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Jueves, 15 Julio 2021

Afirmación de Marta Lucía Ramírez en la ONU sobre homicidios en el paro es falsa

Por Ana María Saavedra

La canciller y vicepresidenta dijo que los muertos en las protestas se han dado solo por infiltrados. Pero esto contradice los datos dados incluso por la Fiscalía y organizaciones de DD.HH.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que los muertos de las protestas que sacuden a Colombia desde el 28 de abril de 2021 se han dado por infiltrados.

“Esos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a esas protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, dijo Ramírez en su intervención.

En Colombiacheck le pusimos la lupa a esta afirmación y encontramos que es falsa porque contradice incluso las información entregada por la Fiscalía, así como la publicada por diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Para nuestro chequeo, contactamos al equipo de prensa de la funcionaria con el fin de preguntarle en qué datos sustenta su afirmación, pero no nos ha contestado.

Para poner en contexto lo dicho por la vicepresidenta y canciller debemos explicar que las cifras del número de homicidios ocurridos en el marco de las protestas no están unificadas. Mientras la Fiscalía maneja unas cifras, organizaciones de derechos humanos como Temblores, Indepaz o Human Right Watch tienen otras. 

En Colombiacheck habíamos explicado antes este tema en un chequeo sobre las afirmaciones hechas por la congresista Paloma Valencia en un video. La senadora del Centro Democrático usó datos engañosos para desestimar la participación de la fuerza pública en los homicidios denunciados durante el Paro Nacional. 

Para ese chequeo le solicitamos al área de prensa de la Fiscalía la información sobre las muertes relacionadas con el Paro Nacional y nos compartieron varios comunicados de prensa (1, 2, 3, 4 y 5) que publican semanalmente con la información disponible. 

En su informe más reciente, esta entidad habló de que “24 fallecidos tendrían relación con las protestas”, entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2021. El boletín hace esta enumeración: “en lo referente a personas fallecidas, los elementos de prueba dan cuenta de que, de las 54 muertes conocidas, 24 tienen nexo directo con las protestas, así: Bogotá (1), Cali (14), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (4) y Tolima (1). Adicionalmente, hay 11 decesos en proceso de verificación; y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”.

Una investigación realizada por La Silla Vacía, en la que detalla cada uno de los homicidios cometidos en el marco de las protestas, contradice estos datos. El portal creó una base de datos, “alimentada con los reportes de las ONG y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Con esos reportes, ese medio analizó “caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida”. De esa forma, llegó a la conclusión que durante el paro habría 47 personas muertas en el marco de las protestas. 

Gráfico de La Silla Vacía

torta de informe de La Silla sobre homicidios en el paro

Como se observa en esta torta publicada por La Silla Vacía en su investigación, de los 47 reportes de homicidios relacionados con las protestas,  31 fueron atribuidos a la Fuerza Pública, es decir el 66% de los casos.  Los casos de civiles contra manifestantes investigados por La Silla son 7 y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, 3.

Aparte del informe de La Silla Vacía, nuestros colegas de Rutas del Conflicto también construyeron una base de datos en la que registraron “al menos 78 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia”. 

Estos son algunos apartes del informe Rutas: 

“De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando. 

Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.

Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.

(...) También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos”..

Tras las declaraciones de Ramírez en la ONU, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este trino: 

Como vemos en las cifras, las dadas por Vivanco, las mencionadas en informes de organizaciones de DD.HH como Temblores e Indepaz o las de la misma Fiscalía, en el marco del paro sí se han presentado homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia se entregaron estos datos: “El Estado indicó que, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio del presente año, la jurisdicción penal militar ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional, por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional, refiriendo 12 procesos por presunto homicidio y 19 por lesiones personales. La Fiscalía reportó que ha interpuesto conflictos de competencia en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque”.

Al hacer una búsqueda en el portal de la Fiscalía, encontramos un comunicado del 6 de mayo de 2021 en el que dice: “Fiscalía investiga 11 homicidios durante el paro nacional, 3 estarían atribuidos a miembros de la Policía”.  Y en otro boletín de prensa, del 18 de junio de 2021, informan  que  un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra “Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien murió el pasado 1 de mayo en la capital tolimense en medio de protestas violentas”.

En este boletín, del 13 de mayo, se indicó: “La Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”.

Semanas antes de la intervención de Ramírez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una intervención en la que informó de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo, habló de Colombia.

“Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo la Alta Comisionada.

Así que lo dicho por la canciller y vicepresidenta Ramírez en la ONU contradice lo que han asegurado las organizaciones de derechos humanos y la propia Fiscalía. Los datos y el contexto analizado de las protestas contradicen su afirmación, por lo que la calificamos de falsa.

 

 

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Lunes, 17 Mayo 2021

Declaración de Policía que califica denuncia de presunto abuso sexual en Popayán como  ‘noticia falsa’ es cuestionable

Por Andrés Felipe Martínez

La Policía Nacional ‘desmintió’ la denuncia de un presunto abuso contra una mujer de 17 años en Popayán, quien posteriormente se quitó la vida. Sin embargo, su explicación no responde realmente a los hechos denunciados. La Fiscalía investiga el caso.

El pasado jueves 13 de mayo, en hechos que investiga la Fiscalía, una adolescente de 17 años de edad se habría quitado la vida en su vivienda, en el barrio El Uvo de Popayán.

La noche anterior, el miércoles, la joven había sido conducida por uniformados del Esmad a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de esa ciudad, en medio de las manifestaciones que se desarrollaban por el paro nacional.

Durante esa detención temporal, la joven habría sido víctima de violencia sexual, según la versión denunciada por varias organizaciones de derechos humanos y de acuerdo con una publicación que la misma joven realizó en su cuenta de Facebook.

Pantallazo del facebook de allisonEn respuesta, la Policía Nacional calificó como una “noticia vil y ruin” que estaba siendo “replicada de manera irresponsable a través de redes sociales”. Para justificar ese calificativo, desmintió hechos que no hacen parte de las denuncias, por ejemplo, que la joven haya fallecido en instalaciones oficiales.

Vale la pena contar, primero, que según la información de la Alcaldía de Popayán, la adolescente fue conducida a la URI a las 9:10 de la noche del miércoles 12 de mayo. 

Esa conducción por parte de miembros del Esmad quedó registrada en una transmisión en vivo en Facebook, de la cuenta JuanoRadio. 

Desde el minuto 10:06 hasta el 15:10, se ve cómo la menor forcejea con cuatro y a veces cinco uniformados, quienes la sujetan de sus extremidades. La menor cae al piso en varias ocasiones, y es tomada de nuevo por los oficiales. Entre sus quejas, se le alcanza a escuchar: “suélteme que me está quitando el pantalón”; y en otro momento, dicen los uniformados: “¿Una mujer le va a ganar a cuatro varones?, la chimba”.

La menor estuvo retenida por dos horas en la URI, hasta las 11:00 de esa noche, cuando “fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI”, explicó la Alcaldía. 

Al día siguiente, en la mañana, la joven publicó en su perfil de Facebook su versión sobre lo sucedido, citando la transmisión en vivo. “(...) solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón, me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me están desnudando, quitando el pantalón”. 

Después de conocerse su fallecimiento, varios colectivos de derechos humanos denunciaron que la menor había sido víctima de violencia sexual por parte de los agentes de la Policía. 

Uno de ellos, la organización nacional Casa de la Mujer, a través de Twitter: “efectivos policiales abusaron sexualmente de chica que fue detenida arbitrariamente en la noche de ayer #12M en las instalaciones de la Uri.  La chica fue liberada y nos informan que se suicidó”. 

Y así lo advirtió también la ONG Oxfam Colombia, que solicitó a las autoridades “realizar investigaciones correspondientes de manera eficaz, exhaustiva y transparente, de manera que se cuente con el esclarecimiento de los hechos”. 

Otro comunicado fue publicado en conjunto por varias oenegés, entre ellas la Corporación Justicia y Dignidad, Asfupaz y Ciudad en Movimiento: 

“Lamentamos la muerte de la menor, quien en la noche de ayer 12 de mayo de 2021 fue detenida y llevada a la URI, quien después de sufrir violencia sexual por parte de agentes de la Policía, hoy decide terminar con su vida en la ciudad de Popayán. Alertamos a las organizaciones defensoras de DDHH e instituciones garantes a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”.

La Policía Nacional, en su cuenta de Twitter, usó la imagen de este comunicado y escribió sobre ella en letras rojas “Mentira infame”. 

Y en la descripción de trino, señaló:  “Nuevamente la Policía Nacional es atacada por una noticia vil y ruin, la cual es replicada de manera irresponsable a través de redes sociales, victimizando a una familia que pierde un ser querido el día de hoy. #RompaLaCadena”.

Ese mensaje es seguido de otro trino con un video del brigadier general Ricardo Alarcón, comandante de la regional suroccidente de la Policía, en el que reitera la calificación de “noticia falsa, vil y ruin” refiriéndose a las denuncias, y explica tres argumentos que, sin embargo, no hacen parte de lo manifestado por las oenegés. 

“Primero, la menor nunca pisó instalaciones policiales. (...) la menor es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía”, dice el brigadier general.

Sin embargo, ni el comunicado citado por la Policía en Twitter, ni las otras denuncias, manifestaron que la adolescente fuera llevada a una instalación policial. La información ha coincidido en que fue conducida a la URI de la Fiscalía. 

“Segundo, una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población y es entregada en óptimas condiciones a su abuela materna”, dice Alarcón.

Una versión distinta manifestó la familia de la menor, citada por la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental del Paro, de la que hacen parte varias redes de defensa de derechos humanos. 

“Se ven moretones en el cuerpo, la niña dice que le dolía el estómago y la habían manoseado”, dice la Comisión citando a la abuela materna que recibió a la adolescente en la URI.

Luego continúa el brigadier general:

“Tercero, en la noticia manifiestan que los hechos tuvieron ocurrencia la noche del día de ayer. La Policía Nacional el día de hoy [13 de mayo] conoció sobre la muerte de una joven de 17 años que corresponde a la joven que fue conducida a las instalaciones de la URI el día de ayer. Los hechos ocurrieron el día de hoy en la mañana en el lugar de residencia de esta joven”.

Al igual que el primer punto, las denuncias no manifiestan que el fallecimiento ocurriera en el mismo momento de la conducción. Sino al día siguiente, en un caso que sería de suicidio. 

En ese sentido, se puede decir que el brigadier general Alarcón califica de ‘noticia falsa’ versiones que no hacen parte de los hechos denunciados por las organizaciones de derechos humanos. 

Consultamos al oficial sobre sus afirmaciones, y a través de su equipo de comunicaciones contestaron que “el brigadier general se refiere a noticias que han estado circulando en redes sociales”. 

Además, su vocero de comunicaciones corroboró que las imágenes de la transmisión de Facebook sí corresponden al caso de la menor, y que fue “un recorrido de 100 metros, aproximadamente, hacia la URI”.

Nuestra editora, Ana María Saavedra, también escribió en Twitter de la Policía estas preguntas, ya que el oficial hablaba de una “noticia falsa”.

Aparte de las declaraciones de Alarcón y el trino de la Policía, en redes sociales publicaron las imágenes del comunicado de varios organizaciones sociales y al que la Policía le puso el rótulo de Mentira Infame, junto a otras fotos de un trino de Temblores con una nota de El Espectador y de la menor con el logo de falso. 

pantallazo contra menor

Frente a la denuncia de abuso sexual, la Fiscalía publicó este trino en el que la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, anunció que se “conformó equipo especializado para esclarecer hechos ocurridos con una menor de 17 años en #Popayán por presunta agresión sexual y su posterior muerte”.

También publicaron este comunicado:

Asimismo, la Procuraduría comunicó que abrió una indagación preliminar contra integrantes de la Policía, por la “presunta retención, agresión sexual a una menor de edad”. 

Al tiempo, cuatro uniformados que habrían participado en la conducción habrían sido separados del cargo para atender las investigaciones, según informó Caracol Radio.

Ayer nuestros colegas de Cuestión Pública y Volcánicas publicaron un hilo de Twitter con la reconstrucción forense de los videos:

En el marco de las manifestaciones del paro nacional, entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021, la organización Temblores ha documentado 16 casos de violencia sexual y tres casos de violencia basada en género, en todo Colombia. 

En Popayán las organizaciones sociales también denunciaron otro caso de presunto abuso sexual contra otra joven de 18 años por parte de Policías, que, según la denuncia, la amenazaron con “lamerla” y “violarla”, tras detenerla en medio de una marcha del Paro Nacional.  El Espectador habló con la mamá de la joven,  quien ratificó la denuncia.

Con todos estos elementos calificamos como cuestionable lo dicho por el general Alarcón en su video en el que asegura que es una “noticia falsa”. Los hechos en este momento son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía. La menor sí denunció en su Facebook una presunta agresión sexual y en el comunicado de las organizaciones sociales no dicen que la menor haya sido víctima de abuso sexual en “una instalación policial”.