“En el último año [este gobierno] logró el menor registro en los últimos 16 años en el índice de pobreza multidimensional”, dijo el mandatario en el Capitolio. Colombiacheck calificó esa afirmación como cuestionable porque en realidad no hay datos de 16 años, ya que esta medición existe desde 2010. Sin embargo, es cierto que en 2021 se alcanzó el menor registro desde entonces, con una tasa de 16% que equivale a 8,1 millones de personas.

Así lo muestra la información disponible en la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De igual manera consta que en 2018, cuando inició el periodo presidencial que ahora está a punto de terminar, había 9,2 millones de personas en pobreza multidimensional en Colombia, el 19,1%.

Por tanto, bajo esta administración salieron de la pobreza multidimensional 1,1 millones de personas con corte a 2021, a pesar del retroceso que hubo por el golpe mundial y sobre todo en América Latina de la crisis por la pandemia de COVID-19. En 2019, la cantidad de pobres multidimensionales ya había bajado en 615.000, pero 489.000 volvieron a caer en esa condición en 2020, cuando volvieron a ser 9 millones.

En el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación, el avance registrado hasta el año pasado es de 60,78%, porque el objetivo del cuatrenio es bajar la tasa en 5,1 puntos porcentuales, a 14%. Como el dato más reciente del DANE es de 16%, lleva 3,1.

Ahí también consta que en 2019 la meta era quedar en 17,8%. Sin embargo, había quedado incluso tres décimas porcentuales más abajo. Fue la pandemia la que retrasó el progreso.

“La pobreza monetaria va muy de la mano con el desempeño económico y, fundamentalmente, con el mercado laboral. La multidimensional, como tiene un poco más de variables, se puede afectar de distinta manera y sobre todo con una incidencia mucho más clara de política pública”, le explicó a Colombiacheck el economista Germán Machado en una verificación de mayo pasado sobre la reducción de esta cifra en Bogotá bajo la alcaldía de Gustavo Petro.

En el Plan de Desarrollo de Duque, tres políticas se relacionaban de forma explícita con la reducción de este índice: empleo, salud y vivienda.

En el primero no se cumplió lo prometido, como chequeó Colombiacheck en este mismo especial de balance sobre las metas del gobierno. Aparte de ser uno de los aspectos más afectados por las cuarentenas y las pérdidas económicas derivadas de la emergencia sanitaria, ya venía empeorando desde 2020.

De hecho, en las mismas cifras del DANE sobre pobreza multidimensional discriminadas por cada uno de los indicadores, se ve que el desempleo de larga duración (al menos un año) pasó de 12,1% a 12,4% en 2019. Al año siguiente, con la crisis, llegó a 14,2% y en 2021 bajó apenas una décima porcentual.

El trabajo informal tuvo una trayectoria similar. En 2018 marcaba 72,7% y en 2021 quedó en 73,5%. En 2019 había subido apenas dos décimas, pero en 2020 había alcanzado un pico de 74,2%.

Por el contrario, las barreras de acceso a servicios de salud cayeron drásticamente de 6,2% en 2018 a 5,5% en 2019 y luego a solo 2,2% en 2020 y 2021. También se redujo, aunque menos, el dato de personas sin aseguramiento en el sistema, de 11% en 2018 a 10,1% en 2021 a pesar de un pequeño repunte de 11,3% en 2019.

El informe de gestión del Ministerio de Salud, en 2021, le atribuía estos avances a la figura de afiliación de oficio que fue reglamentada en 2020 con base en su creación por medio de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esta permite que las personas que soliciten servicios ante el sistema sean atendidas e inscritas de inmediato en el régimen correspondiente si no lo están, de manera que no se les niegue la atención.

En cambio, en términos de vivienda, todos los indicadores mejoraron aunque con altibajos. Por ejemplo, la población “sin acceso a una fuente de agua mejorada” pasó del 11,7% al 10,9%, pero en 2020 había alcanzado a estar en 9,7% y desmejoró en el último año. Algo similar sucedió con la eliminación inadecuada de excretas.

Por otro lado, el plan de Duque no mencionaba de forma tan explícita la relación entre los indicadores educativos y esta medición, y justo la inasistencia escolar se destaca por su aumento bajo su mandato. Aunque había empezado a la baja de 3,1% en 2018 a 2,7% en 2019, se disparó a 16,4% en 2020 con el cierre de las instituciones por la pandemia. En 2021, solo logró disminuir a 5,5%, más del doble de la que había al inicio del gobierno.

En resumen, la meta de reducción de la pobreza multidimensional iba bien hasta 2019, pero con las consecuencias económicas del COVID-19 se retrasó. A pesar de esto, han salido de la pobreza el 44% de las personas pobres que había prometido el mandatario. Dado que son menos de la mitad, Colombiacheck califica la promesa como atrasada.

Para esta medición se tiene en cuenta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la que se consulta el acceso de los hogares al servicio de internet a través de una conexión fija (mediante un cable y/o red inalámbrica provistos por empresas de telefonía o de televisión) o móvil (a través de un dispositivo móvil y portátil ofrecido por una empresa de telefonía o de planes de datos o recargas permanentes disponibles para todo el hogar). 

Al inicio del gobierno de Duque, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, un total de 8,1 millones de hogares tenían conexión a internet, es decir, el 52,7% a nivel nacional, 63% en las cabeceras y 16,2% en centros poblados y rural disperso.

Mientras que en 2021, que es la medición más reciente, se logró avanzar a 10,3 millones de hogares conectados a internet, es decir, el 60,5% del consolidado nacional, 70% en cabeceras y 28,8% en centros poblados y rural disperso. 

Fuente: DANE

Según el DANE, entre 2019 y 2021, el porcentaje de hogares que accedieron a internet se incrementó 8,6 puntos porcentuales. En centros poblados y rural disperso este porcentaje aumentó 8,1 puntos. La encuesta de 2022 aún no está disponible. 

Internet fijo para hogares más vulnerables 

Con el programa Hogares Conectados, el Gobierno Nacional tenía como meta conectar a internet fijo a cerca de 346.732 hogares de bajos recursos, con tarifas desde 8.613 pesos mensuales para estrato 1 y 19.074 pesos para estrato 2, además de personas beneficiarias de la Ley  de Beneficios a la Fuerza Pública (Ley 1699 de 2013) y Sisbén.

En diciembre de 2019 se adjudicaron las primeras 342.000 conexiones por medio de cuatro proyectos: Demanda I - 210.000 conexiones, Demanda II - 57.370 conexiones, Oferta - 67.764 conexiones y Fortalecimiento - 6.944 conexiones. Los proyectos de Demanda I y Demanda II beneficiarían a 26 departamentos del país. Los beneficiarios de Demanda I y Demanda II contarían con 30 meses y 42 meses de operación respectivamente, a partir de la conexión, según el Ministerio de las TIC.

“Recorrimos las calles de Chachagüí, Nariño y visitamos algunas familias para revisar avances del programa ‘Hogares Conectados’, proyecto que lleva internet a los más vulnerables. Así avanzamos en nuestra meta de que 70% del país tenga cobertura de internet al 2022 @Ministerio_TIC”, trinó Duque el 17 de octubre de 2020. 

Recorrimos las calles de Chachagüí, Nariño y visitamos algunas familias para revisar avances del programa ‘Hogares Conectados’, proyecto que lleva internet a los más vulnerables. Así avanzamos en nuestra meta de que 70% del país tenga cobertura de internet al 2022 @Ministerio_TIC pic.twitter.com/yp8z3FblAk

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 17, 2020

Pilar Sáenz, física y coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, le dijo a Colombiacheck que el gobierno de Duque logró avanzar en materia de conectividad, pero en eso juega un papel importante que durante 2020 y 2021 estuvimos encerrados por la pandemia de COVID-19 y muchas actividades tuvieron que digitalizarse.

“Mucha gente que no había tenido que realizar labores como trabajar, estudiar o entretenerse en internet tuvo que hacerlo y eso hace que se haya dado un impulso no solo a la conectividad, sino a la necesidad de la ciudadanía de estar conectados  y eso en gran medida ayuda a dar ese salto”, expresó Sáenz.

También destacó que  el gobierno de Duque impulsó la Ley 1978 de 2019 o Ley de Modernización del sector TIC, cuyo objetivo era incentivar la inversión privada, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo para conectar a internet a la población vulnerable y de escasos recursos, además de las zonas rurales y apartadas del país.

“Dentro de esa ley hay algunos aspectos que son centrales para los temas de conectividad en Colombia, incluyendo que hay obligaciones de los particulares y que el modelo que definen es mantener la conectividad a través de alianzas público-privadas, en las que los prestadores de servicios de internet son los que tienen que poner la infraestructura y el Gobierno da el acceso al espectro electromagnético a través de las negociaciones”, explicó Sáenz.

No obstante, advirtió que lo que muestran las cifras de hogares con conexión a internet es la desigualdad que existe entre las cabeceras y los centros poblados y rural disperso. “El campo es donde hay más barreras de acceso y donde menos inversión se tiene, esa inversión tendría que ser del Estado porque si la hacen los privados para ellos no tiene relación costo –beneficio, por lo tanto el modelo al que le apostó el Gobierno, que se hiciera con asociaciones público – privadas, sigue sin funcionar, esa brecha sigue estando ahí”, dijo Sáenz. 

De otro lado, al revisar la plataforma Sinergia del DNP encontramos que en el indicador Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita se habla que la meta tiene supuestamente un avance del 86,43% de ejecución.

Sin embargo, como se explica en Sinergia, la fuente  de este indicador proviene de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) desarrollada y publicada por el DANE, la cual está a 2021. El porcentaje de cumplimiento es una proyección con los datos de los proyectos que aportarían al cumplimiento de la meta. “Para el mes de junio 2022, el Ministerio TIC continuó adelantando proyectos entre los cuales se encuentran los proyectos de Incentivos a la Oferta e Incentivos a la Demanda y el programa de masificación de accesos para el despliegue de infraestructura, los cuales apalancan el indicador”, dice el resumen del indicador. 

Es que teniendo en cuenta que los datos oficiales más recientes de hogares conectados a internet, que son de 2021, el cumplimiento de la meta no supera el 50%. La meta era aumentar 18 puntos porcentuales el número de hogares conectados a internet, pero en tres años solamente aumentó 8 puntos.

Así que en Colombiacheck calificamos como atrasada la meta del gobierno Duque de conectar a internet al 70% de los hogares colombianos.

“Educación es el sector con mayor inversión en el Plan de Desarrollo con $216,5 billones. Se duplicarán los estudiantes en jornada única de colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 millones. Alcanzaremos el máximo histórico en cobertura de Educación Superior, con 60% #ElPactoEsDeTodos”, trinó Duque el 6 de febrero de 2019. 

Educación es el sector con mayor inversión en el Plan de Desarrollo con $216,5 billones. Se duplicarán los estudiantes en jornada única de colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 millones. Alcanzaremos el máximo histórico en cobertura de Educación Superior, con 60% #ElPactoEsDeTodos

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 6, 2019

El Ministerio de Educación Nacional informó, en un comunicado del 10 de junio de 2022, que en 2018 se beneficiaban de la jornada única 900.000 estudiantes, es decir 12% de la matrícula oficial y que para junio de 2022 la implementación de la jornada única llegaba a 1’356.429 estudiantes en 3.013 establecimientos educativos del país, es decir el 18,6% de la matrícula oficial. 

La jornada única, según el Ministerio, es una estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas, así como en el impulso a los proyectos de vida de los estudiantes y el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales. 

La intensidad académica de la jornada única, de acuerdo con el decreto 2105 de 2017, es la siguiente: 

Para el reconocimiento de la implementación de la jornada única por parte de las entidades territoriales certificadas (ETC), garantizando que el servicio educativo pueda ser prestado de manera continua, oportuna y adecuada, de acuerdo con el artículo 2.3.3.6.1.4. del Decreto 1075 de 2015, se deben cumplir las siguientes condiciones previas: 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.
    
2. Un plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo en el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adoptado por las entidades territoriales certificadas, para los estudiantes que se encuentren desarrollando la jornada única, a fin de disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
    
3. El recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar. 
    
4. El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la implementación de la Jornada Única, publicado en noviembre de 2020, la proyección del gobierno de Iván Duque era “duplicar el número de estudiantes participantes del programa, pasando de un 12% en 2018 a un 24% en 2022”.

El informe señala que el número total de estudiantes que se encontraban matriculados en los establecimientos educativos oficiales del país en 2019 fue de 8’074.138 y el número de estudiantes de la matrícula oficial que debían ser cubiertos por el programa jornada única era de 1’211.120 para alcanzar la meta proyectada para ese año del 15%. “Sin embargo, al finalizar el 2019 según reportó el MEN, se consiguió beneficiar a 1’117.734 estudiantes, es decir que, faltaron 93.386 para cumplir la citada meta del 15%”, reza el informe. 

En cuanto a la meta del 18% para el 2020, con corte al 31 de marzo de ese año, el número total de estudiantes que se encontraban matriculados en los establecimientos educativos oficiales del país era de 7’271.241 y había 1’132.135 en jornada única, es decir, el 15,6%.

“Es posible advertir cómo se está lejos de cumplir con la meta a alcanzar en este año, en vista que respecto de la matrícula oficial, este porcentaje (18%) equivale a 1’308.823 estudiantes, y para lograr la meta aún faltarían 176.688, los cuales bajo las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid-19, van a ser muy difíciles de cubrir, en especial, cuando se evidencia que en condiciones normales del 2018 al final del 2019, el total de los estudiantes beneficiados por la jornada única se incrementó de un año a otro en 124.846”, advertía el informe. 

A partir del 16 de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria por pandemia del Covid-19, se suspendieron las clases presenciales en los establecimientos educativos del país y se reiniciaron de forma gradual en algunos colegios a partir de julio de 2021, pero solo si cumplían con el aforo permitido y los protocolos de bioseguridad. Por esta razón, hubo una interrupción en la jornada única en los establecimientos educativos oficiales. 

Por otra parte, el informe ‘Evolución de la Jornada Única en Colombia’, publicado en abril de 2022 por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), señala que para que los colegios oficiales de los municipios puedan implementar la estrategia de jornada única no solo deben tener los recursos suficientes para adicionar horas académicas, sino también contar con una infraestructura necesaria, pues tener jornada única implica disponer de más aulas de clases y otro tipo de salones para atender en una misma y más extensa jornada a los estudiantes actuales y nuevos. 

“Es quizá el tema de infraestructura educativa y la necesidad de más docentes, el principal obstáculo que pueden enfrentar las entidades territoriales en la implementación de jornada única. Adicionalmente, para que la ampliación de la jornada única redunde en aumentos o mejoras en la calidad educativa, se debe tener claridad por un lado, de cómo se va a aprovechar el tiempo adicional y por otro, de cómo mejorar las estrategias pedagógicas. En este sentido, es preciso fortalecer las áreas básicas de conocimiento (como matemáticas, lenguaje y ciencias) así como el inglés y las habilidades del siglo XXI o de la Cuarta Revolución Industrial (habilidades digitales y otras socioemocionales)”, reza el informe. 

Añade que la estrategia de jornada única debe complementarse con otras estrategias del sector educativo, como por ejemplo, “mejorar la calidad de los docentes, capacitarlos, dotar a los establecimientos de herramientas o dispositivos tecnológicos, entre otros recursos educativos relevantes”.

Francisco Cajiao, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo,  le dijo a Colombiacheck  que no se puede hablar de jornada única porque debido a la pandemia los estudiantes estuvieron dos años en su casa.

“Lo cierto es que el 100% de la población escolar de Colombia estuvo sin escolaridad 18 meses y no se pudo alcanzar la meta del Gobierno lamentablemente por la pandemia. Nadie puede decir que la jornada escolar aumentó en esta época. Los estudiantes en lugar de tener jornada única tuvieron en el mejor de los casos dos días a la semana de colegio y el atraso que eso supone es gravísimo. El Gobierno hizo todo lo posible para que volvieran a la presencialidad lo antes posible, giró los recursos, pero los maestros no querían, algunos gobernadores y alcaldes tampoco y cuando no eran ellos eran los padres de familia. En fin, no fue fácil”, expresó Cajiao. 

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como atrasada la meta de duplicar la jornada única en los colegios oficiales de 900.000 a 1,8 millones de estudiantes porque a corte junio de 2022 se habían alcanzado 1,3 millones de estudiantes, es decir, que faltan 500.000 para cumplir la meta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante 2020 y 2021 no se pudo implementar esta estrategia debido a la pandemia del Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas. 

Para el gobierno Duque, la meta era reparar individualmente a través de indemnizaciones administrativas a un total de 1,4 millones de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el indicador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad encargada de realizar esta reparación, a julio de 2022 señala que este propósito se ejecutó en un 49,6%, lo que coincide con la información consignada en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Planeación Nacional. 

Esto significa que históricamente –a lo largo de los 10 años de la Ley 1448– se ha indemnizado a un total de 1’292.476 víctimas (administrativas y judiciales) a través de 1’376.736 giros por un valor cercano a los 9’583.006’456.325 pesos. De estas cifras, durante este periodo presidencial fueron indemnizadas 391.983 víctimas a través de 431.972 giros por un valor cercano a los 3’757.831’175.909 pesos. 

La meta a cumplir era de 510.296 personas. 

Cifras entregadas por la Unidad de Víctimas a Rutas de Conflicto y Colombiacheck. La entidad señala que su fuente es el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 

Recordemos que la indemnización administrativa es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. Según el PND de este gobierno, el objetivo era “priorizar recursos en el componente de reparación de la política de víctimas” y su estrategia de Indemnización era que la UARIV implementara un sistema de priorización para realizar los pagos y así mismo, un plan de acompañamiento integral que permitiera desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acompañamiento psicosocial a las víctimas. 

Frente a la atención psicosocial, durante este periodo la UARIV acompañó a 112.429 víctimas en el marco del acceso a la medida de rehabilitación; y a 6.159 personas familiares de 1.686 víctimas directas de desaparición forzada y homicidio, en 723 procesos de búsqueda y entrega de 963 cuerpos y/o restos óseos.

Ante la incongruencia entre la meta y el resultado, la jefa de Comunicaciones de la UARIV, Martha Patricia Ávila, explicó que el incumplimiento se debió a la falta de recursos destinados para el objetivo de reparación. Respecto a esto, la delegada para el posconflicto de la Controlaría General de la Nación,  Eliana Díaz Lemus, añadió que los recursos siempre fueron insuficientes y era una certeza que no iban a alcanzar pues “en el marco del CONPES 4031 de 2021 se programaron cerca de 11,5 billones de presupuesto para las indemnizaciones. Según nuestros cálculos, lo que se requeriría en realidad serían 64 billones de pesos para atender esta población pendiente”. 

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas integrada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas ya había advertido previamente al Congreso y al Gobierno Nacional sobre esta deficiencia presupuestal para cumplir con lo que está establecido. La problemática para la entrega de las indemnizaciones no sólo radica en la población de víctimas que recientemente ingresó al RUV y que está a la espera de reparación, sino que existe un rezago de casi ocho millones de víctimas que no han sido atendidas. 

De acuerdo al diagnóstico realizado al inicio del Gobierno Duque, el ritmo de pago de las indemnizaciones es limitado por condiciones como la disponibilidad de recursos financieros, el proceso de documentación administrativo y el crecimiento constante del universo de víctimas. Tanto se ha intensificado esta situación que los entes de control pertenecientes a la Comisión de Seguimiento han advertido que “al ritmo que va, las víctimas en total serían reparadas en 60 años”. 

Incluso, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, señaló en mayo de 2022 que hay víctimas que pueden esperar su reparación entre 8 y 10 años. De la mano de esta declaración, vino la propuesta del presidente Duque de realizar ‘indemnizaciones exprés’ como estrategia para concretar la reparación de forma más ágil a través de pagos mensuales por medio de una renta proyectada. 

La propuesta –que aún está siendo evaluada–  fue rápidamente rechazada por algunos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos. Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, expresó que esta medida se convertiría en una especie de ‘subsidio’ que, además de ser revictimizante, quitaría el carácter de integralidad de la Ley de Víctimas, pues no permitiría que las personas sean compensadas totalmente para construir un proyecto de vida más allá de sus hechos victimizantes. 

Sumado al incumplimiento, la Contraloría ha denunciado en varias auditorías a la UARIV la existencia de irregularidades en la entrega de las indemnizaciones desde el 2018 hasta el actual 2022. Díaz Lemus aseguró que entre el 2014 y el 2020 han reportado pagos a  personas ya registradas como fallecidas y por lo tanto “se habrían gestionado inadecuadamente 692 millones de pesos, que se giraron hacia operadores bancarios”.

“Debido a las falencias en la Implementación de los Acuerdos de Paz, el asesinato sistemático de líderes, lideresas y/o defensores de derechos humanos, la metodología del sisben IV… y el universo de falencias y de vulnerabilidad manifiesta, creemos que estamos muy lejos ser reparados integralmente como lo indica la ley” asegura la Mesa Nacional de Víctimas. 

Como verificamos durante la campaña presidencial de 2018 en “De La Calle le atina a baja inversión en ciencia y tecnología”, al convertirse en presidente Iván Duque encontró una inversión muy baja en este sector, incluso por debajo del promedio latinoamericano. El pasado 14 de marzo, el presidente saliente dijo que durante su gobierno se quintuplicó la inversión pública frente al PIB, alcanzando una cifra de 30 billones de pesos. El 18 de julio aseguró que en estos cuatro años se avanzó en CTeI como nunca antes en la historia reciente de Colombia.

Como consta en la página 601 del Plan Nacional de Desarrollo, el primer objetivo que trazó Iván Duque en este campo fue duplicar la inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (ACTI) de 0,7% del PIB en 2018 a 1,5% en 2022. 

Proyecciones de crecimiento de inversión en ACTI consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la guía del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se considera que un proyecto cuenta con inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (ACTI) cuando al menos una parte del presupuesto se destina a categorías como Investigación y desarrollo experimental, Apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica, Actividades de innovación, Servicios científicos y tecnológicos o Administración y otras actividades de apoyo en CTI. Factores que se traducen en más estudios e investigaciones realizados, más becas de Postgrado otorgadas, más personas culminando capacitaciones altamente especializadas y más apoyo a centros de investigación, entre otros productos.

La economista Andrea Guevara, líder del Área de Inversión del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), nos explicó que la medición de la inversión en ACTI se realiza en porcentaje del PIB “para dar cuenta de lo que significa de acuerdo al tamaño de la economía. Los países desarrollados invierten tasas de entre el 2% y el 5% de su PIB en investigación y desarrollo tecnológico”. 

Guevara puntualizó también lo que se contabiliza como inversión pública dentro de la medición:  “recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, parafiscales, recursos propios de las entidades públicas y recursos públicos provenientes de entidades territoriales”.

Según la plataforma Sinergia del DNP, la meta está cumplida en un 67,33% considerando que la medición para 2021 se proyecta en una proporción del 1,01% del PIB invertido en ACTI. Este sería un avance considerando que la meta para ese año era 1,3% y que para el final del Gobierno debía alcanzarse el 1,5%.

Aunque el DNP ha ubicado de forma preliminar el avance en 1,01% para 2021, aún no se publica el Informe de Indicadores de CTeI 2021, de donde saldrá la cifra oficial. Por ello el avance de Sinergia no se sustenta en información oficial, sino que se trata de una estimación como se evidencia en la pestaña “resultados”.

El Ministro de Ciencia, Tito Crissien, aseguró en entrevista con Forbes que se espera romper este año con la barrera del 1% del PIB, proporción que no se ha registrado anteriormente en el país. A falta de datos oficiales, la cifra más reciente entonces data de 2020, cuando el porcentaje del PIB destinado a inversión en ACTI se ubicó en 0,84%. Esto representa un avance del 56% de la meta trazada para 2022.

Contrario a las metas de orden social o ambiental cuyas cifras oficiales provienen de entidades públicas como el DANE o el Ideam, los datos oficiales del sector CTeI son producidos por el OCyT, que como nos explicó Efren Romero, director de bibliometría de este organismo, es una entidad independiente nacida en 1999 con el objetivo de calcular esta información. Con el Informe anual de Indicadores CTeI, “se realizan los cálculos que a través del Ministerio de Ciencias se convierten en información oficial para organismos multilaterales”, como afirmó Romero.

Según el informe de 2020, las cifras oscilan desde 2015 en el orden del 0,8% del PIB, con un máximo preliminar de 0,87% alcanzado en 2019. El dato de 0,84% para 2020, advierten que “debe observarse con cuidado”, dado que fruto de la pandemia el Producto Interno Bruto colombiano cayó alrededor de 6,8% ese año. Sin embargo, categóricamente se señala que es un escenario muy lejano a la meta de 1,5% contemplada para 2022. Esto se suma a los reparos de expertos de la comunidad científica que argumentan que la meta ni siquiera es ambiciosa, con lo cual se trata de un resultado muy pobre.

Así pues, a falta de información oficial de 2021, el avance más reciente registrado por el DNP corresponde al 56% de lo trazado para 2022. El mismo informe de la OCyT señala un rezago preocupante respecto de lo esperado durante el cuatrienio, por lo cual, si bien se evidencian esfuerzos gubernamentales que han sostenido el indicador por encima del 0,8% del PIB, este aún se encuentra lejos del 1,5% proyectado. Por estos motivos, calificamos esta meta como atrasada.