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Falso

Jueves, 22 Julio 2021

Con el Estatuto Temporal de Protección no ‘se sacó a colombianos para meter venezolanos al Sisbén’

Por Laura Rodríguez Salamanca

Antes de que se anunciara el mecanismo, los migrantes regulares podían acceder a esta encuesta de clasificación. El Estatuto permitirá que más personas se regularicen y puedan solicitarla, pero incluirlos no implica que haya que excluir a los nacionales.

El 20 de junio de 2021, con ocasión del Día Mundial de los Refugiados, el presidente Iván Duque hizo una publicación en Twitter en la que habló sobre el Estatuto Temporal de Protección y mencionó que para ese momento habían sido “registradas más de un millón de personas” en este mecanismo. 

Un usuario respondió al trino del mandatario con el siguiente comentario: “Sacaron a colombianos de el sisben para meter venezolanos! Y agarrarse lo q dan los otros países de dinero! (sic)”.

Esta es solo una muestra de las desinformaciones que han surgido en redes sociales desde que el presidente anunció, el 8 de febrero de 2021, la implementación de este mecanismo jurídico que busca facilitar la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia. En Colombiacheck hemos verificado varias publicaciones en las que se menciona falsamente, por ejemplo, que el estatuto facilitará que los migrantes voten en las elecciones presidenciales de 2022 o les otorgará cédulas de ciudadanía (lo que en Venezuela se conoce como cédula de identidad). 

Esta vez, como parte del proyecto en el marco del proyecto Conectando Caminos Por Los Derechos, verificamos si es cierto que con el Estatuto Temporal de Protección se está desvinculando a los colombianos del Sisbén para incluir a los migrantes venezolanos y encontramos que es falso. La desinformación mezcla varias inexactitudes sobre el funcionamiento de este mecanismo jurídico, del Sisbén y sobre la financiación de programas con fondos de cooperación internacional.

Vamos por partes. El Sisbén, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es un mecanismo que a partir de una encuesta permite clasificar en grupos a la población de acuerdo con sus condiciones de vida y sus ingresos. 

Según se explica en la página web del sistema,“esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan”. Sirve, por ejemplo, como uno de los criterios para elegir a los beneficiarios del programa Familias en Acción o para identificar a las personas que se pueden afiliar al régimen de salud subsidiado.

Pero, como se aclara en su portal web y hemos explicado en varias verificaciones, el Sisbén no es en sí mismo un programa social y tampoco se refiere al régimen subsidiado de salud, como muchas veces se dice erróneamente.

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Captura de pantalla sitio web del Sisbén. 

De acuerdo con el área de comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que se encarga del Sisbén, para solicitar la encuesta y hacer parte de este sistema solo “se debe tener un documento de identificación válido [en Colombia] y tener un sitio habitual de residencia”, requisitos que actualmente también aplican para los migrantes.

Según nos explicaron en la misma entidad, “antes de la entrada del Estatuto Temporal de Protección [el 5 de marzo de 2021 salió el decreto], los migrantes venezolanos podían acceder a las encuestas del Sisbén siempre y cuando contaran con su documento de identificación vigente en el país”, el cual puede ser la cédula de extranjería, el salvoconducto para refugiados o el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que hoy en día no se está emitiendo debido a que se reemplazará por el Permiso por Protección Temporal a partir de diciembre de 2021.

Es decir, que para estar en el Sisbén los migrantes deben ser regulares en el país y tener un lugar de residencia. 

Como lo hemos venido explicando, el objetivo del Estatuto Temporal de Protección es facilitar la regularización de muchos migrantes que por diversas condiciones no pueden hacerlo de la misma manera que los ciudadanos provenientes de otros países. A través de este mecanismo, muchos venezolanos residenciados en Colombia, y que cumplan con varios requisitos, obtendrán el Permiso por Protección Temporal (PPT), que funcionará como su documento de identidad. 

“Es importante decir que existe un período de transición de 2 años, durante los cuales seguirán siendo válidos y vigentes los PEP y los salvoconductos, una vez pasen esos 2 años, los documentos válidos de permanencia en el país serán la cédula de extranjería y el PPT”, nos explicaron en el DNP. 

Entonces, el Estatuto facilitará la inclusión de más migrantes venezolanos en el Sisbén porque muchos de los que están en situación de irregularidad podrán tener un documento válido en Colombia y cumplir con los requisitos. 

Pero, contrario a lo que dice la desinformación, para vincular a nuevas personas al Sisbén no es necesario excluir a los ciudadanos nacionales. De acuerdo con el DNP, la razón es que “en el sistema de identificación de potenciales beneficiarios, Sisbén, puede estar todo el país si es necesario, no hay un límite”.

Además, que los migrantes sean incluidos en el Sisbén no garantiza que tendrán acceso a ayudas estatales o programas sociales. En el sistema se clasifica a las personas en grupos (antes eran puntajes) según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida, que van desde la población en extrema pobreza a la población no pobre o no vulnerable.

Entonces, no solo las personas en condición de vulnerabilidad están en el sistema. Y es menos probable que quien quede en el grupo de población no pobre acceda a ayudas estatales.

Grupos_Sisben

Captura de pantalla sitio web del Sisbén. 

Así mismo, según nos dijeron en el DNP “el Sisbén es un insumo para los programas, pero la definición de beneficiarios la hace directamente cada programa. En este sentido, la vinculación de migrantes venezolanos a los diferentes programas sociales depende de cada programa, mas no del Sisbén”.

A esto hay que sumarle, como nos explicó Juan Manuel Caicedo, jefe de prensa de Migración Colombia, que no es posible que con el Estatuto Temporal de Protección se esté o se haya desvinculado a los colombianos del Sisbén para incluir a los migrantes venezolanos porque este mecanismo aún no ha entregado ni el primer documento de identificación a los migrantes. 

“El estatuto está compuesto por tres fases y el venezolano solo puede llegar a cambiar su condición migratoria, que es un aspecto fundamental para poderse meter en el Sisbén, hasta el final de este proceso. La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre. La tercera fase, hasta octubre. Es decir, los primeros venezolanos van a obtener el documento hasta el mes de octubre”, le dijo a Colombiacheck. 

En este momento el estatuto está en la etapa de inscripción de los ciudadanos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos – RUMV. La segunda etapa consiste en la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico. Y cuando se inicie la tercera etapa los migrantes recibirán en un período de 90 días la decisión o no de recibir el PPT. 

“Hasta el momento ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto. Están en proceso para beneficiarse. Aún no cambia su condición migratoria”, agregó Caicedo.

 

Finalmente, es necesario aclarar que la desinformación objeto de este chequeo también se basa en la incomprensión sobre el funcionamiento de la cooperación internacional en Colombia. 

En palabras de María Clara Robayo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “es muy difícil que dineros de cooperación internacional vayan, por ejemplo, a fortalecer el Sisbén, al sistema de salud colombiano o a solventar los problemas estructurales internos del país porque esa es una responsabilidad del Gobierno Nacional”. 

De acuerdo con la experta, “la cooperación internacional, por lo general, se mueve con proyectos específicos que ni siquiera maneja el gobierno colombiano, sino que manejan algunos intermediarios y algunas entidades o asociaciones con proyectos específicos para poblaciones focalizadas”.

Además, “la cooperación internacional está enfocada en población migrante, aunque muchos organismos internacionales están interviniendo en poblaciones vulnerables colombianas y venezolanas para que tengan efectivamente un resultado benéfico para la comunidad y no solamente para una nacionalidad específica”.

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que está conformado por 61 organizaciones nacionales e internacionales y se encarga de coordinar la respuesta a las necesidades de refugiados, migrantes, retornados colombianos y población de acogida, le confirmó a Colombiacheck que los fondos de cooperación no llegan al Sisbén

De acuerdo con una respuesta que la organización nos envió a través de WhatsApp, “los fondos de la cooperación internacional son específicamente para proyectos de atención a población refugiada y migrante de Venezuela y las comunidades de acogida. (...) Cada uno de esos proyectos debe ser validado por entidades de Gobierno, ya que el trabajo en torno a la emergencia de refugiados y migrantes es complementario al trabajo de la institucionalidad. [Y] los fondos de la cooperación NO llegan a una gran arca de la cual se van sacando recursos. Los fondos se asignan a proyectos específicos, con base en convocatorias con un enfoque, un objetivo y una población meta determinados”. 

Así mismo, hay que añadir que, de acuerdo con la organización, no solo los migrantes se benefician de estos proyectos financiados con recursos de cooperación internacional. “Estos fondos siempre se dividen entre población venezolana y comunidad de acogida, en porcentajes que oscilan entre 60/40% y 70/30% (población venezolana/comunidad de acogida)”. 

Con esta información, calificamos como falsas las desinformaciones y rumores en las que se señala que con el Estatuto Temporal de Protección se está sacando a los colombianos del Sisbén para incluir a los venezolanos y, de este modo, robar los recursos de cooperación internacional.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

 

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Viernes, 03 Diciembre 2021

Es inchequeable la cifra de Alejandro Gaviria sobre el gasto de salud para atender a migrantes venezolanos en Colombia

Por Jhoandry Suárez*

El precandidato presidencial señaló que la atención sanitaria de las personas provenientes de Venezuela costaba entre 350 y 500 mil millones de pesos al año. A pesar de consultar datos del Ministerio de Salud, de la Contraloría, Banco de la República, no se pudo corroborar el gasto total anual ya que es confidencial.

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria señaló durante una entrevista de La Silla Vacía, el 5 de noviembre de 2021, que la atención de salud para los migrantes venezolanos rondaba los 350 y 500 millones de pesos anuales, aunque no explicó de dónde provenía este cálculo.

“Mi política sería la integración plena de los ciudadanos, que implica, por ejemplo, su cobertura plena de salud, que me parece un tema fundamental. Creo que cuesta 350 mil millones 500 mil millones de pesos al año”, señaló el exministro de Salud. 

En Colombiacheck, en el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el cual se hacen verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, nos dimos a la tarea de verificar la cifra. Aunque algunos datos son confidenciales y existen limitaciones para su acceso, lo que nos lleva a calificar como “inchequeable” la declaración de Gaviria, procedimos a intentar comprobarla a la luz de la información que pudimos obtener. 

Buscamos contactar al también exrector de la Universidad de los Andes a través de su cuenta en Twitter (1, 2, 3) y vía Whatsapp (1, 2) para conocer en qué se basaban sus números, pero al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, procedimos a consultar fuentes oficiales y documentos. 

Primero procedimos a esclarecer si la población migrante y refugiada venezolana tenía cobertura plena de salud en Colombia y determinamos que no. Para que esto ocurra las personas procedentes de Venezuela deben estar afiliada al régimen contributivo o subsidiado para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pero apenas un 23,5% lo está, según datos aportados por el departamento de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Cobertura plena significa que la persona entra al sistema de salud, ya sea en régimen subsidiado o contributivo. Lo que tiene cualquier migrante sea el que sea su estatus, así haya llegado por trocha, es atención de emergencia por ley. Por eso el tema de la regularización es clave para que puedan ingresar al sistema de salud”, explica el profesor Andrés Segura, consultor de asuntos públicos y migración. Así lo explicamos antes en Colombiacheck.

A propósito, Lucia Ramírez Bolívar, coordinadora de temas de migración en Dejusticia, coincidió que el estatus migratorio sigue siendo un obstáculo para el derecho a la salud de los venezolanos. "Presentan barreras para acceder a tratamientos médicos, cirugías, medicamentos de consumo permanente que no se atienden con una emergencia. Ha habido ciertos avances gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...) y la respuesta del Estado ha sido progresiva, esperamos que con el Estatuto Temporal las barreras se eliminen", sostuvo.

En la Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela contemplada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su CONPES 3950, de noviembre de 2018, se incluyeron varias acciones en áreas como la educación, empleo, seguridad y por supuesto en salud, específicamente para incrementar la afiliación de los migrantes. El plan previó una inversión total de 422.779 millones de pesos en cuatro años desde 2018 hasta el 2021.

Durante la investigación sobre números más actualizados del gasto total en salud para la población venezolana, encontramos una traba y es que el dato de financiamiento es confidencial, así lo revela Ronald Rodríguez, profesor y vocero del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. 

“El Estado determinó que eso era información que no era de acceso público, ya que podría causar tensiones y xenofobia. Esto es así desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos”, explica Rodríguez.

Aun así, decidimos hacer un acercamiento de lo que sería el costo y para ello analizamos por separado cuánto sería el gasto en aseguramiento y la deuda de hospitales por servicios a migrantes venezolanos para intentar comprobar si estas cifras coincidían con las de Gaviria. 

En cuanto al gasto de aseguramiento, lo primero que hicimos fue calcular a cuánto podría ascender el financiamiento del Estado colombiano para los 205.577 migrantes activos en el régimen subsidiado si multiplicábamos esa cantidad por la actual Unidad de Pago por Capitación (UPC) de $872.496. El resultado es casi 180 mil millones de pesos. Es decir, este número está muy por debajo de lo que dijo el candidato presidencial, sin embargo, desde el Ministerio de Salud hacen una aclaratoria. 

"Estos datos se mueven muy rápido y por la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección se espera mayor regularización y mayor probabilidad de afiliación. Por lo tanto, es muy factible que en el 2022 la UPC anual del régimen subsidiado de toda la población migrante cueste más o menos eso, pero si se regularizan más, costará más", indica Andrés Olaya, consultor de aseguramiento en salud para poblaciones migrantes.

Por otro lado, procedimos a conocer la deuda a hospitales públicos por servicios a migrantes venezolanos. El contralor general de la República, Felipe Córdoba, aseguró el 5 de octubre de 2021 que la deuda del gobierno nacional con los hospitales públicos por la atención de urgencias de la migración venezolana alcanzaba los 407 mil millones de pesos en los últimos tres años, es decir, un promedio de 135 mil millones anuales pero en deuda.

De hecho, recientemente se procedió al pago de lo adeudado a los hospitales hasta el 30 de abril de este año a través de la Resolución N° 1897, del 24 de noviembre de 2021, por el monto de $460.423.542.200. 

Adicionalmente un estudio publicado por el Banco de la República en mayo de 2020, titulado Impacto fiscal de la migración venezolana, recopila datos del Ministerio de Salud que revelan que los costos acumulados por servicios para los venezolanos entre 2017 y 2019 se ubicaron en 616.235 millones de pesos (557.423 millones de la red pública y 58.812 del régimen subsidiado), lo que significa una media de 205.411,66 millones de pesos por año. 

Gasto fiscal en migrantes según Banco de la República

El mismo texto presentaba una serie de estimaciones del costo fiscal entre el régimen subsidiado asociado a la migración y los servicios de urgencia el cual podría ascender a $1 billón en 2020 y $1,2 billones en 2021. Sin embargo, estas cifras fueron publicadas antes de crisis de la pandemia del Covid-19 y el proceso de vacunación, además, son solo proyecciones.

Por lo tanto, aunque se determina que en estos momentos los migrantes no tienen cobertura plena de salud e intentamos comprobar la veracidad de las cifras aportadas por Gaviria, las limitantes de acceso a información nos llevan a calificar sus declaraciones como inchequeables.  

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.