3 DATOS CLAVE:

1. #ChequeoPresidenciable: Colombiacheck verificará a las candidaturas tema por tema con base en los datos que usan con más frecuencia para defender sus posturas y promesas. En esta primera entrega, nos centramos en la salud.
2. Paloma Valencia, del Centro Democrático, resalta el aumento de las quejas y tutelas en particular contra Nueva EPS. Su afirmación es “verdadera pero…”, pues acierta en la tendencia alcista de los indicadores, aunque es imprecisa con las cifras.
3. Cepeda saca pecho por los equipos básicos con datos oficiales inchequeables. De la Espriella es impreciso en los términos para describir la crisis financiera del sistema. López exagera sus logros en infraestructura hospitalaria en Bogotá.

Colombiacheck inicia una serie de tres chequeos múltiples a las principales candidaturas presidenciales, cada uno dedicado a un tema clave de la campaña y centrado en los datos o afirmaciones verificables que cada una usa como su principal argumento en la defensa de sus respectivas promesas y posturas.

Esta primera edición aborda la salud. Los dos intentos de reforma legal al sistema, los cambios por decreto, las intervenciones a las principales entidades promotoras del sector (EPS), las solicitudes de retiro de otras y las dificultades para el acceso a medicamentos han sido protagonistas en el gobierno de Gustavo Petro, por lo que el debate frente a la crisis y sus soluciones es de suma relevancia en la campaña.

De las cinco principales candidaturas, cuatro han hecho sendas afirmaciones verificables de manera repetitiva sobre esta problemática. Aunque indagamos en las declaraciones del aspirante por Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, no encontramos pronunciamientos suyos con datos concretos al respecto que cumplieran con esos criterios.

Entre las frases evaluadas, dos se refieren a diagnósticos de la situación actual: la de Abelardo de la Espriella, del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, y la de Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático. El primero apunta a cuestionar las finanzas, mientras la segunda se concentra en las fallas de la atención.

Las otras dos buscan mostrar logros. Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, repite la sacada de pecho de Petro con los equipos básicos en salud (EBS), la principal bandera de la actual administración en la materia. Claudia López, quien aspira con la agrupación de firmantes Imparables, apela a su experiencia en la Alcaldía de Bogotá (2020-2023), sacando pecho con la infraestructura hospitalaria.

La más acertada, aunque no sea exacta, es Valencia, quien obtuvo un “verdadero pero…” con sus cifras de quejas y tutelas contra la intervenida Nueva EPS, pues la tendencia alcista encuentra respaldo en la Corte Constitucional y la propia Superintendencia de Salud. Las demás calificaciones se reparten entre dos cuestionables y un inchequeable.

Estos son los chequeos, en el orden de mayor a menor intención de voto que hasta ahora marca la mayoría de las encuestas más recientes para las cuatro candidaturas:

Iván Cepeda

“En este gobierno se desplegaron 10.000 equipos básicos de atención que llegan a 7,5 millones de hogares”

El candidato repite el discurso del gobierno Petro sobre su programa bandera en salud, con el que el presidente se ha atribuido de forma engañosa cifras como la reducción en mortalidad materna y otros indicadores. Sin embargo, los datos oficiales que usa Cepeda en este caso resultan inchequeables, pues la información pública del Ministerio de Salud es parcial e inconsistente.

El senador dio estas cifras durante un discurso en Ipiales, Nariño, el 17 de enero.  Los mismos datos también aparecen registrados en su programa de gobierno 2026 – 2030.

Los EBS, según el Ministerio, son grupos de profesionales y técnicos, adscritos a los hospitales públicos u otros prestadores de servicios de salud, que llevan atención primaria a las comunidades, principalmente en la modalidad extramural. Su objetivo declarado es el de “facilitar el acceso a servicios e intervenciones” para prevenir o detectar enfermedades más temprano.

Consultamos a Cepeda y su equipo de comunicaciones sobre la fuente de las cifras, pero al momento de la publicación de este chequeo no habíamos obtenido respuesta.

El ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo el 10 de marzo que a la fecha contaban con 10.983 equipos desplegados en los 32 departamentos del país. Le preguntamos a la oficina de Comunicaciones de la entidad dónde se podían consultar esos datos, pero aún no hemos recibido respuesta.

En teoría, están registrados en el Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud (SI-APS), una plataforma que es alimentada por los reportes de cada hospital beneficiario. Sin embargo, la información que se puede consultar en línea tiene inconsistencias.

La epidemióloga y científica de datos Silvana Zapata Bedoya le dijo a Colombiacheck que actualmente no hay forma de verificar ese dato porque eso corresponde a cada entidad territorial a la que el Ministerio de Salud le asignó los recursos: “Hay muchos que ya no tienen contratos, en enero estuvieron muchos por fuera. Entonces, el volumen puede variar muchísimo. Es difícil estimar cuántos son”.

Por su parte, el investigador Johnattan García-Ruiz, consultor en asuntos de salud global y acceso a medicamentos, recordó que antes el Gobierno tenía un tablero con esa información. “Lo quitaron porque ahí en esa misma herramienta era evidente que no tenían esa cantidad de equipos”, señaló.

Los reportes empiezan en marzo de 2024. En ese momento ya había pasado año y medio desde el lanzamiento del Programa Preventivo y Predictivo de Salud del actual gobierno, que supuestamente les dio origen.

En la página hay dos cantidades distintas de hogares atendidos. Con corte a febrero de 2026, el encabezado dice que efectivamente van casi 10 millones reportados desde el inicio de la operación de los EBS, más de la mitad de todos los que tiene el país. La otra cifra, que se ve más pequeña en el tablero interactivo, es 3,5 millones, menos de un tercio de la primera y muy por debajo de lo que afirma Cepeda.

De hecho, los hogares atendidos que menciona el candidato y los que aparecen en el cabezote son muchos más que las personas atendidas que da el tablero inferior: 6,5 millones. Así, incluso si hubiera una sola persona por familia, habría millones de fantasmas.

Consultamos al Ministerio de Salud sobre estas diferencias en las cifras, pero no ha respondido. Para una nota de La Silla Vacía, publicada en marzo de 2026, dijo que los 9 millones de hogares contados hasta entonces salían de un reporte mensual por regiones y los 6 millones de personas atendidas eran de datos que los hospitales envían en tiempo real, pero no explicó por qué la discrepancia es tan grande.

El reportaje también menciona que la entidad cambió la plataforma en la que cada institución prestadora enviaba la información hace algunos meses y no toda la que tenían en la versión anterior migró correctamente. “Unas familias desaparecieron de la base de datos, otras aparecen duplicadas. Nosotros nos guiamos por nuestros registros internos, no los de la plataforma”, le dijo al medio un auxiliar enfermero encargado de cargar los datos.

En teoría, al menos los 3,5 millones de hogares atendidos que aparecen en la base de datos tienen algún sustento. Sin embargo, Zapata explicó que, cuando los EBS arrancaron, los registros los estaban haciendo en papel, sin un aplicativo, y a eso se debe que esta información tenga un rezago tan alto: solo tienen registro en el sistema de información del 34% de hogares caracterizados.

La epidemióloga, experta en sistemas de información, dijo que la diferencia entre los hogares reportados y los caracterizados con datos específicos se debe a que el reporte general no detalla las atenciones reales:

“Hay que desatrasar estas cifras para que sí o sí coincidan. Tenemos información agregada, pero no específica de las visitas y eso genera una brecha importante de más de 5 millones de registros de hogares. Además, al tablero le falta una pestaña que registre cuántos se han atendido en campo y por qué eventos, cuántos se han podido solucionar en el sitio y cuántas se han articulado con la entidad administradora de planes de beneficios, eso es muy importante para la efectividad de la atención primaria”. 

García-Ruiz indicó que la información de las visitas de hogares proviene de los mismos equipos, por lo que hoy sí se podría trazar qué equipos atendieron a qué hogares. “El problema es el acceso a esa información. Los reportes son de los hospitales públicos porque son las ESE [empresas sociales del Estado] las que contratan a los equipos básicos. No hay reporte directo de los equipos al Ministerio de Salud”, dijo.

Además de las inconsistencias en el número de EBS y hogares atendidos, el programa registra aparentes irregularidades en el manejo de los recursos y su uso con fines políticos. En 2025, la Contraloría General de la República exigió explicaciones por el desvío de recursos girados a hospitales para los equipos y que se fueron hacia pagos no autorizados.

Asimismo,  medios como Cambio y La Silla Vacía han revelado que el programa sostiene redes clientelares regionales, mediante la contratación de políticos locales como enlaces territoriales, algunos sin experiencia previa en el sector salud. Entre al menos 12 de estos casos, se destaca incluso un excandidato a la Cámara del Pacto Histórico cercano al ministro Jaramillo.

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Abelardo de la Espriella

“El sistema de salud en Colombia tiene un déficit entre 30 y 40 billones de pesos”

Aunque el rango coincide con cifras como los pasivos o las deudas de las EPS, estos son indicadores distintos. No hay una medición única del déficit del sistema de salud, debido a la multiplicidad de actores y flujos de recursos que lo componen. Por tanto, el candidato incurre en una imprecisión técnica y su frase es cuestionable.

Uno de los escenarios donde De la Espriella dio esas cifras fue en una entrevista con El Colombiano y Teleantioquia emitida el 13 de febrero de 2026: “El sistema de salud tiene un déficit de más de 30 billones de pesos, otros dicen que 40. Es la hora que no se sabe. Esa es la causa financiera”. 

El candidato ha repetido esta idea en otros lugares como antesala para hablar de sus propuestas para el sector. El 8 de febrero, en El Tiempo, calculó “más de 30 y pico de billones”, aunque “otras cuentas dicen que son más de 40 y pico”. En la sección ‘Candidatos al Tablero’ de Noticias Caracol, también sostuvo que “nadie sabe cuál es la deuda total (…) una gente habla de 30, otros de 50 billones”.

Intentamos comunicarnos con el candidato De la Espriella y su equipo de comunicaciones en diversas oportunidades para conocer el origen técnico, el informe o la metodología detrás de estos datos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hemos recibido respuesta.

La Contraloría General de la República ha señalado que la deuda acumulada de las EPS asciende a 32,9 billones de pesos, correspondiente a servicios ya prestados por hospitales, clínicas y otros proveedores. La cifra refleja obligaciones pendientes de pago, no un cálculo global del déficit del sistema.

En una línea similar, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio de promotoras, reportó que los pasivos totales alcanzan los 34,6 billones de pesos a noviembre de 2025. Este valor incluye todas sus obligaciones financieras, mientras que sus pérdidas acumuladas suman 19,4 billones.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) estima la cartera de esas instituciones en 24 billones de pesos, es decir, el dinero que tales prestadores tienen pendiente por cobrar. El rubro, como los dos anteriores, también representa solo una parte del problema financiero.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Salud sostiene que no hay un déficit estructural de recursos, sino un problema en su gestión. Según esa entidad, en 2024 se han identificado 15,79 billones sin trazabilidad clara entre 2020 y 2024.

En ese contexto, aunque algunas cifras se acercan al rango mencionado por De la Espriella, estas corresponden a conceptos distintos (deuda, pasivos o cartera). No son una medición única del déficit del sistema de salud, ya que tal dato no está oficialmente establecido.

El programa Así Vamos en Salud, una veeduría de la sociedad civil, le explicó a Colombiacheck, a través de un cuestionario respondido por su Observatorio Financiero, que no hay estados financieros consolidados del sistema como una sola entidad económica. La dificultad para calcularlo radica en que está compuesto por múltiples actores —promotoras, prestadoras, la Administradora de los Recursos (Adres) y las entidades territoriales— que reportan información de manera independiente.

La misma iniciativa de seguimiento advierte que las cifras que se mueven en el debate público suelen mezclar distintos tipos de problemas financieros, como el déficit operativo del aseguramiento, las deudas acumuladas de las EPS y la cartera hospitalaria. La economista Diana Cárdenas Gamboa, quien dirigió la Adres en medio de la pandemia de covid-19, le dijo a este medio que estas reflejan distintas metodologías para aproximarse a la situación.

El observatorio también aclaró que no es correcto sumar estas cifras para obtener un “déficit total”, ya que muchas representan el mismo flujo de recursos visto desde distintos actores. Por ejemplo, la cartera hospitalaria suele corresponder a obligaciones ya registradas como pasivos por las EPS, lo que puede generar doble conteo.

Cárdenas también señaló que estas estimaciones dependen del momento en que se midan y de la disponibilidad de información, que no siempre es completa. Por ejemplo, advirtió que la falta de reportes financieros actualizados de algunas entidades, como Nueva EPS, introduce incertidumbre sobre el cálculo real del faltante en el sistema.

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Paloma Valencia

“Hoy hay 80% más de tutelas contra la Nueva EPS y 70% más de quejas”

Los registros oficiales de la Corte Constitucional y la propia Superintendencia de Salud del gobierno Petro le dan la razón a la candidata presidencial opositora en que ambos indicadores están disparados. No obstante, su afirmación es ‘verdadera pero…’ porque sus cifras no son del todo exactas.

Valencia dio esos datos en un video publicado el pasado 5 de marzo en su cuenta de X. Un mes antes, difundió una cifra similar sobre el aumento de quejas: en dos trinos (1 y 2), aseguró que los reclamos contra Nueva EPS “se dispararon 76%” entre 2022 y 2025 y citó a la Supersalud.

Su equipo de prensa nos dijo que los datos que ella mencionó son los del visualizador de estadísticas de la Corte Constitucional. Además, compartieron una gráfica que ella misma publicó el 26 de febrero en su cuenta de X con las cifras de todas las tutelas de salud.

Revisamos la plataforma del tribunal, que recoge el número de tutelas que son presentadas cada año. Esos datos se pueden filtrar por derechos demandados; al hacerlo por salud, encontramos que en 2025 se radicaron 312.567 acciones por esa causa, un 17,8% más que en 2024 (cuando fueron 265.173) y el doble que en 2022 (cuando fueron 156.274).

Sin embargo, los datos de ese visualizador realmente no se pueden desagregar por EPS. Por ende, desde ahí no es posible saber cuántas fueron contra Nueva, que es la que menciona la candidata, pues no solo es la más grande sino también de mayoría estatal y está intervenida por el mismo gobierno Petro desde 2024.

Fue a través de un derecho de petición a la Corte que pudimos acceder al listado completo de tutelas presentadas contra esa promotora desde 2021. Según esas cifras, en 2025 se radicaron 107.342 acciones contra esa entidad, un 74,54% más que en 2024, cuando fueron 61.501. Esa cifra está cinco puntos porcentuales por debajo del 80% que mencionó Valencia. No obstante, si se compara con 2022, la variación es de 260,18%.

En el segundo dato, sobre el aumento de quejas contra Nueva, la candidata se refiere a las radicadas en la Superintendencia, que tiene un repositorio con todo el listado desde enero de 2017. Esos datos se pueden consultar fácilmente en este visualizador de datos, que incluso calcula la tasa de reclamos por cada 10.000 afiliados.

Según el histórico de esa EPS, en 2022 se radicaron 239.842 reclamos y la tasa fue de 251,55 por cada 10.000 afiliados. En 2025 fueron 518.194 quejas y una tasa de 442,98. Es decir, entre esos tres años, la tasa creció un 76%, incluso más de lo que dijo la candidata. Solo entre 2024 y 2025, la variación fue de 39,05 %.

La Defensoría del Pueblo explicó, en el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, publicado en noviembre pasado, que los reclamos en salud han mostrado una tendencia creciente en los últimos años por la negación de acceso a tecnologías o servicios de salud. El informe concluyó que el sistema enfrenta una crisis estructural que no es nueva, pero que en 2025 se hizo más crítica por un incremento sostenido de barreras en el acceso y en la disponibilidad de medicamentos en todo el país.

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Claudia López

“Sacamos adelante siete hospitales en Bogotá”

Al revisar el estado actual de las obras, encontramos que la exalcaldesa de Bogotá omite las dificultades estructurales en varios de los proyectos cobijados por el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, avances previos que le permitieron ejecutar otros y las justas dimensiones de cada uno. Por tanto, su frase es cuestionable.

López ha repetido que en su administración se “sacaron adelante” siete hospitales nuevos, como afirma en su página y redes sociales, así como ha  mencionado en entrevistas con medios de comunicación. De hecho, es una versión ajustada del balance de cierre de su mandato, cuando su informe de gestión hablaba de ocho, entre entregados, en construcción y en adjudicación.

Consultada al respecto, la campaña respondió:

“Durante la administración de Claudia López se logró fortalecer la red pública de salud de la Ciudad  con ocho proyectos hospitalarios, logramos la entrega de 4 de ellos: Kennedy, torre urgencias Meissen, Bosa (por APP) y Tintal (pediátrico). Otros 4 quedaron en su proceso constructivo o diseño al cierre de su gestión: Tunal, Usme, Engativá y la Unidad de Cirugía del Simón Bolívar”.

En realidad, solo una de estas obras se reactivó del todo durante su periodo y es una unidad pediátrica, no una institución completa; tres se ejecutaron con ella tras años de estancamiento, pero en parte volvieron a moverse gracias a trámites que recibió listos; otras tres se han retrasado luego de que las inició y una, la que sacó de sus cuentas, se redujo a proporciones muy inferiores a las planeadas.

El siguiente panel incluye los hitos más relevantes para cada intervención. Los que efectivamente ocurrieron dentro de la gestión de López están en la zona resaltada en verde.

La unidad pediátrica del Hospital El Tintal fue modernizada para habilitar quirófanos y cuidados intensivos, inactivos por fallas técnicas desde 2015. La obra, inaugurada en 2023, es la única de las siete que se desprendió enteramente de la gestión de López. Como explica el acto administrativo de justificación, fue a partir del Plan de Desarrollo de su alcaldía que se trazó el proyecto.

Hoy venimos a Kennedy con buenas noticias: entregamos 8 Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas, 4 salas de cirugía y la central de esterilización del Hospital Pediátrico Patio Bonito Tintal.

Este hospital se inauguró en diciembre del 2015, pero por problemas de… pic.twitter.com/8tMHYLHZ0R

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 31, 2023

Por otro lado, se reactivaron y entregaron otras tres obras en el sur de la ciudad: el Hospital de Bosa, la torre 2 del Meissen y la de urgencias en el de Kennedy. No obstante, las recibió ya avanzadas las acciones para lograrlo.

El primero entró a operar cuando la entonces alcaldesa estaba cerrando su periodo. Toda la edificación se llevó a cabo en ese mandato, pero el contrato por asociación público-privada (APP) se proyectó también en los últimos meses de su antecesor, Enrique Peñalosa, por lo que el acuerdo se pudo concretar con ella recién llegada.

La torre del Hospital Meissen estaba paralizada desde 2012 en medio de una crisis financiera y un escándalo de despilfarro de recursos. La construcción se firmó en el año inicial de López y la ejecución terminó tras la inauguración en 2023, aún bajo su administración. No obstante, de forma similar, se debió en parte a que recibió listos el convenio de 2017 y la convocatoria correspondiente de 2019 para esos trabajos.

Insertar video

El caso de las urgencias de Kennedy es parecido. Luego de haber sido calificada como un “elefante blanco” por estar abandonada desde 2013, la torre también entró en servicio en 2023 con obras hechas sobre todo en su alcaldía. Sin embargo, la de Peñalosa suscribió el contrato de estudios y diseños en 2018 para conseguir la licencia de construcción. Así lo demuestra el Informe Final de Supervisión.

Proyectos en el limbo

Otros tres hospitales estaban menos avanzados a su salida del Palacio Liévano de lo que indica su sacada de pecho: el de Usme, la torre de urgencias de El Tunal y las salas de cirugía del Simón Bolívar.

La megaobra del primero sufrió múltiples prórrogas e incumplimientos. Aunque la administración López reportó un avance de 85%, los servicios ambulatorios solo abrieron en febrero de 2026, más de un año después de que dejó el cargo, ya bajo la gestión de Carlos Fernando Galán. A día de hoy, sigue pendiente la entrega total.

Una situación más grave ocurre en El Tunal. A pesar de que su alcaldía la inició en 2022 con plazo de un año, el contratista original se declaró insolvente y dejó la obra con un avance mínimo. Actualmente, el proyecto apenas lleva un 40% de ejecución y su terminación se estima para 2027.

Por su parte, la modernización de los quirófanos del Hospital Simón Bolívar también enfrentó una ejecución lenta. Hasta ahora entregaron apenas dos salas, tras años de retrasos.

El hospital  que desapareció de la cuenta

La reducción de la cifra de ocho a siete hospitales en el discurso de la candidata coincide con el fracaso del Gran Parque Hospitalario de Engativá, concebido como una gran APP de alta complejidad. 

Según nos aseguró el equipo de campaña de la candidata, “el hospital de Engativá Calle 80 tenía todo listo para ejecutarse: vigencias futuras aprobadas, estudios y diseños adelantados, proceso de contratación estructurado. La actual administración tomó la decisión de cancelarlo”. En efecto, el proyecto fue suspendido en 2024 por un viejo pleito jurídico sobre la tenencia de la tierra y se tuvo que redimensionar a una torre de urgencias más modesta, reorientando los recursos sobrantes a otros hospitales.