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Falso

Miércoles, 30 Junio 2021

Cadena de WhatsApp, falsamente atribuida a De la Espriella, desinforma sobre Colombia ante la CPI

Por José Felipe Sarmiento

El texto apócrifo asegura que el tribunal supuestamente concluyó que las FARC tendrían “excesiva impunidad”, algo que nunca ha dicho, con base en una queja interpuesta por víctimas en 2020.

“¡Qué buena noticia!” se titula una cadena de WhatsApp supuestamente firmada por el abogado Abelardo de la Espriella en la que se afirma que “Colombia pone en manos de la Corte Penal Internacional [CPI] la revisión de los acuerdos firmados con las FARC, así como también la revisión de todo lo relacionado con la creación y el funcionamiento de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz]”.

Cadena de WhatsApp sobre revisión de la JEP por la CPI

El mensaje, que empieza diciendo que “hay noticias que lo reconcilian a uno con la vida”, también ha sido compartido en otras redes sociales. Según la herramienta de monitoreo CrowdTangle, ha aparecido en al menos 101 publicaciones de Facebook que suman 3.300 interacciones desde finales de enero de 2021 en grupos como “Gracias Centro Democrático” y “Fuerza Democrática Uribista”.

Además, el tuitero Antonio Paccini la incluyó en un hilo. El blog La Linterna Azul, por otro lado, presentó el texto como una columna.

Por esta razón, Colombiacheck revisó la cadena y encontró que es falsa. Su contenido le atribuye a la CPI pronunciamientos que no ha hecho y tergiversa sus funciones. Además, es un escrito apócrifo porque De la Espriella no es el autor.

La jefa de prensa del abogado, Delia Celis, confirmó que “él nunca escribió esa información y desde hace seis meses no publica ninguna columna de opinión nueva”. De hecho, la última apareció en el diario El Heraldo el 6 de diciembre de 2020.

En esa ocasión, De la Espriella justamente se despedía (al menos de forma temporal) de su labor como columnista en varios medios. “Por ahora, quiero alejarme un buen rato de estas lides y seguir las pulsiones de mi corazón: hacer solo cosas que enriquezcan el espíritu y evitar a toda costa proceder por mera obligación”, anunció.

Entre sus textos más recientes, tanto en el citado periódico barranquillero como en La Opinión de Cúcuta y el económico La República, no hay ninguno que coincida con el que circula por internet. No lo han citado en los trinos de su bufete. Ni siquiera con búsquedas avanzadas en Google (1, 2) aparecen registros confiables de la publicación a su nombre.

El texto asegura que una firma española de abogados (supuestamente “de las más serias y prestigiosas de Europa” aunque no da el nombre) y la CPI “han encontrado fallas de carácter muy grave y excesiva impunidad en relación con los jefes o miembros del Secretariado de las FARC”. Esto tampoco es cierto.

Desde 2004, el tribunal internacional tiene un examen preliminar abierto sobre la situación general de Colombia. Hasta el momento, la Fiscalía del organismo no ha tomado la decisión de que el organismo intervenga en el país.

El informe anual más reciente sobre el proceso, publicado en diciembre de 2020, no hace los señalamientos que le atribuye la cadena. Por el contrario, incluye un recuento de las actividades de la justicia colombiana, incluido el sistema transicional pactado con las FARC, sobre las posibles conductas que podrían investigarse a la luz del Estatuto de Roma que rige a la Corte.

Además, la saliente fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, publicó un documento de empalme el 15 de junio de 2021 en el que informó que su sucesor, Karim Khan, continuaría con el examen del país. Según el análisis, el enfoque de la rendición de cuentas por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Colombia es de largo plazo y tiene varios actores, incluidas también la jurisdicción ordinaria y el sistema de Justicia y Paz creado en 2005.

“En esta situación, la Fiscalía podría mantener un examen preliminar abierto indefinidamente hasta que se completen todos los procesos relevantes antes de alcanzar una determinación sobre la admisibilidad; o podría procurar adoptar una decisión en una etapa anterior, mientras los procesos nacionales de rendición de cuentas están en curso, decisión que la Fiscalía podría revisitar en el caso de un cambio de circunstancias”, detalló.

Una de las condiciones que evalúa es, precisamente, si el Estado tiene la capacidad y la voluntad para investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por diferentes actores del conflicto armado interno (ver explicador). Esto no depende solo de la JEP sino de todo el sistema de justicia penal, explica el abogado y defensor de derechos humanos Elmer Montaña.

“No es que la Corte Penal Internacional vaya a mirar el diseño de la JEP sino la capacidad y la celeridad de todas las instituciones judiciales del Estado colombiano (como la Fiscalía o los jueces ordinarios) en la investigación y sanción de graves crímenes internacionales que son de su competencia”, detalla Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del laboratorio Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame.

Esto se debe a que la Corte Penal Internacional es subsidiaria a la jurisdicción nacional. O sea que es “un sistema que opera cuando no hay justicia en un país o se ampara con impunidad a quienes han cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”, en palabras de Montaña.

Mientras estuvo en el cargo, Bensouda sí hizo críticas al sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón firmado por el Gobierno y las FARC en 2016. Por ejemplo, en 2017 cuestionó varios puntos del acto legislativo que le dio origen, pero en general y no por sus consecuencias específicas con relación a los exguerrilleros.

Incluso ese mismo año había hecho especial énfasis en el riesgo de impunidad de los asesinatos de civiles presentados por el Estado como supuestas bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”. Sobre todo se había referido a la lentitud en las investigaciones contra 29 altos mandos de las Fuerzas Militares (unos que aún estaban en funciones y otros ya retirados).

En ese entonces, la Corte Constitucional estaba revisando el acto legislativo que le dio origen formal a la JEP. El alto tribunal, en la sentencia C-674 de 2017, concluyó que la norma “no desconoce el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Además, los llamados de atención de Bensouda no equivalen a una decisión definitiva de la CPI. El ya mencionado Estatuto de Roma establece que la Fiscalía debe pedirle a la Sala de Cuestiones Preliminares que autorice la apertura de un caso formal, con evidencia que demuestre la necesidad de hacerlo. “Esos procesos toman bastante tiempo”, señala la abogada Güiza Gómez.

Montaña asegura que para alegar “impunidad excesiva” habría que esperar a que los procesos nacionales terminen. La académica considera que, por el tiempo que toman las investigaciones criminales en Colombia, “no sabríamos cuándo” podría darse un pronunciamiento definitivo del tribunal internacional.

El punto es que no ha llegado el momento, contrario a lo que dice el mensaje viral. A esto se suma, como lo recordó Colombiacheck en otro chequeo reciente, que la CPI no basa sus acciones preliminares en señalamientos a presuntos responsables específicos sino en la verificación de situaciones más generales.

Güiza enfatiza en que el examen se refiere a la investigación de todos los actores que pudieron haber cometido crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, “no solamente de las FARC, como parece indicar esa cadena”. Esto quiere decir que también cobija los casos en los que la responsabilidad le corresponde a la Fuerza Pública o incluso a civiles.

El texto que circula en redes también afirma que los litigantes ante el tribunal contaron “con la asesoría de la Corporación Rosa Blanca y del excelente periodista Ervin [en realidad Herbin] Hoyos”. La ONG reúne a víctimas de violencia sexual y reclutamiento forzado cometidos por las FARC y el comunicador, recordado por su programa radial Las voces del secuestro, era un reconocido activista contra el Acuerdo de Paz.

La representante legal de la institución, Bertha Suárez Casallas, afirmó que esta nunca ha tenido relación con De la Espriella. Aunque confirmó que están trabajando con “abogados españoles”, pidió consultar los detalles con Sebastián Velásquez Vélez, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol).

Esta otra organización antes era encabezada precisamente por Hoyos, quien falleció en febrero de 2021 por complicaciones del COVID-19. Su sucesor se negó a hablar con Colombiacheck. “Jamás en la vida le daré una entrevista”, sentenció.

En octubre de 2020, fue noticia que Fevcol acudió a la CPI para manifestar que “existe una impunidad absoluta para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que estas personas [los exintegrantes de las FARC] han cometido”. Según la institución, “la actividad del JEP no constituye un auténtico procedimiento para obtener justicia para las víctimas”.

Pese a esto, el organismo no se activa con “denuncias” de particulares. Los exámenes preliminares son abiertos de oficio por la Fiscalía o por peticiones que solo pueden provenir de estados partes o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como también lo aclaró el chequeo anterior.

De modo que no es cierto que esa institución les haya dado la razón a los anónimos abogados porque el examen preliminar de Colombia no ha terminado, no se refiere solo a los crímenes de las FARC y no evalúa el diseño de la JEP sino los resultados de toda la rama judicial frente a los crímenes de su competencia. Además, el texto que lo celebra tampoco fue escrito por De la Espriella aunque se lo hayan atribuido. En definitiva, es una cadena falsa.

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Viernes, 09 Junio 2017

¿Es verdad que las Farc aún tienen en su poder a 300 secuestrados?

Por Paula Vásquez

El senador del Centro Democrático, Iván Duque, asegura que hay más de 300 secuestrados de los que las Farc no han dado información, pero no encontramos una fuente que verificara esa cifra.

“De los más de 300 secuestrados de los cuales se desconoce su paradero, no han dado información relevante sobre ello”. La frase es del senador Iván Duque, del Centro Democrático, y se refiere a información que no ha entregado las Farc sobre personas en cautiverio.

Duque dio sus declaraciones a RCN Radio el pasado 30 de mayo. Calificó la situación como un incumplimiento de las Farc e indicó que es una de sus preocupaciones. El senador se refirió al asunto cuando lo consultaron sobre el balance de los primeros 180 días de implementación del Acuerdo Final.

En la entrevista Duque asegura que son varias fundaciones las que señalan que las Farc no han entregado información sobre el número de secuestrados.

Colombiacheck se comunicó con la oficina de prensa de Iván Duque para indagar en qué fuente basó su declaración. Prometieron una pronta respuesta, pero hasta la fecha de esta publicación no la hemos recibido.

“Yo no conozco ninguna evidencia de que haya 300 secuestrados, me parece francamente irresponsable decir eso. Una cosa muy distinta es la obligación que tienen las Farc de contribuir muy activamente a encontrar los restos de las personas que fueron secuestradas y que nunca volvieron a sus familias”, aseguró minutos después en la misma emisora el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de Duque como engañosa, pues no encontramos evidencia de que las Farc tengan aún en su poder a 300 secuestrados, pues la Fundación País Libre, que se encargó de hacerle seguimiento a los secuestros en el país, tiene una cifra inferior. No hay consenso sobre la cifra de personas que se llevó las Farc y de las cuales se desconoce su suerte.

Colombiacheck consultó a María Consuelo Jáuregui, la última directora de la Fundación País Libre, entidad que cerró en marzo pasado pero que durante 25 años acompañó a las familias de los secuestrados brindándoles asesoría y acompañamiento.

“El año pasado la Fundación País Libre revisó todas las bases de datos de secuestrados que no habían sido liberados, utilizamos el histórico de bases de datos que teníamos y también contamos con las bases de datos de diferentes organizaciones. “Son 182 casos atribuidos a las Farc la cifra de secuestrados que nunca retornaron con su familia y cuya situación se desconoce, los cuales nosotros llamamos desaparecidos”, aseguró Jáuregui.

Según ella, existen diferentes organizaciones que hablan de 300 o 400 secuestrados, pero aclara que muchas de esas bases de datos contenían mezclados distintos delitos (como desapariciones forzadas con secuestros) y tampoco era muy claro que las Farc fueran los responsables.

“En los casos de los que hablo hay certeza de que son las Farc porque fueron en las zonas donde ellos tenían dominio, porque las Farc pidió plata (por su liberación) o hubo testigos de que los captores eran miembros de esa guerrilla”, explicó Jáuregui.

Colombiacheck pidió el acceso a esa base de datos, pero Jáuregui no accedió aduciendo la seguridad de las familias de los secuestrados.

Otra asociación que dice tener cifras de secuestrados por las Farc es la Federación Colombiana Víctimas de las Farc, (Fevcol), dirigida por el periodista Herbin Hoyos.

“Cuando inició el proceso de paz nosotros le entregamos una lista de 465 secuestrados en poder de las Farc al Gobierno Nacional”, aseguró Hoyos, quien además dijo que supieron que la lista llegó a manos de las Farc, pero que nunca les respondieron.

Colombiacheck le pidió la lista al periodista, quien aseguró que por seguridad no la podía compartir.

¿Qué dice el Acuerdo Final?

El Gobierno Nacional y las Farc acordaron crear la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), con el objetivo de establecer lo ocurrido a las víctimas calificadas como desaparecidas por consecuencia del conflicto armado. La Ubpd hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr).

Según el Acuerdo Final, “la Ubpd dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del Sivjrnr encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

Aunque en el Acuerdo no encontramos fechas exactas para el comienzo de esta Unidad, ya se tramitó un decreto de ley como primera medida para su funcionamiento, según dijo el Alto Comisionado a RCN Radio,
“Ya se creó por vía de un decreto ley la Ubpd. Ahí las Farc tienen una responsabilidad muy grande de ayudar a encontrar esos restos. Yo creo que ya con la finalización del desarme, del paso a la normalidad, todas esas tareas van a ser mucho más fáciles de desarrollar y lo que queremos justamente es trabajar muy de la mano con las organizaciones de víctimas y desaparecidos”

Según el Acuerdo, la Ubpd recolectará información acerca de los secuestrados entre el Gobierno, las Farc y organizaciones como País Libre, Fevcol y el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), entre otras organizaciones de víctimas, con el fin de realizar una búsqueda ágil.

Como asegura la periodista y víctima de secuestro, Salud Hernández, quien además hizo parte de la junta directiva de País Libre, “mientras no se den por muertos están vivos, son secuestrados. Uno no puede de manera arbitraria decir “este se murió”, siguen siendo secuestrados y sus familias los esperan”.

Jáuregui sigue en contacto con algunas familias de desaparecidos, quienes asumen, por información de otros secuestrados liberados o por testimonios de desmovilizados, que algunas de las personas murieron en cautiverio, por enfermedad, en medio de combates o fueron asesinados por las Farc.

“Lo que ellos quieren es conocer la verdad y en otros casos ubicar los restos de su familiar para confirmar esa situación, mucha de la información fue escuchada por algún cautivo que estuvo con ellos o la proporcionaron desmovilizados, pero no hay una certeza. Las familias siguen a la espera de respuestas para poder cerrar el duelo interminable”, aseguró.

Según el informe Basta Ya, del Centro Memoria Histórica, entre 1970 y 2010 se registraron en Colombia 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado. Además, el informe agrega que “de los 27.023 secuestros reportados en esas tres décadas, las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%.

Las familias de estas personas esperan saber qué pasó con ellos y que no se secuestre más. Tanto el Gobierno como las Farc se comprometieron a buscar la verdad sobre el paradero de los desaparecidos y terminar con la pesadilla de tantos colombianos.

Aclaración y cambio de calificación (junio 23)

Jorge Quintero, jefe de prensa del senador Iván Duque, se comunicó con Colombiacheck para solicitar la revisión de esta nota porque considera que la calificación debería ser aproximada y no engañosa, como la calificamos en principio.

En consonancia con nuestra política de correcciones oportunas y transparentes sobre la información inexacta en la que podamos incurrir durante nuestro ejercicio periodístico, revisamos la nota y encontramos que en la frase chequeada faltó incluir la fuente en la que se basó el senador, que él menciona en la entrevista con RCN.

La frase completa es: “La información que fue solicitada, casi que suplicada, por la Asociación de víctimas de las Farc, de los más de 300 secuestrados de los cuales se desconoce su paradero, no han dado información relevante sobre ello”.

Entre las razones que expone Quintero para solicitar el cambio de la calificación del chequeo está el argumento de que el senador no tuvo la intención de mentir y se menciona que, en plenaria del Senado, donde Duque habló del mismo tema, “aclara que hay diferentes listados (de víctimas) y que unos no coinciden con otros entre otras cosas porque es posible que haya duplicidad”, asegura el jefe de prensa en el correo enviado a nuestro medio.

En un primer momento en Colombiacheck consideramos que la omisión de esta información por parte del senador Duque en su pronunciamiento en radio constituía un intento por engañar a la opinión pública, especialmente porque su omisión fue a través de RCN Radio, un medio con alcance nacional que llega a millones de ciudadanos, según el Estudio Continuo de Audiencia Radial, Ecar 2017.

Luego de la solicitud y al revisar nuestro texto original, creemos que la omisión del senador Duque, al no aclarar en RCN Radio que no hay cifras unificadas sobre los secuestrados por las Farc de los que se desconoce su paradero, puede ser calificada como ligera, más que aproximada como pide el jefe de prensa del senador, ya que al verificar los datos de su afirmación estos se alejan de la realidad por haber sido dichos con prisa y sin fundamento.

En criterio de esta casa periodística el senador Duque debió aclarar que se estaba basando solo en una de las fuentes que tiene cifras al respecto y que estos datos son disímiles, como aseguran que lo explicó en el Senado.

Colombiacheck agradece al equipo de prensa del senador habernos hecho caer en la cuenta de la inexactitud en la frase original chequeada. Estamos convencidos de que la posibilidad de tener estas discusiones respetuosas, va en total consonancia con nuestro objetivo de elevar la calidad del discurso y de la discusión pública.