“La paz con las Farc no es la paz de Colombia, qué van a hacer con las 3.500 bandas criminales”, preguntó el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, partido opositor, a un grupo de periodistas mientras entregaba unas declaraciones en Washington en diciembre pasado.

¿3.500 bandas criminales? “Más de 3.500 bandas criminales”, aseguró la senadora del mismo partido, Paloma Valencia, en una entrevista al Diario del Huila.

La preocupación por las bandas criminales que delinquen en el país no es solo de los uribistas, es un problema sobre el que investigadores, académicos y políticos, entre otros sectores sociales, han llamado la atención, pero que se ha calculado en una cifra muy inferior a las 3.500, por lo que calificamos la afirmación de Uribe como falsa.

“Son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localizada”, calcula Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en un informe titulado “Bandas criminales, el riesgo del posconflicto”.

Colombiacheck contactó telefónicamente y por medio de whatsapp a la coordinación de comunicaciones del Centro Democrático para saber la fuente de la cifra, pero no nos contestaron por ninguno de estos canales.

En sus justas dimensiones

En el informe de Pares se hace referencia, también, a información suministrada por la Policía que indica que además del clan Úsuga, los Rastrojos, las disidencias del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac, y las Águilas Negras esa institución ha identificado “otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país”.

“De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz”, explica Ávila.

El investigador explica que las Bacrim son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños, el Clan Úsuga o los Rastrojos y que esa diversidad ha dificultado la comprensión del problema.

El problema no es de números

Las bandas criminales son una de las grandes amenazas para la paz en Colombia pues están ocupando los territorios que han dejado las Farc y harían lo mismo con las que deje el ELN, si prospera la negociación con ese otro grupo subversivo. Las Bacrim van detrás del control de los negocios ilegales que hay en esas zonas del país, panorama que delimita bien la nota titulada “Con las Farc afuera, otros amenazan la paz”, publicada en el diario La Patria.

“Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las bandas criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las Farc y el ELN”, este es, según León Valencia, de Pares, una de las conclusiones de un estudio que hicieron sobre la situación de estas organizaciones.

Además Valencia señala que sobre la presencia de estos grupos en el país hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales, pero que su fundación “ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos”.

“Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de sus estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unas 4.900 personas que integran estas organizaciones”, indica Valencia.

El momento por el que atraviesa el país exige más que nunca que se encuentre rápidamente una manera eficaz de acabar con estas bandas, estrategia que pasa, según Juan Carlos Garzón, investigador asociado de Ideas para la Paz, por llegar a un consenso sobre si son bandas criminales o paramilitares, así como por quién y cómo debe combatirse.

El pasado 11 de enero el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas insistió en que “decir que hay paramilitares es darles un reconocimiento político”. Dos días después se conoció el informe anual de la ONG Human Rights Watch en el que se asegura que la desmovilización de los paramilitares “presentó grandes falencias” y terminado el proceso “numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos”.

“Los grupos sucesores, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual”, asegura el informe.

Mientras el contrapunteo pesiste, los criminales siguen en lo suyo y la población afectada reclama soluciones rápidas y eficaces.