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Chequeo Múltiple
Colombiacheck estuvo en el debate de El Espectador de candidatos a la Alcaldía de Bogotá del 2 de septiembre en la Universidad Nacional y le puso la lupa a las afirmaciones de los candidatos. Aquí, algunas de las frases chequeadas, que seguiremos actualizando en las próximas horas.
En abril de 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 030-18 en la que anunciaba un inminente riesgo en Ciudad Bolívar por la presencia de grupos armados ilegales de diferente índole que buscaban “controlar diferentes economías ilegales, especialmente aquellas relacionadas con el expendio y el tráfico de estupefacientes”. En junio de 2019 la Defensoría emitió la alerta 023-19 en la que incluye a Bosa y Kennedy y señala que la ubicación geográfica de las tres localidades genera una ruta de entrada y salida de narcotráfico en Bogotá.
Las alertas por la presencia de grupos armados en el sur de Bogotá no son nuevas. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención al respecto desde 2013, como lo contó Colombiacheck en 2017. Hugo Acero, experto en seguridad urbana, recordó que las alertas tempranas para el sur de Bogotá señalaron algunos problemas incluso desde la primera década de 2000. Y en mayo de 2018 el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le dijo a El Espectador que en Ciudad Bolívar ya no se podía hablar de microtráfico, sino de narcotráfico, pues aseguró que en la localidad operan grandes y sofisticadas estructuras de comercio de alucinógenos.
El decreto ley 1421 estableció que la creación de entidades es iniciativa del Alcalde Mayor y debe aprobarse por el Concejo. En 2012, el entonces alcalde Gustavo Petro presentó al Concejo el proyecto para crear la Secretaría de la Mujer; uno de los compromisos de su Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
El acuerdo 490 de 2012 creó el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer (Artículo 4) y modificó (Artículo 6) las funciones de todas las demás secretarías que tenían asignados los temas relacionados a la equidad de género (Acuerdo 257 de 2006). El 10 de enero de 2013 se informó en la página de la Alcaldía la creación de la Secretaría, con Martha Lucía Sánchez como su primera titular.
Lya Yaneth Fuentes, magistra en Estudios de Género, confirmó que antes de ese momento no existía una Secretaría de la Mujer en la capital, y los temas de género estaban distribuidos entre las secretarías de Integración Social y de Planeación.
Por otro lado, la página de la Secretaría de la Mujer informa que la Línea Púrpura (no morada) distrital, una línea telefónica para mujeres mayores de 18 años en Bogotá, fue creada en febrero de 2015 “como una estrategia entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría de Salud ... con el objetivo de contribuir en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y a una salud plena”.
Colombiacheck consultó al equipo de prensa de Morris para saber en qué fuente basaba su afirmación y nos dijeron que la fuente es la Secretaría Distrital de Educación y que la cifra “se refiere a jóvenes de los colegios oficiales”.
Consultamos a la Secretaría de Educación y la información que nos remitieron indica que “anualmente se gradúan, en promedio, 45.000 estudiantes del sistema educativo público distrital (colegios oficiales, colegios en administración -antes concesión- y colegios contratados), de los cuales acceden a la educación superior cerca de 26.000 jóvenes en los semestres consiguientes. Esto significa que la cifra de los estudiantes que se gradúan del sistema público y no acceden a la educación superior es de cerca de 19.000 egresados”.
En este conteo, de acuerdo con la entidad, no están incluidos los colegios privados, pues de estos “no se tiene información sobre el acceso a la educación superior”.
La CAR sí tiene la última palabra con relación a los linderos del área protegida. Sin embargo, “precisamente por eso debe ser contemplada en el POT para cumplir la norma superior vigente”, según María Mercedes Maldonado, de la veeduría ciudadana que defiende la reserva.
El proyecto del plan que la administración presentó al Concejo sí la menciona de forma explícita, incluso como parte del plan parcial Ciudad Norte. También está en la cartografía y los anexos. Otra cosa es que la iniciativa reconoce que “las decisiones de las áreas protegidas del orden nacional y regional que efectúen las autoridades ambientales competentes constituyen determinantes de superior jerarquía”.
Al mismo tiempo, el plano 5 clasifica sus suelos como de expansión urbana. Lo que se justifica “para permitir su desarrollo y facilitar la gestión y viabilización de la actual Reserva”.
El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ya ha explicado que la omisión censal es la diferencia entre el número de personas entrevistadas por la entidad y el cálculo que, con base en ellas, se hace de la población total del país. Según la entrega más reciente de resultados que ha hecho esa entidad, la operación es así: en Colombia hay 48’258.494 habitantes, aunque solo 44’164.417 fueron censados; los casi 4,1 millones de omitidos equivalen a 8,5 por ciento.
Confirmamos con la entidad que todavía no existen cifras distritales. Mientras tanto, la Secretaría Distrital de Planeación usa la nacional en la documentación del proyecto del POT que hace trámite en el Concejo. Allí, la toma como el dato máximo en tres posibles escenarios de omisión para la capital. Los otros dos son de 5,51 y 1,49 por ciento.
Entonces la cuenta del DANE para todo el país, que es el peor de los escenarios para Bogotá según su administración, da menos de la mitad del 20 por ciento que dijo Miguel Uribe en el debate.
En septiembre de 2018, el entonces secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, instaló la primera sesión del Sistema Distrital de Derechos Humanos, compuesto por un comité distrital y 20 locales. Fue creado por decreto, en desarrollo de un acuerdo previo y del Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa.
Además, el subsecretario de Gobernabilidad, Francisco Pulido, dice que era una obligación pendiente desde 2011, cuando el Gobierno Nacional ordenó establecer estos espacios a nivel territorial. Sin embargo, también recuerda que esto implicó derogar una norma de 1995 que creaba otro Comité Distrital de Derechos Humanos encabezado por la Personería, que incluía más y diferentes sectores sociales con menos asientos para la administración.
Desde entonces había permanecido “activo”. Así lo confirma un acuerdo sancionado por Peñalosa en 2016, que eliminó otras instancias similares por inoperantes y mantuvo esa. Es más, en mayo de 2017, menos de un año antes de la creación del nuevo comité, una resolución de la Personería cambió las reglas elección y nombramiento de los integrantes del antiguo.
Pulido reconoce el “valor histórico” del acuerdo que creaba ese primer comité, aunque defiende la reforma hecha por la actual administración. RedCheq esperó una respuesta de la campaña de Uribe sobre este tema, pero no la recibió. En todo caso, la afirmación del candidato es falsa porque el comité que él creó no fue el primero, ya existía uno antes.
La Sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional declaró que dos artículos del Código de Policía que prohibían consumir alcohol o sustancias psicoactivas en cualquier espacio público eran desproporcionados e infringían las libertades individuales de los ciudadanos. Incluso tomarse un café en un parque podría ser un infracción, pues la cafeína es una sustancia psicoactiva. Luis Felipe Cruz, abogado e investigador de Dejusticia, explicó que la Corte permitió a los alcaldes determinar el tiempo, modo y lugar donde se pueden consumir ciertas sustancias “prohibidas” pero no hizo una prohibición general y absoluta como lo hacía el Código de Policía. Además, la sentencia cambió “alcohol y sustancias psicoactivas” por “sustancias prohibidas”, lo que le permite a los alcaldes determinar cuáles sustancias y qué circunstancias incluir en su reglamentación.
De manera que Carlos Fernando Galán tiene razón cuando dice que la Corte les permite a los alcaldes restringir pero no prohibir completamente el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Por otro lado, en este debate Uribe (que dijo que "la Corte Constitucional deja que sean los alcaldes los que reglamentan") también tiene algo de razón, pues la posibilidad de los alcaldes de reglamentar ese consumo es muy amplia y podrían prohibir el consumo prácticamente en todos los espacios públicos, explicó Cruz.
Consultamos con el equipo del candidato de dónde había sacado esa cifra y nos dijeron que viene del Informe de Calidad de Vida 2018 de Bogotá Cómo Vamos, donde incluso la cifra exacta de niños que no tienen cobertura en educación inicial dentro de la Atención Integral a la Primera Infancia es ligeramente más alta que la que dijo el candidato durante el debate: 27,6 por ciento.
Revisamos el informe de Bogotá Cómo Vamos y encontramos que efectivamente la cobertura de educación preescolar es de sólo un 72,4 por ciento y por lo tanto hay un 27,6 por ciento de niños que no tienen acceso a esta y a la atención integral que implica. El mismo informe dice que para el 2018 se encontró un descenso importante en la tasa de cobertura de la educación, del 10 por ciento en términos generales en comparación con el año 2013, y que fue más marcado en el nivel preescolar.