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Chequeo Múltiple

Miércoles, 16 Diciembre 2020

Chequeo a columna de Vargas Lleras sobre el Acuerdo de Escazú

Por Laura Rodríguez Salamanca

El jefe de Cambio Radical publicó en octubre un texto en El Tiempo en contra de la ratificación de este acuerdo ambiental. Le pusimos la lupa a tres de sus argumentos.

El pasado 3 de octubre de 2020, el jefe del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, publicó una columna en el periódico El Tiempo en la que expuso las razones por las que se opone a la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como Acuerdo de Escazú. 

Esta herramienta [como contamos con más detalle en este explicador] se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.  

El tratado fue adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019 y se falta el proceso de ratificación en el Congreso [luego tendría que pasar la revisión de la Corte Costitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

Por la importancia de este tema para el país y la protección del medio ambiente, chequeamos tres de las afirmaciones de Vargas Lleras, que de acuerdo con nuestra metodología son susceptibles de verificación. [Aquí puede consultar otros dos chequeos que hicimos sobre este acuerdo: 1 y 2]. 

“En la elaboración de este tratado (...) en nada intervino el Gobierno”.

Cuestionable

Aunque el gobierno de Duque no participó ni en las rondas de preparación del tratado (2012-2014), ni en las reuniones del Comité de Negociación, porque estas se llevaron a cabo entre el 5 de mayo de 2015 y el 4 de marzo de 2018, cinco meses antes de su posesión, la afirmación del jefe de Cambio Radical es engañosa. El Estado colombiano sí jugó un papel en la negociación. 

En palabras de Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú, “en el caso de Colombia, quien tuvo la bandera era una delegado de la Cancillería que iba a las negociaciones y volvía a Colombia. Aquí había un comité asesor y entre todos tomaban la decisión de cómo iba a ser la postura de Colombia. Aparte de eso, hubo un acompañamiento por parte del Ministerio de Ambiente, pero ese acompañamiento no incluía voz y voto”. 

En la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que hizo las veces de secretaría técnica del tratado, Colombia es mencionada en la lista de los 24 miembros del Comité de Negociación del tratado, el cual “sostuvo nueve reuniones presenciales y seis reuniones entre periodos virtuales”. De hecho, en la misma página se hace referencia a que durante la fase preparatoria del tratado, Colombia y Jamaica lideraron el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación, que se reunió siete veces de manera virtual. 

En las reuniones del grupo de trabajo aparecen como asistentes María Angélica García, segunda secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Andrea Marcela Alarcón Mayorga, coordinadora de Asuntos Sociales, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Hans de Francesco Maldonado, tercer secretario de Relaciones Exteriores del mismo ministerio. De acuerdo con el portal Función Pública, todos siguen siendo funcionarios del ministerio.  [Aquí se puede acceder a los reportes y a la asistencia de cada una de las reuniones]. 

Así mismo, en las listas de asistencia de las 15 reuniones del Comité de Negociación del tratado, además de los anteriores funcionarios, aparecen en algunas oportunidades Marta Galindo, ministra consejera de la Embajada de Colombia en Chile; Diana Guevara, asesora de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, y Germán Andrés Calderón, coordinador de asuntos sociales de la Cancillería. Estos funcionarios aún trabajan en las mismas entidades. 

“Este tratado introduce reformas de las consultas previas” y “cambios en nuestro derecho de petición vigente”. 

Cuestionable

Estos argumentos son engañosos. Según explica Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia,  “el Acuerdo de Escazú en ningún momento se mete directamente con disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que hace es fijar estándares más altos para la implementación de lo que ya existe en Colombia y dice explícitamente que en todo caso primará la legislación ambiental nacional de cada país que sea más favorable”. 

En el artículo 4 del texto del tratado, se dice: 

“Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un acceso más  amplio  a  la  información  ambiental,  a  la  participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales”.

En todo caso, según explica Andrés Briceño, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, “así no se asumiera Escazú, por vía de la aplicación de la Convención Americana del Protocolo de San Salvador [que entró en vigencia en Colombia en 1999] y de la Opinión Consultiva [sobre derechos humanos y medio ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos], Colombia tendría que acomodarse a los estándares convencionales tanto en el derecho de petición como en el de consulta previa. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se dieron luces sobre esa obligación y aquí no se ha obedecido adecuadamente”. 

El doctor Briceño, se refiere con lo anterior al caso Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que surgió porque una compañía petrolera entró en 2002 a hacer explotación en el territorio de este pueblo indígena amazónico con autorización del Estado ecuatoriano, pero sin consultar debidamente a la comunidad. 

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, según Briceño, “dejó unos estándares y reglas que ya están siendo operativos y que desde 2012 y que debían exigir para Colombia la adecuación de instrumentos como el derecho de petición y la consulta previa a estándares como los que está tomando Escazú. Entonces esos estándares ya son exigibles con o sin este acuerdo”.

El tratado introduce el principio “de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, también el muy controvertido principio precautorio”. 

Falso

El constitucionalista e investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, verificó este argumento de Vargas Lleras en una columna que publicó a mediados de octubre en El Espectador. Señaló que tiene tres errores: 

“(i) el principio precautorio es el mismo principio de precaución; (ii) ese principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace rato, como lo ha señalado la Corte Constitucional en innumerables sentencias, como la C-988/04 o la C-595/10, (iii) y no es cierto que ese principio bloquee toda actividad por una simple sospecha de cualquier daño. Lo que dice es que si hay bases científicas razonables para temer un daño que sea grave e inaceptable, entonces la falta de certeza sobre su ocurrencia o sus mecanismos causales no debe impedir tomar medidas de precaución”.
 

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Cuestionable

Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que se requiera consulta previa antes de la ratificación del Acuerdo de Escazú, como dice Ernesto Macías

Por Laura Rodríguez Salamanca

El senador ha sostenido este argumento en varias ocasiones. Pero un par de expertos en derecho ambiental a los que consultamos ponen esto en tela de juicio.

En medio de la discusión en el Congreso sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, el senador Ernesto Macías ha señalado que es necesario realizar una consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de continuar con el proceso legislativo.

Hay que recordar que, como explicamos con mayor profundidad en otro artículo, el Acuerdo de Escazú es una herramienta diseñada con el propósito de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019, pero hasta que no se ratifique [primero en el Congreso y con la revisión de la Corte Constitucional] no entrará en vigor. 

El congresista por el partido Centro Democrático usó dicho argumento en la sesión de presentación del proyecto para la ratificación en el Congreso, el 4 de noviembre, y envió una carta al Ministerio del Interior pidiendo “suspender el trámite legislativo [para aprobar el acuerdo], hasta tanto no se surta la consulta previa”. 

Pero, según coinciden Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú; Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, y Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, de acuerdo con la normatividad, para la ratificación de Escazú no se requiere consulta previa. Hay que aclarar que esto no quiere decir que no se pueda requerir en el futuro o por alguna norma derivada de la entrada en vigor. 

De acuerdo con la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional, “solo es necesario someter a consulta previa los tratados internacionales que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afro-descendientes y raizales”. 

Es decir, cuando el tratado implique una “afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho [el de la consulta previa]”, tenga “disposiciones que regulen de manera desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los mismos” o contenga disposiciones que “alteren el estatus de tales comunidades”

En caso de que aplique, la consulta debe ser antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República. Pero la afectación, hay que aclarar de nuevo, “debe ser directa, no accidental o circunstancial”, según la misma sentencia. 

En palabras de Serna, “partiendo de esa base, la consulta previa no aplica para Escazú. El tratado contiene disposiciones generales para el Estado colombiano que no alteran el estatus de los pueblos étnicos y que no tiene ninguna afectación directa sobre sus territorios o sobre su identidad cultural porque el acuerdo se enfoca en reforzar el acceso a la información ambiental, la promoción de la participación y a fortalecer el rol de todos los ciudadanos en la toma de decisiones”. 

La solicitud de consulta previa antes de seguir el trámite legislativo para la ratificación es, de acuerdo con Briceño, “una forma de distorsionar el debate”. En sus términos: “hay que entender que frente a los acuerdos tenemos una normatividad en la Constitución que está conectada con la Convención de Viena de 1969 del derecho de los tratados y que determina que el control de la ratificación lo da la Corte Constitucional. Es esta la que debe verificar que el acuerdo sea acorde a las exigencias constitucionales y la que podría alumbrar el alcance con relación a la consulta previa, con relación a los mismos estándares que ella ha fijado”. Es decir, este no es el papel del Congreso en este punto del proceso de ratificación. 

Es más, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, envió una carta al Gobierno y al Congreso rechazando el pedido del senador Macías y la “instrumentalización de la consulta previa”. 

Además escribió:

 “Las organizaciones que conformamos la MPC consideramos que este tratado contiene disposiciones que no restringen, sino que fortalecen las garantías de participación para los pueblos indígenas. Consideramos que hay complementariedad entre el acuerdo de Escazú y las garantías para la participación indígena que ya están reconocidas en el Convenio 160 de la OIT, la ley 21 de 1991 y múltiples pronunciamientos de las altas cortes colombianas”.

Entonces, en Colombiacheck calificamos el argumento del senador como cuestionable.