Este 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, presentó su fallo a favor de Colombia ante la demanda de Nicaragua por la plataforma continental que rodea al archipiélago de San Andrés y Providencia.

Recordemos que a ese tribunal le han llegado, desde 2001, demandas con las que el país centroamericano pretendía aumentar su espacio marítimo, lo que ha resultado en pérdida de aguas colombianas. El primer round comenzó el 6 de diciembre de ese año, cuando Nicaragua demandó que se declarara su soberanía sobre todas las islas y cayos del departamento, que son 10 en total (San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo), entre otras exigencias. 

Aunque el primer fallo, que se dió el 19 de noviembre de 2012, no le concedió todo lo pedido, sí decidió que que la extensión de las zonas económicas exclusivas de ambas partes debían llegar hasta las 200 millas medidas desde la costa de Nicaragua. Esto significó la pérdida para Colombia de 75.000 kilómetros de mar en esa zona.

Luego, en 2016, Colombia perdió nuevamente ante una demanda por incumplimiento de esa decisión, presentada por el Estado nicaragüense en noviembre de 2013.

Finalmente, el 13 de julio de 2023 se resolvió un último litigio (iniciado en septiembre del 2013) con el que Nicaragua clamaba tener derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa, lo cual haría que esa extensión llegara hasta el mar colombiano.

El espacio marítimo que pretendía alcanzar el país centroamericano corresponde a las aguas más profundas ubicadas en una zona económica exclusiva de Colombia, en donde el país tiene soberanía y jurisdicción, específicamente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, la Corte de La Haya no le dio la razón a Nicaragua y no le permitió extender sus límites marítimos.

Tras conocerse la decisión de la CIJ a favor de Colombia, el presidente Gustavo Petro celebró la victoria a través de su cuenta oficial de Twitter.

Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2023

Algunos usuarios de esta red social aplaudieron el anuncio del presidente (1, 2, 3), como lo hicieron el congresista Alfredo Mondragón, representante petrista por el Valle, y la periodista Betsy Andrade, que según su perfil de Linkedin, es la actual jefa de prensa de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Por otro lado, Érika Salamanca, excónsul general de Colombia en Washington durante el gobierno Duque, y otros tuiteros señalaron que la victoria ocurrió gracias al trabajo de gobiernos anteriores (1, 2, 3).

“Presidente, le faltó un mensaje de agradecimiento a los Presidentes @IvanDuque  y @JuanManSantos por la defensa que se hizo en esta pretensión que tenía Nicaragua” (sic). “Que bueno además que @IvanDuque le dejó el trabajo hecho, mi presi” (sic). “Aclare , Ud no tiene nada que ver con este trabajo de defensa q se hizo, no pretenda robarse triunfos ajenos como es su costumbre. Bien por colombia !!! Y gracias a los que gastaron largas horas en el litigio” (sic).

Pero esta discusión no se quedó únicamente en respuestas al tuit del presidente. Diferentes usuarios de Twitter seguían argumentando que lo ocurrido no tenía nada que ver con el gobierno actual, sino que el mérito le correspondía al gobierno Santos.

En un trino, el periodista de W Radio Lucas Pombo publicó: “La argumentación del proceso que hoy gana Colombia en la Corte Internacional de Justicia se dio durante el gobierno de Juan Manuel Santos y tuvo como protagonistas a la canciller María Ángela Holguín y a los abogados Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda y Andrés Villegas, entre otros”, a propósito de un comunicado del expresidente sobre el fallo de La Haya. Esta publicación alcanzó 3.303 ‘me gusta’, 977 retuits y varias respuestas a favor y en contra del reconocimiento del logro durante el gobierno actual (1, 2, 3, 4).

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta  y más usuarios defendieron la gestión de Petro (1, 2), mientras que otros, como el periodista de CM& Carlos Ruiz, criticaron a los expresidentes por ‘sacar pecho’ ante el triunfo jurídico. 

El exsenador petrista Gustavo Bolívar, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, también arremetió contra los gobiernos anteriores, pues aseguró en un trino que Colombia perdió 75.000 km de mar “por defensa deficiente, mientras todos los expresidentes se escondieron”.

Cuando perdimos 75.000 Kms de mar, por defensa deficiente, todos los expresidentes se escondieron.
Al no prosperar las pretensiones de Nicaragua (No es que hayamos ganado algo), aparecieron a cobrar sus "inteligentes". defensas. Ninguno reconoce que Petro cambió parte del equipo…

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 14, 2023

Además, en el discurso del 20 de julio de 2023 en San Andrés, el presidente Petro volvió a referirse al litigio entre Nicaragua y Colombia y criticó la gestión de los antiguos gobiernos entre 2001 y 2012, por no incluir a la comunidad raizal en la defensa de la primera demanda del país centroamericano que llevó a la pérdida de de los 75.000 kilómetros de mar colombiano.

Así las cosas, en Colombiacheck les explicamos cuáles fueron los reales avances en los gobierno de Juan Manuel Santos e Iván Duque ante el proceso de litigio en la demanda de Nicaragua contra Colombia ante La Haya y qué hizo el gobierno Petro en estos casi 12 meses desde su posesión presidencial.

Así se enfrentó la demanda de Nicaragua durante el gobierno Santos

Tras conocerse el fallo de la CIJ el pasado 13 de julio de 2023, Juan Manuel Santos publicó a través de su cuenta de Twitter un comunicado oficial en el que afirmó: “la Corte acogió la tesis que planteamos desde el comienzo del litigio [cuando él era presidente de Colombia] y según la cual, bajo la costumbre internacional, no es posible que una reclamación a una plataforma extendida como la nicaragüense”.

Comunicado sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia: https://t.co/DjuA7yxBaY pic.twitter.com/5cdwyc3Lcz

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 13, 2023

Es clave aclarar que durante su gobierno se dio a conocer el primer fallo de La Haya, en el que la CIJ le concedió al país centroamericano cerca de 75.000 kilómetros de zona exclusiva que Colombia había tenido como suyos por décadas. En el libro “La Venezuela que viví. La historia de diez intensos años de un país que cambió para siempre” (2021), de María Ángela Holguín, la exministra de Relaciones Exteriores detalló cuál fue su labor y avances en el litigio.

En un fragmento de este libro publicado en El Espectador, la excanciller menciona que “el proceso de demanda lo habían manejado dos presidentes antes que Santos (Andrés Pastrana y Álvaro Uribe), por lo que la línea de defensa frente a la demanda era exactamente la misma” y señaló, además, que la sentencia de noviembre de 2012, prácticamente ya estaba decidida desde años anteriores. 

“Todos los argumentos que Colombia podía presentar en ese primer proceso estaban en manos de los jueces desde 2008. Para 2010, cuando se produjo el cambio de gobierno de Uribe a Santos, el caso estaba listo para audiencias y todas las cartas sobre la mesa, por lo cual Colombia mantuvo su estrategia y rei­teró la argumentación que el gobierno anterior había planteado y desarrollado en sus alegatos escritos. Nunca se pensó cambiar a nadie del equipo asesor de Colombia, pues se consideró que la defensa planteada respondía a una política de Estado imple­mentada desde 2001”.

Luego de conocerse este fallo, el expresidente convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esta instancia es un cuerpo consultivo del Presidente de la República encargado de estudiar los asuntos relacionados con las Relaciones Exteriores que el Gobierno considere, aunque su concepto y dictamen no es obligatorio. De ella hacen parte, por ley, todos los expresidentes vivos que hayan sido electos por voto popular.

El 29 de noviembre del 2012, el exmandatario anunció que Colombia se retiraría del Pacto de Bogotá, un tratado internacional firmado en 1948 que busca que los estados firmantes resuelvan sus diferencias de manera pacífica y es uno de los instrumentos históricos a los que se recurre para resaltar la tradición regional de respeto al derecho internacional. 

Con la salida de Colombia de este pacto, se buscaba que el país quedara ‘protegido’, pues el artículo 101 de la Constitución de 1991 señala en forma expresa que los límites sólo pueden ser modificados mediante tratados. Para Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, en Francia, el expresidente “hizo lo que correspondía en ese momento y hasta cierto punto”.

“El hecho de sacar a Colombia del Pacto de Bogotá se hizo para evitar demandas futuras, pero se hizo muy tarde, porque eso tiene efectos un año después de que se toma esa decisión, entonces Colombia no alcanzó a blindarse de las dos demandas adicionales, es decir, la demanda de septiembre de 2013 sobre la plataforma continental extendida y la demanda por ‘incumplir el fallo’ de la CIJ”, señala Jaramillo.

En el artículo del 2021 ‘Etnias y política exterior: la participación raizal en la política exterior colombiana tras el fallo de La Haya 2012-2017’, el investigador Christian Chacón Herrera hace referencias a diferentes acciones y formas en que el Estado respondió a las presiones del fallo del 2012, entre estas, estrategias institucionales como ‘El Plan San Andrés’, que consistía en subsidios para los más afectados por el fallo: los pescadores (con apoyo para motorización de lanchas, entre otros). 

Según el artículo académico, otros rubros como deporte, cultura, herramientas de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) e infraestructura, entraron en el paquete como un conjunto de acciones que atendían más al descontento que a los efectos del fallo.

También durante el gobierno Santos se promulgó el Decreto 1946 de 2013, en donde se estableció que la plataforma continental seguiría integrada desde San Andrés hasta Cartagena y que el país seguiría ejerciendo los derechos sobre esta. Al respecto, el experto destaca que con esta estrategia se declaró una zona contigua integral para proteger dos cayos que habían quedado enclavados del lado nicaragüense, pese a ser colombianos.

“Lo que argumentó el gobierno Santos en su momento fue que no se podía romper la unidad del archipiélago. Si bien no era una herramienta de peso para la Corte, pues el derecho interno no está por encima del derecho internacional, de alguna manera el decreto ayudó a darle certeza y seguridad a los habitantes y pesqueros del archipiélago de que no se iba a romper esa unidad”, agrega Jaramillo.

De acuerdo con el artículo del investigador Chacón, tras el fallo también se incluyó al archipiélago en el Conpes 3805 de 2014 “Fronteras para la prosperidad”, ya que este no era considerado hasta este punto en la ley de fronteras (Ley 191 de 1995).

El 18 de marzo de 2016, en San Andrés, el expresidente solicitó la conformación de un equipo raizal, como parte de la defensa de Colombia y que desde entonces ha trabajado de la mano con la Cancillería. Este equipo tendría una participación fundamental en las futuras negociaciones con Nicaragua, con el fin de defender los derechos de pesca y uso del mar de la comunidad.

Este equipo estuvo conformado por Everth Hawkins (actual gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina); Kent Francis James (exdiplomático sanandresano, quien fue el primer gobernador del departamento en 1991), el sociólogo Joseph Jessie Martínez;  Richard Francis, internacionalista y exsecretario de Gobierno; Mark Taylor, consultor en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Bartolomé Taylor Jay (profesional en Comercio Internacional), el abogado isleño Fady Ortiz Roca  (en ese momento Consejero de Relaciones Exteriores y miembro del equipo legal ante la CIJ) y Cleopatra Marrugo Butcher, quien entonces se desempeñaba como asesora de asuntos para el Archipiélago en la Presidencia de la República.

“Con el presidente Santos se incorpora el grupo y él lo denomina Raizal Team a diferencia del grupo de abogados de la Cancillería y los agentes que se identifican como ‘home team’ ante los asesores internacionales. Participamos en la elaboración de las dos contramemorias escritas ante la demanda por incumplimiento del fallo de 2012 y la demanda por plataforma continental extendida en 2016. También trabajamos en las demandas reconvencionales (contrademandas). La Corte se declaró competente para decidir sobre las demandas reconvencionales sobre derechos consuetudinarios de pesca artesanal del pueblo indígena raizal en 2018”, dijo Kent Francis James a Colombiacheck.

Los avances de Duque 

Duque fue otro de los expresidentes que se refirió a la victoria de Colombia en el fallo de la demanda de Nicaragua en su cuenta de Twitter y exaltó el trabajo del equipo de defensa que trabajó bajo su gobierno:

“Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y la Armada Nacional; al igual que a los asesores del equipo de Defensa, que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de Plataforma Continental Extendida. Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria sólo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio”.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, durante esa administración se adelantaron las audiencias orales por la demanda de Nicaragua por una supuesta violación por parte de Colombia de los derechos de esa nación en el Caribe. Estas se desarrollaron en formato híbrido (presencial y virtual) en La Haya, Países Bajos, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021.

La entidad también señala que el entonces equipo jurídico liderado por Arrieta, agente; Cepeda, coagente; y Andrés Villegas Jaramillo, como coordinador de asuntos ante la CIJ, se enfocó en defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal, evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe, reiterar en múltiples ocasiones que este caso trata sobre los derechos y libertades de los ambas partes en el área, defender la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros puntos.

Durante el gobierno Duque se presentaron ante La Haya los alegatos del equipo raizal (conformado en 2016 por el gobierno Santos). El objetivo del ‘raizal team’ fue desarrollar las ideas de la comunidad y resaltar su presencia histórica en las áreas del archipiélago y la  importancia de este territorio en su esencia cultural, social y económica. 

De acuerdo con el Gobierno Nacional, en los alegatos escritos de este caso se presentaron ante la CIJ un total de once declaraciones juramentadas de pescadores raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí se abordaron temas relacionados con los raizales del archipiélago, su relación con el mar y la importancia de la pesca como parte fundamental de la seguridad alimentaria de la comunidad.

Según el politólogo Mauricio Jaramillo, uno de los mayores aciertos en la era Duque fue lograr llevar ante la Corte el equipo raizal, aunque también señala que se descuidó la labor pedagógica con los colombianos respecto a lo que estaba en juego con las demandas de Nicaragua.

“Duque se limitó a decir que Ortega era un dictador y eso en términos del fallo no dice mucho. Además, nunca pudo reunir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para este litigio; solamente reunió una vez esa comisión para tratar el tema de las vacunas [en el contexto de la pandemia de covid-19]. Eso es grave porque Colombia siempre se ha necesitado de una pedagogía de los presidentes para explicar en qué está el fallo, en qué va, qué puede suceder”, dijo.

El abogado Francis James señala que durante el mandato de Duque “no se ahondó en la defensa de las demandas reconvencionales”, lo que, según él, llevó a que la Corte en 2022 afirmara que “Colombia no logró demostrar la existencia de los derechos consuetudinarios de pesca artesanal del pueblo indígena raizal”.

“Desde mi perspectiva como miembro del raizal team, durante el gobierno Santos y Duque no se fortalecieron ni se argumentaron con mayores precisiones la ancestralidad del pueblo raizal en el maritorio en disputa que constituye su hábitat desde hace cuatrocientos años”, dijo.

¿Qué cambió con el gobierno del ‘cambio’?

El actual gobierno de Gustavo Petro también alcanzó a hacer algunas movidas antes de la emisión del fallo de CIJ, entre ellas el cambio de equipo de defensa ante La Haya en octubre de 2022. Como mencionamos anteriormente, el caso lo habían gestionado Arrieta y Cepeda, quienes incluso mantuvieron la estabilidad en sus cargos en la transición de Santos a Duque.

Con la llegada de Petro a la Presidencia y el nombramiento de Álvaro Leyva como canciller, los agentes fueron removidos para asignar a Eduardo Valencia-Ospina como líder del litigio y, como coagentes, a la internacionalista Carolina Olarte Bácares y a la bióloga marina Elizabeth Taylor Jay.

Según Jaramillo, la decisión de Petro de poner al frente a Valencia e incluir a Taylor fue clave y un acierto, pues menciona que una de las quejas con los agentes pasados era que, como no eran expertos en derecho internacional,  muchas veces los argumentos “no eran del todo firmes desde el punto de vista del derecho”. 

En el caso de Carlos Arrieta, doctor en Derecho, destaca en su trayectoria y experiencia profesional que fue embajador de Colombia en los Países Bajos, magistrado del Consejo de Estado y Procurador General de la Nación. Por su parte, Manuel Cepeda ha hecho un camino en el derecho constitucional, pues ha sido conjuez, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, así como consejero presidencial para la Asamblea y la Reforma Constitucional, del presidente César Gaviria Trujillo en 1991.

La nueva defensa de Colombia ante el caso de Nicaragua estuvo liderada por Valencia-Ospina, quien cuenta con más de treinta años de experiencia con el servicio jurídico de las Naciones Unidas, fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU desde 2006 hasta 2022 y secretario de la CIJ durante dieciséis años, con rango de subsecretario general. También cabe anotar que ya había ejercido como asesor y abogado del Estado colombiano en los litigios ante el tribunal internacional, incluido el proceso actual contra Nicaragua. 

La abogada Olarte Bacares es magíster en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman y doctora en Derecho de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.  Ha sido consultora independiente en temas de derecho internacional de las inversiones, arbitraje internacional y empresas y derechos humanos.

Por su parte, Elizabeth Taylor, además de ser raizal, fue directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la autoridad ambiental de la región, así como embajadora en Kenia durante el gobierno Santos. En los últimos años, ha trabajado como consultora internacional en asuntos ambientales, cambio climático y desarrollo sostenible. 

Para Jaramillo, contar con la experiencia y la asesoría de Valencia hizo una gran diferencia con el equipo anterior que, en sus palabras, “aunque hizo un trabajo profesional, no se puede desconocer que no habían tenido experiencia alguna en litigios de derecho internacional público y menos entre estados”.

“Llega Eduardo Valencia y cambia la argumentación colombiana, la retórica, los argumentos, se incluye en la argumentación el famoso artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (en donde se define y limita la plataforma continental)”, detalla el profesor.

Sin embargo, aunque la CIJ tuvo en cuenta los apartados 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a los que se refiere el experto, la decisión del fallo definitivo estuvo amparado bajo el argumento de que “no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”.

En su decisión, la Corte señaló, además, que “solo pocos Estados han querido presentar el derecho a la plataforma extendida sobre otro Estado” y aclaró que “Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia”.

Para el abogado y miembro del ‘raizal team’ Kent Francis, con el nombramiento de una coagente raizal en el gobierno Petro y con la participación del grupo interdisciplinario de raizales en la preparación de los argumentos de la defensa colombiana y la presencia durante las audiencias, sí hubo un aporte significativo que influyó en el fallo a favor de Colombia.

Por su parte, Antonio Rengifo Lozano, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Colombia, le dijo a Colombiacheck que, en términos generales, “en todos los gobiernos, desde que comenzó el proceso de litigio con Nicaragua, ha habido un manejo lleno de improvisaciones y de omisiones”, por lo que, más que dar méritos a un expresidente u otro, “el fallo de la CIJ evidencia que el alto tribunal es consciente de las pretensiones exageradas del país centroamericano”.

“Una de las falencias que han sido constantes y dentro de esas está en limitarse a contestar las demandas de Nicaragua, a hacer los trámites ante la corte, pero no se abrieron puertas o ventanas para un camino en términos de estrategias de geopolítica en otras formas de dar la pelea. Esa es una de las fallas de todo el proceso y en eso han incurrido todos. Así que, si queremos medirlos a todos con la misma vara, no han sabido litigar eso. No buscaron estrategias geopolíticas. En esta tercera controversia, la corte falló a favor porque no iba aceptar unas pretensiones tan desbordadas como las de Nicaragua. Nos falta mucho, pero vamos aprendiendo”.

¿Qué viene ahora para Colombia luego del fallo a su favor?

El profesor Rengifo se refirió con preocupación a la situación de Colombia, que sigue teniendo dos sentencias en contra, entre esas la que le adjudica a Nicaragua una extensión de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe. 

“Las celebraciones en Colombia por la decisión reciente son plenamente justificadas. Aunque las decisiones judiciales a favor del interés general deben ser celebradas, habría que recordar, sin propósito de aguar la fiesta, que existen dos decisiones pasadas por la misma Corte que no fueron favorables a Colombia. Es decir, es mejor tener claro que el problema continúa, incluso si la decisión reciente trajo serenidad a Colombia y también seguridad para reflexionar sobre la forma de implementar los fallos anteriores”, señaló Rengifo en un artículo de la Universidad Nacional sobre los pendientes que deja el litigio entre Nicaragua y Colombia.

Rengifo sugiere que Colombia considere el reconocimiento de un estatuto especial al pueblo raizal del Archipiélago, con autonomía, que le permita mantener sus vínculos ancestrales con el entorno marítimo y la explotación de sus recursos naturales. “Ese también podría ser un mecanismo legítimo frente al derecho internacional y la Constitución Política, para enfrentar los dos fallos adversos”, recomienda el experto.