Tras la destitución del presidente peruano Pedro Castillo luego de intentar disolver el Congreso e instalar un “gobierno de excepción”, en redes sociales se amplía la narrativa de que fue el cuerpo legislativo el que en realidad le dio un golpe de Estado al Ejecutivo el pasado 7 de diciembre.

Con esta premisa encontramos un video en Facebook, que para el 23 de diciembre sumaba 67.000 reproducciones y más de 6.000 me gusta, del usuario Duván Toro, un autodenominado “activista político” afín al mandatario colombiano, Gustavo Petro, que tiene más de 21.000 seguidores en esa red social. En el audiovisual afirma, entre otras cosas, lo siguiente:

“Por eso se completan ya dos golpes de Estado en tan solo una semana, en Argentina con Cristina [Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de ese país], de manera judicial, y recientemente con Pedro Castillo por parte del Congreso (…) El que dio un golpe de Estado fue su Congreso, solo 81 congresistas dieron el ultimátum para sacarlo”.

En otra parte del video también asegura que esto forma parte de un plan de la extrema derecha como fue la Operación Cóndor, “cuyo fin estratégico era erradicar a como diera lugar los gobiernos progresistas en Latinoamérica”.

A través de la herramienta CrowdTangle, propiedad de Meta, pudimos observar un aumento de las publicaciones en esta red social que sostienen que el parlamento peruano fue el que le dio el golpe de Estado a Castillo. Para nuestra revisión usamos las palabras claves “congreso + perú + golpe de estado + “contra pedro castillo’”. El resultado fueron 550 posts, con 28.250 interacciones y dos picos de difusión el 7 y 12 de diciembre.

Entre las cuentas que apoyan esta narrativa detectamos varios perfiles, entre ellos Perú Unido Contra La Corrupción Y Abusos Del Gobierno, con 76.000 seguidores, y que en un post afirma que Castillo fue víctima de un golpe de Estado y sigue siendo presidente. Lo mismo asegura Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, con 4.300 seguidores, en una publicación compartida y que indica “Denunciamos el golpe de Estado contra Pedro Castillo Terrones” y la cuenta Ecuador Revolucionario, con 66.000 seguidores y que tiene un video titulado “Gringos encima de la izquierda en América Latina por nuestro litio!” (sic).

En Twitter, mediante búsqueda avanzada, también encontramos trinos en los que se afirmaba lo mismo sobre Castillo y el Congreso (1, 2): “Golpe de estado en Perú contra Pedro Castillo. El Congreso y Fuerzas Armadas habrían coordinado solicitar la renuncia del presidente Pedro Castillo”, “Golpe y represión en #Perú 🇵🇪 #AFondo. Romain Migus comenta desde Lima las claves que preceden y explican el golpe de Estado del Congreso y Dina Bularte contra Pedro Castillo”.

Debido a que esta narrativa se sigue ampliando y a que el video de Toro apareció reportado por usuarios de Facebook como posible noticia falsa en la plataforma del programa 3PFC, una alianza que tenemos con Meta para combatir la desinformación, decidimos verificar la publicación por la cantidad de interacción que acumula. Concluimos que se trata de contenido falso, ya que desconoce que el Congreso peruano sí tenía la autoridad para destituir a Pedro Castillo cuando el expresidente intentó romper el hilo constitucional con su anuncio de disolver el parlamento.

Esta verificación se suma a una que anteriormente hicimos a unas declaraciones entregadas por el presidente Petro a la revista Semana, en las que asomaba la misma idea de que hubo un “golpe parlamentario” contra el ahora exmandatario peruano, lo cual resultó para nuestra metodología como cuestionable. Puede leer la verificación como “Petro defiende a Castillo con interpretación enrevesada de la Constitución de Perú”.

Los hechos

El 7 de diciembre de este año, en un acto que sorprendió a la opinión pública mundial, el entonces presidente Castillo anunció que disolvería el Congreso, decretaría un Estado de Excepción e intervendría el sistema judicial y reformaría el resto de poderes públicos, lo cual de inmediato fue calificado por los órganos públicos, abogados y políticos como un golpe de Estado.

Su intención de cerrar el parlamento iba en contra de lo que establece la Carta Magna peruana en su artículo 134, donde se indica que el presidente de la República solamente “está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

“No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”, puntualiza el texto constitucional.

La cuestión de confianza o el voto de confianza, según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, constituye un mecanismo que solicita el Ejecutivo al Congreso de la República para “la investidura del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete”. También puede ser invocado por ministros o el propio presidente del Consejo de Ministros sobre materias de competencia del Poder Ejecutivo.

Hasta ese momento, Castillo no tenía ninguna cuestión de confianza negada, según el Tribunal Constitucional, la institución que delibera y da un veredicto sobre este tema. Sin embargo, para el Gobierno sí hubo una negativa de voto de confianza el 24 de noviembre.

En esa fecha el Poder Legislativo peruano rechazó “de plano” una cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien la solicitó para un proyecto de ley que proponía una reforma constitucional relacionada con el referéndum en el país. Esto fue asumido por Castillo como el primer voto de confianza negado, aunque el tribunal advirtió que él no podía hacer esa interpretación.

Ante la orden del presidente peruano de disolver el Congreso, el ente judicial emitió un comunicado en el que alertó que Castillo había “quebrantado el orden constitucional” y se había “puesto al margen de la Constitución y la ley”. En este sentido, exhortó al Congreso a actuar conforme a sus atribuciones y acorde al orden sucesorio, por lo que la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, debía asumir el cargo de presidenta de la República.

La Procuraduría General del Estado también anunció, en un comunicado, que interpondría una denuncia penal contra Castillo por haber dispuesto “la disolución del Congreso de la República en contra del texto expreso del artículo 133 de la Constitución” (sic).

Sobre este tema, previamente en Colombiacheck publicamos el explicador “Golpe, vacancia y nueva presidenta: una guía para entender el escenario político peruano”, en el que detallamos algunos aspectos de lo que ocurrió en Perú.

La acción del Congreso

Estos hechos ocurrieron el mismo día en el que el Congreso se disponía a debatir la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Tras el fallido golpe de Estado, en plenaria los congresistas votaron por destituir al Ejecutivo por “permanente incapacidad moral”, amparándose en los artículos 113 y 117 de la Constitución peruana y teniendo en cuenta que intentó disolver el Legislativo, usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política, tal como consta en la edición extraordinaria de El Peruano del 7 de diciembre de 2022.

La vacancia o destitución fue aprobada por 101 congresistas (se necesitaban 87 votos) y no 81, como dijo Toro en su video. Así lo informó el parlamento tras la votación:

Defendiendo nuestra democracia y la Constitución, el #PlenoDelCongreso aprobó, con 101 votos a favor, la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/2CVLkmMwVw

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 7, 2022

Para la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, en entrevista con el medio peruano Ojo Público, el poder Legislativo tenía la potestad de dar vía a la destitución de Castillo. “El Congreso ha usado un procedimiento de vacancia que tenía en camino y, al momento de poner la resolución, han mencionado el artículo 117 [de la Constitución] que habilita a ir contra la inmunidad presidencial. Tiene una excepción, disolver el congreso de forma inconstitucional”, explicó.

Aunque para el abogado constitucionalista Omar Cairo, consultado por la revista de investigación Caretas, ese proceso de vacancia “fue errado” ya que él, al dictar medidas como el cierre del Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción, Castillo pasaba a convertirse en un “gobernante de facto” y no era necesario vacarlo.

¿Hubo un golpe parlamentario?

Erick Urbina, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Lima, le dijo a Colombiacheck que no hubo un “golpe parlamentario” porque en la Constitución peruana está contemplado que, si el Ejecutivo cierra Congreso sin causal, el poder Legislativo puede declarar su vacancia por dar un golpe de Estado.

“Es por eso que, al disolver Castillo el Congreso, el parlamento decidió destituirlo y su destitución es totalmente válida, porque ha seguido todos los procedimientos y consiguió los votos”, recordó Urbina.

“Ya Castillo tenía la intención de disolver el Congreso el lunes antes de su mensaje a la nación y el Tribunal Constitucional le dijo que no podía hacerlo, ya que ellos no habían resuelto una consulta hecha por el propio Castillo; pero el presidente no hizo caso de esa decisión judicial”, recordó el profesor universitario.

Aclaró que este caso es diferente a lo que ocurrió en 2019 con el entonces presidente, Martín Vizcarra, a quien le negaron por segunda vez una cuestión de confianza y, por lo tanto, sí pudo cerrar el parlamento de forma constitucional, lo cual el tribunal avaló luego en una sentencia.

No obstante, Urbina, reconoce que efectivamente existe una “pugna” entre el poder Ejecutivo y Legislativo, que tiene como trasfondo una crisis de partidos, los cuales no se pueden mantener unidos una vez que llegan al Congreso o evitan respaldar políticas que quiere impulsar un presidente.

“Lamentablemente este mecanismo de disolución del Parlamento o destitución del Presidente, que están en la Constitución peruana, han sido utilizados como mecanismos de guerra política. Pese a que son mecanismos de control político, en el caso peruano se han vuelto mecanismos de aniquilamiento político”, advirtió el constitucionalista.

En cinco años, Perú ha visto pasar a seis presidentes diferentes: dos destituidos por el Congreso, que fueron Vizcarra y Castillo; dos que renunciaron (Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino), uno que cumplió su tiempo de interinato (Francisco Sagasti) y, por último, Boluarte, que ahora se encuentra en ejercicio tras la reciente destitución.

Operación Cóndor

En su video, Toro menciona que la salida de Castillo se trata de una estrategia como lo fue la “Operación Condor”. Recordemos que ésta funcionó en las décadas de 1970 y 1980 con el objetivo de reprimir, perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de oposición en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, según documenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

Esta organización indica que el plan se inició el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional. Nació como un mecanismo de cooperación entre las diferentes agencias de inteligencia de Sudamérica, aunque después se supo de la participación de Estados Unidos en el suministro de recursos.

“Sus alcances surgen de modo nítido del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se consigna que ‘Operación Cóndor’ es el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que fue establecida recientemente entre los servicios de inteligencia que cooperan en América del Sur a fin de eliminar actividades terroristas marxistas en el área”, expone el centro de estudios.

El total de víctimas que dejó puede ir desde varios cientos hasta 60.000 personas, según contabiliza un reportaje de la BBC. Entre los señalados de llevar adelante este plan están los presidentes que gobernaron durante dictaduras militares del Cono Sur en esa época como: Rafael Videla y Reynaldo Bignone (Argentina), Augusto Pinochet (Chile) y Alfredo Stroessner (Paraguay).

El caso de la vicepresidenta argentina

Fernández fue condenada por un tribunal penal a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta y fue inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida. Sin embargo, la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022 no supone el retiro del fuero que tiene como vicepresidenta de Argentina hasta diciembre de 2023 ni tampoco la envía directamente a la cárcel, ya que el fallo debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

En todo caso, la decisión judicial no la apartó del cargo a ella y tampoco al presidente, Alberto Fernández. Por tanto, también es falso afirmar que esto constituye un golpe.

En resumen, calificamos como falso lo que dice el video de Duván Toro, que aseguran que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado por parte del parlamento peruano, igual que la vicepresidenta Kirchner en Argentina, ya que el expresidente fue quien rompió en primera instancia el hilo constitucional y su destitución vino como respuesta, dentro del marco legal, a esa medida; el caso de Cristina Fernández tampoco es comparable y el activista del petrismo enmarcar ambas cosas en una narrativa, sin mayores pruebas, que equipara estos hechos con eventos propios de la Guerra Fría.