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Cuestionable
El usuario en X Juan David Pedraza (@juanda158392211) publicó el domingo una imagen con un balance de la cocaína decomisada por el presidente Gustavo Petro en 2023, de 739,5 toneladas, y en “24 meses” por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), de 262,3 toneladas.
“Por esto y más hay que salir q marchar el 1 de mayo”, escribió el usuario, uniéndose así a la convocatoria a las calles del mandatario colombiano para este miércoles en defensa de sus reformas sociales.
La imagen también fue compartida por otras cuentas afines al petrismo y las cuales también han promovido en sus publicaciones la marcha de este 1 de mayo. Entre ellas, Mamertos 2.0 (@Mamertos0), que obtuvo más de 38.000 visualizaciones, X Post 1A (@XPost1A), la cual recibió 19.000 visualizaciones, y Anti fascista fan (@fuelsmicroalgae).
Tanto a @juanda158392211, como a la mayoría de los otros perfiles, los hemos chequeado por publicar desinformaciones a favor de la actual administración (1, 2, 3, 4, 5, 6).
En Colombiacheck verificamos esta publicación y concluimos que es cuestionable. La imagen establece una comparación desigual entre un periodo de 12 meses con respecto a otro de dos años, en contextos muy diferentes. Además, si bien el gobierno Petro tuvo un récord de decomisos de cocaína el año pasado, también existen registros del aumento de los cultivos y la producción de coca.
Igualmente, expertos coinciden en que no se puede evaluar el éxito de su política antidrogas solo por las incautaciones.
La fuente acerca del número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el país es el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sin embargo, al momento de esta verificación, esta oficina no había publicado su último informe de monitoreo correspondiente a 2023 (esperado para mediados de este año).
Por su parte, el Observatorio de Drogas de Colombia, perteneciente al Ministerio de Justicia, señala que el año pasado el gobierno Petro logró el decomiso de 739,5 toneladas de cocaína, lo cual coincide con lo que afirma la imagen de redes sociales.
Esta cifra contempla las confiscaciones dentro del territorio nacional, así como los resultados de operaciones internacionales y como parte de acuerdos marítimos.
En el último informe de indicadores de seguridad y operacionales del Ministerio de Defensa, en cambio, se precisa un valor ligeramente diferente de 739, 6 toneladas incautadas en 2023.
Fuente: MinDefensa.
En cuanto a los datos sobre las incautaciones durante el gobierno de Uribe, es importante señalar que la publicación en redes sociales no especifica a qué período de 24 meses se refiere. A pesar de esta falta de claridad, revisamos los informes de la UNODC entre 2002 y 2010, periodo en el que Uribe fue presidente, y hallamos que el total de 262,3 toneladas de cocaína decomisadas corresponde al acumulado de 2005 y 2006.
Uribe fue presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
La comparación que establece la imagen difundida en redes es engañosa, pues pretende equiparar 12 meses del gobierno Petro con 24 de la administración Uribe, lo cual en duración no es lo mismo, además, omite los contextos en ambos periodos.
Desde su llegada, el presidente Petro ha propuesto un cambio en la política antidrogas en el país. Su enfoque pasa por acabar la dependencia de poblaciones de la economía de las drogas, así como evitar la criminalización de los campesinos. “Descriminalizar conductas y llevar la acción represiva hacia los grandes capos”, escribió el presidente el 24 de marzo.
También se centra en la asfixia contra “actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico”, es decir, en atacar la infraestructura de la producción.
Para Ana María Rueda, coordinadora de la unidad de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en los últimos años el gobierno de Petro no ha implementado ninguna acción efectiva para reducir los cultivos.
La experta considera que esta es la principal diferencia con Uribe, quien empleó una serie de acciones de forma continua y consistente, tales como la erradicación manual, aspersión aérea y desarrollo alternativo, para eliminar cultivos ilícitos.
Señaló que mientras Uribe priorizó la recuperación territorial, que es en dónde confluyen la política de seguridad y la política de drogas, el gobierno de Petro ha intentado aplicar la Paz Total en los territorios.
“El gobierno de Uribe reforzó la visión del paradigma tradicional de la prohibición de las drogas. El gobierno de Petro defiende cambios en las narrativas tradicionales y propone modelos regulatorios del cannabis para fines recreativos y usos alternativos de la hoja de coca”, apuntó.
Aunque el Gobierno Petro ha destacado en varias oportunidades la cifra récord de incautaciones de cocaína, a la par han aumentado los cultivos de la coca. A final del año pasado, el país reportó 246.000 hectáreas de acuerdo con un informe técnico de la Policía Nacional con imágenes de alta resolución y que fue reseñado por la agencia AP.
Este registro es paralelo al de la UNODC, la cual hasta el momento de este chequeo no había publicado la información de cultivos en 2023, sin embargo, en reportes anteriores alertó de un incremento de las áreas dedicada a la planta de hoja de coca en el país.
En 2022 (cuando el presidente Petro asumió), los cultivos de coca tuvieron un pico histórico, con un alza de 12%. A pesar de que este aumento es menor del que se dio entre 2020 y 2021 (43%), fue significativo porque muestra la tendencia alcista de la producción desde el año 2020.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El potencial de producción de coca según la oficina de la ONU también incrementó casi una cuarta parte, pasando de 1.400 en 2021 a 1.738 toneladas métricas en 2022.
Si uno compara, la cantidad de cocaína decomisada versus la producción potencial, obtenemos un pico en el 2022 de la droga que no fue confiscada.
También se debe destacar que la erradicación manual de los cultivos de coca bajó más de 70% el año pasado, según el Observatorio de Drogas de Colombia. Cayó de 68.973 hectáreas erradicadas en 2022 a 20.324.
Además, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos durante esta administración aún no muestra un plan concreto para reemplazar esta actividad por proyectos productivos.
Expertos consultados coincidieron que el impacto de las incautaciones de drogas por si solo no constituye un indicador para evaluar el desempeño de la política antidrogas del país. De hecho, entre 2019 y 2021 también se rompió el histórico de decomisos de cocaína mientras que a la par aumentaba la producción.
Rueda, coordinadora de la FIP, señaló que la incautación solo responde a uno de los objetivos de la política, que es la de luchar contra los eslabones superiores de la cadena y reducir el tráfico de drogas, pero por si solo no indica que toda la política antidrogas sea un éxito, aunque puede mostrar que va bien.
Para Daniel Rico, investigador en temas de economías ilegales y desarrollo rural, el decomiso de drogas es un indicador secundario, a su juicio principalmente por la acción de la Armada nacional, pero “eso no es una buena noticia y no significa que estemos ni ganando la lucha contra las drogas, ni que los narcotraficantes estén produciendo y exportando menos cocaína”.
“La verdadera pregunta debería ser no es cuánta cocaína incautan, sino cuánta sale finalmente al mercado”, apuntó.
Agregó que más allá de los decomisos, ha desaparecido la aspersión aérea, el control de insumos y precursores, la sustitución de coca, y no existe ninguna otra herramienta de política pública para combatir la producción de droga.
Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, señaló a La Silla Vacía que las incautaciones realmente significativas son aquellas donde se decomisa más de media tonelada de droga. De acuerdo con cálculo del medio, con base en datos del Ministerio de Defensa, en 2023 solo el 4% de las incautaciones superaron esa cantidad.
“Si lo que está haciendo el gobierno es moverse de esas pequeñas incautaciones de cocaína para incautaciones grandes, dos o tres toneladas de cocaína que realmente tengan la capacidad de afectar a las organizaciones criminales sería una medida conveniente”, dice Marin.
Marcela Magallanes, candidata a doctorado en la Universidad de Salerno y analista de asuntos internacionales de seguridad en América Latina, señaló que aunque las incautaciones pueden ser un indicador de los esfuerzos realizados para combatir el narcotráfico, el aumento de los cultivos de coca sugiere que el problema aún persiste y puede estar en aumento.
“La eficacia de la política antidrogas debe evaluarse en función de una serie de factores, incluyendo la reducción de los cultivos de coca, la interrupción de las cadenas de suministro de drogas y la prevención del consumo de drogas, entre otros”, apuntó.
En resumen, concluimos que resulta cuestionable la imagen sobre el balance de droga incautada por los gobiernos de Uribe y Petro. En primer lugar, la publicación compara un período de 12 meses con otro de dos años, lo cual es una comparación desigual en tiempo y en contextos muy diferentes. Además, aunque el gobierno de Petro alcanzó un récord en incautaciones de cocaína el año pasado, también se registró un incremento en los cultivos y la producción de coca. Asimismo, expertos coinciden en que no se puede evaluar el éxito de su política antidrogas únicamente por el volumen de droga incautada.