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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que Colombia tenga herramientas suficientes para garantizar derechos a información, participación y acceso a justicia ambientales

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este ha sido uno de los argumentos que han usado José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal y el Consejo Gremial, entre otros opositores del Acuerdo de Escazú, para solicitar que no se ratifique este tratado. Aquí, nuestra revisión.

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, es [lo explicamos con mayor profundidad en otro artículo] una herramienta que tiene como propósito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

Se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Colombia lo firmó el 11 de diciembre de 2019 y para su entrada en vigor en el país falta su ratificación a través de un proceso legislativo [además de la posterior revisión de la Corte Constitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

En medio de este proceso, uno de los argumentos más recurrentes de quienes se oponen a Escazú es que Colombia cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar los tres derechos sobre los que versa el tratado y que entonces no es necesaria la ratificación.  

Este argumento lo empleó el Consejo Gremial en un análisis de conveniencia que le envió al presidente Duque a principios de septiembre de 2020 en contra de la ratificación. También lo nombró la senadora María Fernanda Cabal en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales. Además el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie lo escribió en estos términos en una columna que publicó a finales de septiembre en El Heraldo: “Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos estratégicos”. 

Sin embargo, varios de los expertos en derecho ambiental que consultamos tanto para este artículo como para otras verificaciones sobre el acuerdo [puede consultarlas aquí 1 y 2]  consideran que aunque Colombia tiene mucho de los estipulado en Escazú, al país le falta efectividad en la aplicación de las normas y mejores estándares.

“No se está desconociendo que los países tienen muchos avances. Todos los países de Latinoamérica ya tienen unos esquemas y unas figuras que en muchos casos funcionan bien. Pero hace falta. Si [las normas] estuvieran y funcionaran, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos de asesinato de líderes ambientales”, señala Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. 

Hay que recordar que Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socioambientales en el mundo, según el Atlas de Justicia Ambiental. Además, en 2019 fue el país más peligroso para los defensores de derechos humanos ambientales: de los 212 asesinatos de líderes y lideresas ambientales que ocurrieron ese año, 64 se situaron en Colombia, según un informe publicado a mediados de 2020 por la ONG Global Witness. 

Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, por su parte, considera que “aunque desde hace mucho tiempo se afirma que la Constitución colombiana es una constitución ecológica, realmente no ha logrado afinar los mecanismos ni de acceso a la justicia, ni de participación, especialmente. Por ejemplo, en el acceso a la justicia, si bien hay acciones ordinarias, están encaminadas más a la reparación del individuo que a la reparación del daño ambiental. Y la participación sigue siendo defectuosa, tenemos más 400.000 tutelas en temas de medio ambiente”.

En ese sentido, como ya explicamos en otro artículo, Chaves considera que “el Acuerdo de Escazú es esencial porque cerraría esa brecha de protección que las constituciones parecen no haber colmado, ayudaría a tratar de propugnar por una protección más eficaz del medio ambiente y es una alternativa para mejorar las herramientas que nosotros ya tenemos e integrarnos a un sistema de protección internacional, a unos estándares convencionales que son necesarios para tratar aquellas deficiencias que tiene el mismo modelo constitucional”. 

De hecho, la Corte Constitucional en la Sentencia SU 095 de 2018 estableció que el país tiene un “déficit de protección constitucional en materia de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorios específicos para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables”. 

Entonces, la afirmación de que el país cuenta con las herramientas necesarias para garantizar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia es, para Colombiacheck, cuestionable. 
 

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Domingo, 10 Diciembre 2017

Emparamados: ¿está o no la mina Soto Norte en Santurbán?

Por David Tarazona

El pasado miércoles 15 de noviembre de 2017 el ministro de Minas Germán Arce negó en Caracol Radio que la mina Soto Norte de Minesa invada el páramo de Santurbán. “La licencia es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida”, dijo Arce en los micrófonos de la emisora. Colombiacheck verificó esta afirmación.

El pronunciamiento del ministro Arce se dio tres días después de que él mismo había confirmado en Abu Dhabi la inyección de 1.000 millones de dólares en el proyecto minero Soto Norte por parte del fondo de inversión Mubadala, del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. La mina espera extraer 9 millones de onzas de oro en 25 años. El anuncio de Arce generó una ola de indignación en el país incluyendo voces como la del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y la de ambientalistas de la zona, que dicen que la actividad minera en la zona podría afectar sus fuentes de agua, ubicadas en cercanías de Santurbán.

 

Cortesía: Caracol Radio

Tras consultar al Ministerio de Minas, MinAmbiente, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la comunidad en contra de la explotación minera en Santurbán y a un especialista en temas legales y ambientales, Colombiacheck calificó la declaración del ministro Arce según la cual “la licencia [de Minesa] es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida” como Ligera.

La vigencia de la zona protegida de Santurbán y la disputada extensión del páramo

El anuncio de la inyección de capital del fondo Mubadala en Soto Norte no se pudo dar en un peor momento para el Gobierno. Una semana antes la Corte Constitucional publicó en su página web el fallo que tumbó la delimitación que el Ministerio de Ambiente había establecido para la zona protegida del páramo de Santurbán por no haber consultado a las comunidades afectadas por la demarcación. En este caso, la Corte ordenó realizar consulta previa con los afectados.

La Corte, en su sentencia T-361/17, dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente que delimitaba la zona protegida de Santurbán, pues consideró que no se respetó el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente que “en el término de un 1 año[...] emita una nueva resolución para delimitar el Páramo en las Jurisdicciones Santurbán – Berlín” en un proceso deliberativo e incluyente con las comunidades tras fallar una tutela interpuesta por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El año comenzó a correr desde el pasado 17 de noviembre.

El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete
El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete

Según el abogado ambientalista Rodrigo Negrete y asesor legal en temas de consulta previa de comunidades preocupadas por los potenciales impactos de la minería en Santurbán, no solo se desconoce si con los nuevos límites que se decidan antes de que se acabe el año dado por la Corte Constitucional, la mina Soto Norte estaría dentro del páramo, sino que también la duración de la licencia solicitada por Minesa ante la ANLA, por 25 años, genera incertidumbre. “Mantener por un año la delimitación [por parte de la Corte] es en virtud del principio de precaución de que no se generen nuevas afectaciones en la zona delimitada, pero, además, hay una posibilidad que el título de Minesa pueda quedar [después] incluido dentro del páramo [con la nueva delimitación]”, dijo Negrete a Colombiacheck.

Como respuesta a la indignación que generó el proyecto de Minesa en cercanías de Santurbán, la ANLA, por su parte, anunció que no se tomarán decisiones frente a la licencia a la que postuló la compañía hasta que se termine el proceso consultivo ordenado por la Corte Constitucional para definir los nuevos límites del páramo, lo que no significa que el trámite de la licencia se detenga.

El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente
El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente

Si bien es cierto que el proyecto minero Soto Norte está fuera de la zona protegida, según los límites cuya durabilidad solo tienen un año, precisamente por el fallo de la Corte y la consulta previa que aún falta, es ligero afirmar que a largo plazo seguirá fuera del área de páramo cuando nadie conoce cuál será la nueva demarcación. Además, el Ministerio de Ambiente delimitó en 2014 la zona protegida de Santurbán con 98.954 hectáreas, a pesar de que tenía como insumo el estudio del Instituto Alexander von Humboldt de 2012 en el que el páramo tenía la extensión de 142.000 hectáreas, 43.046 menos que las que decidió el Gobierno.

A la luz de los documentos, las entrevistas realizadas y la incertidumbre que hay sobre la extensión del páramo, Colombiacheck califica la declaración del ministro Arce de que “la licencia [de Soto Norte] es por fuera del páramo” como Ligera porque sus argumentos solo tienen vigencia de un año y después de esto la incertidumbre frente al tema es total, con lo cual no se puede afirmar con certeza que el proyecto Minesa quedó fuera de los límites del páramo de Santurbán.

El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL
El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL

De alguna manera, la firma de este proyecto genera una presión para las autoridades colombianas al trazar esos límites, cuestión que no es la ideal para decidir un tema tan imperioso como éste. "El tema no es sencillo, es delicado" nos confirmó el biólogo Gonzalo Andrade, profesor en la Universidad Nacional y conocedor de la problemática de Santurbán. "El presidente [Santos] protegido por la ley y por la norma decidió impulsar este proyecto [de Minesa], pero desde un punto de vista biológico y ambiental es un adefesio" dijo el biólogo a Colombiacheck. Andrade, además, explicó que el ecosistema de páramo no está aislado y espera que el Gobierno haga un análisis juicioso para definir los nuevos límites.

Los límites subterráneos de la mina

Aunque es cierto que la parte superficial de la mina está a 400 metros en bajada del límite de la zona protegida, el abogado ambientalista Rodrigo Negrete, dice que el área subterránea de la mina puede invadir los límites actuales, pues el proyecto minero funcionará con túneles, algunos ya construidos. “Hay una línea superficial, pero no se sabe la [línea] asociada al tema subterráneo y ahí es donde el túnel toma agua, chupa agua y ahí puede haber afectación. No sé cuánto kilómetros van a tener esos túneles porque no va a ser uno solo”, explicó Negrete a Colombiacheck.

El Ministerio de Minas respondió a Colombiacheck que el área subterránea de la mina será de 460 metros por debajo de la línea de páramo, aunque reconoce que solo la ANLA tiene la última palabra para determinar –de manera oficial– que los túneles no invadirán el área protegida. “La cota de los túneles en su punto más alto es de 2.640 metros sobre el nivel del mar de ahí[...] En ese sentido, el desarrollo del proyecto va en sentido contrario a la línea del páramo que inicia a los 3.100 metros sobre el nivel del mar.” afirmó el Ministerio de Minas a Colombiacheck.

De hecho, según un informe del periódico santandereano Vanguardia Liberal, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) confirmó que hay una investigación para determinar si hubo daño ambiental del proyecto minero Soto Norte durante la construcción de un túnel subterráneo de exploración conocido como El Gigante. La pesquisa determinará si la responsabilidad por un posible daño ambiental sería de Minesa o de Aux Colombia, empresa que habría iniciado la obra antes de cederla a la primera.

Los potenciales riesgos de la minería en cercanías de Santurbán

Según los especialistas, en la zona hay más arsénico y otros metales pesados que el oro. La liberación de estos metales pesados durante la explotación minera y su posterior contacto con el oxígeno pueden afectar la salud humana si llegan a mezclarse con el agua. “Se contaminan los suelos y las aguas y como la bocatoma del acueducto de Bucaramanga está abajo, puede haber contaminación de esas aguas con arsénico” advirtió el abogado Rodrigo Negrete. Por lo que solicitan al Ministerio de Ambiente y al de Minas la prohibición de la minería a gran escala y la suspensión de los trámites de licencia ambiental en la zona.

Al respecto, el Ministerio de Minas respondió a estas inquietudes: “si el proyecto genera un riesgo[...] no va a pasar la evaluación medioambiental [de la ANLA]”.

Aunque la última palabra solo la tendrán la ANLA y la nueva delimitación, en la baraja de variables a sortear en este caso, se juntan: la incertidumbre sobre los límites del área subterránea de la mina, la duración de 25 años de la licencia solicitada por Minesa, la discutida extensión real del páramo de 142.000 hectáreas recomendadas por el Instituto Von Humboldt 43.000 más que las aceptadas por el Gobierno y la vigencia por solo un año de la demarcación actual de la zona protegida. Por esto creemos que el ministro de Minas Germán Arce no podía salir de manera ligera y afirmar que todo está en orden.