Completar cinco meses sin servicio de energía eléctrica por las noches es lo de menos. En Toribío, Cauca, ya se puede disfrutar tranquilamente de un helado en las bancas de la plaza. Pararse cerca de un policía ya no es convertirse automáticamente en blanco de las balas de las Farc. Los niños pueden jugar en las calles.

Aunque el apagón nocturno llevaba dos meses a mediados de noviembre, cuando Colombiacheck visitó el pueblo, otro dato es más mucho más importante y descriptivo de lo que vive este pueblo: Aproximadamente dos años, coinciden sus habitantes, sin guerrilleros del sexto frente de las Farc disparando desde las montañas que lo circundan.

“En Toribío ya hay paz”, dice en voz alta una señora de cabello largo, blanco y recogido, de unos 70 años. “Antes a uno le temblaban las nalguitas así todos los días”, y levanta las manos vibrantes mientras espera sentada en un microbús a que empiece el recorrido, de dos horas, desde Santander de Quilichao hasta la plaza de Toribío.

La casa de doña Julia, cuyo nombre completo es Hostal La Mansión de Julia es el albergue que recomiendan ahora en el pueblo a los visitantes. Seis cuartos en el primer piso. La vivienda de la dueña en el segundo cuyo garaje se convierte por las noches en pizzería. Un tercer piso en construcción.

A sus 52 años Julia Isabel Díaz está construyendo un hotel y reconstruyendo su vida. Payanesa. Auxiliar de enfermería. Se le ocurrió la idea del hotel para quienes llegaban hasta el pueblo por trabajo, pues eran poquitos los que se atrevían a ir a un municipio donde la guerrilla estaba pendiente en las vías de acceso de quién entraba, para qué y por cuánto tiempo. Un pueblo donde en cualquier momento llovían balas y pipetas desde las montañas. El municipio del país más afectado por hostigamientos y tomas guerrilleras.

A quien necesitaba quedarse unos días le alquilaban un cuarto en una casa de familia o debía quedarse en un hostal en el que a duras penas ofrecían una cama, sin ninguna otra comodidad, donde un baño privado era un lujo suntuoso.

Pero desde que abrió el primer cuarto, en marzo pasado, no ha parado de recibir gente, periodistas, sobre todo internacionales, y familias de municipios vecinos que llegan de paseo los fines de semana.

En la sala de su casa, alumbrada solo por un pequeño rayo de luz de una veladora detrás de ella, cuenta que cuando fue a que la incluyeran dentro de las 6.550 víctimas de Toribío reconocidas por el Registro Único de Víctimas, le dijeron que para ella no había nada porque lo de ella era psicológico.

6.550 víctimas en un municipio que según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tiene este año 29.496 habitantes. Las víctimas son el 22,2% de los pobladores. Una de cada cinco personas. Julia, una de cinco, es oficialmente una víctima.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico. Tengo estrés postraumático, depresión mayor, síndrome de ansiedad”, enumera, y esboza una explicación de sus padecimientos, “me tocaba atender en el hospital a los heridos de parte y parte. Eso me tocaba verlo, quiéralo o no”, recuerda.

Julia sabe que aunque vuelva la violencia habrá personas que necesiten pasar temporadas en Toribío por trabajo, pero confía en que los tiempos violentos terminaron, por eso piensa en un hotel con las comodidades de la ciudad y hasta con una pequeña zona de spa.

Pero Julia no es la única que confía en el potencial de Toribío. Jesús Betancur, funcionario de la Alcaldía, mira por la ventana de su oficina, en el primer piso de la edificación.

“Esos toldos que se ven ahí no estaban antes, eso era vacío”, señala con el dedo al hablar de los puestos de ventas informales que hay en el parque principal, 15 en total ese día de noviembre. Ofrecen carne, ropa, comida, entre otras cosas.

Los números que consulta en el computador de la tesorería indican también el incremento en el comercio formal, uno de los primeros aspectos que resaltan los habitantes de Toribío en la nueva etapa de tranquilidad que viven.

En 2013, primer año oficial de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, 50 establecimientos pagaron el impuesto de industria y comercio. 2014, en la mesa de negociación ya se había empezado a hablar del Fin del Conflicto y las Farc anunciaron un cese al fuego unilateral y definitivo, la tesorería recaudó aportes de 56 negocios. 2015, un año el que el proceso vivió una de sus crisis más delicadas porque las Farc mató a 11 militares en Buenos Aires, Cauca, 73 establecimientos pagaron. 2016, después de que el plebiscito perdió en las urnas y justo antes de la firma definitiva del Acuerdo Final 50 comerciantes habían cumplido con esa obligación.

La huella de la violencia en los estudiantes

“Profe, mis papás me dan $2.000 todos los días para ‘el algo’ (merienda), yo le voy a dar $1.000 para que compre pintura y cambiemos el color de la escuela. Es verde, por eso nos disparan”, recuerda Janeth Hurtado que le rogaba, llorando, un niño. Ella se tapa la cara con las palmas de las dos manos al recordar uno de los tantos momentos de angustia durante uno de los tantos enfrentamientos entre ejército y guerrilla cerca a la Institución Educativa Toribío, donde ella es coordinadora.

Janeth asegura que, por lo menos en la institución donde trabaja, el conflicto no era causa de deserción. Las cifras le dan la razón pues al consultar en el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, Tángara, se ve que la matrícula en la zona urbana de Toribío pasó de 984 en 2005 a 1.373 en 2014 (389 matrículas más). Además, la cobertura total, también aumentó de 93,9% a 102,1% en ese lapso. En ambos casos, con fluctuaciones.

Según el RUV 2011, 2013, 2012, 2014, 2005, fueron, en ese orden, los años que mayor número de víctimas dejaron producto de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Esos años violentos no coinciden necesariamente con los de menores cifras en cobertura: 2008 con 81,5% y 2010 con 82,2%. Ni con los de cifras más bajas en matrícula: 2010 con 814 y 2013 con 479. Este último caso es el único en que coincide el segundo año más violento con la cifra más baja en matrículas.

Los niños no abandonaban el colegio, pero allí pasaban momentos angustiosos y debían aprender, además a proteger sus vidas. Todavía lo hacen, pues la profesora dice que no pueden dejar de hacer simulacros, sobre todo porque puede haber artefactos explosivos sin detonar.

Temen una paz pasajera

Gabriel Paví es el gobernador del Cabildo indígena de Toribío. Cuenta que la gente está construyendo y mejorando sus casas en el pueblo pues ya no hay tomas que echen a perder el esfuerzo, pero teme que la paz sea pasajera, que no haya la inversión social y económica suficiente para que el pueblo progrese y que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc o que milicianos se dediquen a la delincuencia.

“Sembrar marihuana resulta mejor que otros cultivos. La libra está a unos $150.000, mientras que la arroba de café está alrededor de $70.000. Además, por el jornal recogiendo café pagan $15.000 el día, mientras que por desmoñar una sola libra de marihuana pagan lo mismo”, compara.

He ahí la explicación de la proliferación de los cultivos de marihuana en los alrededores del pueblo. Paví cuenta que, en su mayoría, son cultivos en invernadero, con sistemas de riego y que por la noche los alumbran con bombillos, todo esto para mejorar la calidad del producto.

No hay una voz oficial que lo diga, pero el secreto a gritos en Toribío es que la empresa de energía quita el servicio de noche porque los dueños de los cultivos se conectan ilegalmente al sistema.

La sombra de nuevas violencias generadas por los cultivos ilícitos y por las viejas heridas que aún no cierran del todo, son los motivos que ahora tienen los toribianos para temer que la oscuridad regrese a su municipio.