3 DATOS CLAVE:

1. #ChequeoPresidenciable: Colombiacheck cierra esta serie de verificaciones múltiples a las candidaturas analizando los datos económicos que usan con más frecuencia para defender sus propuestas, críticas y programas de gobierno.
2. Paloma Valencia, del Centro Democrático, da una frase “verdadera pero…” sobre la informalidad laboral, ya que su dato del 57% sobreestima por poco la cifra más reciente del DANE, aunque cualitativamente el problema estructural sigue intacto.
3. Cepeda saca pecho con una inflación a la baja fuera de contexto, De la Espriella desborda la cifra real del hambre en Colombia con un dato falso y Fajardo generaliza estadísticas viejas de evasión de un solo impuesto para calificar a todo el sistema.

Colombiacheck cierra su serie de chequeos temáticos a las principales candidaturas presidenciales abordando sus datos económicos.

En las dos anteriores nos centramos en la salud y la seguridad. La aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvieron respectivamente las calificaciones más acertadas, aunque ninguno fue del todo preciso.

La economía es vital para cualquier gobierno, por lo que no es un tema menor en esta campaña. La administración de Gustavo Petro deja el desempleo y la pobreza en mínimos históricos (excepto en la más extrema). Sin embargo, ha creado presiones inflacionarias y el crecimiento es lento, a la vez que tiene a la Nación en medio de una crisis fiscal con deudas que ya exceden el límite reglamentario.

Por eso, igual que en los artículos anteriores, buscamos las afirmaciones verificables que cada candidatura ha utilizado de manera repetitiva entre sus principales argumentos para sustentar sus posturas y diagnósticos macroeconómicos. Cada una toca un ámbito diferente:

• Cepeda, con la misma posición oficialista, trata de capitalizar la desaceleración del índice de precios al consumidor como logro del petrismo.
• El ultraderechista Abelardo de la Espriella, por el grupo significativo Defensores de la Patria, pone el énfasis en el problema del hambre.
• Valencia, desde la oposición, apunta a la informalidad como el reto actual que tiene el país en su mercado laboral.
• Sergio Fajardo, por el partido Dignidad y Compromiso, declarado independiente, centra su diagnóstico en la evasión tributaria.

En esta ocasión, la más acertada vuelve a ser la senadora y candidata del Centro Democrático, quien obtuvo otro “verdadero pero…”, ya que la dimensión del problema estructural que menciona tiene respaldo en el histórico de las estadísticas oficiales, a pesar de que el indicador ha cedido ligeramente en el último año y su dato se descacha justo en eso. Las demás calificaciones se reparten entre dos cuestionables y una falsa.

Estos son los chequeos, en el orden de mayor a menor intención de voto que hasta ahora marca la mayoría de las encuestas más recientes para las cuatro candidaturas:

Iván Cepeda

“La inflación se ha reducido en 5,3%, un índice no visto desde hace tiempo”

Aunque la frase se aproxima a los datos recientes, es cuestionable porque aún no vuelven a niveles previos a la pandemia de covid-19 y, por el contrario, ya están volviendo a subir, en parte, por las presiones que ha generado el gobierno Petro, que se opone al control independiente que ejerce el Banco de la República.

El candidato oficialista hizo la declaración exacta en un discurso el 15 de enero de 2026 en Sibudoy, Nariño. Sin embargo, no es el único escenario en el que ha presentado la desaceleración en el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) como un supuesto logro de la actual administración.

Cepeda también sacó pecho con este indicador en una rueda de prensa en Cúcuta ese mes y en una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell en marzo. Además, sus aliados en tarima siguen destacando la cifra en sus actos de campaña, como lo hizo el senador verde Ariel Ávila el 7 de mayo, de nuevo en la capital de Norte de Santander.

Consultamos al candidato y a su equipo de comunicaciones sobre la fuente de sus afirmaciones, pero al momento de la publicación de este chequeo no hemos recibido respuesta.

En diciembre de 2025, que era el dato disponible cuando Cepeda dio las declaraciones, la variación anual fue del 5,1 %, cifra que se aproxima a lo que dijo. Sin embargo, el dato no solo fue casi idéntico al de 2024, cuando marcó 5,2 %, sino que cerró de nuevo dos puntos por encima de la meta del Banco de la República, que es 3%.

Si bien es un objetivo que rara vez se logra, estaba mucho más cerca justo antes la pandemia de covid-19. En 2018 cerró en 3,18 % y en 2019, en 3,8 %, según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Por tanto, el 5% que el país “no veía hace tiempo” es cierto solamente después de esa emergencia sanitaria global.

La reactivación económica tras la recesión de 2020 por los grandes confinamientos para reducir la propagación del virus hizo que la inflación subiera, llegando a 5,62% en 2021 y a un pico de 13,12% en 2022. Los años siguientes, comenzó un descenso gradual, con 9,28% en 2023, pero luego se estancó arriba del 5%.

Además, las proyecciones para 2026 apuntan de nuevo hacia arriba. El Banco de la República ha dicho que podría cerrar el año en 6,3 %. En lo corrido hasta abril, según el DANE, ya va en 3,87 % frente a 3,3 % que llevaba en el mismo periodo del año anterior.

La economista Mariana Matamoros, investigadora de la Línea de Política Fiscal del centro de estudios DeJusticia, explicó a Colombiacheck que el comportamiento de la inflación en Colombia en los últimos cuatro años responde a una combinación de factores internacionales y nacionales. 

La pospandemia trajo problemas en las cadenas de suministro, mayores costos de transporte y energía y el aumento de la demanda. A esto se sumó los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania desde 2022, que elevaron los precios internacionales de alimentos, fertilizantes y combustibles. 

Para contrarrestar esto, según Matamoros, el Gobierno tomó medidas que ayudaron a moderar el aumento de los precios. Como ejemplo, menciona la eliminación de los subsidios a los combustibles con el incremento gradual de la gasolina que, pese a su impacto en otros sectores, “a mediano plazo ayudó a reducir el déficit fiscal y evitar que haya más presiones sobre la inflación”.

Igualmente, destacó el incremento de las tasas de interés desde 2022 por parte del Banco de la República para reducir el exceso de gasto y consumo en la economía. Aunque el Ministerio de Hacienda es parte de su junta, vale recordar que Petro ha sido un duro crítico de esa medida y ha pedido que, por el contrario, las bajen; su administración incluso amenazó con dejar de ir a esas reuniones. 

Para la investigadora, también ayudó que la economía comenzara a crecer más lentamente, luego del rebote de la recesión pandémica. Además, que poco a poco mejoraran los problemas internacionales de transporte y abastecimiento que venían desde entonces. “Esto permitió una reducción gradual de la inflación durante 2024 y 2025”, dijo.

Sin embargo, advirtió que factores internos frenaron el descenso. En particular, señaló que los aumentos altos del salario mínimo generaron presiones sobre los costos laborales y los precios de servicios y alimentos. Las alzas del salario básico ya acumulan 75 % frente a 2022, mientras el Consejo de Estado evalúa las demandas contra el 23 % decretado para 2026, el más alto en las últimas décadas.

Matamoros también explicó que “la indexación de muchos precios y tarifas a la inflación pasada encareció arriendos, matrículas, transporte y servicios públicos”.

A lo anterior, agregó la incertidumbre fiscal y económica debido a la falta de claridad y confianza sobre las finanzas del Estado y la volatilidad del dólar. Esto último depende de factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos y el precio del petróleo; e internos como la percepción de riesgo frente a reformas económicas o decisiones de política pública, que motivan a los inversionistas a retirar sus capitales o demandar más dólares.

El también economista Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, recordó que Colombia antes de la pandemia tenía unos niveles de inflación cercanos a Chile y Perú y muy lejos de Brasil. Sin embargo, después de la crisis, está por encima de este último, un país con altos déficits fiscales e inflación. 

“La política fiscal del Gobierno no ha ayudado a reducir los precios”, sentenció. La causa, según el docente, es una mayor demanda en la economía, mientras la inversión está quedada. En particular, advirtió que “uno de los causantes del crecimiento del consumo es el Gobierno, que en los últimos trimestres del año pasado creció a niveles por encima del 10%”, lo que relaciona con el desbalance fiscal de la Nación.

“Desde 2024, el Gobierno pronosticó mayores ingresos de los que se vieron en la realidad y, por ende, aumentó el nivel de deuda. Lo que hemos visto es mayor gasto público impactando los precios”, concluyó.

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Abelardo de la Espriella

“Hay 20 millones de compatriotas que se van a la cama con una mala comida”

La cifra es falsa, porque exagera de lejos las mediciones de inseguridad alimentaria, que además han ido mejorando en los últimos años.

El candidato dijo la frase en una conversación con el activista chileno de ultraderecha Agustín Laje el 21 de abril. Además, la repitió idéntica el 19 de mayo en entrevista con Noticias Caracol y agregó: “Hay ciudades de Colombia, en barrios marginales, donde la gente cocina periódico. Eso no puede pasar”.

De la Espriella no dio fuentes en ninguna de las dos ocasiones. Colombiacheck contactó a su oficina de prensa para consultar el origen de la cifra, pero hasta el momento de esta publicación no había recibido respuesta.

La medición más reciente sobre el tema es el boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, en inglés) de 2025, elaborada junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según el informe publicado el 21 de mayo de 2026, 12 millones de colombianos viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.

De acuerdo con la entidad gubernamental, esto equivale al 22,8% de la población del país. En algún momento del último año, estas personas redujeron la calidad, variedad o cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero u otros recursos.

Con una metodología distinta, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que también es de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estima que 13 millones de personas están en esa situación, equivalentes al 25% de la población. La cifra aparece en el informe Evaluación de Seguridad Alimentaria para la Población Colombiana 2024.

La cifra de 20 millones mencionada por el candidato supera en 7,9 millones el dato más reciente del DANE, lo que representa una diferencia cercana al 65%. También está 7 millones por encima de la estimación del ente multilateral. Ninguna de las mediciones oficiales disponibles llega a una cifra similar.

Actualmente, no existe en Colombia una medición oficial vigente sobre cuántas comidas hacen las personas al día. Según explica Felipe Roa-Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y experto en seguridad alimentaria, lo más parecido fue la encuesta Pulso Social, realizada por el ente estadístico oficial durante la pandemia del covid-19 y que, como contamos en un chequeo de 2024, se dejó de hacer cuando terminó la emergencia sanitaria, en 2023.

Según el reporte de la ONU, solo el 4% de los hogares colombianos —aproximadamente 2 millones de personas— reportó haber consumido, en promedio, una sola comida al día durante la semana previa a la encuesta. La cifra mencionada por De la Espriella es diez veces superior.

La categoría técnica más cercana a esa descripción es la inseguridad alimentaria grave, que el DANE define como la situación en la que al menos una persona del hogar dejó de comer durante todo un día por falta de recursos. Según el boletín FIES 2025, esta condición afecta a 1’968.000 colombianos, equivalentes al 3,7% de la población. El PMA, por su parte, registra 1,6 millones de personas en inseguridad severa.

Incluso bajo una interpretación más amplia, los datos tampoco respaldan la afirmación. El reporte de la ONU señala que el 51% de los hogares colombianos se encuentra en situación de seguridad alimentaria marginal. Aunque eso podría representar a más de 25 millones de personas, esta categoría describe hogares que aún tienen seguridad alimentaria, pero son vulnerables a perderla ante choques económicos o climáticos. No equivale a “irse a la cama con una mala comida”, como afirmó De la Espriella.

Los datos muestran mejoras, aunque persisten crisis regionales

La afirmación del candidato no solo es imprecisa en la cifra, sino que además desconoce cómo han evolucionado recientemente los indicadores oficiales. Según el DANE, la inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia bajó del 27,6% al 22,8% entre 2024 y 2025. Esto significa que cerca de 2,3 millones de personas salieron de esta condición.

Las zonas rurales también mostraron una mejoría. Después de que el indicador venía aumentando allí en años anteriores, bajó del 34,2% al 31,4% en el último disponible. Además, la forma más extrema de hambre pasó de afectar a 2,7 millones de personas a 1,9 millones.

Sin embargo, estos avances nacionales conviven con crisis regionales profundas. En Chocó, por ejemplo, la inseguridad alimentaria pasó del 36,3% al 56,8% en un año, la cifra más alta del país. Además, la más grave prácticamente se triplicó y ya afecta al 17,9% de la población departamental.

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Paloma Valencia

“La informalidad es el gran reto: 57% de los colombianos están fuera del sistema”

La frase en efecto refleja un problema estructural del mercado laboral y se aproxima a las mediciones oficiales. Es “verdadera pero…” porque sobreestima el dato por un par de puntos porcentuales que han bajado en el último año.

La candidata hizo esa afirmación en sus redes en noviembre de 2025. Luego, en el debate Antioquia Vota por Colombia de Teleantioquia y El Colombiano, en febrero de este año dijo que la informalidad era del 56% y un mes después nuevamente repitió la cifra de 57% en Noticias RCN.

Revisamos el histórico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que mide el empleo informal y seguridad social, y encontramos que para el trimestre de agosto a octubre del año pasado, que era el dato disponible cuando Valencia dijo la frase por primera vez, la informalidad a nivel nacional estaba en 55,4%. Entre septiembre y noviembre de 2025 también se ubicó en 55,4%.

Ahora, en el primer trimestre de 2026 (enero a marzo), la informalidad fue 55,3% y, según el boletín técnico más reciente del DANE, representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2025, cuando fue 57,2%. Ese dato del año pasado coincide con el que dijo Valencia.

Consultamos al equipo de prensa de la candidata para saber si ella está tomando esa cifra del año pasado, pero al momento de publicar este chequeo no obtuvimos respuesta.

En cualquier caso, Paula Herrera Idárraga, doctora en Economía, nos explicó que la cifra de la candidata sobrestima el dato actual, pero “no cambia la lectura estructural del mercado laboral, más de la mitad de los ocupados están en la informalidad”. Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana también nos explicaron que entre 57 y 55,3, “cualitativamente las cosas no cambian mucho”.

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Sergio Fajardo

“De cada 100 pesos que se deben recaudar, solamente recaudamos 50; los otros son evasión”

Aunque hay estimaciones de la evasión general que coinciden con el dato, salen de estudios de hace varios años, lo que ignora cambios recientes en el panorama fiscal del país; aparte de que la frase parte de la generalización de un cálculo hecho sobre un solo impuesto específico.

El candidato dijo esa frase en el segmento ‘Candidatos en la redacción’ de Noticias RCN el 8 de abril, pero ya había dado un dato distinto sobre la misma problemática apenas dos meses antes. “Uno de cada 4 pesos que se deberían pagar por impuestos no se pagan”, aseguró el en entrevista con Revista Semana el 31 de enero; el problema de fondo en esa otra declaración era similar.

Ambas afirmaciones apuntan a la estadística de recaudo anual de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que a día de hoy se compone de 14 conceptos tributarios diferentes. Sin embargo, tras ser consultado por sobre las fuentes de estas aseveraciones, el equipo de Fajardo nos envió la captura de dos gráficos distintos.

Para sustentar la frase sobre el 50%, usó esta pieza sobre la evolución de la tasa de evasión en Colombia de 1978 a 2018.  A través del crédito en la imagen (Lora y Mejía, 2021) encontramos que proviene de la página 182 de un libro publicado ese año por el centro de investigaciones económicas Fedesarrollo, titulado “Reformas para una Colombia post-COVID-19: Hacia un nuevo contrato social”.

Según el documento original, efectivamente las investigaciones históricas estiman una evasión promedió de 46,9% para el periodo 2010-2018. Así, redondear la cifra a 50 pesos por cada 100 tiene asidero incluso en que esa tasa es similar al promedio latinoamericano que señala el mismo estudio.

Sin embargo, ese valor aproximado afecta de forma específica al impuesto de renta de las empresas y otras organizaciones, como evidencia el título del capítulo V de la obra citada, al que pertenece el diagrama. Esto es importante porque, tras su afirmación, Fajardo agregó: “Tenemos que perseguir a esas personas que evaden pagar los impuestos, porque los necesitamos como país”.

Para ponerlo en perspectiva, el propio libro calculó que, para 2019, la evasión de ese gravamen en las personas jurídicas equivalía a 5,7 puntos del producto interno bruto (PIB), mientras en las naturales significaba 1,1%, menos de la quinta parte. El costo total de la evasión consolidada del sistema rondaba el 8,6%.

Así pues, el candidato tomó un indicador sectorial y lo sentenció como una proporción general de recaudo.

La frase sobre “uno de cada cuatro pesos”

Por otra parte, como respaldo del cálculo sobre “uno de cada cuatro pesos”, el equipo del candidato nos envió dos gráficos. El de la izquierda muestra la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) de 2015 a 2019, con un texto superpuesto que dice “es del 22%”. El otro, la de renta de 2015 a 2018.

Los valores en ambos diagramas son casi idénticos a los que se ven en la página 15 de la presentación “Balance Beneficios Tributarios y Gerencia DIAN - 2019”. Allí se evidencia un aumento del problema en el primero y una disminución en el segundo.

El porcentaje escrito sobre la imagen indica que el candidato redondeó hacia arriba la evasión del IVA. La tasa tuvo un promedio de 22,7%, pasando de 20,2% en 2015 a 23,2% cuatro años después, lo que se acerca a “uno de cada cuatro pesos” (25%).

Sin embargo, lo engañoso del dato radica, una vez más, en la generalización. El aspirante no aclara que se refiere a la tributación por ese impuesto, sino que sugiere que se trata de la evasión global en Colombia, lo mismo que haría meses después con los datos de la renta, como ya explicamos.

Según el Informe de Rendición de Cuentas de la DIAN en 2022, el dato más reciente mostraba que el IVA representó un aporte de 19,8% de los ingresos brutos administrados por la entidad, mientras que tributos como la retención en la fuente a título de renta representaron una valor mucho mayor (34,6%). Por consiguiente, extrapolar el incumplimiento de un solo impuesto al desempeño de todo el sistema de recaudación ignora el volumen y comportamiento de los demás tributos.

Estimaciones y cambios más recientes

Vale mencionar, a modo de contexto, que estimaciones recientes más recientes de la propia DIAN, a corte de 2020, sí sitúan la evasión global de impuestos en un 25%. Como nos explicó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “el recaudo sobre PIB sigue estando en los mismos niveles de antes y básicamente uno diría, relativo al análisis, que la DIAN y la sociedad hacemos reformas tributarias y, de alguna forma, ofrecemos las salidas o las posibilidades para que las empresas y personas paguen menos impuestos”.

A propósito, considerando que los cortes citados por Fajardo son previos a 2020, listamos hitos relevantes que la DIAN ha destacado durante los últimos años como parte de la lucha contra la evasión de impuestos:

• La reforma tributaria de 2022, promovida por el gobierno Petro, introdujo tipos penales efectivos (es decir, cárcel) para evasores reincidentes que incumplan por montos superiores a 1.000 salarios mínimos.
• A través del llamado Plan de Choque contra la Evasión, la DIAN implementó esquemas para perfilar riesgos y cruzar transacciones con el fin de mejorar la fiscalización y los cobros.
• La consolidación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) ha buscado cerrar puertas de elusión para personas jurídicas que no registraban suficiente información sobre sus operaciones.

No encontramos datos recientes que permitan evaluar el impacto de estas medidas, a las que Salazar suma la ampliación gradual de la planta de personal de la DIAN en 10.000 nuevos cargos, pactada en 2023:

“Tenemos 10.000 empleados más de la DIAN respecto a lo que había al principio. Sin embargo, no se recauda más sobre el PIB. Eso también causa preocupación y esos cargos, si algo deberían estar haciendo, es ayudar a reducir la evasión y por ahora no se ha visto”.