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Chequeo Múltiple

Miércoles, 03 Agosto 2022

Atrasada

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 6




“Sacar a 2,5 millones de personas de la pobreza multidimensional”

La reducción del índice de pobreza multidimensional es otra de las cifras con las que Duque ha elogiado los resultados de su propia presidencia, como lo hizo el 20 de julio de 2022 en su última rendición de cuentas ante el Congreso. Ese dato se calcula con base en indicadores de salud, educación, situación de la infancia, empleo y vivienda en los hogares.

“En el último año [este gobierno] logró el menor registro en los últimos 16 años en el índice de pobreza multidimensional”, dijo el mandatario en el Capitolio. Colombiacheck calificó esa afirmación como cuestionable porque en realidad no hay datos de 16 años, ya que esta medición existe desde 2010. Sin embargo, es cierto que en 2021 se alcanzó el menor registro desde entonces, con una tasa de 16% que equivale a 8,1 millones de personas.

Así lo muestra la información disponible en la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De igual manera consta que en 2018, cuando inició el periodo presidencial que ahora está a punto de terminar, había 9,2 millones de personas en pobreza multidimensional en Colombia, el 19,1%.

Por tanto, bajo esta administración salieron de la pobreza multidimensional 1,1 millones de personas con corte a 2021, a pesar del retroceso que hubo por el golpe mundial y sobre todo en América Latina de la crisis por la pandemia de COVID-19. En 2019, la cantidad de pobres multidimensionales ya había bajado en 615.000, pero 489.000 volvieron a caer en esa condición en 2020, cuando volvieron a ser 9 millones.

En el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación, el avance registrado hasta el año pasado es de 60,78%, porque el objetivo del cuatrenio es bajar la tasa en 5,1 puntos porcentuales, a 14%. Como el dato más reciente del DANE es de 16%, lleva 3,1.

Ahí también consta que en 2019 la meta era quedar en 17,8%. Sin embargo, había quedado incluso tres décimas porcentuales más abajo. Fue la pandemia la que retrasó el progreso.

“La pobreza monetaria va muy de la mano con el desempeño económico y, fundamentalmente, con el mercado laboral. La multidimensional, como tiene un poco más de variables, se puede afectar de distinta manera y sobre todo con una incidencia mucho más clara de política pública”, le explicó a Colombiacheck el economista Germán Machado en una verificación de mayo pasado sobre la reducción de esta cifra en Bogotá bajo la alcaldía de Gustavo Petro.

En el Plan de Desarrollo de Duque, tres políticas se relacionaban de forma explícita con la reducción de este índice: empleo, salud y vivienda.

En el primero no se cumplió lo prometido, como chequeó Colombiacheck en este mismo especial de balance sobre las metas del gobierno. Aparte de ser uno de los aspectos más afectados por las cuarentenas y las pérdidas económicas derivadas de la emergencia sanitaria, ya venía empeorando desde 2020.

De hecho, en las mismas cifras del DANE sobre pobreza multidimensional discriminadas por cada uno de los indicadores, se ve que el desempleo de larga duración (al menos un año) pasó de 12,1% a 12,4% en 2019. Al año siguiente, con la crisis, llegó a 14,2% y en 2021 bajó apenas una décima porcentual.

El trabajo informal tuvo una trayectoria similar. En 2018 marcaba 72,7% y en 2021 quedó en 73,5%. En 2019 había subido apenas dos décimas, pero en 2020 había alcanzado un pico de 74,2%.

Por el contrario, las barreras de acceso a servicios de salud cayeron drásticamente de 6,2% en 2018 a 5,5% en 2019 y luego a solo 2,2% en 2020 y 2021. También se redujo, aunque menos, el dato de personas sin aseguramiento en el sistema, de 11% en 2018 a 10,1% en 2021 a pesar de un pequeño repunte de 11,3% en 2019.

El informe de gestión del Ministerio de Salud, en 2021, le atribuía estos avances a la figura de afiliación de oficio que fue reglamentada en 2020 con base en su creación por medio de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esta permite que las personas que soliciten servicios ante el sistema sean atendidas e inscritas de inmediato en el régimen correspondiente si no lo están, de manera que no se les niegue la atención.

En cambio, en términos de vivienda, todos los indicadores mejoraron aunque con altibajos. Por ejemplo, la población “sin acceso a una fuente de agua mejorada” pasó del 11,7% al 10,9%, pero en 2020 había alcanzado a estar en 9,7% y desmejoró en el último año. Algo similar sucedió con la eliminación inadecuada de excretas.

Por otro lado, el plan de Duque no mencionaba de forma tan explícita la relación entre los indicadores educativos y esta medición, y justo la inasistencia escolar se destaca por su aumento bajo su mandato. Aunque había empezado a la baja de 3,1% en 2018 a 2,7% en 2019, se disparó a 16,4% en 2020 con el cierre de las instituciones por la pandemia. En 2021, solo logró disminuir a 5,5%, más del doble de la que había al inicio del gobierno.

En resumen, la meta de reducción de la pobreza multidimensional iba bien hasta 2019, pero con las consecuencias económicas del COVID-19 se retrasó. A pesar de esto, han salido de la pobreza el 44% de las personas pobres que había prometido el mandatario. Dado que son menos de la mitad, Colombiacheck califica la promesa como atrasada.




“Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet”

El presidente Iván Duque, en la metas del Pacto por la Transformación Digital de Colombia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", se propuso lograr que 11,8 millones de hogares colombianos, es decir, el 70% estuvieran conectados a internet. 

Para esta medición se tiene en cuenta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la que se consulta el acceso de los hogares al servicio de internet a través de una conexión fija (mediante un cable y/o red inalámbrica provistos por empresas de telefonía o de televisión) o móvil (a través de un dispositivo móvil y portátil ofrecido por una empresa de telefonía o de planes de datos o recargas permanentes disponibles para todo el hogar). 

Al inicio del gobierno de Duque, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, un total de 8,1 millones de hogares tenían conexión a internet, es decir, el 52,7% a nivel nacional, 63% en las cabeceras y 16,2% en centros poblados y rural disperso.

Mientras que en 2021, que es la medición más reciente, se logró avanzar a 10,3 millones de hogares conectados a internet, es decir, el 60,5% del consolidado nacional, 70% en cabeceras y 28,8% en centros poblados y rural disperso. 

Fuente: DANE

Según el DANE, entre 2019 y 2021, el porcentaje de hogares que accedieron a internet se incrementó 8,6 puntos porcentuales. En centros poblados y rural disperso este porcentaje aumentó 8,1 puntos. La encuesta de 2022 aún no está disponible. 

Internet fijo para hogares más vulnerables 

Con el programa Hogares Conectados, el Gobierno Nacional tenía como meta conectar a internet fijo a cerca de 346.732 hogares de bajos recursos, con tarifas desde 8.613 pesos mensuales para estrato 1 y 19.074 pesos para estrato 2, además de personas beneficiarias de la Ley  de Beneficios a la Fuerza Pública (Ley 1699 de 2013) y Sisbén.

En diciembre de 2019 se adjudicaron las primeras 342.000 conexiones por medio de cuatro proyectos: Demanda I - 210.000 conexiones, Demanda II - 57.370 conexiones, Oferta - 67.764 conexiones y Fortalecimiento - 6.944 conexiones. Los proyectos de Demanda I y Demanda II beneficiarían a 26 departamentos del país. Los beneficiarios de Demanda I y Demanda II contarían con 30 meses y 42 meses de operación respectivamente, a partir de la conexión, según el Ministerio de las TIC.

“Recorrimos las calles de Chachagüí, Nariño y visitamos algunas familias para revisar avances del programa ‘Hogares Conectados’, proyecto que lleva internet a los más vulnerables. Así avanzamos en nuestra meta de que 70% del país tenga cobertura de internet al 2022 @Ministerio_TIC”, trinó Duque el 17 de octubre de 2020. 

Pilar Sáenz, física y coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, le dijo a Colombiacheck que el gobierno de Duque logró avanzar en materia de conectividad, pero en eso juega un papel importante que durante 2020 y 2021 estuvimos encerrados por la pandemia de COVID-19 y muchas actividades tuvieron que digitalizarse.

“Mucha gente que no había tenido que realizar labores como trabajar, estudiar o entretenerse en internet tuvo que hacerlo y eso hace que se haya dado un impulso no solo a la conectividad, sino a la necesidad de la ciudadanía de estar conectados  y eso en gran medida ayuda a dar ese salto”, expresó Sáenz.

También destacó que  el gobierno de Duque impulsó la Ley 1978 de 2019 o Ley de Modernización del sector TIC, cuyo objetivo era incentivar la inversión privada, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo para conectar a internet a la población vulnerable y de escasos recursos, además de las zonas rurales y apartadas del país.

“Dentro de esa ley hay algunos aspectos que son centrales para los temas de conectividad en Colombia, incluyendo que hay obligaciones de los particulares y que el modelo que definen es mantener la conectividad a través de alianzas público-privadas, en las que los prestadores de servicios de internet son los que tienen que poner la infraestructura y el Gobierno da el acceso al espectro electromagnético a través de las negociaciones”, explicó Sáenz.

No obstante, advirtió que lo que muestran las cifras de hogares con conexión a internet es la desigualdad que existe entre las cabeceras y los centros poblados y rural disperso. “El campo es donde hay más barreras de acceso y donde menos inversión se tiene, esa inversión tendría que ser del Estado porque si la hacen los privados para ellos no tiene relación costo –beneficio, por lo tanto el modelo al que le apostó el Gobierno, que se hiciera con asociaciones público – privadas, sigue sin funcionar, esa brecha sigue estando ahí”, dijo Sáenz. 

De otro lado, al revisar la plataforma Sinergia del DNP encontramos que en el indicador Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita se habla que la meta tiene supuestamente un avance del 86,43% de ejecución.

Sin embargo, como se explica en Sinergia, la fuente  de este indicador proviene de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) desarrollada y publicada por el DANE, la cual está a 2021. El porcentaje de cumplimiento es una proyección con los datos de los proyectos que aportarían al cumplimiento de la meta. “Para el mes de junio 2022, el Ministerio TIC continuó adelantando proyectos entre los cuales se encuentran los proyectos de Incentivos a la Oferta e Incentivos a la Demanda y el programa de masificación de accesos para el despliegue de infraestructura, los cuales apalancan el indicador”, dice el resumen del indicador. 

Es que teniendo en cuenta que los datos oficiales más recientes de hogares conectados a internet, que son de 2021, el cumplimiento de la meta no supera el 50%. La meta era aumentar 18 puntos porcentuales el número de hogares conectados a internet, pero en tres años solamente aumentó 8 puntos.

Así que en Colombiacheck calificamos como atrasada la meta del gobierno Duque de conectar a internet al 70% de los hogares colombianos.




 “Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900.000 a 1,8 millones”

El presidente Duque, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", se propuso duplicar el número de estudiantes en jornada única en colegios oficiales de 900.000 a 1,8 millones. 

“Educación es el sector con mayor inversión en el Plan de Desarrollo con $216,5 billones. Se duplicarán los estudiantes en jornada única de colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 millones. Alcanzaremos el máximo histórico en cobertura de Educación Superior, con 60% #ElPactoEsDeTodos”, trinó Duque el 6 de febrero de 2019. 

El Ministerio de Educación Nacional informó, en un comunicado del 10 de junio de 2022, que en 2018 se beneficiaban de la jornada única 900.000 estudiantes, es decir 12% de la matrícula oficial y que para junio de 2022 la implementación de la jornada única llegaba a 1’356.429 estudiantes en 3.013 establecimientos educativos del país, es decir el 18,6% de la matrícula oficial. 

La jornada única, según el Ministerio, es una estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas, así como en el impulso a los proyectos de vida de los estudiantes y el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales. 

La intensidad académica de la jornada única, de acuerdo con el decreto 2105 de 2017, es la siguiente: 

Para el reconocimiento de la implementación de la jornada única por parte de las entidades territoriales certificadas (ETC), garantizando que el servicio educativo pueda ser prestado de manera continua, oportuna y adecuada, de acuerdo con el artículo 2.3.3.6.1.4. del Decreto 1075 de 2015, se deben cumplir las siguientes condiciones previas: 

  1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.
     
  2. Un plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo en el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adoptado por las entidades territoriales certificadas, para los estudiantes que se encuentren desarrollando la jornada única, a fin de disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
     
  3. El recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar. 
     
  4. El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la implementación de la Jornada Única, publicado en noviembre de 2020, la proyección del gobierno de Iván Duque era “duplicar el número de estudiantes participantes del programa, pasando de un 12% en 2018 a un 24% en 2022”.

El informe señala que el número total de estudiantes que se encontraban matriculados en los establecimientos educativos oficiales del país en 2019 fue de 8’074.138 y el número de estudiantes de la matrícula oficial que debían ser cubiertos por el programa jornada única era de 1’211.120 para alcanzar la meta proyectada para ese año del 15%. “Sin embargo, al finalizar el 2019 según reportó el MEN, se consiguió beneficiar a 1’117.734 estudiantes, es decir que, faltaron 93.386 para cumplir la citada meta del 15%”, reza el informe. 

En cuanto a la meta del 18% para el 2020, con corte al 31 de marzo de ese año, el número total de estudiantes que se encontraban matriculados en los establecimientos educativos oficiales del país era de 7’271.241 y había 1’132.135 en jornada única, es decir, el 15,6%.

“Es posible advertir cómo se está lejos de cumplir con la meta a alcanzar en este año, en vista que respecto de la matrícula oficial, este porcentaje (18%) equivale a 1’308.823 estudiantes, y para lograr la meta aún faltarían 176.688, los cuales bajo las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid-19, van a ser muy difíciles de cubrir, en especial, cuando se evidencia que en condiciones normales del 2018 al final del 2019, el total de los estudiantes beneficiados por la jornada única se incrementó de un año a otro en 124.846”, advertía el informe. 

A partir del 16 de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria por pandemia del Covid-19, se suspendieron las clases presenciales en los establecimientos educativos del país y se reiniciaron de forma gradual en algunos colegios a partir de julio de 2021, pero solo si cumplían con el aforo permitido y los protocolos de bioseguridad. Por esta razón, hubo una interrupción en la jornada única en los establecimientos educativos oficiales. 

Por otra parte, el informe ‘Evolución de la Jornada Única en Colombia’, publicado en abril de 2022 por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), señala que para que los colegios oficiales de los municipios puedan implementar la estrategia de jornada única no solo deben tener los recursos suficientes para adicionar horas académicas, sino también contar con una infraestructura necesaria, pues tener jornada única implica disponer de más aulas de clases y otro tipo de salones para atender en una misma y más extensa jornada a los estudiantes actuales y nuevos. 

“Es quizá el tema de infraestructura educativa y la necesidad de más docentes, el principal obstáculo que pueden enfrentar las entidades territoriales en la implementación de jornada única. Adicionalmente, para que la ampliación de la jornada única redunde en aumentos o mejoras en la calidad educativa, se debe tener claridad por un lado, de cómo se va a aprovechar el tiempo adicional y por otro, de cómo mejorar las estrategias pedagógicas. En este sentido, es preciso fortalecer las áreas básicas de conocimiento (como matemáticas, lenguaje y ciencias) así como el inglés y las habilidades del siglo XXI o de la Cuarta Revolución Industrial (habilidades digitales y otras socioemocionales)”, reza el informe. 

Añade que la estrategia de jornada única debe complementarse con otras estrategias del sector educativo, como por ejemplo, “mejorar la calidad de los docentes, capacitarlos, dotar a los establecimientos de herramientas o dispositivos tecnológicos, entre otros recursos educativos relevantes”.

Francisco Cajiao, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo,  le dijo a Colombiacheck  que no se puede hablar de jornada única porque debido a la pandemia los estudiantes estuvieron dos años en su casa.

“Lo cierto es que el 100% de la población escolar de Colombia estuvo sin escolaridad 18 meses y no se pudo alcanzar la meta del Gobierno lamentablemente por la pandemia. Nadie puede decir que la jornada escolar aumentó en esta época. Los estudiantes en lugar de tener jornada única tuvieron en el mejor de los casos dos días a la semana de colegio y el atraso que eso supone es gravísimo. El Gobierno hizo todo lo posible para que volvieran a la presencialidad lo antes posible, giró los recursos, pero los maestros no querían, algunos gobernadores y alcaldes tampoco y cuando no eran ellos eran los padres de familia. En fin, no fue fácil”, expresó Cajiao. 

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como atrasada la meta de duplicar la jornada única en los colegios oficiales de 900.000 a 1,8 millones de estudiantes porque a corte junio de 2022 se habían alcanzado 1,3 millones de estudiantes, es decir, que faltan 500.000 para cumplir la meta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante 2020 y 2021 no se pudo implementar esta estrategia debido a la pandemia del Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas. 




Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar la velocidad de titulación. 

El resumen del ‘Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ inicia con una infografía en la que se incluyen 20 metas principales del PND. Una de ellas es “lograr el 60% de actualización catastral, frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar la velocidad de titulación”. 

Esta meta se incluye en el ‘Pacto por la descentralización’, un capítulo que agrupa aquellas iniciativas que pretenden lograr una mayor articulación entre todas las regiones del país. Los Pactos contienen programas y cada programa reúne un número de indicadores. De acuerdo con el PND, el indicador que mide el cumplimiento de esta meta es “porcentaje del área geográfica con catastro actualizado” y se incluye en el programa de levantamiento, actualización y administración de la información catastral.

 

 

El avance del indicador de actualización catastral en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para junio de 2022, la fecha más reciente con datos, es del 40,31%.

“Durante el mes de junio de 2022 a través de procesos de conservación y actualización catastral, se logró un avance en la actualización de la información catastral del 40,31% del área geográfica del país que corresponde a 45’988.350 hectáreas”, se puede leer en el resumen de presentación de la meta.

De igual forma, la plataforma registra el avance de cada año con respecto a la meta del gobierno. Por ejemplo, al terminar el 2021 se había conseguido el 19,53% de actualización catastral en el país.

Esta entidad también publica, año a año, el documento de Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo en donde es posible consultar el progreso de las metas del gobierno. El más reciente, publicado el 20 de mayo de este año, presenta el balance del 2021. Según el documento, “al cierre del 2021 se logró que el 20,35 % del área geográfica del país estuviera actualizada catastralmente”, un porcentaje cercano al que se ve en la plataforma Sinergia para ese año.

Además del DNP, otras entidades y funcionarios de gobierno han hecho alarde de los avances en materia de actualización catastral. 

Por un lado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la entidad del Estado llamada a consolidar la información catastral del territorio nacional, emitió un boletín en enero de 2021 en el que se destacó que, durante el año 2020, se registró la cifra más alta de actualización en los últimos 5 años y afirmaron que construyeron la información catastral de 6,91 millones de hectáreas. 

Luego, en marzo del mismo año, aseguraron que el país había pasado de tener 2,25% del territorio con información catastral actualizada al 15,39%, del cual el 10,40% correspondía a zonas PDET . Esto último corresponde con el dato de avance que se puede ver en la plataforma Sinergia para ese año. La entonces directora del IGAC, Olga Lucía López, quien estuvo al frente de la entidad desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, le dijo a Semana que se esperaba que al final del 2022, cinco meses después de terminado el cuatrienio de Duque, se cumpla con la meta de la actualización al 60%.

La actual directora del DNP y entonces Consejera Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, Carolina Botero Barco, dijo también que la política del Catastro Multipropósito iba a permitir, entre otras cosas, posibilitar la “actualización catastral más importante de la historia de Colombia con más de 68 millones de hectáreas, cerca del 60% del área del país”. 

También el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, se refirió a ello en una entrevista que le dio a El Espectador en marzo de este año. Allí dijo que para ese momento tenían un avance del 37%, y que trabajaban para llegar al 55%. Colombiacheck hizo referencia a estas declaraciones en un chequeo que publicamos el Día de la Tierra, y en la que describimos el problema del desconocimiento de la tierra en Colombia. Sin embargo, el 24 de marzo de 2022 la actual directora del IGAC, Ana María Aljure, le dijo al diario La República que en ese momento se había logrado la actualización catastral y urbana de 29 millones de hectáreas, correspondiente a un 25,5% del territorio nacional, un porcentaje menor que el que dijo Zea. 

Por último, en el marco de la Semana Geomática, un evento de conferencias sobre tecnologías geoespaciales que organiza el IGAC, el presidente Iván Duque se refirió al progreso de la actualización catastral. “Tenemos cerca de un 39% del territorio nacional con una actualización, lo cual significa que más de 44 millones de hectáreas han sido actualizadas, y eso se debe gracias al trabajo de todos ustedes”, se le oye decir en un video grabado en medio del evento.

La plataforma Colombia en Mapas muestra un plano con el estado de actualización catastral en los municipios bajo jurisdicción del IGAC con información hasta el 30 de mayo de 2022.

En resumen, a pesar de que las estadísticas oficiales muestran que el gobierno de Iván Duque avanzó en su objetivo de actualizar el 60% de la información catastral del territorio, aún no ha cumplido, y es poco probable que, en las últimas semanas de su administración, de las que aún no existe información disponible, lo haya logrado hacer.

Los reparos del rápido avance

Con todo, la evolución que logró el gobierno en este indicador tiene reparos, uno de ellos es que el gobierno no ha consultado propiamente con las comunidades indígenas que habitan los territorios, según un comunicado que emitió en junio del año pasado la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. La Comisión, es un espacio de concertación entre los Pueblos indígenas y las entidades del gobierno creado en 1996 a través del Decreto 1397

“El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas”, reza el comunicado.

La sentencia T-247 de 2015 señala que la actualización catastral afecta directamente a las comunidades en los territorios, pues la percepción que el estado recoge de la composición de la tierra se refleja luego en “políticas de planificación de manejo territorial”. La Corte Constitucional consideró en su sentencia que la vulneración del derecho de consulta previa “puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.

La Comisión criticó también que la forma en la que se estaba implementando el Catastro Multipropósito es “inconstitucional” y “desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno”. 

En efecto, como escribe Gloria Barney, economista y exdirectora del IGAC, en un artículo de abril de este año para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la actualización catastral es uno de los módulos presentes en el primer punto del Acuerdo, la Reforma Rural Integral. La exfuncionaria señaló también allí que, para ese momento, la consulta previa con las autoridades indígenas se encontraba en fase de alistamiento.

El Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) publicó un comunicado en abril de 2021 en el que denunció que el gobierno ha expedido normativa relacionada con la implementación del Catastro Multipropósito sin que se haya consultado a las comunidades indígenas.

Allí aseguró que el gobierno nacional concertó con las comunidades una ruta para la consulta previa a decretos u otros instrumentos normativos, pero lo hizo porque esta era una condición del Banco Mundial, una de las organizaciones que le prestó a la nación 100 millones de dólares para esta política. Sin embargo, en el comunicado aseguraron que, a pesar de lo acordado, la ruta no fue ideal para la realización de la consulta previa:

“Si bien se acordó dicha ruta, la misma establece unos tiempos reducidos que no permiten que se realice de manera efectiva la participación de las comunidades, lo cual desconoce los estándares internacionales de la consulta, vulnerando así el derecho fundamental a la consulta previa, convirtiéndola en un mero trámite administrativo, con el agravante que dicha ruta no se implementó, sin embargo, actualmente el gobierno viene avanzando con la implementación del catastro multipropósito en municipios en los que existe presencia de comunidades indígenas”.

Por otro lado, la evolución de la meta ha sido significativa, y lo ha logrado gracias a un cambio de estrategia o de política pública que se aprobó en el documento CONPES 3958 del 2019, en el que se planteó un “esquema participativo” en la gestión catastral, es decir, que más municipios y departamentos puedan realizar la función de actualización de la información que reposaba solamente en el IGAC y en los catastros descentralizados de Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia. 

Sin embargo, lo anterior también ha resultado en una complejización de la tarea y en una desarticulación entre las entidades que están involucradas en el proceso. Para la politóloga Daniela Erazo, quien también es investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la descentralización ha permitido recolectar información en determinados municipios pero no hay gobernanza de la información: “cada quien tiene las cosas en un estado distinto y es muy difícil que el IGAC centralice y pueda mostrar un estado del catastro en el país. Es algo positivo porque se ha avanzado, pero sí hay que regularlo”.

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que realiza el monitoreo oficial del cumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz, señala en el informe ‘Cinco años después de la firma del Acuerdo Final: Reflexiones desde el monitoreo a la implementación’ que “si bien durante el 2021 se avanzó en la habilitación de gestores catastrales, de los cuales se habilitaron 34 a corte de noviembre, estas acciones aún no se traducen en avances significativos en el proceso de actualización del Catastro Multipropósito”. 

También recomienda al IGAC que impulse una estrategia de seguimiento y acompañamiento a los nuevos gestores catastrales para “garantizar la calidad del servicio y el flujo de información”, y a la Superintendencia de Notariado y Registro que cumpla su función de “inspección, control y vigilancia a los nuevos prestadores del servicio catastral” para identificar la efectividad del nuevo enfoque de descentralizar el catastro así como la calidad del servicio.

En consecuencia, Colombiacheck califica esta meta como atrasada porque frente a la meta propuesta Duque avanzó menos del 70%, es decir, llegó a una actualización catastral del 39% frente a la meta del 60%, además, el gobierno recibió críticas de las comunidades indígenas por no incluirlas en procesos de consulta previa, y aunque la estrategia de descentralización fue eficiente, trajo consigo una dificultad para el trabajo articulado entre el IGAC y los gestores catastrales.




Más de 1,4 millones de víctimas del conflicto armado indemnizadas

A puertas de finalizar el periodo presidencial 2018-2022 correspondiente al gobierno de Iván Duque, las cifras parecen indicar que su ‘Pacto por la Construcción de Paz’ plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se quedó corto en algunas metas correspondientes a la indemnización y reparación individual. 

Para el gobierno Duque, la meta era reparar individualmente a través de indemnizaciones administrativas a un total de 1,4 millones de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el indicador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad encargada de realizar esta reparación, a julio de 2022 señala que este propósito se ejecutó en un 49,6%, lo que coincide con la información consignada en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Planeación Nacional. 

Esto significa que históricamente –a lo largo de los 10 años de la Ley 1448– se ha indemnizado a un total de 1’292.476 víctimas (administrativas y judiciales) a través de 1’376.736 giros por un valor cercano a los 9’583.006’456.325 pesos. De estas cifras, durante este periodo presidencial fueron indemnizadas 391.983 víctimas a través de 431.972 giros por un valor cercano a los 3’757.831’175.909 pesos. 

La meta a cumplir era de 510.296 personas. 

 

Cifras entregadas por la Unidad de Víctimas a Rutas de Conflicto y Colombiacheck. La entidad señala que su fuente es el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 

Recordemos que la indemnización administrativa es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. Según el PND de este gobierno, el objetivo era “priorizar recursos en el componente de reparación de la política de víctimas” y su estrategia de Indemnización era que la UARIV implementara un sistema de priorización para realizar los pagos y así mismo, un plan de acompañamiento integral que permitiera desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acompañamiento psicosocial a las víctimas. 

Frente a la atención psicosocial, durante este periodo la UARIV acompañó a 112.429 víctimas en el marco del acceso a la medida de rehabilitación; y a 6.159 personas familiares de 1.686 víctimas directas de desaparición forzada y homicidio, en 723 procesos de búsqueda y entrega de 963 cuerpos y/o restos óseos.

Ante la incongruencia entre la meta y el resultado, la jefa de Comunicaciones de la UARIV, Martha Patricia Ávila, explicó que el incumplimiento se debió a la falta de recursos destinados para el objetivo de reparación. Respecto a esto, la delegada para el posconflicto de la Controlaría General de la Nación,  Eliana Díaz Lemus, añadió que los recursos siempre fueron insuficientes y era una certeza que no iban a alcanzar pues “en el marco del CONPES 4031 de 2021 se programaron cerca de 11,5 billones de presupuesto para las indemnizaciones. Según nuestros cálculos, lo que se requeriría en realidad serían 64 billones de pesos para atender esta población pendiente”. 

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas integrada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas ya había advertido previamente al Congreso y al Gobierno Nacional sobre esta deficiencia presupuestal para cumplir con lo que está establecido. La problemática para la entrega de las indemnizaciones no sólo radica en la población de víctimas que recientemente ingresó al RUV y que está a la espera de reparación, sino que existe un rezago de casi ocho millones de víctimas que no han sido atendidas. 

De acuerdo al diagnóstico realizado al inicio del Gobierno Duque, el ritmo de pago de las indemnizaciones es limitado por condiciones como la disponibilidad de recursos financieros, el proceso de documentación administrativo y el crecimiento constante del universo de víctimas. Tanto se ha intensificado esta situación que los entes de control pertenecientes a la Comisión de Seguimiento han advertido que “al ritmo que va, las víctimas en total serían reparadas en 60 años”. 

Incluso, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, señaló en mayo de 2022 que hay víctimas que pueden esperar su reparación entre 8 y 10 años. De la mano de esta declaración, vino la propuesta del presidente Duque de realizar ‘indemnizaciones exprés’ como estrategia para concretar la reparación de forma más ágil a través de pagos mensuales por medio de una renta proyectada. 

La propuesta –que aún está siendo evaluada–  fue rápidamente rechazada por algunos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos. Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, expresó que esta medida se convertiría en una especie de ‘subsidio’ que, además de ser revictimizante, quitaría el carácter de integralidad de la Ley de Víctimas, pues no permitiría que las personas sean compensadas totalmente para construir un proyecto de vida más allá de sus hechos victimizantes. 

Sumado al incumplimiento, la Contraloría ha denunciado en varias auditorías a la UARIV la existencia de irregularidades en la entrega de las indemnizaciones desde el 2018 hasta el actual 2022. Díaz Lemus aseguró que entre el 2014 y el 2020 han reportado pagos a  personas ya registradas como fallecidas y por lo tanto “se habrían gestionado inadecuadamente 692 millones de pesos, que se giraron hacia operadores bancarios”.

“Debido a las falencias en la Implementación de los Acuerdos de Paz, el asesinato sistemático de líderes, lideresas y/o defensores de derechos humanos, la metodología del sisben IV… y el universo de falencias y de vulnerabilidad manifiesta, creemos que estamos muy lejos ser reparados integralmente como lo indica la ley” asegura la Mesa Nacional de Víctimas. 




Aumentar la inversión pública en CTeI nacional y regional (Pasar del 0.7% del PIB en 2018 al 1.5% en 2022).

La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) ha sido un tema recurrente en la agenda de Duque, pues se trata de un importante factor en su bandera de convertir a Colombia en la Silicon Valley de Latinoamérica. 

Como verificamos durante la campaña presidencial de 2018 en “De La Calle le atina a baja inversión en ciencia y tecnología”, al convertirse en presidente Iván Duque encontró una inversión muy baja en este sector, incluso por debajo del promedio latinoamericano. El pasado 14 de marzo, el presidente saliente dijo que durante su gobierno se quintuplicó la inversión pública frente al PIB, alcanzando una cifra de 30 billones de pesos. El 18 de julio aseguró que en estos cuatro años se avanzó en CTeI como nunca antes en la historia reciente de Colombia.

Como consta en la página 601 del Plan Nacional de Desarrollo, el primer objetivo que trazó Iván Duque en este campo fue duplicar la inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (ACTI) de 0,7% del PIB en 2018 a 1,5% en 2022. 

 

Proyecciones de crecimiento de inversión en ACTI consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la guía del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se considera que un proyecto cuenta con inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (ACTI) cuando al menos una parte del presupuesto se destina a categorías como Investigación y desarrollo experimental, Apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica, Actividades de innovación, Servicios científicos y tecnológicos o Administración y otras actividades de apoyo en CTI. Factores que se traducen en más estudios e investigaciones realizados, más becas de Postgrado otorgadas, más personas culminando capacitaciones altamente especializadas y más apoyo a centros de investigación, entre otros productos.

La economista Andrea Guevara, líder del Área de Inversión del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), nos explicó que la medición de la inversión en ACTI se realiza en porcentaje del PIB “para dar cuenta de lo que significa de acuerdo al tamaño de la economía. Los países desarrollados invierten tasas de entre el 2% y el 5% de su PIB en investigación y desarrollo tecnológico”. 

Guevara puntualizó también lo que se contabiliza como inversión pública dentro de la medición:  “recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, parafiscales, recursos propios de las entidades públicas y recursos públicos provenientes de entidades territoriales”.

Según la plataforma Sinergia del DNP, la meta está cumplida en un 67,33% considerando que la medición para 2021 se proyecta en una proporción del 1,01% del PIB invertido en ACTI. Este sería un avance considerando que la meta para ese año era 1,3% y que para el final del Gobierno debía alcanzarse el 1,5%.

Aunque el DNP ha ubicado de forma preliminar el avance en 1,01% para 2021, aún no se publica el Informe de Indicadores de CTeI 2021, de donde saldrá la cifra oficial. Por ello el avance de Sinergia no se sustenta en información oficial, sino que se trata de una estimación como se evidencia en la pestaña “resultados”.

 

El Ministro de Ciencia, Tito Crissien, aseguró en entrevista con Forbes que se espera romper este año con la barrera del 1% del PIB, proporción que no se ha registrado anteriormente en el país. A falta de datos oficiales, la cifra más reciente entonces data de 2020, cuando el porcentaje del PIB destinado a inversión en ACTI se ubicó en 0,84%. Esto representa un avance del 56% de la meta trazada para 2022.

 

Contrario a las metas de orden social o ambiental cuyas cifras oficiales provienen de entidades públicas como el DANE o el Ideam, los datos oficiales del sector CTeI son producidos por el OCyT, que como nos explicó Efren Romero, director de bibliometría de este organismo, es una entidad independiente nacida en 1999 con el objetivo de calcular esta información. Con el Informe anual de Indicadores CTeI, “se realizan los cálculos que a través del Ministerio de Ciencias se convierten en información oficial para organismos multilaterales”, como afirmó Romero.

Según el informe de 2020, las cifras oscilan desde 2015 en el orden del 0,8% del PIB, con un máximo preliminar de 0,87% alcanzado en 2019. El dato de 0,84% para 2020, advierten que “debe observarse con cuidado”, dado que fruto de la pandemia el Producto Interno Bruto colombiano cayó alrededor de 6,8% ese año. Sin embargo, categóricamente se señala que es un escenario muy lejano a la meta de 1,5% contemplada para 2022. Esto se suma a los reparos de expertos de la comunidad científica que argumentan que la meta ni siquiera es ambiciosa, con lo cual se trata de un resultado muy pobre.

Así pues, a falta de información oficial de 2021, el avance más reciente registrado por el DNP corresponde al 56% de lo trazado para 2022. El mismo informe de la OCyT señala un rezago preocupante respecto de lo esperado durante el cuatrienio, por lo cual, si bien se evidencian esfuerzos gubernamentales que han sostenido el indicador por encima del 0,8% del PIB, este aún se encuentra lejos del 1,5% proyectado. Por estos motivos, calificamos esta meta como atrasada.

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Miércoles, 03 Agosto 2022

Cuestionable

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 4




“Aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas. Hoy 154 KM - Meta 255 KM”

El presidente saliente prometió “aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas”, y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) dejó consignado que para cumplir con ello pasaría de 154 a 255 kilómetros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), el mandatario sale del cargo sin culminar la tarea, pues de los 101 kilómetros que prometió solo logró hacer 73.

De acuerdo con el más reciente Balance de Resultados del PND que entrega el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobierno ha avanzado el 75,50% con respecto a la meta que estableció para el cuatrienio. 

Sin embargo, el crédito de este progreso no es solo del Gobierno Nacional, pues como le informó a Colombiacheck Óscar Patiño, funcionario de la Dirección de Infraestructura del DNP, la construcción de los kilómetros de corredores para bicicleta se realizan a través de convenios de cofinanciación celebrados con las ciudades en el marco de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP).

En otras palabras, el Gobierno Nacional celebra con las administraciones municipales o distritales acuerdos en los que se compromete a financiar un proyecto u obra del municipio. Los corredores para bicicleta o los kilómetros de ciclorred son construidos como un componente del sistema de transporte público por entes territoriales con recursos propios y de la Nación.

Una vez concluyen las obras, los entes gestores y los entes territoriales reportan a la Nación la suma de los kilómetros de ciclocarriles, ciclorrutas o ciclobandas construidas. De acuerdo con Sinergia, se han ejecutado y terminado obras en 10 ciudades del país. La meta aún no se cumple porque, como se detalla en el documento de empalme entre gobiernos nacionales, se encuentran en ejecución 4 obras de sistemas de transporte público que tienen componente de ciclorred: SETP de Pasto, SITM-MIO de Cali, SETP de Santa Marta y troncales alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá.

 

De acuerdo con el último informe publicado que recopila el DNP basado en las cifras de kilómetros de ciclorred construidos en el cuatrienio que entregan los entes territoriales, en Bogotá se construyeron 8,5 kilómetros de corredores para bicicletas; en Bucaramanga, 1 km; en Barranquilla, 300 metros; en Cali, donde más se hicieron, fueron 46,4 km; en Popayán, 3,3 km; en Montería, 800 metros; en Santa Marta, 1 km; en Valledupar, 7,26 km, en Pasto, 4 km y en Neiva, 800 metros.

John Fredy Bustos, ciclista que le ha hecho veeduría a las obras de ciclorred que se realizan en Cali, en donde se han construido más de la mitad de los kilómetros del indicador, señaló que ha hecho seguimiento al proyecto de la ciclorruta que se encuentra en la Troncal Oriente del SITM-MIO: “No es nuevo (el tramo), es mantenimiento de una ciclorruta. Esa ciclorruta fue la primera de Cali de 1994-1996”. También confirmó que se desarrolla la construcción de otro tramo como un componente del Terminal Cabecera Aguablanca, como indica Sinergia.

Andrea Ordoñez, activista por la movilidad sostenible en Pasto, confirmó que el proyecto de infraestructura para bicicletas es un componente del SETP de la ciudad, “al implementar el sistema lo que se está haciendo es la renovación del espacio público, vías y se incluye en la carrera 27 un diseño de ciclorruta, pero no es más de un kilómetro”.

En suma, esta es otra de las deudas de Duque relacionadas con el transporte, pues terminado su mandato le faltó el 25% de la meta. Aún así, la Nación no entrega las obras de corredores de bicicleta sino una parte de los recursos que conviene con los entes territoriales, quienes finalmente ejecutan las obras. Por eso Colombiacheck califica esta meta como cuestionable.




Aumentar en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial. Hoy 420 KM - Meta 1077 KM

En el ‘Pacto por el transporte y la logística’ Duque también contempló aumentar “en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial”, es decir, pasaría de 420 a 1.077 kilómetros. De acuerdo con el sistema de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta meta se cumplió en el 2020. 

El gobierno reactivó tres corredores férreos, según una nota de prensa de la entidad, en la cual insistieron en que “la meta se cumplió a falta de menos de dos años de concluir este Gobierno”. El primero es el corredor del Atlántico, que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta, en el cual rehabilitaron 53 kilómetros. El segundo, un tramo de 341 kilómetros del corredor que va desde La Dorada hasta Chiriguaná. Y, por último, 263 kilómetros del tramo de Bogotá hasta Belencito.

Ana María Zambrano, exgerente de proyectos férreos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a Portafolio en una nota de febrero de 2020 que avanzaban “en la reactivación del modo férreo y multimodal” y que la meta del Plan Nacional de Desarrollo estaba al 94%.

En octubre de 2020, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García Montes, presentó un resumen de la reactivación de la red férrea en la que se ve que el gobierno ha cumplido con la meta del plan de desarrollo. El logro se repite en informes de gestión de la entidad del 2021 y 2022.

 

 

También en septiembre de 2021, en el marco de la firma de un acuerdo con el gobierno británico para la reactivación ferroviaria, la directora del DNP, Alejandra Botero, recordó la meta cumplida a dos años del término del cuatrienio.

Otra de las funcionarias que reiteró el logro fue la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Sin embargo, los múltiples comunicados de los funcionarios desconocen que la reactivación de estos tramos se logró gracias a un proceso de estructuración que viene desde antes del 2018. En una nota de prensa de la ANI de abril de ese año, 4 meses antes de la posesión de Duque, se afirma que el corredor férreo central, específicamente el tramo de 522 kilómetros Chiriguaná - La Dorada, está “listo para operación de carga”:

“El corredor Chiriguaná – La Dorada ha tenido una inversión superior a los $212 mil millones, en dos contratos de obra pública, y durante los años 2013-2018, han sido atendidas más de cincuenta afectaciones. Esta línea férrea es estratégica para la movilización de carga desde el centro del país hacia los puertos del norte de Colombia”, señala la nota de la entidad sobre los trabajos que se realizaron en el corredor más largo de la red que el gobierno afirma haber reactivado.

En una presentación de la ANI en donde se muestra el avance de la estructuración del tramo es claro que el proceso de reactivación comenzó en el año 2017.

Por otro lado, el documento CONPES 3748 de junio de 2013, planteó “declarar la importancia estratégica del proyecto ‘Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones’, para la rehabilitación del sistema férreo en dos corredores: La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito”. Y así poder poner en funcionamiento los dos tramos mencionados, “los cuales han sido afectados por la Ola Invernal ocurrida en los años 2010 y 2011”, se apunta en el texto.

En 2017, la ANI presentó el pliego de condiciones de la licitación para la “reparación y atención de los puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, (...) así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico, entre otras actividades”. Y en mayo de ese año se celebró el contrato de obra pública entre esta entidad y el Consorcio Ibines Férreo.

Duque cumplió en la reactivación de los tramos de la red férrea con operación comercial pero la política pública de rehabilitación comenzó antes de su mandato, por eso lo calificamos como ‘cuestionable’.




“Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual”

Pudimos chequear, durante este período presidencial, dos afirmaciones de Iván Duque relativas a la disminución de la deforestación en el país. Ambas datan de septiembre de 2020, cuando dijo en su mensaje a la 75 Asamblea de las Naciones Unidas que su Gobierno redujo la deforestación en un 19%, en primer lugar, y que impidió la deforestación de 23.000 hectáreas de bosques, en segundo. Las dos recibieron la calificación de cuestionables, ya que eran imprecisas en términos de tiempo o engañosas en materia de efectividad de las medidas. 

La reducción de la deforestación quedó consignada como meta de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se fijó el año 2017, pico más alto de la década en materia de deforestación, como línea base o punto de referencia respecto del cual la deforestación se reduciría en un 30% durante el cuatrienio. 

El porcentaje de disminución al que se refiere el indicador de esta meta según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no toma cifras reales ni compara hectáreas, sino que nace de una proyección realizada por el IDEAM a partir de los datos de crecimiento de la deforestación especialmente en 2016 y 2017. En ese último año se deforestó en el país la cifra récord de 219.552. Con esa línea base, la tendencia ascendente proyectaba alrededor de 232.000 hectáreas deforestadas en 2018, cerca de 244.500 en 2019 y casi 246.250 para 2020. Con esas cifras esperadas, se compararon las cifras reales para medir el avance.

Comportamiento de la deforestación vs tendencia. La línea punteada muestra el crecimiento esperado de la deforestación tras 2017. Los arcos rojos y el azul pronostican un posible aplanamiento de la curva tras la caída de 2018. Gráfico: IDEAM.

Con este sistema de medición, la disminución del fenómeno de la deforestación se ha calculado en un 15% para 2018 (apróx. 34.800 hectáreas menos de las esperadas), 35% para 2019 (apróx. 85.500 hectáreas menos de las esperadas) y 33% para 2020 (apróx. 81.260 hectáreas menos de las esperadas). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) no acumula los resultados año a año, sino que sugiere tomar en cuenta los resultados del último año para medir el progreso del indicador. Por esta razón, hasta la fecha de publicación de este artículo, el progreso de la meta figura en 33%, que corresponde a un cumplimiento de 110%.  

Aunque el Observatorio Global Forest Watch, cuyos cálculos se realizan mediante la interpretación de imágenes satelitales, había proyectado hace varios meses una deforestación de casi 260.000 hectáreas de bosque natural, la información oficial sobre este fenómeno está a cargo del IDEAM, institución que administra el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. El informe finalmente fue publicado el pasado 21 de julio y registró para 2021 una deforestación de 174.103 hectáreas.

Con ese dato, el acumulado de los cuatro años del gobierno de Iván Duque alcanza las 701.841 hectáreas deforestadas. En comparación, el acumulado de los cuatro años anteriores (2014 - 2017) es de 658.498, contando en la cifra el pico más alto de deforestación en la década. Por eso, aunque la meta del Gobierno de Iván Duque se cumplió al corregir la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, se deforestaron más hectáreas que en el período anterior.

Dentro de las conclusiones, el informe presenta una “reducción de 45.449 hectáreas respecto del pico histórico del año 2017, reducción del 21%”, en lugar de señalar, como indica la Doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes Sandra Vilardy que, si bien no hay una suma de grandes magnitudes de deforestación año a año, la curva de deforestación se viene estabilizando en cifras muy altas. 

“Ellos hacen un cálculo asociado a la tendencia. Ese es un dato un poco engañoso en la medida en que la realidad fáctica es que la deforestación aumentó. Y aumentó por varios motivos. No hubo un control preventivo ante la deforestación; ante un proceso que se estaba dando se prefirió actuar de manera reactiva, por ejemplo, con el plan Artemisa, pero no se llenaron los espacios de gobernabilidad en los sitios de alta deforestación, sobre todo en la zona del corredor andino-amazónico, donde se encuentran parques naturales como Picacho, Tinigua y Magdalena. Tal vez la voluntad política estuvo, pero fue superada por la comprensión de las dinámicas y la profundidad de las acciones. Faltó prevención, faltó actuar de manera mucho más amplia y se redujo al tema de Artemisa”.

El comentario de la profesora Vilardy es una de las muchas críticas que este sistema de medición ha recibido por parte de expertos del sector ambiental, en tanto no apunta a alcanzar los mínimos históricos o a la reducción completa de la deforestación, sino a compararse con el punto más crítico de la historia reciente del fenómeno. 

También han surgido cuestionamientos al sistema de medición por parte de figuras políticas. En plenaria del 26 de julio, el representante liberal a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, aseguró que el Ministerio de Ambiente considera un logro la cifra de 2021, cosa que criticó alegando que hubo crecimiento del 10% de deforestación en 2020 y del 2% en 2021, a lo que añadió: “Estamos lejísimos de la meta de 0 deforestación que ha trazado nuestro país para el año 2030”.

En efecto, previo a la publicación del informe, la web del Ministerio de Ambiente publicó un comunicado titulado “Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años”, jactándose de que estrategias como la campaña Artemisa, la Ley de Delitos Ambientales y los pagos por servicios ambientales contribuyeron a tal contención. 

Así pues, si bien el gobierno Duque controló la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, las hectáreas afectadas crecieron comparativamente respecto del período anterior. Los expertos en materia ambiental cuestionan por engañoso el método elegido para realizar la medición durante el cuatrienio, y criticaron las medidas que se tomaron para estabilizar las cifras en una alta deforestación año a año. Por estas razones, calificamos esta meta como Cuestionable.




Incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. 

En el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, el presidente Duque prometió “incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas” y dejó consignado que, para cumplir con ese objetivo, se planteó la estrategia de  formalización de la tierra, el acceso a crédito y a los servicios de extensión agropecuaria para mujeres rurales. 

El indicador de ‘Mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas' se encuentra dentro del ‘Pacto de equidad para las mujeres’ en la línea ‘Mujeres rurales como agentes de transformación en el campo’.

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales son aquellas “que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viven, tienen su actividad productiva relacionada directamente con lo rural”.

 

Según cifras del DANE, se estima que en Colombia el 21,3% de la población femenina vive en áreas rurales y que la población rural comprende el 23,4%, de la cual el 48,13% son mujeres. 

ONU Mujeres y el DANE expusieron en 2021 un informe detallado alrededor de la propiedad de la tierra, en el que afirman que “para el total nacional rural el 63,7% de los predios de único propietario tenía a un hombre como titular, y el restante 36,3% a una mujer como titular; con 18 de los 32 departamentos por debajo de esta media nacional”.

 

 

La Procuraduría en el Informe sobre el avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz, del 7 de enero de 2021, alertó que, en el periodo 2017-2020, el 65,2% de los beneficiados con la formalización de su posesión u ocupación fueron hombres y solamente el 31,6% fueron mujeres propietarias. Además, agregó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe comprometerse a expedir el plan de formalización masiva, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad, pues según su seguimiento, hasta 2020 la gestión en materia de formalización le había correspondido a la atención de rezago institucional histórico.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz reclamó en 2019 que en la práctica persistían barreras de acceso a la propiedad rural para las mujeres. Por lo que esta meta era fundamental para corregir el rumbo en la implementación.

Sin embargo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez Cárdenas, afirmó en la rendición de cuentas 2018-2022 que en los últimos cuatro años han desarrollado una política de enfoque de género no solamente dirigida al acceso a la tierra, sino también al fortalecimiento de las capacidades de la mujer rural. Aunque según datos de la entidad han beneficiado a 70.000 familias con la expedición de 52.000 títulos de propiedad rural. De ellos, el 51% se han emitido y entregado a mujeres.

Sin embargo, en Colombiacheck hemos explicado en varias verificaciones al presidente Duque que estas cifras son cuestionables, pues, incluso, entidades como la Procuraduría o el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento oficial de la implementación, han criticado la falta de claridad en esas cifras precisamente porque el gobierno mezclaba esos dos procesos que tienen metas diferentes: la adjudicación a quienes no tienen tierras o tienen insuficientes y la formalización a quienes la tienen sin papeles. Además, sus avances se basan en procesos que venían andando desde gobiernos anteriores con poca gestión nueva.

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mide el indicador de las mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras tituladas y registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a través de los programas de adjudicación de baldíos a persona natural, adjudicación de bienes del Fondo Nacional Agrario, los programas de subsidio integral de tierras, compra directa y adjudicaciones especiales y formalizaciones de predios privados de pequeña y mediana propiedad rural y títulos con sana posesión ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de la gestión de la ANT. Este indicador responde a lo estipulado en la Ley de Mujeres Rurales (Ley 731 de 2002).

 

 

La meta inicial planteada en el PND fue de 20.628 títulos. A corte de junio de 2022, las mujeres cuentan con 31.674. Particularmente en el mes de junio se reportan 1.003 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos, representado en el 51% sobre el total de beneficiarios. Ese cálculo se hizo bajo las siguientes modalidades: 577 entregas de baldíos mediante la adjudicación y el registro de 10.448,62 hectáreas; 413 formalizaciones de predios privados en 537,33 hectáreas y 13 adjudicaciones de bienes fiscales patrimoniales por un total de 82,29 hectáreas. 

 

 

Para Sinergia, el avance acumulado desde 2018 a la fecha es de 39.163 títulos. Se aclara igualmente que, de agosto de 2018 a la fecha, se tiene un avance de 31.674 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. El indicador logró el cumplimiento en un 252,65 % frente al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un dato extra por agregar es que según el informe de empalme 2018-2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia, son 19.942 las mujeres rurales (en calidad de propietaria y no de copropietaria) que durante estos cuatro años lograron la formalización de sus tierras. Es decir, este número incluye a mujeres solas y no en conjunto con sus parejas, como sí se tiene en cuenta en los datos del DNP y de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

 

Para la trabajadora social, magíster en Ciencia Política e investigadora en violencia política, derechos humanos y paz Johanna San Juan,  los resultados del gobierno Duque con relación al otorgamiento de titularidad de la tierra a las mujeres, más allá de las cifras oficiales, tienen una alta distancia de la realidad,  ya que, según la profesional, a pesar de que eso, aún hoy son los hombres quienes imponen y deciden cuál es el uso que se les da a esas tierras.

“Las mujeres en la ruralidad históricamente hemos estado excluidas de la propiedad de la tierra y cuando hablamos de propiedad no solamente estamos hablando de la documentación que acredita a la mujer como propietaria, sino acerca de la toma de decisiones en relación a la misma, sus destinos y propósitos. Por ejemplo, en la ruralidad se ve de una manera muchísimo más marcada que en lo urbano, que las mujeres no toman decisiones sobre la tierra, sino que son los masculinos cercanos a ellas (familiares, cónyuges) quienes eligen qué hacer con ellas y eso les resta un protagonismo en definir cuál es el uso adecuado de la tierra y cómo se toman las decisiones con esa propiedad”.

La lideresa campesina y licenciada en ciencias sociales Yubitza Rovira, quien fue amenazada y exiliada en el desarrollo de sus funciones como orientadora de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afirma que otro de los elementos que no puede dejar de lado está asociado a la dinámica del conflicto armado interno del país, que a su modo de ver también ha dificultado mucho las labores de exigencia de los derechos sobre la tierra para las mujeres, puesto que las mujeres campesinas se han visto desbordadas por las agendas de movilización por la paz antes que propiamente por las agrarias.

“En relación al Pacto por la Equidad, desde el escenario nacional se expusieron unas directrices en calidad de decretos presidenciales, pero no todas las alcaldías cumplieron, en terreno todo es muy distinto. Por ejemplo, en Ciénaga como municipio PDET, los retos fueron tales que incluso vimos cómo algunos funcionarios de las dependencias de liderazgo institucional adelantaban agendas distantes de los propósitos de la agenda de la equidad. En particular en mi municipio no se diseñó una estrategia intersectorial para empoderar y favorecer la titulación de tierras, lo que evidentemente expone unos retos inmensos en la calidad del tipo de procesos que se adelantaron en lo municipal en relación a estos propósitos, más si se tiene en cuenta que un municipio como Ciénaga es uno de los territorios priorizados para estas agendas”, dijo Rovira.

Por lo anterior, en Colombiacheck decidimos calificar esta promesa como Cuestionable porque a pesar de que se han adelantado avances alrededor de la titularidad de tierras a las mujeres rurales, las múltiples inconsistencias territoriales y los fenómenos asociados a la guerra y la violencia machista no han permitido  lograr una titularidad de tierras de manera integral.