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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que Colombia tenga herramientas suficientes para garantizar derechos a información, participación y acceso a justicia ambientales

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este ha sido uno de los argumentos que han usado José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal y el Consejo Gremial, entre otros opositores del Acuerdo de Escazú, para solicitar que no se ratifique este tratado. Aquí, nuestra revisión.

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, es [lo explicamos con mayor profundidad en otro artículo] una herramienta que tiene como propósito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

Se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Colombia lo firmó el 11 de diciembre de 2019 y para su entrada en vigor en el país falta su ratificación a través de un proceso legislativo [además de la posterior revisión de la Corte Constitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

En medio de este proceso, uno de los argumentos más recurrentes de quienes se oponen a Escazú es que Colombia cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar los tres derechos sobre los que versa el tratado y que entonces no es necesaria la ratificación.  

Este argumento lo empleó el Consejo Gremial en un análisis de conveniencia que le envió al presidente Duque a principios de septiembre de 2020 en contra de la ratificación. También lo nombró la senadora María Fernanda Cabal en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales. Además el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie lo escribió en estos términos en una columna que publicó a finales de septiembre en El Heraldo: “Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos estratégicos”. 

Sin embargo, varios de los expertos en derecho ambiental que consultamos tanto para este artículo como para otras verificaciones sobre el acuerdo [puede consultarlas aquí 1 y 2]  consideran que aunque Colombia tiene mucho de los estipulado en Escazú, al país le falta efectividad en la aplicación de las normas y mejores estándares.

“No se está desconociendo que los países tienen muchos avances. Todos los países de Latinoamérica ya tienen unos esquemas y unas figuras que en muchos casos funcionan bien. Pero hace falta. Si [las normas] estuvieran y funcionaran, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos de asesinato de líderes ambientales”, señala Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. 

Hay que recordar que Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socioambientales en el mundo, según el Atlas de Justicia Ambiental. Además, en 2019 fue el país más peligroso para los defensores de derechos humanos ambientales: de los 212 asesinatos de líderes y lideresas ambientales que ocurrieron ese año, 64 se situaron en Colombia, según un informe publicado a mediados de 2020 por la ONG Global Witness. 

Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, por su parte, considera que “aunque desde hace mucho tiempo se afirma que la Constitución colombiana es una constitución ecológica, realmente no ha logrado afinar los mecanismos ni de acceso a la justicia, ni de participación, especialmente. Por ejemplo, en el acceso a la justicia, si bien hay acciones ordinarias, están encaminadas más a la reparación del individuo que a la reparación del daño ambiental. Y la participación sigue siendo defectuosa, tenemos más 400.000 tutelas en temas de medio ambiente”.

En ese sentido, como ya explicamos en otro artículo, Chaves considera que “el Acuerdo de Escazú es esencial porque cerraría esa brecha de protección que las constituciones parecen no haber colmado, ayudaría a tratar de propugnar por una protección más eficaz del medio ambiente y es una alternativa para mejorar las herramientas que nosotros ya tenemos e integrarnos a un sistema de protección internacional, a unos estándares convencionales que son necesarios para tratar aquellas deficiencias que tiene el mismo modelo constitucional”. 

De hecho, la Corte Constitucional en la Sentencia SU 095 de 2018 estableció que el país tiene un “déficit de protección constitucional en materia de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorios específicos para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables”. 

Entonces, la afirmación de que el país cuenta con las herramientas necesarias para garantizar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia es, para Colombiacheck, cuestionable. 
 

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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que se requiera consulta previa antes de la ratificación del Acuerdo de Escazú, como dice Ernesto Macías

Por Laura Rodríguez Salamanca

El senador ha sostenido este argumento en varias ocasiones. Pero un par de expertos en derecho ambiental a los que consultamos ponen esto en tela de juicio.

En medio de la discusión en el Congreso sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, el senador Ernesto Macías ha señalado que es necesario realizar una consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de continuar con el proceso legislativo.

Hay que recordar que, como explicamos con mayor profundidad en otro artículo, el Acuerdo de Escazú es una herramienta diseñada con el propósito de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019, pero hasta que no se ratifique [primero en el Congreso y con la revisión de la Corte Constitucional] no entrará en vigor. 

El congresista por el partido Centro Democrático usó dicho argumento en la sesión de presentación del proyecto para la ratificación en el Congreso, el 4 de noviembre, y envió una carta al Ministerio del Interior pidiendo “suspender el trámite legislativo [para aprobar el acuerdo], hasta tanto no se surta la consulta previa”. 

Pero, según coinciden Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú; Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, y Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, de acuerdo con la normatividad, para la ratificación de Escazú no se requiere consulta previa. Hay que aclarar que esto no quiere decir que no se pueda requerir en el futuro o por alguna norma derivada de la entrada en vigor. 

De acuerdo con la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional, “solo es necesario someter a consulta previa los tratados internacionales que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afro-descendientes y raizales”. 

Es decir, cuando el tratado implique una “afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho [el de la consulta previa]”, tenga “disposiciones que regulen de manera desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los mismos” o contenga disposiciones que “alteren el estatus de tales comunidades”

En caso de que aplique, la consulta debe ser antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República. Pero la afectación, hay que aclarar de nuevo, “debe ser directa, no accidental o circunstancial”, según la misma sentencia. 

En palabras de Serna, “partiendo de esa base, la consulta previa no aplica para Escazú. El tratado contiene disposiciones generales para el Estado colombiano que no alteran el estatus de los pueblos étnicos y que no tiene ninguna afectación directa sobre sus territorios o sobre su identidad cultural porque el acuerdo se enfoca en reforzar el acceso a la información ambiental, la promoción de la participación y a fortalecer el rol de todos los ciudadanos en la toma de decisiones”. 

La solicitud de consulta previa antes de seguir el trámite legislativo para la ratificación es, de acuerdo con Briceño, “una forma de distorsionar el debate”. En sus términos: “hay que entender que frente a los acuerdos tenemos una normatividad en la Constitución que está conectada con la Convención de Viena de 1969 del derecho de los tratados y que determina que el control de la ratificación lo da la Corte Constitucional. Es esta la que debe verificar que el acuerdo sea acorde a las exigencias constitucionales y la que podría alumbrar el alcance con relación a la consulta previa, con relación a los mismos estándares que ella ha fijado”. Es decir, este no es el papel del Congreso en este punto del proceso de ratificación. 

Es más, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, envió una carta al Gobierno y al Congreso rechazando el pedido del senador Macías y la “instrumentalización de la consulta previa”. 

Además escribió:

 “Las organizaciones que conformamos la MPC consideramos que este tratado contiene disposiciones que no restringen, sino que fortalecen las garantías de participación para los pueblos indígenas. Consideramos que hay complementariedad entre el acuerdo de Escazú y las garantías para la participación indígena que ya están reconocidas en el Convenio 160 de la OIT, la ley 21 de 1991 y múltiples pronunciamientos de las altas cortes colombianas”.

Entonces, en Colombiacheck calificamos el argumento del senador como cuestionable.