No es la primera vez que Duque saca pecho con la extensión de la Ley de Víctimas. En su  discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 12 de abril  de 2022, aseguró: “Nuestro Gobierno promovió la extensión de la Ley 1448”. En nuestro chequeo ‘La paz de Duque ante la ONU: un discurso en el que predominaron los datos cuestionables’, calificamos esta frase como falsa.

Es que el gobierno de Duque se opuso a la demanda que buscaba la prórroga y, cuando la decisión judicial lo contradijo, su partido tampoco apoyó la iniciativa para cumplirla.

La Ley 1448 de junio de 2011 ajustó la estructura gubernamental y jurídica para atender a las víctimas del conflicto armado colombiano, asistirlas y repararlas. Su vigencia inicial fue de 10 años, en tanto se trata de una ley transitoria. La fecha del final de esta  era junio de 2021, pero  en enero de ese año, sin embargo, la ley fue prorrogada hasta 2031.

La demanda, radicada el 26 de marzo de 2019 por un grupo de ciudadanos encabezado por el exministro Juan Fernando Cristo, exponía que el Acto Legislativo 1 de 2017 y Acto Legislativo 2 de 2017 habían incluido en la Constitución Política los contenidos del Acuerdo de Paz. Dado que parte de estos contenidos implicaba la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, orientado a reconocer a las víctimas como ciudadanos con derechos, los demandantes alegaron que estos serían vulnerados con la eventual expiración de la ley, pues implicaría la desaparición de la Unidad de Víctimas, la de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica, entre otros organismos y cargos.

El 5 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-588 de 2019, en la que declaró inexequible el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, que estipulaba su vigencia original, y exhortó al Ejecutivo y al Legislativo a prorrogarla o adoptar un nuevo régimen de protección de los derechos de las víctimas.

En la relatoría puede comprobarse que la posición del gobierno Duque no fue contraria a la demanda. Los ministerios de Justicia y Hacienda solicitaron a la Corte Constitucional declararse inhibida de pronunciarse al respecto, argumentando que la prórroga era todavía competencia del Congreso. Además, la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que el artículo de la vigencia fuera declarado exequible, es decir, que se mantuviese la original.

La sentencia ordenó que, en caso de no ser reglamentada la prórroga de la ley, la vigencia se extendiera automáticamente hasta el año 2030. Jhon Freddy Caicedo-Álvarez, experto de la Universidad del Valle que trabaja en el acompañamiento a víctimas, nos explicó tras el discurso de Iván Duque en la ONU que, teniendo en cuenta lo anterior, “no fue el sector del partido de Gobierno ni fue el Gobierno quien interpuso la demanda”.

La vigencia sí se amplió a través de la Ley 2078 de 2021, pero no por mérito de la administración saliente. En nuestro chequeo anterior, citamos a la congresista María José Pizarro, autora de uno de los proyectos de ley que derivaron en su promulgación, quien dijo:

“El gobierno de Iván Duque no promovió la iniciativa. Es más: nosotros le solicitamos en varias oportunidades que enviara el mensaje de urgencia para el proyecto que ya estaba radicado. El proyecto lo radicamos conjuntamente con el representante John Jairo Hoyos, del Partido de la U. Se unificaron en la Comisión Primera de Cámara y el nuevo proyecto siguió su trámite hasta que se aprobó sin mensaje de urgencia. Jamás fue promovido ni por el Gobierno ni por ninguno de los senadores y representantes del partido de Gobierno”.

El presidente se pronunció en octubre de 2019 informando que presentaría al Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para ampliar la vigencia de la Ley 1448 por diez años. En la base de datos del observatorio Congreso Visible de la Universidad de los Andes consta que durante el periodo 2018 - 2022 no hubo ninguna iniciativa gubernamental relativa a la Ley 1448.

Hoyos, representante por el Valle, nos habló de las trabas que su iniciativa recibió por parte del Ejecutivo y el partido de Gobierno, el Centro Democrático:

“La primera vez que tuvimos el proyecto en Comisión Primera, la directora del Departamento de Prosperidad Social y el director de la Unidad de Víctimas se opusieron, expresando que el Gobierno presentaría su propio proyecto más adelante. El día de la aprobación de la plenaria en Cámara, un representante del Centro Democrático por Santander pidió cambiar el orden del día, pasando nuestro proyecto al puesto 10, lo que generaría su hundimiento. Nunca tuvimos diálogo con el gobierno sobre el proyecto y nunca recibimos apoyo”.

De modo que la prórroga de la Ley de Víctimas tuvo su origen en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, surgido de una demanda de la sociedad civil y no del gobierno Duque. Si bien el proyecto que derivó en la promulgación de la Ley 2078 de 2021 fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara, la iniciativa no recibió mensaje de urgencia ni fue diseñada, apoyada o promovida por el mandatario o sus aliados. Por estas razones, calificamos de nuevo la afirmación del presidente Duque como falsa.

En Colombiacheck calificamos esta afirmación como ‘verdadera pero…’, pues, aunque es cierto que el equipo de Agencia de Renovación del Territorio (ART) concluyó un número superior de obras, para ser más específicos la terminación de 1.514 durante estos 4 años, se han denunciado desbalances y hasta presuntas irregularidades en la adjudicación de estos recursos. De modo que es ‘verdadero pero…’.

No es la primera vez que el presidente expone logros sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sin contexto. El año anterior lo hizo durante su intervención ante el Consejo de seguridad de la  ONU, con una cifra cuestionable de inversión en estas zonas, y luego lo reiteró en el encuentro con los alcaldes de los municipios allí ubicados.

Los PDET nacieron en el Decreto 893 de 2017 como un instrumento de planificación y gestión del Gobierno Nacional para implementar, de manera prioritaria y con mayor celeridad, la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo Final de Paz de 2016, en articulación con los planes territoriales. Las 16 subregiones que agrupan 170 municipios priorizados por la caracterización del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2017, según su afectación por la pobreza y el conflicto armado. 

               16 Subregiones PDET en Colombia                                                                                                                                       Fuente: Agencia de Renovación del Territorio- ART

Las obras PDET, según esta entidad, cuentan con tres componentes: infraestructura vial, proyectos sociales y comunitarios y servicios públicos. Cada uno de ellos ha sido pensado para ofrecer un desarrollo integral a los municipios que lo conforman.

En el primero se encuentran el mejoramiento de vías terciarias, la construcción de placa huella, puentes peatonales y las técnicas de estabilización y afirmados. Entre los proyectos sociales y comunitarios están la ampliación de instituciones educativas, centros comunitarios, polideportivos, parques y puestos de salud. Finalmente,  los servicios públicos hacen referencia a la infraestructura de agua potable, saneamiento básico y energía.

La descripción oficial de la Consejería Presidencial para la Estabilización detalla que las zonas PDET participaron en la construcción de Pactos Municipales y Planes de Acción para la Transformación Regional (PART), que propusieron  32.800 iniciativas.

Las obras PDET  finalizadas durante estos 4 años según el informe de la ART  fueron 1.514 en 178 municipios por 13 billones de pesos. El director de la entidad, Juan Carlos Zambrano Arciniegas, le dijo a Colombiacheck que la entidad ha logrado la ejecución de obras de infraestructura comunitaria, educativa, vial y de saneamiento básico tal como se lo plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo. La Agencia reporta la misma cifra en su visor de inversiones.

13 billones en inversión PDET Fuente: Plataforma estadística de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio

El Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de la Defensoría del Pueblo reportó que la ART (Agencia Renovación del Territorio) logró los objetivos planteados con la asignación de esos recursos a marzo de 2022, a través de mecanismos como dineros de regalías, Obras por Impuestos y el trazador PDET del Presupuesto General de la Nación.

A pesar de esto, la Fundación Ideas para la Paz afirma en su informe de junio 2022 ‘El dilema de los PDET’ que las comunidades permanentemente se quejan de no ver resultados más allá de los logros técnicos. Esto es señalado como un riesgo significativo para el proceso, ya que ello ha llevado a que diversos actores locales se sientan excluidos del ejercicio, demanden mayor incidencia en las decisiones de implementación y mantengan una relación de desconfianza con las entidades encargadas.

El exrepresentante a la Cámara del partido Comunes y firmante del acuerdo de paz Benedicto González nos dijo que el reto las comunidades radica en la vigilancia, control y veeduría de estos proyectos en los territorios, incluidos los recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para la paz, que direcciona las regalías destinadas a este rubro e incluso nombra a los ejecutores. Para el excongresista, este todavía tiene fallas en la disponibilidad de información, lo cual dificulta la comprensión y la veeduría al proceso.

La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas  irregularidades cometidas a través de esta instancia en 18 departamentos. El Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías priorizó la investigación de 27 proyectos aprobados por más de 437.000 millones de pesos. Esto fue denunciado por Valería Santos y  Sebastián Norah , de Blu Radio, en su investigación ‘Así se direccionaron los proyectos de la paz’, en la que evidenciaron la pérdida de 500.000 millones del erario por la presunta corrupción de un entramado de funcionarios.

La Contraloría, por su parte, emitió un comunicado el 28 de junio de 2022, en el que reveló irregularidades en los OCAD Paz. El ente denunció que un tercio de los municipios PDET no habían recibido ni un peso de regalías por esta ruta desde 2017, mientras que otros proyectos fueron aprobados sin cumplimiento de requisitos, sin planeación adecuada e incluso con sobrecostos.

En el monitoreo oficial a los puntos del acuerdo de paz realizado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, por medio del informe ‘Cinco años después de la firma del Acuerdo Final: Reflexiones desde el monitoreo a la implementación’, explica que, pese a los avances de las obras, “persisten serios desafíos para transversalizar el enfoque en los ocho pilares de los PDET y a través de las 16 subregiones, debido a que las cifras demuestran una tendencia marcada a la concentración”.

Es decir, según el centro académico, hay un desbalance en las acciones frente a los temas centrales para lograr la superación de la pobreza rural y mejorar la calidad de vida en esas zonas, a partir de lo establecido en el Acuerdo de Paz:

• Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.
• Infraestructura y adecuación de tierras.
• Salud.
• Educación Rural y Primera Infancia.
• Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico.
• Reactivación económica y producción agropecuaria.
• Garantía progresiva del derecho a la alimentación.
• Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

Para el abogado, defensor de derechos humanos y consultor en temas de paz Michael Mesino, “el gobierno del presidente Duque logró avances significativos en relación a la entrega de infraestructura física en los PDET, muestra de esos avances es lo que ha sucedido y sigue sucediendo en relación al mejoramiento de las vías terciarias, el avance en los servicios públicos y el apoyo financiero a los proyectos sociales y comunitarios, sin duda estas obras sí que mejoran las condiciones de vida de las personas allí, pero estos esfuerzos contrastan con los ya conocidos peligros con los que coexisten sus habitantes”.

Sugiere que falta integralidad en la implementación de la reforma rural, así como garantías de seguridad en los territorios priorizados. “Se hace necesario  una sólida y decidida presencia institucional, que diseñe estrategias que permitan dar cumplimiento integral a las reformas que tanto necesitan las comunidades golpeadas por las violencias que habitan en esas zonas”, señala. Un informe recién publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas denuncia, por ejemplo, que la permanente violencia y la intimidación por parte de grupos armados ha dificultado los procesos de restitución de tierras allí.

De este modo, calificamos como ‘verdadero pero…’ lo dicho por el presidente Iván Duque frente al desarrollo de estas obras PDET, pues aunque sus cifras coinciden con las oficiales, hay varias críticas por el tipo de obras que no cumplen del todo con su objetivo, por desequilibrios en la priorización, y hay denuncias por malos manejos de estos recursos.

Colombiacheck también verificó esto cuando Duque tocó el tema en su intervención sobre la paz ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en abril de 2022 y en su discurso ante el Congreso de 2021. Las dos veces, encontró que, si bien los datos que ha dado el mandatario coinciden con los informes de resultados de la Consejería para la Estabilización y el Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras, la manera en la que el gobierno lleva las cuentas ha sido cuestionada con anterioridad.

El balance más reciente de la consejería presidencial, correspondiente a mayo de 2022, también dice que “la Agencia Nacional de Tierras ha regularizado más de 1’319.000 hectáreas, a través de la expedición de más de 50.000 títulos en beneficio de 69.000 familias”

El observatorio, por otro lado, solo marca 26.154 baldíos adjudicados que suman casi 380.000 hectáreas y 19.370 predios formalizados que ocupan 24.400 hectáreas desde agosto de 2018. Para el chequeo pasado coincidía con el dato de Estabilización, pero incluyendo cifras anteriores.

En 2021, un informe de la Procuraduría había criticado la falta de claridad en esas cifras precisamente porque el gobierno mezclaba esos dos procesos que tienen metas diferentes con base en el Acuerdo Final de Paz de 2016. Por un lado, se busca la adjudicación de 3 millones de hectáreas a quienes tienen insuficientes o ninguna. Por el otro, la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas para quienes ya la tienen, pero sin papeles.

El ente de control también halló que la mayoría de los avances en el segundo punto correspondían a procesos que se habían iniciado incluso décadas atrás y no en la actual administración. Entre tanto, el primero apenas marcaba una ejecución de 0,3% con respecto al objetivo.

En noviembre del mismo año, con motivo del quinto aniversario del acuerdo, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que tiene la misión de monitorear el cumplimiento de los pactado, también expidió un informe con base en los datos oficiales. Sin embargo, allí se incluyen también los avances que alcanzó a hacer el gobierno anterior:

“La regularización llegó a 2’252.427 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, correspondiente a un avance del 32% de la meta de siete millones de hectáreas. De ellas, 1’177.000 hectáreas se habían regularizado a través de la expedición de más de 43.863 títulos en beneficio de 43.138 familias”, dice el centro académico. No obstante, también llamaba la atención sobre la necesidad de “dar claridad sobre las diferencias entre regularización y formalización”.

Estas críticas a la manera en la que se han llevado las cuentas del Estado sobre la titulación de tierras hacen cuestionable la cifra que el presidente ha presentado con insistencia desde el año pasado y que repitió en su balance final ante el Legislativo.

Cuando Duque inició su mandato, en agosto de 2018, el gobierno contaba con 16 ministerios. En ese momento, se resaltó que se trataba de un gabinete paritario, con 8 hombres y 8 mujeres:

Nancy Patricia Gutiérrez, en el Ministerio del Interior; Gloria María Borrero Restrepo, de Justicia; Ángela María Orozco Gómez, en Transporte; Alicia Arango Olmos, en Trabajo; María Fernanda Suárez, en Minas y Energía; María Victoria Angulo, en Educación; Carmen Inés Vásquez Camacho, en Cultura, y Silvia Constaín, en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

En 2019 se creó el Ministerio del Deporte y Duque nombró a Ernesto Lucena. En 2020 nació el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de Mabel Gisela Torres.

Aunque al iniciar su mandato, Duque sí tuvo un gabinete paritario, tras los cambios este no se ha mantenido. A la fecha, son 7 los ministerios ocupados por mujeres del total de 18. De hecho, el gobierno ha enfrentado demandas por incumplir la Ley de Cuotas, que establece que por lo menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser desempeñados por mujeres.

En febrero del 2021, fue demandado cuatro veces ante el Consejo de Estado por los nombramientos de Daniel Palacios en el Ministerio del Interior, Felipe Buitrago en Cultura, Diego Molano Aponte en Defensa y Víctor Muñoz en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Las acciones fueron presentadas por el Centro de Estudios Jurídicos DeJusticia, Sisma Mujer, la Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres, a quienes el tribunal les dio la razón.

Ese mes, el portal La Silla Vacía publicó la nota ‘Del gabinete paritario de Duque solo queda el recuerdo’, en la que indicó que a pesar de lo que manda la ley, las mujeres lideraban apenas el 27,78% de los ministerios en ese momento. “Solo la cumple si se cuenta el gabinete con Presidente y Vicepresidente, pero con un 30 por ciento exacto”, señalaba el artículo.

Gabinete Ministerial de Iván Duque  (Febrero 2021) , elaboración Colcheck

En mayo de 2021, con los nombramientos de María Jimena Lombana en el Ministerio de Comercio y de Cultura y de Angelica Mayolo en Cultura se cumplió de nuevo cuota mínima con 38,9%. En julio de 2021, con el nombramiento del Ministro de Ciencia, Tito Crissien, Duque volvió a quedar raspando en el cumplimiento de la norma, con 33,3%.

Hoy el gabinete del saliente presidente solo cuenta con 7 mujeres de las 18 carteras ministeriales existentes. Susana Correa, en Vivienda, fue la más reciente en reemplazar a un hombre. Las demás son Comercio, Transporte, Educación, TIC, Cultura y Cancillería, ocupada por la misma vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

Los 11 ministerios restantes están ocupados por hombres: Hacienda, Ambiente, Salud, Justicia, Deporte, Ciencia, Minas y Energía, Trabajo, Agricultura, Defensa e Interior.

           Gabinete Ministerial de Iván Duque -Cierre de mandato (Julio 2022) , elaboración Colcheck

Para la politóloga y experta en Asuntos de Género para las Américas de la organización Raza e Igualdad, Melisa Monroy, toda esa cambiatón ministerial es el reflejo de una política reiterada de no cumplimiento a las mujeres del país, en donde el presidente no priorizó la agenda de género, ni siquiera en relación a las condiciones igualitarias de participación.

“La democracia paritaria debe ir más allá de solo lograr un mayor acceso de las mujeres a cargos electivos. El eje central de la paridad debe consolidar una institucionalidad pública garante de la igualdad sustantiva, que a largo plazo generé una  agenda propia que garantice los derechos de todas”, afirmó Monroy. 

El informe brechas de género del DANE y la medición del Índice de Paridad Política (IPP) en el marco del informe ‘Atenea Colombia: la hora de la paridad’  de  ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coinciden en los altos retos que hoy viven las mujeres colombianas en materia de participación política y plantean, como recomendación central  avanzar hacia una Colombia con igualdad, que se garantice su presencia y representación en todos los espacios de toma de decisiones.

De este modo calificamos como cuestionable la afirmación de Duque acerca del gabinete paritario, ya que aunque al inicio de su gobierno el gabinete ministerial sí lo nombró así pero luego no solo volvió a tener mayoría de hombres sino que incluso llegó a incumplir el mínimo legal de mujeres.

Este tema también hacía parte de una de las afirmaciones que Colombiacheck le verificó a Duque en su discurso del 20 de julio pero de 2021. Solo que en ese entonces metió en la misma frase a la cultura y la educación, con las que los datos no eran tan favorables como él los había presentado y, por eso, su declaración en ese entonces resultó cuestionable.

En cambio, los datos del deporte por separado sí se aproximan más a la realidad pero la calificación es ‘verdadera pero…’ porque la iniciativa de transformar el antiguo Coldeportes en ministerio venía de antes y, si bien los recursos que le han asignado al sector son superiores frente a lo hecho por cualquier otro gobierno, se queda un poco corto en términos proporcionales dentro del Presupuesto General de la Nación.

Es cierto que la Ley 1967 de 2019, por medio de la cual se creó el Ministerio del Deporte, se aprobó y sancionó bajo el actual gobierno. Sin embargo, el proyecto que le dio origen fue radicado por el anterior, justo un día antes de entregar el poder a Duque, como consta en la ficha técnica de la iniciativa en el portal del Senado. El autor fue el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Por otro lado, los registros del Ministerio de Hacienda sobre las apropiaciones presupuestales por sectores sí dan cuenta de que la actual administración le ha asignado el mayor valor al deporte en lo que va del siglo XXI, que es de lo que hay información pública disponible en el portal de la entidad. Para 2022, son 897.000 millones de pesos y en 2021 fueron 768.000 millones.

Colombiacheck también hizo el ajuste por inflación, teniendo en cuenta que el dinero actual no vale lo mismo que el de años anteriores, para que la comparación fuera más precisa y efectivamente se trata de cifras récord. Además, dentro del presupuesto del sector, más del 94% ha sido inversión en 2021 y 2022, un umbral que nunca antes se había superado.

Sin embargo, el sector ha tenido menos peso dentro del presupuesto nacional sin deuda que en el segundo mandato de Juan Manuel Santos. En promedio, de 2015 a 2018, el deporte obtuvo 0,29% de los recursos. En las cuatro vigencias definidas por Duque desde 2019, esa relación bajó ligeramente al 0,26%.

Así, la afirmación de Duque es ‘verdadera pero…’ puesto que sus datos son ciertos pero el proyecto para crear el Ministerio del Deporte venía desde el gobierno Santos que, en su segunda administración, supera la proporción del Presupuesto General de la Nación destinada al sector, a pesar de que las asignaciones en pesos del mandatario saliente sí sean superiores.

La afirmación es ‘verdadera pero…’. Es cierto que la suma de las medallas de los olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020 es mayor comparado con las anteriores versiones de los juegos, principalmente por la mejoría en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, Colombia descendió en el medallero y no cumplió sus propias metas en los Olímpicos.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, Colombia logró obtener 4 medallas de plata y 1 de bronce, con participaciones destacadas en atletismo, BMX y halterofilia. En la tabla de medallería la delegación se ubicó en el puesto 66, por debajo de todos los países que ganaron medallas de oro.

Teniendo en cuenta la clasificación general de países, Colombia sí desmejoró su participación en los juegos de Tokio 2020 con respecto a las dos ediciones anteriores. En Río 2016 la delegación olímpica logró 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, 8 en total, lo que le permitió ubicarse en el puesto 23 de la tabla de medallería. Y en Londres 2012 Colombia se ubicó en el puesto 38 del medallero; la delegación obtuvo en total 9 medallas: 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. 

Días antes de los juegos de Tokio 2020, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, le dijo a Semana que tenían 20 atletas con posibilidades de medalla: “La meta es ganar 9 con el fin de superar lo obtenido en Río 2016. (...) estamos seguros de que igualaremos o superaremos el número de medallas obtenidas en Río 2016” (sic). Luego de los juegos olímpicos, Solano dijo en una entrevista que era cierto que había retrocedido en número de medallas pero que “la verdad es que son los juegos que más alegría le han dado al pueblo colombiano”.

Como explicamos en un chequeo de 2021 que le hicimos al exgobernador Camilo Romero, es cierto que Colombia pasó de tener 147 deportistas en Río 2016 a 71 en Tokio 2020 (que luego se redujeron a 69), una de las posibles razones por las que también disminuyó el número de medallas que se obtuvieron en la más reciente edición de los juegos.

“Pero detrás de los números absolutos hay algunas consideraciones que explican esta menor participación, en medio de un ciclo olímpico marcado por la pandemia a causa del virus del SARS-Cov-2, causante de la enfermedad del COVID-19, y también la transición institucional de Coldeportes al Ministerio del Deporte, que nació a mediados de 2019”, escribimos en dicha verificación sobre las razones que explican por qué en Tokio 2020 participaron menos atletas que en las ediciones anteriores. 

También allí citamos un informe que publicó El Tiempo justo después de que terminaron los juegos olímpicos de Tokio, en el que se reseña tampoco se cumplieron las expectativas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla ni en los Panamericanos de Lima.

Por otro lado, la última participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos sí es la más destacada de su historia. 

Libardo Ramírez, metodólogo de para-atletismo del Comité Paralímpico Colombiano (CPC), explicó que los logros que consiguió la delegación paralímpica se debe a las estrategias que implementaron las regionales: “No se paró el desarrollo, en la pandemia se trató de continuar con esto. Se apostó mucho a las reservas. Antes el promedio de edad era 40, 50. Ahora el promedio de edad de nuestros deportistas es de 22”.

Su respuesta contrasta con la que nos dio el clavadista olímpico Victor Ortega en el 2021, quien señaló que los resultados olímpicos de Tokio deslucieron “porque mientras en otros países no pararon, aquí fue imposible entrenar muchos meses”.

En los juegos paralímpicos de Londres 2012, Colombia obtuvo 2 medallas de plata y se ubicó en la casilla 53 del medallero. En Río 2016, los atletas ganaron 17 medallas: 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce, lograron subir al puesto 37 de la tabla. Por último, en Tokio 2020, la delegación superó el número de medallas, 24 en total, (3 de oro, 7 de plata y 14 de bronce) y mantuvo su posición en la tabla. 

La suma de medallería de los tres olímpicos y paralímpicos más recientes (los más destacados) es la siguiente:

• Londres 2012, 9 en olímpicos (1 oro) y 2 en paralímpicos, 11 en total.
• Río 2016, 8 en olímpicos (3 oros) y 17 en paralímpicos, suman 25.
• Tokio 2020, 5 medallas en olímpicos (ningún oro) y 24 en paralímpicos, suman 29.

En conclusión, calificamos como “verdadera, pero” la frase del presidente Iván Duque, pues es cierto que, sumadas las medallas, es el mayor número de preseas conseguidas contando Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sin embargo la frase, por sí sola, esconde que los objetivos de la delegación olímpica no se cumplieron, y fueron jalonados por la mejor participación paralímpica de la historia.

El Ranking Bloomberg de Resiliencia Covid se creó durante la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2, como una iniciativa para medir las capacidades que tienen los países de reponerse a los efectos que dejó el COVID-19 en las economías mundiales.

El 29 de junio de 2022, el ranking publicó su última actualización sobre “los mejores y peores lugares para estar a medida que el mundo ingresa a la próxima fase de Covid”. Este ha sido un escalafón que empezó a alimentarse desde noviembre del 2020, llegando a su edición final número veinte.

En este último reporte, que muestra un ponderado del desempeño de los países a lo largo de sus veinte ediciones, se revela que Colombia, con una puntuación de 76,7, ocupó la posición 12 a nivel mundial, 1 en América Latina y 2 en el continente americano en resiliencia ante el Covid-19.

Para esta clasificación, el ránking tuvo en cuenta varios indicadores:

• Dosis de vacunas por 100 habitantes: Dosis de vacunas anti covid administradas por cada 100 personas.
• Severidad del confinamiento: En donde una puntuación alta indica que la política y la orientación del gobierno restringen estrictamente la actividad social y económica. 
• Capacidad de vuelo: Cambio porcentual en la capacidad de vuelos programados en las últimas cuatro semanas en comparación con el mismo período anterior a la pandemia.
• Rutas de viaje vacunadas: Es una puntuación de la cantidad de rutas de viaje abiertas, tanto de ida como de regreso que un lugar tiene con el resto del mundo para los viajeros internacionales vacunados. Las rutas en las que es posible viajar sin cuarentena cuentan como una ruta completa, mientras que aquellas con cuarentena requerida cuentan como la mitad.
• El puntaje de resiliencia: Es un promedio de los puntajes de los demás indicadores y es relativo al desempeño de otras economías en el momento dado.

En este sentido, Colombia obtuvo una puntuación de 170,3 en dosis de vacunas por 100 habitantes; 20 en severidad del confinamiento; 15,5% en capacidad de vuelo; y 437,5 en rutas de viajes vacunadas.

En el top cinco de países con mejor desempeño están Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Noruega y Arabia Saudita.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también compartió en su cuenta de Twitter los resultados del ránking Bloomberg y dijo: “Colombia cierra en el puesto #12 en ránking Bloomberg, entre los mejores que han manejado la pandemia. #1 en Latinoamérica, #2 en América. Somos la excepcionalidad en ese grupo de países ricos y desarrollados”.

Colombia cierra en el puesto #12 en ranking Bloomberg, entre los mejores que han manejado la pandemia. #1 en Latinoamérica, #2 en America. Somos la excepcionalidad en ese grupo de países ricos y desarrollados. ⁦@MinSaludCol⁩ ⁦@infopresidencia⁩ pic.twitter.com/s1SrKUjvok

— Fernando Ruiz (@Fruizgomez) June 30, 2022

Según el ranking, uno de los principales factores que influyeron en los países que lograron mantenerse en las primeras posiciones de resiliencia ante el Covid-19 fue el “haber aceptado que el virus llegó para quedarse, vacunar a la población más vulnerable e intentar reactivar la actividad económica y social como en 2019”.

También resalta la capacidad de los países para adquirir suministros de vacunas y la coordinación logística, así como la confianza y obediencia de las poblaciones para seguir las recomendaciones como el uso de mascarillas y distanciamiento social. 

Actualmente, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia, desde que inició la pandemia se han registrado 6,2 millones de casos confirmados de contagios por Covid-19, de los cuales se ha recuperado el 96,8%

Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social reporta del 6 al 12 de julio de 2022, más de 86 millones de dosis de vacunas aplicadas y 36,2 millones de esquemas de vacunación completos en el país.

A nivel mundial, de acuerdo con información de Our World in Data, alrededor del 67% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el Covid-19 y se han administrado 12.260 millones de dosis en todo el mundo.

Con estos elementos, en Colombiacheck calificamos como verdadera la afirmación dicha por el presidente Iván Duque de que Colombia es el mejor país de América Latina en el manejo de la pandemia según el Ranking Bloomberg de Resiliencia Covid. 

La pobreza monetaria se mide con base en los niveles de ingreso de los hogares. En este caso, Duque acierta en la cifra que da pero omite información importante de contexto porque su gestión tuvo resultados negativos sobre ese indicador.

Según el DANE, en 2020 había 21 millones de personas en esa condición. En 2021, la cantidad se redujo a 19,6 millones. Eso quiere decir que, efectivamente, 1,4 millones de personas dejaron la pobreza monetaria en ese último año, como dijo el presidente.

La cifra total de su gobierno, sin embargo, no es favorable. En 2018, cuando Duque llegó al cargo, el país tenía 16,8 millones de personas en pobreza monetaria. Es decir que, con el último dato disponible, cierra su administración con un aumento en esa cifra.

La frase del mandatario se compara con el pico alcanzado en el primer año de la pandemia de COVID-19, cuando se decretó la cuarentena nacional más estricta. Si bien es cierto que esto tuvo un gran impacto en la reducción de los ingresos de las familias más vulnerables en Colombia y el resto del mundo, como lo han reconocido desde el Banco Mundial hasta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no es la única razón.

De hecho, la pobreza ya había aumentado en el primer año de la saliente administración, antes de que el coronavirus SARS-CoV-2 fuera detectado y se propagara por el mundo. En 2019, la pobreza monetaria había alcanzado a 700.000 personas más que en 2018, llegando a un total de 17,4 millones.

Por tanto, aunque lo que dice Duque es cierto sobre el resultado de 2021, la calificación es ‘verdadera pero…’ porque falta el contexto sobre el desempeño de la misma variable en el resto de su administración. Este, por el contrario, es desfavorable.

El índice de pobreza multidimensional se calcula con base en una serie de indicadores sobre salud, educación, vivienda, situación de la infancia y empleo en los hogares. La frase del presidente es exagerada y, por tanto, cuestionable porque solo existen datos desde 2010, hace 12 años.

Como explicó Colombiacheck en otra verificación, esta medición se empezó a aplicar en Colombia apenas en 2010 y 2011. Los registros del DANE, por tanto, solo existen desde ese entonces. En consecuencia, no hay datos de los 16 años con los que el mandatario compara su gestión.

En lo que sí tiene razón es que la cifra de 2021, que es la más reciente disponible, es la menor desde que existe este índice en el país. Hay 8,1 millones de personas en pobreza multidimensional, lo que representa una tasa del 16%.

Ambos datos representan una reducción frente a los datos que había en 2018, cuando Duque asumió como presidente. En ese entonces, eran el 19,1% y 9,2 millones de personas.

De tal manera que Duque exagera el logro de su administración en la reducción de la pobreza multidimensional al compararla con un periodo de tiempo para el que no existe esa información, a pesar de que sí es cierto que logró el menor registro desde que se tienen datos. Por tanto, Colombiacheck califica esta afirmación como cuestionable.

Una frase similar la había dicho Duque en el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el 20 de julio de 2021, y lo verificamos en el chequeo “Resguardamos más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194.000 empresas por medio del PAEF”, publicado el 6 de agosto de 2021.

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), se creó en mayo de 2020 y duró hasta marzo de 2021 para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral. Consistía en un subsidio que se otorgaba mensualmente a las empresas lo correspondiente al 40% del salario mínimo que devengaban cada uno de sus trabajadores formales para que con este dinero pudieran pagarles el sueldo.

Según las cifras reportadas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada del PAEF, el programa benefició a 4’151.854 empleados y a un total de 142.999 empleadores. En esto acierta el mandatario.

Fuente: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)

No obstante, como lo contamos en el anterior chequeo, de acuerdo con el seguimiento que le hicieron al programa varias personas e instituciones, el PAEF tuvo varios talones de aquiles en su implementación. Por ejemplo, durante los primeros tres meses, cuando había más restricciones en la pandemia, se beneficiaron principalmente las grandes empresas. Además,  las microempresas que empleaban a menos de tres trabajadores formales fueron excluidas del programa. 

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó, en julio de 2020, una investigación en la que denunció que el gobierno se demoró en tomar la decisión de implementar el subsidio a la nómina al inicio de la cuarentena, un momento en que las empresas tenían fuertes restricciones para funcionar, aun cuando sabía cuánto costaría hacerlo, tenía los recursos necesarios, se había anunciado el riesgo de pérdida de empleo y se había discutido la necesidad de implementar el auxilio. 

Los cierres a las actividades en el país se iniciaron con la declaración del simulacro de aislamiento en Bogotá, el 11 de marzo de 2020, pero el PAEF se creó en mayo y empezó en junio de 2020. Y, según cifras del DANE, entre febrero y mayo se destruyeron en Colombia más de 5 millones de empleos. 

“Una revisión de las actas de las reuniones del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) –creado por el Gobierno nacional para gestionar los recursos destinados para atender la emergencia– permitió establecer que los análisis se hicieron, pero la idea –inexplicablemente– se desechó”, dice el artículo del Observatorio. 

Con esta visión coincide María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de la seccional Bogotá y Cundinamarca de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), a quien consultamos en el anterior chequeo. “La primera deficiencia que nosotros analizamos fue que el subsidio fue tardío. No llegó en el momento en que más se necesitaba que fue los meses de abril y mayo para ayudar a aliviar el flujo de caja y, por tanto, la liquidez de las empresas para solventar y para haber garantizado que esos empleos que se perdieron no se perdieran”, le dijo a Colombiacheck. 

Además, agregó que “el gobierno nacional no lo tomó [el auxilio a la nómina] como la primera opción de ayuda a las empresas. La primera opción que tomó fue la de los créditos, que anunció en abril de 2020. Posteriormente, cuando empieza a agravarse la situación del desempleo, más bien, que llegamos a perder casi cinco o seis millones de empleos, entre el mes de abril y el mes de mayo, el gobierno nacional después de mucha presión de los gremios, la academia y alguna legislación de otros países que ya lo estaba haciendo, dio como respuesta el subsidio”.

La otra fuerte crítica que tuvo el PAEF tiene que ver con la focalización de los beneficiarios. Se ha reclamado que las empresas grandes se llevaron la mayor parte de las ayudas en los primeros meses del subsidio y que en las primeras entregas no se tuvo en cuenta el impacto diferencial de la pandemia por sectores. También, que todas las empresas que cumplían con los requisitos recibían el mismo porcentaje por empleado aunque hubieran registrado mayores pérdidas.

Paola Herrera, periodista de economía de W Radio, publicó un reportaje sobre el PAEF en el que denunció que las empresas grandes (de más de 200 empleados) y muy grandes (con más de 500 empleados) fueron las principales beneficiarias de las ayudas estatales durante la época más dura de la pandemia.

Según su investigación, entre julio y noviembre de 2020, 139.032 empresas colombianas recibieron el auxilio a la nómina. De estas, 3.012 con más de 200 empleados recibieron estas ayudas, es decir “apenas el 2% de todas las que fueron respaldadas”. Y las otras 136.000 fueron micro, pequeñas y medianas empresas. 

Sin embargo, según encontró la periodista, “la situación cambia si se analizan los datos frente a todas las empresas que hay en Colombia”. El 80% de las 3.851 grandes compañías que, según Confecámaras había en el país, obtuvieron el beneficio, mientras solo el 9 % de las 1,5 millones de mipymes (con entre 10 y 200 empleados) accedieron al PAEF hasta noviembre. 

Además, Herrera publicó que entre la lista de compañías beneficiadas estaban, por ejemplo, la Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina, del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. También, Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana, de Jaime Gilinski. Así como Postobón, Ingenio Incauca, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports, propiedades de la Organización Ardila Lülle.  

Así mismo, el economista Fernando Gudiño-Rosero, asistente de investigación de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y quien le hizo seguimiento al PAEF, publicó en su perfil de Twitter una gráfica en la que se evidencia que las empresas grandes se llevaron el grueso de recursos en mayo, julio y agosto 2020. Para el análisis usó la información publicada en los boletines de la UGPP. 

Re-publish: Al inicio del programa #PAEF de @UGPP_Colombia, en los momentos más críticos de la economía colombiana de 2020, las empresas grandes/muy grandes recibieron el grueso de recursos. Al irse recuperando la economía, el peso de éstas cae (Fuente: Boletines técnicos): pic.twitter.com/5h5IQ78SaW

— J. Fernando Gudiño-Rosero (@JFernandoGRE) August 3, 2021

“Es cierto que, a pesar de estas restricciones tan excluyentes, muchas empresas pequeñas se beneficiaron. Sin embargo, cuando analizo las empresas más grandes y poderosas del país, hay una sobrerrepresentación de éstas en la lista de beneficiarios. Incluso siendo justos con el gobierno de que muchas pequeñas se beneficiaron, el otro lado de la moneda es que las empresas de personas poderosas quedaron sobrerrepresentadas”, le explicó el investigador a Colombiacheck.

Otra de las críticas al PAEF es que excluyó, de entrada, a las empresas con menos de tres trabajadores formales y a las empresas informales, que son importantes para la generación de empleo en el país. Tanto en el decreto legislativo 639 de 2020, que creó al programa, como en los que lo modifican y en la ley 2060 de 2020, se estableció que para acceder al subsidio la empresa debía tener al menos tres trabajadores. 

“Colombia tiene una constitución empresarial basada en microempresas. Muchas de ellas con altos niveles de informalidad. Eso es un problema. Pero eso no es del todo culpa de las empresas o de la gente que sale a buscar el sustento. Ya teníamos una situación de crisis antes de la pandemia. Parte de esta realidad no se tuvo en cuenta en el subsidio. Entonces muchas de esas empresas que generan uno o dos empleos, que uno podría reconocer cómo formas muy precarias de empleabilidad, pero hacen parte de nuestro tejido empresarial, quedaron excluidas”, dijo Osorio. 

A estas críticas se le suma que se puso como requisito para acceder al subsidio que las empresas demostraran la pérdida de mínimo 20% de sus ingresos, pero el monto de la ayuda no variaba en la medida en que aumentaba el impacto de la pandemia en sus finanzas. Esto quiere decir, como nos explicó Gudiño-Rosero, “que si hay dos empresas con igual número de empleados pero una perdió del 25% y la otra 90%, el PAEF les daba el mismo monto a ambas empresas”.

Y finalmente a todas estas críticas se suma que al principio de la pandemia, de nuevo, en los meses más difíciles, el subsidio fue por el mismo monto por empleado para todas las empresas independientemente del sector económico al que pertenecieran sin tener en cuenta que, por ejemplo, que la construcción tuvo menos restricciones que otras actividades como el turismo. 

Solo hasta el 22 de octubre de 2020 se incluyó en la Ley 2060 , un 10% adicional para las “empresas de servicios de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación” y por cada mujer empleada (en un chequeo de marzo de 2021, ya habíamos verificado las falencias del programa por falta de enfoque de género). 

Con todas estas evidencias, calificamos como cuestionable la afirmación del presidente Duque “con el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, protegimos a más de 4 millones de trabajadores” porque aunque la cifra es verdadera, no tuvo en cuenta todas las críticas sobre la focalización de los auxilios para el pago de nómina de las empresas.

En su discurso del 20 de julio de 2022, el Presidente saliente aseguró que su Gobierno había hecho historia al elevar el salario mínimo a un millón y lograr así “el mayor incremento real en 50 años”. Sin embargo, esto es cuestionable y ya anteriormente habíamos hecho en 2018 un chequeo con la misma calificación a una frase similar del mandatario, en esa oportunidad refiríendose a que aprobaba “el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años”.

El año pasado, el mandatario firmó el decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021 para aumentar el salario mínimo legal vigente (SMLV) de 908.526 pesos a 1 millón de pesos. Esto equivale a un aumento nominal del 10,07% y para proceder con el cálculo del incremento real consultamos a Jorge Saza, analista económico, quien nos explicó que lo “tradicional es tomar el aumento de salario nominal y restarlo con la inflación del momento”, aunque aclaró que al respecto hay divergencias.

“Esto siempre tiene un problema porque cuando se hacen los ajustes salariales no necesariamente se conoce cuál es la inflación del periodo y hay un desfase (...) Ahí viene la discusión, porque hay quienes dicen que se debe trabajar con inflación esperada o con las expectativas de inflación”, agregó. 

Tomando, entonces, como referencia la fórmula de aumento nominal menos la inflación del momento, que es la convención usada institucionalmente también, según nos confirmó Saza, nos daría que el incremento real para 2021 fue de 4,77%, considerando la variación de precios de 5,3% calculada en esa oportunidad por el Banco de la República; sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señaló después que la inflación ese año se ubicó en 5,62%, lo que reduce el aumento real a 4,45%. 

De todas formas, tomando el aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) contemplado cuando se aprobó cada ajuste salarial, el aumento real que se registró en 2021 fue uno de los mayores en cuatro décadas, pero no en medio siglo. Duque está exagerando, por lo que su frase es cuestionable.

Incluso, ya esto lo había reconocido el propio Duque cuando lanzó la propuesta el 12 de diciembre de ese año: “Estaríamos hablando de un aumento de 10,07% que, a todas luces, sería el aumento, en términos reales, más alto en lo que va corrido de este siglo, pero sobre todo, en más de 40 años”. En ese entonces no habló de 50.

Se debe recordar que entre 1964 y 1983 el salario se determinaba por la actividad económica y el sector (urbano o rural); es decir, no era unificado. Cuando se compara con los decretos de incrementos en ese periodo, encontramos que hubo años con mayores aumentos reales como son: 1972 (13,1%), 1976 (12,2%) y 1979 (15,3%).

Otro dato importante a tener en cuenta es que este 2022 la inflación ha superado las previsiones, disparándose a 7,09% hasta junio y con una tasa anualizada de 9,67%, según el DANE; un máximo que no se había visto en 22 años. Esto ha reducido el aumento real que se tenía a principios de año, tal como aclara la profesora en Economía de la Universidad Autonoma de Bucaramanga (Unab), Yudy Gamboa.

“En lo que va corrido del año (a junio) la inflación ha sido de más del 7%, por lo que el salario real ha disminuido y muy probablemente esta tasa seguirá subiendo, de manera que al finalizar el año estaría alrededor del 10%; casi el doble de la inflación del año pasado, con la consecuente disminución del salario real”, advirtió. 

Es por ello que, al final de esta verificación, calificamos la frase de Duque como cuestionable porque, si bien su último incremento salarial en términos reales ha sido el más alto en cuatro décadas, no supera a otros que se dieron en un rango de 50 años; además, con la variación de precios que repunta, este incremento queda cada vez más relegado en términos reales.

Duque ya había hecho alarde de lo mismo en su discurso del 7 de agosto de 2020, cuando afirmó que en 2019 había logrado las mayores exportaciones agrícolas. En ese entonces calificamos su afirmación como “verdadera pero…”. Para este nuevo chequeo encontramos que en 2021 las exportaciones agropecuarias superaron los 9.400 millones de dólares, como afirma Duque, pero, de nuevo, las exportaciones totales de su gobierno disminuyeron con respecto al anterior. Por eso mantenemos la calificación: “verdadero pero…”.

De acuerdo con las cifras de exportaciones totales que publica el DANE desde 2006, en 2021 las exportaciones agropecuarias le representaron al país 9.440 millones de dólares FOB (del inglés, ‘free on board’, que se refiere al precio de los productos hasta el momento del embarque, sin incluir fletes y seguros). 

Desde 2019 las exportaciones agrícolas han incrementado año tras año, por lo tanto, históricamente, la segunda cifra más alta de exportaciones agrícolas es la de 2020 cuando Colombia exportó 7.873 millones de dólares. La del último año la superó. La cifra de 2021 representa un aumento del 19,9% con respecto a 2020.

Pero, como lo verificamos hace dos años, las exportaciones totales durante el gobierno Duque no despegaron. En su primer año, 2018, el total de exportaciones fue de 41.905 millones de dólares. Luego, en 2019, disminuyó a 39.489 millones. Su punto más bajo fue en 2020, año en que las exportaciones totales le representaron al país 31.056 millones de dólares en medio de la pandemia de COVID-19. En 2021 incrementó a 41.390 millones de dólares, pero este número está por debajo del que se logró en 2018.

De acuerdo con la publicación ‘Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística’ que publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), América Latina y el Caribe fue la región más afectada en el comercio mundial durante la pandemia, “En la Argentina, el Brasil, Chile y Colombia, las caídas en mayo de 2020 fueron en promedio del 95% (tráfico aéreo de pasajeros) y el 46% (carga aérea)”. Esto puede explicar el bajonazo de exportaciones que sufrió Colombia durante el 2020.

Un ejemplo es el del sector de combustibles y productos de las industrias extractivas, el de mayor exportación según cifras del DANE. En este caso el país pasó de 22.011 millones de dólares de exportaciones en 2019 a 13.310 millones en el 2020. Así que las exportaciones totales durante el gobierno de Iván Duque se mantuvieron por debajo de los mejores números, que se presentaron del 2011 al 2014, el récord de exportaciones totales se mantiene en 60.125 millones de dólares en el 2012.

En conclusión, calificamos como ‘verdadera, pero…’ la afirmación del presidente Iván Duque sobre las exportaciones agropecuarias, pues aunque las exportaciones de este sector para el 2021 son las más altas que se han registrado, el balance de las exportaciones totales durante el gobierno de Iván Duque no fue destacado, lo anterior debido a que disminuyeron drásticamente durante la pandemia, aunque ya venían bajando, y luego en 2021 se elevaron a cifras similares del comienzo de su mandato.

En su discurso del 20 de julio de 2021, durante la instalación del Congreso de la República, Iván Duque aseguró: “Marcamos un hito al cruzar el Túnel de la Línea”. En esa ocasión, chequeamos esa frase el año pasado y la calificamos como ‘verdadero pero…’, ya que es cierto que durante este período presidencial que termina se concluyó la construcción del proyecto, pero su afirmación no hacía justicia a los esfuerzos e inversiones previos a su administración.

En esta nueva afirmación, dicha en el último discurso de Duque ante el Congreso, retomamos parte del chequeo anterior, pero calificamos su nueva afirmación de verdadera, pues es cierto que Duque concluyó esta obra. 

El túnel de la Línea y otras obras que complementan el proyecto vial Cruce de la Cordillera Central fueron inaugurados por Iván Duque el 4 de septiembre de 2020. Ya entonces su mensaje se centraba en la estrategia de “concluir, concluir y concluir”. Destacó en su discurso de inauguración que la obra había tardado casi una década en alcanzar un 56% de avance, mientras que en dos años de su gobierno se había completado el 44% restante.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), el proyecto Cruce de la Cordillera Central, proyectado para acortar los tiempos de desplazamiento entre los departamentos de Quindío y Tolima y conectar al centro del país con el Puerto de Buenaventura, está conformado por 30 kilómetros de doble calzada, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales y 25 túneles, entre los que se encuentra el túnel principal: el Túnel de la Línea, cuyo nombre oficial es Túnel II Centenario – Darío Echandía. El proyecto completo fue inaugurado el 23 de noviembre de 2021.                                                     

El ingeniero civil Uriel Orjuela, profesor de la facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío y presidente de la Veeduría Técnica Especializada al Proyecto Túnel de la Línea, nos explicó, en el chequeo anterior, que el gobierno Duque “recibió la obra en un 58% de ejecución del túnel principal. Sus aportes fueron avanzar en todos los retrocesos, como en la reparación de puentes y túneles, y apropiar 600.000 millones de pesos para terminar el proyecto. Por eso, en la actualidad el proyecto [no solo el túnel principal] tiene un avance del 98%”.

También en 2021, la oficina de prensa del Invías nos indicó que “se recibió el proyecto cruce de la Cordillera Central en 2018 con un 55% de avance. En ese momento ni las obras del túnel principal ni las de las calzadas de Tolima y Quindío tenían recursos asegurados para su terminación y las estructuras que se habían construido en las calzadas Tolima y Quindío estaban abandonadas desde noviembre de 2016”. 

Los datos oficiales arrojan que se han invertido en el proyecto completo recursos públicos por 2,9 billones de pesos. “Un poco más de 1 billón de pesos correspondió a los trabajos del túnel de La Línea”, según Invías, lo que coincide con lo afirmado por Duque en la inauguración.

De este modo, calificamos como verdadero lo dicho por el presidente saliente Iván Duque frente a este proyecto, dado que, a diferencia de su afirmación en el discurso de instalación del Congreso en 2021, esta vez su frase su frase reconoce que había avances en el proyecto Cruce de la Cordillera Central y, específicamente, en el Túnel de la Línea, acentuando que su logro radicó en concluir lo que se hallaba iniciado.

Con algunas variantes, Duque ha insistido en este logro en varios de sus discursos y otras declaraciones verificadas por Colombiacheck (1, 2, 3), incluyendo su intervención en la Cumbre 26 de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en noviembre de 2021. En todos los casos, con motivos similares, sus afirmaciones han resultado cuestionables, igual que en este.

Una vez más, el presidente cuenta el aumento en la capacidad instalada de energía eólica y solar como el total de las fuentes de energía renovables no convencionales a pesar de que la Ley 1715 de 2014, que las regula, incluye también otras como las pequeñas hidroeléctricas, que en 2018 ya generaban 824 MW. Además, desconoce los avances en la materia que heredó del gobierno anterior.

De hecho, la Ley de Transición Energética de 2021 surgió de un proyecto presentado por congresistas de la bancada de gobierno y recibió mensaje de urgencia de este, como se ve en su ficha técnica, pero lo que hace es adicionar y modificar apartes de otras normas, incluida la ya citada de 2014. Incluso comparte autores con esta última, como la senadora conservadora Nora García Burgos y su colega José David Name, del Partido de la U.

La primera subasta de energías renovables que se llevó a cabo bajo el mandato de Duque, en marzo de 2019, también fue un proceso que venía andando bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. En esa ocasión se asignaron casi 1.400 MW, la mitad de la capacidad que el saliente jefe de Estado presenta como un logro que empezó en su gobierno.

Lo que sí es cierto, como se chequeó antes con datos del mismo Ministerio de Minas y Energía y como recoge también el informe de empalme de la entidad, que el país tenía apenas 28 megavatios en 2018 entre un parque de turbinas y otro de paneles. Por otro lado, lo que dice este último documento y que coincide con un comunicado de 2021 y otro de mayo de 2022, es que la llegada a los 2.800 MW será en 2023 y no a finales de este año.

En resumen, lo que Duque afirmó en su discurso con relación a la transición energética es cuestionable porque esta en realidad no empezó en este gobierno, aunque sí se expandió; el aumento que menciona se refiere solo a energía solar y eólica, no a fuentes renovables no convencionales en general y el plazo de instalación de los 2.800 MW en realidad es para el año entrante, no 2022.

De acuerdo con el boletín trimestral del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) correspondiente al primer trimestre de 2018, año en que inició el mandato de Duque, había 12,8 millones de conexiones en tecnología 4G en el país. 

Fuente: Boletín trimestral sector TIC- primer trimestre 2018

Igualmente, según datos del boletín trimestral del sector TIC, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, publicado en abril de 2022, Colombia alcanzó las 29,9 millones de conexiones 4G, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de lograr 27 millones de conexiones al finalizar el actual gobierno. 

Estos son los datos más recientes. Las cifras del primer trimestre de 2022 se publican a finales de julio de 2022, según el calendario de publicación de boletines estadísticos sectoriales del Ministerio de las TIC. 

La ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, en una columna en Forbes, publicada el 2 de julio de 2022, destacó en el marco que crea la Ley 1978 de 2019 o Ley de Modernización del sector TIC, en junio de 2020 se expidió el Plan de Transición a Nuevas Tecnologías, el cual determina los pasos a seguir para dar un tránsito efectivo de las tecnologías 2G/3G a nuevas tecnologías como 4G y posteriores. Para este fin, se realizaron estudios sobre aquellas condiciones que dificultaban la masificación de las redes de cuarta generación.

La tecnología 4G se caracteriza por emplear redes IP (protocolo de Internet), que permiten que la señal llegue al teléfono por la confluencia entre las redes que se transporta por cables y la inalámbrica, siendo un sistema y una red al mismo tiempo, de uso exclusivo para lo que se conoce como smartphones (teléfonos inteligentes), módems inalámbricos y otros dispositivos.

La velocidad de transmisión y recepción de la señal debe ser mínimo de 100 MB por segundo en movimiento y ser capaz de alcanzar 1 GB por segundo en estado de reposo, permitiendo una mejor experiencia para los usuarios e incluso la posibilidad de poder visualizar películas y televisión en alta definición sin ningún inconveniente o pausas por lentitud de la descarga de datos.

El Análisis del proceso de Implementación de redes 4G en Colombia dentro del plan de transición a nuevas tecnologías, publicado en junio de 2021 por Hilda Marcela Pardo Figueroa y Juan Andrés Obando Fernández, de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), concluye que la cobertura de esta red se evidencia sobre todo en las ciudades principales, donde un gran porcentaje cuenta con ella, mientras que en los municipios intermedios y alejados de las cabeceras sigue predominando el uso de la red 3G en mayor porcentaje e inclusive 2G. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aseguran que “se hace necesario que los esfuerzos se enfoquen en aumentar la infraestructura en las poblaciones intermedias y lejanas que permita que este gran número de personas sin conexión y las que aún no cuentan con servicio 4G se logren sumar a las regiones principales, esto va acompañado con la actualización de los dispositivos por unos de mayor tecnología que soporta la red 4G y donde se pueda disfrutar de los beneficios”.

También mencionan que la pandemia de COVID-19 y sus efectos generaron la necesidad de conexiones más estables y con mayor calidad que permitieran soportar servicios de conexión a streaming, videoconferencias y conexiones simultáneas, “lo que aceleró en cierta medida la adopción y aceptación por parte de los usuarios a migrar a redes 4G y a los operadores a trabajar rápidamente para suplir esta demanda y avanzar en el plan trazado, como la mayor demanda surgía de las ciudades se enfocó en ampliar la cobertura dejando relegadas algunas zona donde la logística e infraestructura se demora un poco más en implementar”.

Pilar Sáenz, física y coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, le dijo a Colombiacheck que el gobierno Duque cumplió con la meta de las conexiones 4G porque se hicieron las concesiones del espectro radioeléctrico que estaban pendientes, que era habilitar a los operadores para ofrecer servicios y construir la infraestructura que se necesitaba, lo cual se logró en gran medida por la Ley de Modernización del sector TIC, en la que se aclararon algunas de las condiciones y se amplió el plazo del permiso para el uso, que antes era de 3 años y pasó a 20. 

“Lo otro que contribuyó de parte de la ciudadanía fue la demanda del servicio de internet que se acentúo con la pandemia, por eso las cifras que da el presidente Duque son reales, porque el plan que tenía el Gobierno se cumplió”, expresó Sáenz. 

Con relación al rezago en las zonas rurales, Sáenz dijo que hay dos fenómenos que están influyendo. “Cuando haces el cambio de las redes 2G y 3G por la red 4G, hay equipos celulares, los ‘flechitas’ que les decimos, que ya no van a funcionar con las nuevas redes 4G, entonces tenemos un montón de gente en el campo, cuyos equipos ya no funcionan y que los dejan desconectados porque no necesariamente tienen el dinero para comprarse un celular de los nuevos. Por otro lado, hay lugares donde funcionan las redes de 2G y si vas con un teléfono nuevo no funcionan porque no son compatibles. Además, cuando se pactó la Ley de Modernización del sector TIC, los operadores quedaron con obligaciones de hacer tendido de redes en las zonas que no tenían conectividad a cambio de la utilización del espectro, pero desafortunadamente en las últimas concesiones no quedaron claras cuáles eran las zonas que se debían cubrir y se desaprovechó esa posibilidad para la cobertura de los municipios más alejados o donde no hay infraestructura 4G y por eso seguimos teniendo esa brecha entre lo urbano y lo rural”, explicó. 

En conclusión, en Colombiacheck calificamos como verdadero lo dicho por el presidente Duque de que el país pasó de 12 millones de conexiones en tecnología 4G en el año 2018 a más de 29 millones en el año 2022 porque de acuerdo con las cifras del Ministerio de las TIC incluso se superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo que era de 27 millones de conexiones. 

Duque también mencionó en su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, el 27 de junio de 2022 en Lisboa, Portugal, que en la declaración de líderes globales por la conservación se había comprometido que para el año 2030 Colombia tendría el 30% de su territorio declarado como área protegida, pero no esperaron hasta esa fecha.

“Dijimos que en este año llegaríamos al 30% de áreas protegidas marinas y continentales y ya hace pocos días logramos que los miembros de la academia de ciencias de nuestro país, muchos de ellos aquí con nosotros, nos aprobaran cuatro nuevas áreas protegidas y eso nos lleva a que ya Colombia en los próximos días esté materializando que el 30% de las áreas marinas son hoy patrimonio de protección, eso significa señor secretario general que estamos aumentando en 16 millones de hectáreas las áreas protegidas marinas de Colombia, duplicando las áreas marinas existentes pero además señores Jefes de Estado y jefes de delegación, 9 millones de esas hectáreas serán hectáreas no- take (sin tomar), lo que también significa un avance fundamental en la conservación, es ante todo un hecho histórico porque Colombia se sitúa como uno de los primeros países del mundo si no el primero en alcanzar ese 30% de áreas marinas protegidas”, dijo el Jefe de Estado.

En Colombiacheck habíamos verificado lo dicho por el mandatario sobre este tema el 9 de noviembre de 2021 en el chequeo ‘Las afirmaciones cuestionables de Duque en la COP26 de Glasgow’ y el 16 de febrero de 2022 en el chequeo ‘Duque repite en Bélgica afirmaciones cuestionables que había dicho en la cumbre del Cambio Climático de Glasgow’. En ambos casos, las calificamos como cuestionables, pues en esas ocasiones habló de las áreas protegidas en general y no especificó que fueran solo las marinas.

El Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado publicado el 28 de junio de 2022, informó que “en un trabajo articulado con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y actores académicos y científicos, se avanzó en la declaratoria de nuevas áreas protegidas y la ampliación de unas ya existentes, con lo cual se pasó de tener 12’454.011 hectáreas (ha) de zonas marinas bajo protección (13,41%), a 30’132.769 ha, que equivalen al 33% del territorio marino del país, superando la meta propuesta”.

En el comunicado, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, explicó que proteger el 30% del territorio marino en 2022 se logró gracias a una alta inversión en investigación marina, de casi 15.000 millones de pesos, y con la realización de dos expediciones científicas en ambientes estratégicos marinos, importantes por su singularidad y biodiversidad, actividades que se hicieron de la mano del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), y otras investigaciones con colaboraciones internacionales, como la llevada a cabo con National Geographic.

Las nuevas áreas marinas protegidas son la Reserva Natural Cordillera Submarina Beata, declarada a través de la resolución 0672 de 2022 del Ministerio de Ambiente, un área ubicada en el extremo nororiental del territorio marítimo de Colombia sobre la Cuenca del Caribe, con una extensión de 3’312.547 hectáreas; y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte, declarada a través de la resolución 0671 de 2022 del Ministerio de Ambiente, un área ubicada en el extremo norte del territorio marítimo de Colombia sobre la Cuenca del Pacífico, con un extensión de 2’761.115 hectáreas. 

Igualmente, las áreas marinas ya existentes que se ampliaron son el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, a través de la resolución 0669 de 2022 del Ministerio de Ambiente, que ahora cuenta con una extensión total de 4’815.114 hectáreas, producto de la ampliación de una nueva área ubicada en la región central de la Cuenca Pacífica Colombiana con extensión aproximada de 2’095.901 ha;. y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo, a través de la resolución 0670 de 2022 del Ministerio de Ambiente, que quedó de 12’370.957 hectáreas, producto de la ampliación de una nueva área en una parte del extremo suroccidental del Pacífico colombiano en extensión aproximada de 9’611.828 ha. 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).

Según datos del Ministerio de Ambiente, Colombia cuenta con una extensión de 207’040.800 hectáreas de territorio, de las cuales 92’866.000 hectáreas corresponden a territorio marino, por lo tanto, el 30% del territorio nacional equivale a 62’112.240 hectáreas y el 30% del territorio marino a 27’859.800 hectáreas.

Con las nuevas áreas marinas declaradas y ampliadas se aumentó a 17’781.391 hectáreas de zonas marinas protegidas, que sumadas a las 12’454.011 hectáreas que ya existían dan un total de 30’235.402 hectáreas, que equivalen a más del 30% del territorio marino del país.

A corte 25 de julio de 2022, Colombia tiene un total de 49’881.626 hectáreas de áreas protegidas locales (privadas), nacionales y regionales, 19’122.946 hectáreas terrestres y 30’758.680 hectáreas marítimas, según las cifras reportadas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas  (RUNAP), que evidencia la declaración de un total de 1.485 áreas protegidas, de las cuales 121 son nacionales.

En una nota de El Tiempo, titulada ‘¿Dónde están y qué hay en las nuevas áreas marinas protegidas de Colombia?’, publicada el 1 de julio de 2022, explican que la cordillera submarina Beata está ubicada a 300 km de distancia de la zona costera más cercana, en La Guajira. Al norte, se encuentra en la frontera marítima con República Dominicana a casi 380 km de distancia y cerca de 360 km de Haití. Al este y oeste con aguas oceánicas de Venezuela y Colombia, respectivamente. 

El director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), capitán (r) Francisco Arias Isaza, le dijo a El Tiempo que en el área hay una variedad de unidades morfológicas como colinas, depresiones, escarpes, valles, laderas, llanuras, mesetas y terrazas, registrando los puntos de mayor elevación en la cresta de la Cordillera Beata con una profundidad de 1.587 m y las zonas más profundas en la llanura abisal colombiana con 4.300 m. 

“En total en el área fueron encontradas 188 especies, entre peces, tortugas, aves, mamíferos, artrópodos, equinodermos, moluscos, cnidarios, esponjas, anélidos y ctenóforos”, dice la nota. 

Para lograr la caracterización y estudio de esta zona, del 13 de enero al 9 de marzo del 2022 se realizó un crucero de investigación en el que participaron en total 12 investigadores del Invemar, un investigador de la Red de Centros de Investigación Marina de la Universidad del Valle y personal de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar).

Las Colinas y Lomas submarinas de la Cuenca Pacifico Norte, según la nota de El Tiempo, están ubicadas al sur occidente del país. Al norte limita con el Pacífico norte de Colombia, al oeste con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Panamá y con la Cordillera de Malpelo y al este con el Pacífico de Colombia. 

Durante la investigación fueron encontradas 380 especies entre bentónicas y pelágicas. David Alonso, coordinador del Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos del Invemar, le dijo a El Tiempo que se hallaron al menos tres nuevas especies para la ciencia en esta zona. 

Por otra parte, Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, organización de conservación de la naturaleza a nivel global, dijo a través de un comunicado, que el incremento de protección de áreas marinas en las regiones del Caribe y del Pacífico representa: “una oportunidad no solo para el manejo de recursos pesqueros comunes entre los diferentes países, la conservación de especies migratorias, diferentes cetáceos y tortugas marinas, sino también para la adopción de esquemas de gobernanza innovadores entre las diferentes jurisdicciones y sectores, fortalecimiento de la investigación y conocimiento de nuestros recursos marinos y acciones conjuntas para la regulación climática en estas grandes áreas de gran biodiversidad”.

Con estas evidencias, calificamos como verdadera la afirmación del presidente Duque sobre haber logrado que el 30% del territorio marino colombiano sea declarado área protegida en 2022 porque con las cuatro nuevas áreas protegidas declaradas y ampliadas se alcanzó el porcentaje mencionado por el mandatario.

En varios chequeos acerca de los cultivos de coca, hemos explicado que en Colombia la medición oficial es realizada por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (Simci). Aparte de esta medición, Estados Unidos presenta un informe de una agencia del sector defensa, la CNC. Ambas mediciones son anuales, por lo que las cifras más recientes son las de 2021.

Estados Unidos presentó sus cifras recientemente y en varios medios de comunicación se informó de la disminución de 2021, con respecto a 2020. En este gráfico publicado por la Veeduría por la Defensa, WOLA, está el número de hectáreas de cultivos de coca, según el gobierno norteamericano.

Como se observa, aunque en 2021, el número de hectáreas sembradas disminuyó con respecto a 2020, la cifra sigue siendo mayor que la de años como 2017, 2018 y 2019.

En cuanto a los datos de UNODC, que son los oficiales de Colombia, estos aún no han sido publicados, aunque el informe anual normalmente sale antes de julio. El informe disponible más reciente es el de 2020, el cual fue revelado el 9 de junio de 2021.

En el boletín de prensa de la UNODC se reportó “una reducción del 7 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas (ha) en 2019 a 143.000 ha en 2020”. Sin embargo, en el informe también se dijo que la capacidad de obtención de cocaína por hectárea se ha incrementado en los últimos años a pesar de la reducción del área sembrada.  

Esto quiere decir que, pese a que en 2020, disminuyeron las hectáreas sembradas tanto el rendimiento como la producción de clorhidrato de cocaína aumentó, pasando de 1.137 toneladas métricas a 1.228.

En este gráfico de Wola se comparan las cifras tanto de las hectáreas de coca, en ambas mediciones (EE.UU. y UNODC), como el número de hectáreas erradicadas.

Nuestros colegas de La Silla Vacía publicaron el 6 de julio de 2020 la nota ‘Más hectáreas de coca, el fracaso final de la lucha contra las drogas’, en la que revelaron que el informe de la UNODC muestra un aumento de más del 10 % en las hectáreas cultivadas, el final de la disminución que venía desde 2018. 

Sin embargo, debido a nuestra metodología, ya que el informe no ha sido publicado por la UNODC, calificamos la afirmación de Duque como inchequeable. Los datos actuales oficiales son los de 2020, por lo que no podemos llegar a una conclusión confiable. Así que, cuando se publique el informe de 2021, actualizaremos la calificación.

En Colombiacheck ya habíamos verificado en otras ocasiones las sacadas de pecho del presidente saliente en los temas de homicidios y secuestros en afirmaciones como “No podemos olvidar que en lo corrido del año se ha reducido en un 4% el total de homicidios en el territorio nacional”, en su discurso del 20 de julio de 2019.

Un año después, el 7 de agosto de 2020, aseguró: “[Consolidamos] una de las tasas de homicidio más bajas en 40 años”. Y en 2021 dijo: “Fuerza (Pública) nos ha permitido alcanzar las más bajas tasas de secuestro y homicidio en décadas”. El pasado 20 de julio de 2022, en su último discurso, el mandatario saliente volvió a hablar de las tasas de homicidios y de secuestros, aunque esta vez dijo que había logrado reducirlas hasta sus mínimos históricos. 

Esta afirmación, con la que entrega su balance de sus cuatro años de gobierno, tiene un componente adicional: habla de tasa promedio, es decir la suma de sus cuatro años, que empezaron el 7 de agosto de 2018 y terminan el 7 de agosto de 2022.

Pero este hecho es una de las primeras evidencias de que la afirmación del presidente sobre las tasas de homicidios y secuestros es cuestionable, pues, como lo explica Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes (metodología de medición usada internacionalmente  para tener una dimensión de las cifras comparadas entre países o ciudades) se saca anualmente. “No tiene rigurosidad metodológica hablar de tasas de años incompletos porque una tasa se saca al dividir el número de homicidios o secuestros con la población, luego se multiplica por 100.000 y ese cálculo de la población es anual”.

Precisamente, el Instituto Igarapé publica el Monitor de Homicidios, con cifras  de todo el mundo. En el caso de Colombia, al observar la tasa de 2021, esta fue de 26,9 con 13.726 casos. Tanto el número total como la tasa son las más altas desde 2014.

Jorge Mantilla y Nicolás López, analistas de Datos, publicaron en La Silla Vacía el análisis ‘Mentiras Verdaderas: las cifras del gobierno Duque sobre homicidios en Colombia’, en el que indicaron que estas cifras de Duque “son el resultado de un acomodo antitécnico de las cifras de violencia en el país (...)  Si se pondera la tasa de homicidios anual durante los 4 años de un periodo presidencial, concepto que ningún presidente había usado antes, los datos muestran que hay una reducción en el promedio con respecto a los periodos presidenciales anteriores”.

En el informe también concluyeron que “no es posible comparar los cuatrienios anteriores con este, debido a que no se ha concluido su mandato y las cifras de los primeros cinco meses del 2022 muestran una tendencia al incremento en los homicidios. El presidente Duque deja un país con la violencia al alza”.

Aparte de esto, con ayuda de la analista Aguirre, comparamos el número total de homicidios del gobierno de Iván Duque, entre agosto de 2018 y junio (pues es el dato que tanto la Policía como el Ministerio de Defensa tienen consolidado) con ese mismo lapso en el segundo periodo de Juan Manuel Santos, y encontramos que el número de homicidios del presidente saliente fue mayor.

Mientras Santos tuvo 49.380 homicidios en ese periodo, Duque tuvo 50.196, es decir 816 casos más. Esta cifra refleja un aumento de la violencia homicida en el país, contrario al discurso del mandatario. Y este número es mayor, pese a que en 2020, año de la pandemia, Colombia tuvo una cuarentena de casi cinco meses, lo que incidió en la disminución de los casos.

En el informe ‘Evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del COVID-19’, realizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad EAFIT, se explicó que “la caída en el número promedio de homicidios durante la cuarentena (medida hasta el 17 agosto) respondió,  principalmente, a lo ocurrido durante el primer mes y medio de esa medida. En  esas  semanas,  el  número  diario  de  homicidios  cayó  alrededor  de un 40% respecto de la tendencia pre-cuarentena. A partir de junio, el número de homicidios parece haber retornado a las tendencias previas a la emergencia sanitaria”. 

Mantilla y López en su análisis agregaron que Duque termina su mandato con una de las tasas de homicidio más altas en los últimos siete años. Al observar la tendencia de los primeros cinco meses de 2022, con respecto al año anterior, se evidencia un incremento de 39 homicidios a nivel nacional, lo que podría mostrar el revés de la tendencia a la reducción que se presentó entre 2012 y 2020.

Y este 2022, según muestra esta tabla realizada por el propio Ministerio de Defensa, los homicidios entre enero y junio de 2022,  aunque son menores que los del 2021 y 2020, son mayores que los de los primeros semestres del segundo periodo de Santos.

En cuanto a los secuestros, aunque tampoco se puede sacar la tasa, pues no ha finalizado el año, en los informes oficiales sí se refleja una disminución en el número de secuestros. Una cifra, que, como lo hemos dicho en otros chequeos, es la más baja en décadas. Aunque es una tendencia que viene desde el 2002, en la era del presidente Álvaro Uribe y se mantuvo con Santos.

Con estos elementos, calificamos como cuestionable la afirmación de Duque, pues sus cálculos de la tasa en su cuatrienio son engañosos y, aunque en los secuestros, en su gobierno las cifras sí han disminuido, en el caso del homicidio, al contrario, aumentaron, hasta junio de 2022.

Duque ya había destacado este logro en su intervención sobre el proceso de paz ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en abril de 2022 y Colombiacheck encontró que era cuestionable. Si bien presentó una reforma constitucional en ese sentido que fue aprobada y ya está vigente, hace décadas que existen normas y jurisprudencia en ese sentido sobre el secuestro, mientras que el narcotráfico sí dependía de cada caso.

Tan pronto se posesionó en 2018, su gobierno presentó el proyecto que se convertiría en el Acto Legislativo 2 de 2019. Este introdujo en la Constitución el siguiente texto:

“En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”.

Pero, en la práctica, la legislación colombiana había prohibido que el secuestro pudiera considerarse como una conducta conexa a delitos políticos desde la Ley Antisecuestro de 1993 y la 418 de 1997, que le permite a la Presidencia llevar a cabo procesos de paz, con sus reformas. Además, se había reafirmado en la Ley 733 de 2002 e incluso en el indulto de 2002 a los paramilitares.

En contextos en los que, además, estos actos constituyen delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, como ya se les imputó y han reconocido los antiguos jefes de las FARC, también había normas que reforzaban el impedimento de conexidad, como el Marco Jurídico para la Paz de 2012, la Ley de Amnistía de 2016 y la Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2019. A lo que se suma el compromiso del país con el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, y una amplia jurisprudencia (1, 2, 3, 4).

La nueva reforma elevó esto a rango constitucional de forma explícita, pero no era algo que estuviera permitido antes de su entrada en vigencia, como lo ha intentado mostrar el presidente. Distinto a lo que sucedía con el narcotráfico, que antes de este cambio debía analizarse caso a caso y podía considerarse conexo a los delitos políticos si se había usado para financiarlos y no para enriquecimiento personal, un criterio que la Corte Constitucional había validado en la sentencia C-080 de 2018.

Así que la afirmación es cuestionable porque Duque exageró de nuevo los alcances de la reforma que promovió con respecto a la posible conexidad del secuestro y el narcotráfico con delitos políticos como la rebelión. Si bien el acto legislativo se hizo por iniciativa de su administración, la prohibición ya existía para el primero y la admisión del segundo era apenas excepcional según el caso, no la regla general.

En su discurso del 20 de julio, el presidente Iván Duque se refirió a la Ley 2195 de 2022, también conocida como Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, esta afirmación es cuestionable, pues estas sanciones de tipo administrativo por actos de corrupción no serían las primeras en la legislación del país.

Según la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, el 63% de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es porque, si no se ofrecen o reciben sobornos, se pierden negocios. El 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.

Duque sancionó la Ley de Transparencia el 18 de enero de 2022. Esta tiene por objeto “adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público”.

El Artículo 2 les otorga responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras “cuando hayan incurrido en delitos contra la administración publica, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delincuencia organizada, o cualquier  conducta punible relacionada con el patrimonio público”.

Entre las sanciones están:

• Multa de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años.
• Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión en su contra por un año.
• Prohibición de recibir incentivos o subsidios del Gobierno por 10 años.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una ley en este sentido, como afirmó Duque. El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) ya contemplaba la posibilidad de suspender o cancelar la personería jurídica de una sociedad si se beneficiaba de la comisión de delitos contra la administración pública o relacionados con el patrimonio público. Además, establecía la misma multa en casos de cohecho o soborno a funcionario público.

También la Ley 1778 de 2016 señalaba la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, específicamente los relacionados con soborno. De hecho, la de Transparencia de 2022, en su Artículo 19, modifica su Artículo 2, con ese propósito.

En la nueva ley hay medidas innovadoras, como la creación de un fondo para la reparación de víctimas de actos de corrupción y la inhabilidad para quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Y extiende el plazo de prohibición a las empresas de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidio del Gobierno, que antes era de 5 años. 

Sin embargo, para Diana Muñoz Castellanos, abogada penalista, este tipo de sanciones, al limitarse únicamente a la responsabilidad administrativa de una personería jurídica, no da garantías de que los delitos por corrupción dejen de ser replicados una y otra vez por las mismas personas en distintas empresas con otra representación jurídica. “En Colombia no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, así que lo que termina pasando es que cuando ese tipo de personerías jurídicas tienen sanciones administrativas, al ser una ‘ficción’, pueden crear otra figura y que no pase nada”, dice.

En conclusión, aunque la Ley de Transparencia sí se aprobó en el gobierno saliente y en parte fue por su iniciativa, pues una de las autoras fue Alicia Arango como su ministra del Interior, la afirmación es cuestionable porque Duque exageró al decir que era la primera en permitir sanciones a empresas involucradas en corrupción.

La prohibición de la casa por cárcel para personas que cometan delitos contra la administración pública relacionados con corrupción ya existía en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1709 de 2014,  así que es impreciso decir que durante el gobierno de Duque se prohibió este beneficio. 

La Ley 2014 de 2019, “por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción”, surgió de un proyecto radicado con la firma del propio Duque como presidente.

En su Artículo 4 modificó el 38G del Código Penal, que hace alusión a las excepciones para la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada para condenados que han cumplido más de la mitad de su pena, agregando conductas como peculado, cohecho, concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin cumplir requisitos legales, prevaricato, soborno y otras “cuando afectan el patrimonio del Estado”.

Sin embargo, la prohibición de prisión domiciliaria ya estaba vigente desde 2011. La Ley 1474 de ese año, el llamado Estatuto Anticorrupción, ya había excluido la casa por cárcel en delitos contra la administración pública.

Colombiacheck contactó a Carlos Hernán Escobar Ramírez, especialista en Derecho Procesal Penal y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, quien confirmó que no es la primera vez que la casa por cárcel se prohíbe en la legislatura colombiana. “Con la ley 1474 del 2011 ya se habían incluído algunas conductas penales relacionadas con corrupción. Por ejemplo, concusión, cohecho, cohecho impropio, entre otras. Distinto es que en 2011 no existieran conductas relacionadas con contratación pública, pues estas fueron luego adicionadas por la Ley 1709 de 2014”.

Además, el experto señala que gracias a esta, en el artículo 68A del Código Penal Colombiano se agregaron restricciones para las personas condenadas por corrupción o por delitos dolosos contra la administración pública, que no les permitían acceder al beneficio de casa por cárcel. “Incluso, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal también establece la prohibición [desde 2007], dado que este artículo expresamente señala que no habrá lugar a sustituir la detención intramural a quienes estén siendo investigados por delitos relacionados con corrupción”, agrega.

De acuerdo con Escobar, la novedad de la Ley 2014 del 2019 consistió en “prohibir que aquellas personas que hubiesen sido condenadas por delitos relacionados con actos de corrupción no pudieran acceder para prisión domiciliaria a la que tendrían  derecho, conforme al artículo 38G del Código Penal, que es la que se otorga cuando el condenado ha cumplido la mitad de la pena. Es decir, hasta la ley 2014 del 2019 una persona condenada por actos de  corrupción una vez alcanzara la mitad de la pena cumplida tendría derecho a acceder a prisión domiciliaria si cumplía con los demás requisitos. Con la ley 2014 de 2019, a esas personas ya no se les va a conceder la prisión domiciliaria”.

Esta norma también inhabilita para volver a contratar con el Estado a empresas cuyos socios o representantes hayan incurrido en actos corruptos, y le permite a las entidades estatales terminar por anticipado y sin indemnizaciones los contratos realizados con personas o sociedades inhabilitadas por corrupción.

El abogado Escobar explica que se trata de una medida poco útil, pues, si bien puede llegar a disuadir a algunas personas de cometer delitos de corrupción, en la mayoría de los casos tiene poco éxito. “El gobierno saliente, como muchos otros, ha considerado que el incremento de las penas o el hacer más severas las acciones penales se traduce en una especie de reducción en la conducta. [...] Muchas conductas penales, a pesar de que su pena se incrementa normalmente aun así se sigue cometiendo, como por ejemplo, el tráfico de drogas, o los delitos sexuales”, sostiene.

Para el experto, quienes cometen una conducta relacionada con corrupción, normalmente son consciente del riesgo que corren, y lo que se traduce en penas altas o la prohibición de beneficios, termina siendo una carga presupuestal para el Estado, que debe sostener durante más años a aquellas personas a las que se les prohíbe acceder al beneficio de casa por cárcel.

Dado que, nuevamente, Duque exageró con la novedad y el alcance de la reforma presentada y aprobada en su gobierno al respecto, su afirmación es cuestionable.

Sobre los pliegos tipo para la contratación estatal, como explicamos en un chequeo del 2020, sobre los avances de Duque contra la corrupción, el presidente sancionó el 22 de julio de ese año la Ley 2022 de 2020 que introduce modificaciones a la contratación pública en el país y da vida jurídica a los pliegos tipo, producto de una iniciativa de Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior.

Esta es una herramienta que, tal como lo explica Andrés O’Meara, exdirector de Colombia Compra Eficiente, “permite pasar de un promedio de tres oferentes a un promedio de 34 por cada licitación de obra pública de infraestructura”.

De acuerdo con la ley, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación correspondiente. 

Por su parte, Iván Duque dijo el 22 de julio de 2020, cuando firmó la ley, que “este instrumento reforzará la lucha contra los ‘carruseles de la contratación’ y los ‘pliegos sastre’, prácticas que buscan beneficiar a ciertos contratistas y evitar la libre competencia entre los proponentes de las licitaciones de obras civiles”.

Según datos de la organización Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2020, como consecuencia de 367 hechos de corrupción, se han visto comprometidos $92,7 billones de pesos y se perdieron 13,67 billones en 284 hechos de corrupción (incluído dinero desviado, utilizado en algún objeto diferente, evasión de impuestos o pagos de sobornos y extorsiones), registrados en un informe de su Monitor Ciudadano.

En su momento, la aprobación de la Ley de Pliegos tuvo un fuerte debate, pues fue cuestionada porque podría afectar la autonomía territorial al momento de contratar. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional descartó esa tesis y le dio vía libre a la figura.

Sobre la declaración de renta y conflicto de intereses, el 1 de enero de 2020 entró en vigor la Ley 2013 de 2019, también iniciativa de Duque y Gutiérrez, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) así como el registro de conflictos de interés, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y los aportes en las campañas para cargos de elección popular. Esta información se convirtió en requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo.

Para facilitar el cumplimiento de esta nueva norma, el Departamento Administrativo de la Función Pública dispuso un aplicativo que permite a los funcionarios cargar sus documentos en línea y que está al servicio ciudadano para sus consultas. Según el balance presentado por la entidad al 20 de julio de 2021, 34.951 servidores públicos han presentado la declaración de bienes y rentas, de los 40.812 a los que cobija la medida, un poco más del 85% habían cumplido la norma presentando la documentación para el escrutinio público.

Se espera que para el 31 de julio de 2022, como todos los años, todos los funcionarios públicos de las entidades de los departamentos y los municipios, así como los del Distrito Capital, hagan el reporte de bienes y rentas, en donde los servidores deben entregar información relacionada con sus datos personales, obligaciones, conformación familiar y bienes patrimoniales, así como ingresos laborales y no laborales con fecha de corte a 31 diciembre de 2021.

Por tanto, esta afirmación de Duque es verdad.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia sufrió en 2020 una contracción del -7%, la cual no fue tan abrupta como la que vivieron otros países de la región como Perú (-11%), Argentina (-9,9%), Bolivia (-8,7%), Ecuador (-7,8%), según el Banco Mundial.  

Al año siguiente efectivamente hubo una recuperación de 10,6% reportada por el DANE, pero que igual, a partir de datos del Banco Mundial, aunque no llegó a los niveles como los de Perú (13,5%) y Chile (11,7%). Un panorama que confirma un rebote en 2021 de las principales economías de América del Sur.

El país ya logró recuperar los niveles de su PIB que tenía antes de la pandemia, según el Banco Mundial, por lo que cumplió con las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Colombia registró 321.390 millones de dólares en 2019 y cerró 2021 con 330.300 millones.  La situación es diferente para América Latina y el Caribe, pues a la región no le alcanzó ese año para reponerse del golpe de 2020.

Con relación al resto del mundo, el país tuvo una de las variaciones porcentuales más elevadas en su PIB en 2021. En el escalafón del Banco Mundial, aparece en el puesto 18 de 181 naciones (se consideran solo las que reportaron sus datos el año pasado); en el listado del FMI se ubica en la posición 21 de 228 y las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la colocaron dentro de las 10 economías del bloque que más crecieron.

“La recuperación económica de Colombia en 2021 fue una de las más dinámicas en la región. Tras un fuerte repunte económico el año pasado, se prevé que el ímpetu económico prosiga en 2022”, señaló el Fondo Monetario. 

El profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo estuvo de acuerdo en que esta es una señal de resiliencia. “Efectivamente la economía colombiana es resiliente en términos de su capacidad de respuesta de la crisis recesiva que se vivió en el 2021 y eso se puede corroborar en una muy rápida respuesta en la producción, en la creación de empleo, en el aguante de las empresas, en la capacidad de los hogares de mantener un consumo suficiente y las políticas correctas del Gobierno”, explicó.

Sobre las perspectivas para este 2022, las declaraciones de Duque coinciden con los cálculos del Ministerio de Hacienda que, en palabras de su titular, José Manuel Restrepo, espera que el país tenga una tasa de crecimiento del 6,5% impulsado por el comercio y la industria manufacturera.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la economía colombiana, impulsada por el aumento del precio del petróleo, será una de las que más se expanda este año dentro del grupo de países que la conforman, con un 6,1% (tras una mejora en la previsión que era de 5,5%), seguida de países como Portugal con 5,4% y Polonia con 4,4%. Agrega que esto se produce en un contexto en el que la economía mundial se desacelera por la guerra de Ucrania. 

El Banco Mundial, por su parte, prevé que Colombia crezca este año 5,4%, lo que representa más del doble de la región de América Latina y el Caribe (2,5%), mientras que la estimación del FMI está en la misma sintonía y apunta a un 5,75%.  

Fuente: Banco Mundial, 2022.

La Cepal igualmente mantiene sus previsiones optimistas sobre el PIB colombiano y calcula que sea el segundo más alto en América del Sur con 4,8%, después del incremento que tendría Venezuela de 5,0%. 

En resumen, es verdad, como dijo Duque, que la economía colombiana presentó un crecimiento en 2021 de 10,6%, demostrando resiliencia, y se proyecta a cerrar este año con un 6,5%, por lo cual ha sido catalogada por organismos multilaterales como uno de los mejores crecimientos de la región.

Duque tiene razón en la cifra. Sin embargo, la frase es ‘verdadera pero…’ porque omite que de todas formas el desempleo aumentó en su administración porque ya venía creciendo desde su primer año de gobierno, antes de la aparición del COVID-19 en el panorama.

En agosto de 2018, cuando llegó al poder, la tasa de desempleo desestacionalizada (o sea, eliminando los efectos temporales para poder comparar entre diferentes momentos del año) era de 9,1%, según el DANE. Para diciembre de 2019, la tasa era de 10,5% y en febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de la enfermedad en el país, ya era de 11%.

En los meses siguientes empeoró el panorama de forma drástica. En marzo, el desempleo se ubicó en 12,2% pero la tasa global de participación, que es la proporción de personas en edad de trabajar que activamente participan del mercado laboral (si no tienen trabajo, lo están buscando), cayó a 63,7%, que en ese momento era su punto más bajo desde noviembre de 2008. Y todavía faltaba lo peor.

Con la cuarentena nacional más estricta en vigor, la desocupación se disparó en abril al 19,8% junto con un punto bajo de participación de apenas 55,9%. Con 16,7 millones de personas ocupadas ese mes, se registraba una pérdida de 5,7 millones de puestos en apenas tres meses.

En mayo, el desempleo alcanzó un pico de 20,9%. Sin embargo, la participación empezaba a mostrar los primeros signos de leve recuperación, pues quebró la tendencia desfavorable al subir al 59,4%.

Este golpe fue global y la recuperación se preveía lenta, de acuerdo con los informes de perspectivas de la Organización Internacional del Trabajo para 2021 y 2022. El organismo de Naciones Unidas identificó a América Latina como una de las regiones más afectadas y no pronosticaba un retorno a los niveles de 2019 antes de 2023 en la mayoría del mundo.

Al cierre del gobierno, el desempleo apenas está regresando a los niveles prepandemia. El dato más reciente hasta el momento es el de mayo de 2022, cuando la medición se ubicó en 10,6%. Colombiacheck incluso verificó una publicación que le sacaba en cara al mandatario saliente este resultado negativo, aunque esta tenía datos imprecisos.

Eso quiere decir que se han recuperado los puestos de trabajo perdidos por la crisis, pero no los que desaparecieron durante el primer año y medio de la administración Duque, antes de la emergencia sanitaria global. Por eso la afirmación del presidente es ‘verdadera pero…’.

En la parte final de su discurso en la instalación del Congreso, el 20 de julio, el presidente Iván Duque habló sobre la aplicación del mecanismo de regularización para venezolanos emprendido por su Gobierno en febrero del año pasando y aseguró que “más de 1,2 millones de ellos [migrantes venezolanos] ya son parte del Estatuto Temporal de Protección, que es un ejemplo en el mundo”.

Al revisar las cifras oficiales dadas por Migración Colombia encontramos que hay 1,8 millones de venezolanos bajo el amparo de este mecanismo de protección, pero hasta el momento 1,2 millones tienen Permiso por Protección Temporal (PPT).

El 19 de julio de 2022, el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, aseguró en un evento que, a corte de febrero de este año, en el territorio colombiano había 2,4 millones de venezolanos, de los cuales estaban 1,8 millones “en el Estatuto Temporal de Protección”, mientras que 333.806 presentaban condición regular a través de alguna visa y 295.038 se encontraban en situación irregular. 

Incluso, ese día Duque se refirió a la misma información en su Twitter: “Recibimos el reconocimiento de la comunidad venezolana a la solidaridad de toda Colombia con los migrantes, gracias a la promulgación de políticas de integración social y económica con el #EstatutoDeProtecciónTemporal, que acoge a 1,8 millones de personas para hacerlas visibles”, trinó.

Recibimos el reconocimiento de la comunidad venezolana a la solidaridad de toda Colombia con los migrantes, gracias a la promulgación de políticas de integración social y económica con el #EstatutoDeProtecciónTemporal, que acoge a 1,8 millones de personas para hacerlas visibles. pic.twitter.com/S7AnxhpgeC

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 19, 2022

Con respecto a números más actualizados, el director de Migración aclaró que tenían 2,3 millones de solicitantes del estatuto temporal, pero necesitaban hacer una depuración para “dar un dato preciso”. “Hemos detectado población de un origen distinto, de terceros países distintos a Venezuela y colombianos, entonces estas bases de datos hay que depurarlas”, insistió Espinosa.

Es importante resaltar que la aplicación de este régimen de protección abarca el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT), según reza el artículo 1 de la resolución 0971 de 2021 de Migración, en su parágrafos 1 y 2:

Parágrafo 1º: Dentro de la implementación a la que se refiere el presente artículo se contemplan las actividades que componen el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), las cuales son Prerregistro Virtual, Caracterización Socioeconómica y Registro Biométrico Presencial.

Parágrafo 2º: Así mismo dentro de la implementación a la que se refiere el presente artículo, se contempla la autorización, expedición, entrega, vigencia y cancelación del Permiso por Protección Temporal (PPT), y la transición del Permiso Especial de Permanencia (PEP) cualquiera hubiera sido en su fase de expedición, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).

Por lo tanto, el mecanismo no se limita solo al documento de regularización en físico, tal como se puede leer en la resolución. No obstante, si analizamos el total de PPT que habían sido adjudicados hasta ese 20 de julio cuando Duque habló, efectivamente iban 1,2 millones según Migración.

En conclusión, calificamos como “verdadera pero” la afirmación de Duque debido a que sí acertó a que 1,2 millones están en el Estatuto, aunque le faltó aclarar que eran los que tenían PPT, y en realidad, en el global consolidado hay 1,8 millones de venezolanos bajo el amparo de este mecanismo de protección.