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Jueves, 15 Julio 2021

Afirmación de Marta Lucía Ramírez en la ONU sobre homicidios en el paro es falsa

Por Ana María Saavedra

La canciller y vicepresidenta dijo que los muertos en las protestas se han dado solo por infiltrados. Pero esto contradice los datos dados incluso por la Fiscalía y organizaciones de DD.HH.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que los muertos de las protestas que sacuden a Colombia desde el 28 de abril de 2021 se han dado por infiltrados.

“Esos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a esas protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, dijo Ramírez en su intervención.

En Colombiacheck le pusimos la lupa a esta afirmación y encontramos que es falsa porque contradice incluso las información entregada por la Fiscalía, así como la publicada por diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Para nuestro chequeo, contactamos al equipo de prensa de la funcionaria con el fin de preguntarle en qué datos sustenta su afirmación, pero no nos ha contestado.

Para poner en contexto lo dicho por la vicepresidenta y canciller debemos explicar que las cifras del número de homicidios ocurridos en el marco de las protestas no están unificadas. Mientras la Fiscalía maneja unas cifras, organizaciones de derechos humanos como Temblores, Indepaz o Human Right Watch tienen otras. 

En Colombiacheck habíamos explicado antes este tema en un chequeo sobre las afirmaciones hechas por la congresista Paloma Valencia en un video. La senadora del Centro Democrático usó datos engañosos para desestimar la participación de la fuerza pública en los homicidios denunciados durante el Paro Nacional. 

Para ese chequeo le solicitamos al área de prensa de la Fiscalía la información sobre las muertes relacionadas con el Paro Nacional y nos compartieron varios comunicados de prensa (1, 2, 3, 4 y 5) que publican semanalmente con la información disponible. 

En su informe más reciente, esta entidad habló de que “24 fallecidos tendrían relación con las protestas”, entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2021. El boletín hace esta enumeración: “en lo referente a personas fallecidas, los elementos de prueba dan cuenta de que, de las 54 muertes conocidas, 24 tienen nexo directo con las protestas, así: Bogotá (1), Cali (14), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (4) y Tolima (1). Adicionalmente, hay 11 decesos en proceso de verificación; y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”.

Una investigación realizada por La Silla Vacía, en la que detalla cada uno de los homicidios cometidos en el marco de las protestas, contradice estos datos. El portal creó una base de datos, “alimentada con los reportes de las ONG y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Con esos reportes, ese medio analizó “caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida”. De esa forma, llegó a la conclusión que durante el paro habría 47 personas muertas en el marco de las protestas. 

Gráfico de La Silla Vacía

torta de informe de La Silla sobre homicidios en el paro

Como se observa en esta torta publicada por La Silla Vacía en su investigación, de los 47 reportes de homicidios relacionados con las protestas,  31 fueron atribuidos a la Fuerza Pública, es decir el 66% de los casos.  Los casos de civiles contra manifestantes investigados por La Silla son 7 y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, 3.

Aparte del informe de La Silla Vacía, nuestros colegas de Rutas del Conflicto también construyeron una base de datos en la que registraron “al menos 78 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia”. 

Estos son algunos apartes del informe Rutas: 

“De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando. 

Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.

Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.

(...) También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos”..

Tras las declaraciones de Ramírez en la ONU, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este trino: 

Como vemos en las cifras, las dadas por Vivanco, las mencionadas en informes de organizaciones de DD.HH como Temblores e Indepaz o las de la misma Fiscalía, en el marco del paro sí se han presentado homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia se entregaron estos datos: “El Estado indicó que, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio del presente año, la jurisdicción penal militar ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional, por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional, refiriendo 12 procesos por presunto homicidio y 19 por lesiones personales. La Fiscalía reportó que ha interpuesto conflictos de competencia en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque”.

Al hacer una búsqueda en el portal de la Fiscalía, encontramos un comunicado del 6 de mayo de 2021 en el que dice: “Fiscalía investiga 11 homicidios durante el paro nacional, 3 estarían atribuidos a miembros de la Policía”.  Y en otro boletín de prensa, del 18 de junio de 2021, informan  que  un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra “Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien murió el pasado 1 de mayo en la capital tolimense en medio de protestas violentas”.

En este boletín, del 13 de mayo, se indicó: “La Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”.

Semanas antes de la intervención de Ramírez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una intervención en la que informó de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo, habló de Colombia.

“Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo la Alta Comisionada.

Así que lo dicho por la canciller y vicepresidenta Ramírez en la ONU contradice lo que han asegurado las organizaciones de derechos humanos y la propia Fiscalía. Los datos y el contexto analizado de las protestas contradicen su afirmación, por lo que la calificamos de falsa.

 

 

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Lunes, 28 Junio 2021

Encontrar a personas desaparecidas no implica que denuncias sean falsas como dice Paloma Valencia

Por José Felipe Sarmiento

Este artículo forma parte del chequeo múltiple a un video en el que la senadora del Centro Democrático hizo varias críticas al Paro Nacional 2021.

“Claro que todos rechazamos el abuso de la fuerza, si es que se presenta, pero también tenemos que respetar los derechos que tienen los policías a ser juzgados en debido proceso y con presunción de inocencia. Nos dijeron que había un montón de desaparecidos, ya más de 300 han aparecido porque no estaban tan desaparecidos, eran falsas denuncias”.

Estas declaraciones forman parte de un video publicado en las redes sociales de la senadora Paloma Valencia en el lanza críticas al Paro Nacional 2021, que Colombiacheck decidió verificar en un chequeo múltiple.

Aunque la cifra es correcta. La interpretación que hace la congresista del Centro Democrático para descalificar las denuncias de desapariciones en el marco del Paro Nacional 2021 es errónea. Por tanto, la afirmación es cuestionable.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que ha encontrado a más de 300 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las protestas contra el gobierno de Iván Duque. La vicefiscal, Martha Mancera, le dijo a Caracol Radio el 11 de junio de 2021 que el organismo ha conseguido localizar a 335 ciudadanos.

Esto no quiere decir que hayan sido denuncias falsas. Incluso, en caso de que lo fueran, podrían ser consideradas un delito que les da hasta tres años de cárcel a los denunciantes de conductas que en realidad nunca se cometieron.

Sin embargo, la misma Fiscalía General de la Nación ha dicho que en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la base de datos donde se registran las noticias criminales, apenas hay cuatro denuncias formales de desapariciones forzadas relacionadas con las protestas a corte del 16 de junio de 2021. No ha informado del archivo de ninguna.

Como se detalló en otro chequeo reciente a declaraciones similares del presidente, los datos citados por Valencia se refieren a los resultados de la activación del mecanismo de búsqueda urgente, una herramienta legal que está diseñada precisamente para encontrar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El hallazgo de la persona no implica que no haya existido desaparición. Así lo explicó Colombiacheck en la verificación anterior:

El abogado y defensor de derechos humanos [Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz] advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

Aunque hay casos en los que no se cumplen las condiciones para el delito, porque la persona aparece sin haber sido privada de la libertad, eso no descalifica todas las denuncias. De hecho, al 17 de junio todavía había 84 búsquedas activas según la Fiscalía, que utiliza el eufemismo de “personas no localizadas”; la cifra es la misma que informó la vicefiscal una semana antes.

Indepaz ha registrado al menos 346 casos en total. Sin embargo, como también se explicó en el chequeo pasado, no todas las solicitudes al mecanismo de búsqueda han sido aceptadas porque en algunos casos ha sido insuficiente la información disponible sobre las identidades de las personas desaparecidas.

La congresista del Centro Democrático usó la cifra aislada de personas encontradas para negar una práctica que organizaciones de la sociedad civil han calificado como “sistemática” en el actuar de la Policía durante el paro, como lo reportaron en un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre la cual todavía hay mucha incertidumbre. Su argumento es, por tanto, cuestionable.