En una publicación de Facebook, compartida 29.000 veces, aseguran lo siguiente: “Duque afirma que gastó 117 billones en pandemia, es decir “cada colombiano ha recibido 2’340.000 pesos en ayudas-subsidio”.

Sin embargo, al verificar este mensaje que se volvió viral en redes encontramos que es cuestionable. Lo único real es la cifra, que corresponde con la que ha anunciado el Gobierno como inversión de cara a la crisis económica y sanitaria por el COVID-19 y que, de hecho, sí ha sido cuestionada por expertos. Pero las declaraciones del mandatario están descontextualizadas, mientras que el cálculo por persona se basa en una simple operación matemática que tampoco corresponde con la realidad.

El pasado 27 de mayo, en su programa de televisión diario sobre la gestión del Gobierno frente a la emergencia global, Duque presentó un gráfico sobre “todo el aporte económico que ha hecho Colombia” con ese propósito. “Estamos hablando de casi 11,04 por ciento del PIB [producto interno bruto]. Es una cifra que supera los 117 billones de pesos”, agregó.

En seguida mostró un diagrama para especificar los diferentes rubros sumados para obtener esos datos. El mayor equivale a 60,2 billones de pesos, 5,67 por ciento del PIB, de capitalización al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para créditos de nómina. Le siguen 24,8 billones, 2,33 por ciento del PIB, que corresponden al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y 23 billones, 2,17 por ciento del PIB, que el Banco de la República destinó a subastas de liquidez, entre otros.

Esto implica, en primer lugar, que los 117 billones totales no son para distribuirlos solo en ayudas y subsidios para ciudadanos individuales y que incluyen medidas que no dependen exclusivamente de Presidencia. En particular, este es el caso de los recursos inyectados al sistema financiero por el Emisor que, como explicamos en otro chequeo, tiene una junta directiva que toma esas decisiones con independencia del mandatario de turno.

De hecho, Duque le dio paso enseguida al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien afirmó que “el Estado, como un todo, ha venido haciendo un esfuerzo muy, muy grande por atender la emergencia”. Así, reconoció que las cuentas presentadas en el gráfico incluían recursos de entidades estatales en general, no solo la plata que depende directamente del primer mandatario y su gabinete.

Por otro lado, la revisión de los datos presentados en la emisión también permite concluir que estaban contando dineros que no habían sido utilizados todavía sino que se habían dejado disponibles para usarlos más adelante. Es el caso, por ejemplo, de los que están destinados a garantizar los créditos de nómina en caso de que las empresas beneficiarias incumplan con los pagos en el futuro.

Otros rubros, en lugar de ser ayudas entregadas, correspondían a alivios por los que la Nación dejó de recibir recursos. De esta manera, incluyeron 2,21 billones de pesos por descuentos o aplazamientos en el cobro de impuestos dentro de los 117 billones totales.

Hacia el final de su intervención, que duró casi cinco minutos, Londoño resumió los “esfuerzos” con la mención de varias categorías, con lo que corroboró lo anterior. Dijo que las medidas contabilizadas eran “de gasto directo, de compromiso de recursos futuros en caso de que los créditos no se den, de disminución de ingresos por parte de la Nación al decir ‘no cobro ciertos impuestos’ y de disponer de recursos para para que todo nuestro sistema de intercambio funcione, como lo ha hecho el Banco de la República”.

Las críticas al gobierno

El comunicado que emitió el gobierno ese día, con base en las cifras y declaraciones de Duque y Londoño en el programa, cambió los tiempos verbales usados por ellos (“Colombia invierte”, “está invirtiendo”) pero mantuvo las cifras. Estas fueron defendidas un mes después por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, en entrevista con el diario El Tiempo, después de que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un informe en el que cuestionó la manera de sumar del gobierno.

El documento académico señaló que los recursos dispuestos para garantía de créditos no cuentan como gasto en la atención de la pandemia. De entrada, esto excluyó 6 de los 11 puntos del PIB que habían incluido en sus cuentas tanto el presidente como el usuario de Facebook que calculó la supuesta repartición.

“La principal fuente de recursos que verdaderamente pueden constituir un gasto”, según la institución, es el FOME. No obstante, el decreto que lo creó también admite que la plata sea utilizada en capitalizaciones y garantías, como está explicado en el especial de Colombiacheck y Cuestión Pública que detalla la norma. En todo caso, el fondo representa una quinta parte de los 117 billones y apenas el 2,4 por ciento del PIB. Además, esta cifra era apenas de recursos disponibles “a la mano”, pero tampoco correspondía a lo ya gastado, como se interpreta en la publicación viral.

“Si bien no es de esperarse que todos los recursos destinados a la emergencia hayan sido ejecutados, es extremamente preocupante –e incumple con el espíritu de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014)– que no exista un plan de gasto detallado para la respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público, y que la única fuente a través de la cual la ciudadanía puede enterarse de los planes del gobierno sean declaraciones casuales de funcionarios”, advirtió el informe del Observatorio Fiscal.

Hasta el pasado 3 de agosto, el FOME había desembolsado 11,2 billones de pesos, el 44 por ciento de su contenido. De este monto, la universidad confirmó que 7,9 billones se destinaron a subsidios. Esto es apenas el 6,7 por ciento de los 117 billones que la publicación divide con ligereza entre 50 millones de colombianos.

El Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias con el objetivo de centralizar los recursos destinados a la atención de la #pandemia del #COVID19.

En el @ofiscalpuj de @UniJaveriana le hacemos seguimiento al #FOME y les contamos cómo va el uso de estos recursos. pic.twitter.com/ADTsL099GN

— Observatorio Fiscal (@ofiscalpuj) August 5, 2020

Ni siquiera ese monto, mucho más pequeño, se reparte así. Un poco más de la mitad, 4,1 billones de pesos, fueron para financiar el programa Ingreso Solidario. Este beneficia a 3 millones de personas que están por fuera de otros programas sociales del Gobierno y que se escogen por medio de un cruce de bases de datos para que sean quienes realmente lo necesitan, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación en la resolución y el manual operativo sobre este beneficio.

Otros 2,1 billones han sido para las transferencias adicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Estos tres programas están dirigidos a familias pobres, indígenas, afrodescendientes o víctimas del conflicto armado. También se utilizan bases de datos para focalizar la ayuda, en especial el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén).

Los 1,7 billones de pesos restantes son de subsidios a la nómina, aunque el Gobierno asegura que otros 700.000 millones corresponden a giros de agosto, con lo que serían 2,4 billones. Estos recursos pertenecen al Programa de Apoyo al Empleo Formal, destinado a las empresas que hayan perdido por lo menos una quinta parte de su facturación debido a la crisis por la pandemia, para que el Estado cubra el 40 por ciento de un salario mínimo de sus empleados.

¿Dónde están reportados los 2,4 billones de pesos? Hacen falta $0,7 billones que @Minhacienda reporta como girados, pero que no aparecen en el @pteColombia. #Covid19Colombia https://t.co/rcrhyRzeFb

— Observatorio Fiscal (@ofiscalpuj) August 5, 2020

En resumen, el estado de Facebook es cuestionable porque el gobierno sí ha dicho que el Estado ha hecho “esfuerzos” por 117 billones de pesos para atender la crisis por el COVID-19, pero todavía no se ha gastado toda esa plata y la cifra tiene varias imprecisiones sobre lo que se puede considerar gasto del Gobierno.  Entre tanto, el pequeño porcentaje que sí se ha ido ya en subsidios nunca estuvo destinado a repartirse por igual entre todos los habitantes del país, sino entre poblaciones pobres, más vulnerables o con mayor afectación económica por la emergencia.