este software puede acceder a todos los datos que se tengan, encender el micrófono o el vídeo del teléfono, leer el contenido de los mensajes, aunque estén encriptados, y más.

El programa pasó al centro de la polémica cuando en agosto de 2021 una investigación de The Washington Post reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo objetivos de Pegasus, entre los había celulares de periodistas, activistas y empresarios, principalmente en países conocidos por participar en la intrusión y vigilancia de sus ciudadanos.

También a principios del año pasado en España se supo que el sistema se utilizó para intervenir los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles.

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, y sus familiares, por otro lado, también habrían sido espiados con el software entre 2016 y 2017 según un reporte de Aristegui Noticias.

En El Salvador, no obstante, periodistas de El Faro han reportado que el Gobierno de Nayib Bukele se ha infiltrado a sus dispositivos electrónicos a través de Pegasus, y, de hecho, un análisis del laboratorio de ciberseguridad Citizen Lab verificó que entre junio de 2020 y noviembre de 2021 fueron intervenidos sus celulares.

Hasta ahora en Colombia no existen registros de denuncias o investigaciones periodísticas sobre el uso del software para espiar a alguien.

Para Andrés Velázquez,  el uso de este tipo de tecnologías resulta más complicado de controlar en comparación con las interceptaciones hechas directamente con la línea telefónica, pues esto permite mayor impunidad al no dejar registro.