En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que los muertos de las protestas que sacuden a Colombia desde el 28 de abril de 2021 se han dado por infiltrados.

“Esos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a esas protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, dijo Ramírez en su intervención.

En Colombiacheck le pusimos la lupa a esta afirmación y encontramos que es falsa porque contradice incluso las información entregada por la Fiscalía, así como la publicada por diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Para nuestro chequeo, contactamos al equipo de prensa de la funcionaria con el fin de preguntarle en qué datos sustenta su afirmación, pero no nos ha contestado.

Para poner en contexto lo dicho por la vicepresidenta y canciller debemos explicar que las cifras del número de homicidios ocurridos en el marco de las protestas no están unificadas. Mientras la Fiscalía maneja unas cifras, organizaciones de derechos humanos como Temblores, Indepaz o Human Right Watch tienen otras. 

En Colombiacheck habíamos explicado antes este tema en un chequeo sobre las afirmaciones hechas por la congresista Paloma Valencia en un video. La senadora del Centro Democrático usó datos engañosos para desestimar la participación de la fuerza pública en los homicidios denunciados durante el Paro Nacional. 

Para ese chequeo le solicitamos al área de prensa de la Fiscalía la información sobre las muertes relacionadas con el Paro Nacional y nos compartieron varios comunicados de prensa (1, 2, 3, 4 y 5) que publican semanalmente con la información disponible. 

En su informe más reciente, esta entidad habló de que “24 fallecidos tendrían relación con las protestas”, entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2021. El boletín hace esta enumeración: “en lo referente a personas fallecidas, los elementos de prueba dan cuenta de que, de las 54 muertes conocidas, 24 tienen nexo directo con las protestas, así: Bogotá (1), Cali (14), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (4) y Tolima (1). Adicionalmente, hay 11 decesos en proceso de verificación; y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”.

Una investigación realizada por La Silla Vacía, en la que detalla cada uno de los homicidios cometidos en el marco de las protestas, contradice estos datos. El portal creó una base de datos, “alimentada con los reportes de las ONG y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Con esos reportes, ese medio analizó “caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida”. De esa forma, llegó a la conclusión que durante el paro habría 47 personas muertas en el marco de las protestas. 

Gráfico de La Silla Vacía

Como se observa en esta torta publicada por La Silla Vacía en su investigación, de los 47 reportes de homicidios relacionados con las protestas,  31 fueron atribuidos a la Fuerza Pública, es decir el 66% de los casos.  Los casos de civiles contra manifestantes investigados por La Silla son 7 y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, 3.

Aparte del informe de La Silla Vacía, nuestros colegas de Rutas del Conflicto también construyeron una base de datos en la que registraron “al menos 78 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia”. 

Estos son algunos apartes del informe Rutas: 

“De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando. 

Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.

Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.

(...) También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos”..

Tras las declaraciones de Ramírez en la ONU, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este trino: 

Hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU la Vicepresidenta de Colombia @mluciaramirez dijo que las muertes en las protestas fueron debido al vandalismo.

Olvidó decir que hay evidencias sólidas que apuntan a miembros de la policía en al menos 25 homicidios. pic.twitter.com/LvMrk6oW4j

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 13, 2021

Como vemos en las cifras, las dadas por Vivanco, las mencionadas en informes de organizaciones de DD.HH como Temblores e Indepaz o las de la misma Fiscalía, en el marco del paro sí se han presentado homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia se entregaron estos datos: “El Estado indicó que, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio del presente año, la jurisdicción penal militar ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional, por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional, refiriendo 12 procesos por presunto homicidio y 19 por lesiones personales. La Fiscalía reportó que ha interpuesto conflictos de competencia en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque”.

Al hacer una búsqueda en el portal de la Fiscalía, encontramos un comunicado del 6 de mayo de 2021 en el que dice: “Fiscalía investiga 11 homicidios durante el paro nacional, 3 estarían atribuidos a miembros de la Policía”.  Y en otro boletín de prensa, del 18 de junio de 2021, informan  que  un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra “Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien murió el pasado 1 de mayo en la capital tolimense en medio de protestas violentas”.

En este boletín, del 13 de mayo, se indicó: “La Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”.

Semanas antes de la intervención de Ramírez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una intervención en la que informó de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo, habló de Colombia.

“Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo la Alta Comisionada.

Así que lo dicho por la canciller y vicepresidenta Ramírez en la ONU contradice lo que han asegurado las organizaciones de derechos humanos y la propia Fiscalía. Los datos y el contexto analizado de las protestas contradicen su afirmación, por lo que la calificamos de falsa.