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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que Colombia tenga herramientas suficientes para garantizar derechos a información, participación y acceso a justicia ambientales

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este ha sido uno de los argumentos que han usado José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal y el Consejo Gremial, entre otros opositores del Acuerdo de Escazú, para solicitar que no se ratifique este tratado. Aquí, nuestra revisión.

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, es [lo explicamos con mayor profundidad en otro artículo] una herramienta que tiene como propósito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

Se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Colombia lo firmó el 11 de diciembre de 2019 y para su entrada en vigor en el país falta su ratificación a través de un proceso legislativo [además de la posterior revisión de la Corte Constitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

En medio de este proceso, uno de los argumentos más recurrentes de quienes se oponen a Escazú es que Colombia cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar los tres derechos sobre los que versa el tratado y que entonces no es necesaria la ratificación.  

Este argumento lo empleó el Consejo Gremial en un análisis de conveniencia que le envió al presidente Duque a principios de septiembre de 2020 en contra de la ratificación. También lo nombró la senadora María Fernanda Cabal en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales. Además el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie lo escribió en estos términos en una columna que publicó a finales de septiembre en El Heraldo: “Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos estratégicos”. 

Sin embargo, varios de los expertos en derecho ambiental que consultamos tanto para este artículo como para otras verificaciones sobre el acuerdo [puede consultarlas aquí 1 y 2]  consideran que aunque Colombia tiene mucho de los estipulado en Escazú, al país le falta efectividad en la aplicación de las normas y mejores estándares.

“No se está desconociendo que los países tienen muchos avances. Todos los países de Latinoamérica ya tienen unos esquemas y unas figuras que en muchos casos funcionan bien. Pero hace falta. Si [las normas] estuvieran y funcionaran, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos de asesinato de líderes ambientales”, señala Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. 

Hay que recordar que Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socioambientales en el mundo, según el Atlas de Justicia Ambiental. Además, en 2019 fue el país más peligroso para los defensores de derechos humanos ambientales: de los 212 asesinatos de líderes y lideresas ambientales que ocurrieron ese año, 64 se situaron en Colombia, según un informe publicado a mediados de 2020 por la ONG Global Witness. 

Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, por su parte, considera que “aunque desde hace mucho tiempo se afirma que la Constitución colombiana es una constitución ecológica, realmente no ha logrado afinar los mecanismos ni de acceso a la justicia, ni de participación, especialmente. Por ejemplo, en el acceso a la justicia, si bien hay acciones ordinarias, están encaminadas más a la reparación del individuo que a la reparación del daño ambiental. Y la participación sigue siendo defectuosa, tenemos más 400.000 tutelas en temas de medio ambiente”.

En ese sentido, como ya explicamos en otro artículo, Chaves considera que “el Acuerdo de Escazú es esencial porque cerraría esa brecha de protección que las constituciones parecen no haber colmado, ayudaría a tratar de propugnar por una protección más eficaz del medio ambiente y es una alternativa para mejorar las herramientas que nosotros ya tenemos e integrarnos a un sistema de protección internacional, a unos estándares convencionales que son necesarios para tratar aquellas deficiencias que tiene el mismo modelo constitucional”. 

De hecho, la Corte Constitucional en la Sentencia SU 095 de 2018 estableció que el país tiene un “déficit de protección constitucional en materia de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorios específicos para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables”. 

Entonces, la afirmación de que el país cuenta con las herramientas necesarias para garantizar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia es, para Colombiacheck, cuestionable. 
 

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Jueves, 25 Octubre 2018

La Van der Hammen no es el único lugar que podría garantizar conexión biológica en Bogotá, como dice Petro

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El senador dijo que la reserva es el único lugar que podría garantizar una conexión biológica entre los cerros orientales y el río Bogotá. Expertos dicen que es uno de los mejores, pero no el único.

Hace unos días la reserva forestal Thomas Van der Hammen volvió al debate público debido a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) acoger la propuesta de intervención que estaba adelantando el Distrito para urbanizar y construir viviendas y corredores viales sobre la reserva.

Pero, cuando el debate aún estaba en boga, el senador Gustavo Petro aprovechó una entrevista que le hicieron al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en Blu Radio, para criticar el proyecto.

A través de su cuenta de Twitter, el senador escribió que la reserva Thomas Van der Hammen “es el único lugar hoy que podría garantizar la conección (sic) biológica, que implica masas biológicas y no bosques lineales, entre los cerros orientales y el río Bogotá”.

Además del evidente lapsus ortográfico del senador, lo que encontró Colombiacheck después de hablar con un par de expertos, es que su afirmación es Aproximada.

Fernando Remolina, geólogo y biólogo que ha estudiado la reserva, afirma que no es el único lugar que puede garantizar esa conexión, como sostiene Petro, pero sí “uno de los mejores lugares”.

Esto porque, de acuerdo con Remolina, está ubicada en el centro geográfico entre los cerros orientales y el río Bogotá. “Cuando uno mira el mapa se da cuenta de que está en todo el centro, es la columna vertebral”, sostiene el geólogo.

Además, según Byron Calvachi, biólogo y consultor ambiental, “en ese sitio donde se definió la reserva hay muchos aspectos que sí se podría decir que son únicos, pero eso no quiere decir que sean exclusivos”.

Lo que señalan los dos expertos es que fuera de la ciudad, hacia el norte, en la Sabana, existen otros lugares en los que vuelven a estar cerca los cerros orientales y el río Bogotá. Pero efectivamente, dentro del área de la capital, la ubicación de la Van der Hammen hoy es la mejor para realizar dicha conexión.

Remolina indica que dentro de Bogotá la Reserva sería aún mejor punto de conexión si fuera más grande que la actual. “En otras palabras, la Reserva está en el mejor lugar posible, pero podría unir físicamente los Cerros Orientales con el cerro de La Conejera, lo cual no hace actualmente en la parte norte, en Usaquén”.

Ahora bien, el tema de los bosques lineales que referencia Petro, tiene que ver con la propuesta del alcalde Peñalosa de crear en la reserva “grandes parques lineales”, además de “avenidas exclusivas para el transporte público y para bicicletas, y espacios verdes ambientales y recreativos como los que hoy no tiene Bogotá”, según la información publicada por el Distrito.

Lo que dice sobre el tema Remolina es que los ‘parques lineales’ son potreros arbolados, y no ofrecen la función ecológica, ni proveen los recursos ecosistémicos de una reserva.

Por su parte, Calvachi dice que “las reservas tienen que tener la característica del efecto refugio que le ofrecen a los animales. Si es un bosque lineal no tienen dónde refugiarse en caso de necesitarlo”.

Además, “si uno mira en la escala, en la función ecológica, quién tiene mayor función y puede proveer más servicios de los ecosistemas, son los bosques”, afirma Remolina.

Un lugar con potencial

Para entender el debate, de acuerdo con Calvachi, es importante entender primero qué es una reserva. Según su definición, una reserva tiene el propósito de conservar valores biológicos que se ha determinado que son de importancia medioambiental.

Actualmente es cierto que apenas el 7,8% de la reserva es área protegida (Bosque de las Mercedes y Bosque de las Lechuzas), como dice el informe publicado por el Distrito. De resto no hay nada en términos ecosistémicos, porque “todo está por hacerse”, dice Remolina.

Pero lo que ocurre con la reserva Thomas Van der Hammen es que realmente ofrece la posibilidad de conectar con otros puntos ecosistémicos importantes de la ciudad, según Remolina.

Y eso sería posible creando una reserva que sume los cerros orientales (particularmente el de Torca), los humedales Torca y Guaymaral, el cerro de La Conejera, el humedal La Conejera, la reserva Thomas Van der Hammen y el río Bogotá, hasta llegar al cerro de Manjui.

Mapa reserva Van der Hammen

*Mapa de la ubicación actual de la reserva Thomas Van der Hammen y los otros puntos naturales que permitirían hacer una conexión entre cerros orientales y río Bogotá más completa.

 

“La Reserva Van Der Hammen es una demarcación geográfica de 1.397 hectáreas ubicada al norte de Bogotá, entre las calles 150 y 235”, según una publicación de la Alcaldía de Bogotá.

Si se restaurara la reserva y se adhiriera a ella los otros puntos naturales (algunos declarados de protección ambiental), “podríamos tener una selva andina nuevamente”, dice Calvachi. “El clima allá es muy húmedo y eso le da un potencial para recuperar rápidamente un bosque.

Pero al fragmentar la reserva, lo que ocurre es que la ciudad se vuelve insostenible. “Bogotá no tiene suficiente estructura ecológica para sostenerse. El 87% de su agua proviene de otros municipios, eso demuestra que no es sostenible y que depende de otros”, afirma Remolina.

De hecho, Remolina se queda corto con esta cifra. Según el jefe del Sistema Chingaza de la Empresa de Acueducto de Bogotá, el ingeniero Fernando Manrique Ocampo, el 70% del agua que se consume en Bogotá proviene del páramo de Chingaza. El 28% de la planta de Tibitó (Río Bogotá), en Fómeque, Cundinamarca, y el 2% restante del río Tunjuelo (embalses Chizacá y Regadero), en la localidad bogotana de Usme.

Para la función ecológica es necesaria la biodiversidad. Es decir, para que se produzca el agua se necesita una biodiversidad y, para este caso, es necesario restablecer esa biodiversidad.

Según Remolina, que los ríos de Bogotá provean un porcentaje tan bajo del agua que necesita a ciudad, “significa que nuestra base biofísica no es suficiente para las necesidades de la capital”.