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Chequeo Múltiple

Miércoles, 03 Agosto 2022

Cumplida, pero

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 3




“1,7 millones de víctimas ya no serán vulnerables”

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno de Iván Duque, se estableció que para este cuatrienio 1,7 millones de víctimas ya no serían vulnerables. Teniendo en cuenta el reporte anual de la Unidad de Víctimas, con corte a diciembre del 2021, 2 '892.968 víctimas superaron su condición de vulnerabilidad, lo que corresponde a un cumplimiento de la meta del gobierno Duque frente a este punto.

Así lo registra el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Planeación Nacional, a pesar de las críticas que hay por la manera en la que se mide esa superación de la vulnerabilidad. Por ello Colombiacheck califica la meta del presidente como cumplida, pero…

 

Cifras entregadas por la Unidad de Víctimas a Rutas de Conflicto y Colombiacheck. La entidad señala que su fuente es el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 

La Unidad de Víctimas mide los indicadores que determinan si una persona ha superado su vulnerabilidad con base en los criterios establecidos en la Resolución 2200. Uno de estos criterios es la superación de un umbral del Índice Global de Restablecimiento Social y Económico, el cual consiste en medir el nivel de cumplimiento de los derechos como la identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, generación de ingresos y atención psicosocial.  Si el resultado de esta medición es 1, se considera que la víctima en situación de vulnerabilidad superó su condición.  

 

Fórmula establecida para medir el índice Global de Restablecimiento Social y Económico. Foto sustraída de la Resolución 2200.

Por otro lado, si la persona pertenece a un hogar cuyos ingresos mensuales son superiores a 1.5 veces por encima de la línea de pobreza estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o cumple los criterios asociados a los derechos de generación de ingresos, vivienda y alimentación definidos a partir del puntaje Sisbén IV que identifiquen su nivel de estabilización social y económico, también salda su situación de vulnerabilidad. 

El segundo criterio corresponde a la manifestación espontánea, libre voluntaria y consciente de la superación de la vulnerabilidad. Esta manifestación voluntaria se realiza ante la Unidad de Víctimas a través de los formatos y protocolos establecidos por ellos.

El 20 de julio de 2021, Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, enfatizaba durante su discurso que en su gobierno, para diciembre del 2020, “había logrado que 700.000 víctimas superaran su condición de vulnerabilidad”. Los datos fueron verificados por Colombiacheck y coincidían con lo registrado en el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV) en Colombia para esa fecha. 

Sin embargo, hay varios puntos que se siguen cuestionando sobre cómo se mide la SSV. Recordemos que en su informe anual del 2020, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, resaltó que “faltaba mucho” para hablar de la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Eliana Díaz Lemus, delegada de la Contraloría para el Sector Social, expresó en entrevista con el medio que han existido esfuerzos y avances importantes en la superación de este indicador, pero que aún no se han tomado medidas más serias para solventar a la población víctima histórica, y a la que sigue entrando en esta condición con el pasar de los años. 

“El presupuesto no daba para cubrir las metas trazadas por el gobierno Duque. No hay un análisis total y real sobre lo que está pasando con las víctimas y la SSV. La Contraloría ha hecho un llamado constante a la revisión del costo para el cumplimiento de estos objetivos antes de la prórroga de la Ley de Víctimas”, agregó Díaz Lemus. 

La Mesa Nacional de Víctimas de Colombia le manifestó a este medio su preocupación porque ven muy lejos la posibilidad de ser reparados integralmente como lo indica la Ley 1448. Enfatizando en lo también mencionado por la funcionaria Eliana Díaz Lemus sobre el aumento continuo de personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y cómo los índices, propuestos por el Gobierno de Iván Duque, no  apuntan a resolver esta realidad.

Además, su perspectiva como Mesa de Víctimas frente a la gestión Duque es un total incumplimiento a la Política Pública en todo el territorio colombiano, sumado a esto las falencias que existen en la implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato sistemático de líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos. 




“Aumentaremos la erradicación de cultivos ilícitos en un 93%. Erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos”

Esta es una de las metas del PND trazadas en el Pacto por la Legalidad, cuya cabeza es el Ministerio de Defensa.

Para realizar este informe le escribimos a Presidencia un correo con las preguntas de las metas de Duque. En ese tema nos contestaron: “A cierre 31 de mayo de 2022 se han erradicado 33.536 cultivos ilícitos, presentando un acumulado desde 2018 de 361.546 cultivos ilícitos y un avance de cuatrienio de 129,12%. Este indicador presenta 15 días de rezago para la obtención del dato por lo que sus resultados cualitativos y cuantitativos se registrarán en el mes de agosto”.

Estos datos hacen parte de la herramienta SINERGIA del DNP en el indicador de cultivos ilícitos erradicados por la Fuerza Pública. En este punto, al revisar el portal, encontramos esta tabla con el avance del indicador por año:

 

 

En el informe del Ministerio de Defensa aparecen estos datos:


 

 

Con estos datos, Duque cumplió su meta, pero se debe tener en cuenta el contexto actual del programa de lucha contra las drogas. Como se explicó la Silla Vacía, el 6 de julio de 2022, en el análisis ‘Más hectáreas de coca, el fracaso final de la lucha contra las drogas’: “a finales de 2018 Iván Duque anunció la Ruta Futuro como “una política integral” en la que se vincularían distintos ministerios, fuerza pública y entes de control para la lucha contra las drogas. De cinco objetivos, uno era reducir la disponibilidad de droga. Para eso planteó reducir los cultivos ilícitos y las vulnerabilidades territoriales. A lo que Duque apostó más capital político fue a lo primero. Perdió”.

Aunque oficialmente no ha salido el monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI de la UNODC, dato oficial para el gobierno sobre el número de hectáreas  de cultivos para uso ilícito, la Silla Vacía reveló que a diciembre de 2021 las hectáreas de coca habían aumentado.  El Gobierno de EE.UU, que tiene sus propias mediciones, ya reveló las cifras de 2021 y reportó disminución, aunque la cifra sigue siendo mayor que la de 2018. 

 

 

En el chequeo a las afirmaciones de Duque el 20 de julio de 2022 calificamos como inchequeable la afirmación: “Quebramos el crecimiento exponencial de hectáreas de cultivos ilícitos”, pues el informe de UNODC no ha salido.  

Pero en este caso hay un elemento que también se debe tener en cuenta, aunque no ha salido el monitoreo de Colombia, la UNODC sí publicó el informe mundial de drogas, en el que en un acápite ‘Primeros datos sobre los efectos a largo plazo de la erradicación de cultivos forzosa y voluntaria’ se indicó que “se realizó un análisis de muestras pareadas con el método de diferencias en diferencias a fin de determinar los efectos de la erradicación forzosa y voluntaria en las zonas de cultivo de coca de Colombia y se extrajeron las siguientes conclusiones:
 

  • La erradicación forzosa daba lugar a una disminución inicial de los cultivos ilícitos para la producción de drogas como consecuencia de la eliminación directa de los arbustos de coca. Sin embargo, posteriormente, el cultivo aumentaba a mayor velocidad que en otras zonas similares en las que no se había efectuado la erradicación forzosa. Al cabo de diez años, según las previsiones, la “ganancia por erradicación” —es decir, la diferencia en cuanto a los cultivos ilícitos para la producción de drogas entre las zonas en las que se erradicaron cultivos y las zonas en las que no— desaparecerá por completo, de lo que se deduce que una sola erradicación forzosa no depara ningún beneficio a largo plazo.
     
  • La erradicación voluntaria, coordinada con intervenciones de desarrollo alternativo, llevaba a un aumento inicial del cultivo por el efecto del “incentivo negativo“ (ya que algunos agricultores podrían haber empezado a cultivar de manera ilícita plantas para la producción de drogas con el objetivo de participar en el proyecto). Sin embargo, con el tiempo, los cultivos ilícitos para la producción de drogas se reducían a más velocidad en las zonas de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo que en las otras zonas. Se prevé que la “ganancia por erradicación” siga aumentando durante los próximos diez años”.

 

En conclusión, aunque Duque cumplió con la meta que propuso en su plan de desarrollo, las erradicaciones no cumplieron su objetivo en la disminución de los cultivos ilícitos.




El 70% de los municipios del país tendrían un mecanismo intersectorial para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Cuando Duque inició su mandato, en agosto de 2018, propuso el Plan Nacional de Desarrollo, en el que consignó el Pacto por la Equidad de las Mujeres, en el que se habla de la  implementación de un Plan Integral para garantizar el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres del país. Allí se planteó como una de las metas que  “el 70% de los municipios del país tendrán un mecanismo intersectorial para la prevención y atención de la violencia basada en género”.

Según ONU Mujeres, la violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo, esta violencia es  un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, sin importar si la agresión se desarrolla en el ámbito privado o público de su vidas. Para mitigar los casos de violencia basada en género, existen mecanismos tanto de prevención como de atención integral a las víctimas de este delito en el país, dispuestos incluso desde gobiernos anteriores al de Duque. 

El gobierno de Duque en el PND propuso inicialmente la implementación integral del enfoque de género para las mujeres en el marco del Plan de  Estabilización de Territorios y en la Política de Prevención, Protección y Garantía de Derechos de las Mujeres Víctimas,  y en alterno, se planteó fortalecer las Comisarías de Familia y el Mecanismo Articulador de prevención y atención a las violencias de género en los municipios.

Este último recibió sus respectivas disposiciones en el Decreto 1710 de 2020, como estrategia de gestión pública transversal a todo el gobierno. Es una coordinación intersectorial desde el nivel nacional, departamental y municipal con cuatro comités: sistemas de información, atención, prevención y judicialización.

Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, este mecanismo tiene el objetivo de buscar una respuesta técnica y operativa dirigida a la promoción del derecho a una vida libre de violencias y la atención, promoción y acceso a la justicia a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género.

En estos cuatro años, la estrategia instituyó un trabajo en red de autoridades públicas que tienen dentro de sus obligaciones proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia basada en género y, además, el prioritario compromiso de fortalecer toda la infraestructura institucional.

La Consejería diseñó la guía institucional “Pasos para introducir la paz en tu municipio”, dirigida a las autoridades locales para visibilizar e impulsar la promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el nivel territorial. Esta plantea tres grandes acciones esenciales: determinar la sensibilidad o disposición del municipio alrededor de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, adelantar acciones concretas e inmediatas relacionadas y enfocadas con el empoderamiento económico, educativo, la participación, con la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y,  finalmente, la definición de acciones estratégicas de equidad de género en el municipio. 

El mecanismo intersectorial busca acompañar las acciones coordinadas entre los Ministerios de Justicia, Educación, Trabajo, Salud; la Policía Nacional, Medicina Legal y Fiscalía, para prevenir, dar atención y garantizar justicia en casos de violencia basada en género en  contra de las mujeres. En lo municipal, los mecanismos fueron creados por acto administrativo (decreto o acuerdo) y están conformados por una articulación entre la Fiscalía, la Policía judicial, las Comisarías de Familia, los juzgados civiles o promiscuos municipales, los juzgados de control de garantías, la Policía Nacional, Medicina Legal, el Ministerio Público, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), el ICBF y  la Unidad de Víctimas. 

A continuación, sintetizamos las diferentes autoridades existentes y las competencias que tienen en materia de acompañamiento a los casos de violencia de género en el país, en lo nacional y municipal, en relación al mecanismo articulador: 

Fuente: Tomado y adaptado de “Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado”, FENALPER (Federación Nacional de Personeros de Colombia), FJT (Fondo de Justicia Transicional), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

En abril de 2022 se firmó la política pública “De equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”, en la que se detalla que el Mecanismo Articulador llegaba  al 76% de los municipios del país, lo que correspondía a 843 municipios.

En mayo del 2022, la Procuraduría General de la Nación requirió a 1.103 municipios de los 32 departamentos para que remitieran  actos administrativos para crear los comités territoriales del mecanismo articulador y así disminuir la violencia contra las mujeres. Recibió 689 respuestas de parte de municipios que están actualmente en medio de ese proceso.

 El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación mide el porcentaje de municipios que cuentan con una estrategia intersectorial para la prevención de las violencias de género, respecto al total de municipios. En él se contempla el abordaje integral que comprende acciones de promoción de la equidad e igualdad de género, prevención de las violencias y la atención integral a víctimas por parte de los sectores de salud, justicia y protección. 

De acuerdo con Sinergia, en el indicador “Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género”, a corte 8 de julio de 2022, la meta del gobierno de llegar al 70% de los municipios con el mecanismo articulador tiene un cumplimiento del 134%, ya que se superó ese número y se llegó al 76% de las poblaciones. El Informe final de empalme del Departamento Administrativo de la Presidencia 2018-2022 también destaca ese logro.

En agosto del 2022, en relación a la implementación del Mecanismo Articulador, la vicepresidenta y canciller saliente, Marta Lucía Ramirez, dijo en la rendición de cuentas del cuatrienio que la política de equidad de las mujeres, en su eje ‘Mujeres libres de violencia’,  sí logró el objetivo de reducir ese fenómeno. “Logramos nuestro mecanismo articulador en 32 departamentos de Colombia, bajamos la política nacional al nivel territorial, precisamente para que en los 32 departamentos del país podamos prevenir cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, mujeres y jóvenes”, agregó.

Pero esto contrasta con el incremento de las violencias basadas en género en el país. Medicina Legal, por ejemplo, en su Informe estadístico mensual periodo enero-junio hace un comparativo en relación a lo sucedido con las cifras de violencia intrafamiliar e interpersonal de las que fueron víctimas las mujeres en todo el territorio nacional entre el 2021 y el 2022 y detalla que en 2021 en el contexto de violencia interpersonal fueron violentadas 8.816 mujeres y 17.554 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que en este año la tendencia es a la alza pues 13.462 mujeres han sido víctimas  de violencia interpersonal y 22.787 víctimas de violencia intrafamiliar.

El seguimiento a las violencias basadas en género del Observatorio Feminicidios Colombia dice en su Boletín “Vivas nos queremos” que en 2021 se registraron 622 feminicidios, de los cuales 17 fueron trans-feminicidios, 71 mujeres afro, 41 indigenas, 18 lideresas políticas, 3  sindicalistas, 2 firmantes del acuerdo de paz y 45 mujeres migrantes venezolanas. En 2022, entre enero y mayo, según esta organización se han presentado 272 feminicidios, 55 de ellos en enero (13 fueron  tentativa), 57 en febrero (17 en grado de tentativa), 42 en marzo (2 trans-feminicidios, 16 en grado de tentativa), 62 en abril (4 trans-feminicidios y 16 en tentativa) y 50 en mayo (2 trans-feminicidios, 14 feminicidios en grado de tentativa).

 

 

Consolidado Feminicidios Enero-Mayo en el país.                                                                                                    Fuente: Observatorio de Feminicidios Colombia 

El reporte dinámico del Observatorio de Feminicidios Colombia tiene un balance que relaciona al detalle lo ocurrido en el país en estos cuatro años.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) reportó en 2021 la ocurrencia de 106 feminicidios, en el balance 2020-2021 y 2021-2022, mientras que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional reportó la ocurrencia de 210 feminicidios. En términos de frecuencia, al menos una mujer fue víctima de feminicidio en Colombia cada 41,7 horas. 

 

 Feminicidios ocurridos entre 2017-2021                                                                                               Fuente: Sisma Mujer y Dijin


La Corporación SISMA Mujer presentó un análisis del acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual durante 2020 y 2021, en el que se mantienen altos niveles de impunidad en casos de feminicidios, pues del total de casos, el 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y solo el 7,17% en ejecución de penas. 

En este estudio, publicado el 8 de marzo de 2022, también se evidenció un aumento en las violencias basadas en género. “Las violencias contra las mujeres durante el año 2021 reportan un aumento generalizado, con respecto a los registros de fuentes oficiales del año 2020. Como se mencionó en el Boletín No. 28 elaborado por la Corporación Sisma Mujer”, dice el informe, que tiene en cuenta tanto las cifras de violencia intrafamiliar como sexual.

Para Elena Bustos, psicóloga defensora de derechos humanos con enfoque de género y lideresa social del Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico, “a pesar de que el objetivo mismo del mecanismo busca prevenir, hacer seguimiento y disminuir la violencia contra las mujeres, las altas cifras de violencia y de feminicidios del cuatrenio ofrecen un desolador panorama, muy a pesar de que han existido estrategias para disminuir los índices de violencia, el mecanismo intersectorial no ha logrado ser efectivo en terreno”.

Para la trabajadora social y magíster en ciencia política Johanna San Juan, la atención debe estar en el nivel de efectividad de dicho mecanismo, ya que muy a pesar de que  está firmado y acordado con los gobiernos municipales, esto no ha sido garantía de implementación integral, ya que las cifras de violencia basada en género y violencia feminicida cada día se incrementan más.

Por lo anterior, calificamos como cumplida, pero la promesa que hizo el saliente presidente Duque, porque a pesar que logró la meta propuesta en el cuatrienio, son múltiples los argumentos de expertas de que el mecanismo intersectorial para el estudio, mitigación y monitoreo de las violencias no ha logrado tener el efecto para el cual fue creado. 

 

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Miércoles, 03 Agosto 2022

Cuestionable

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 4




“Aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas. Hoy 154 KM - Meta 255 KM”

El presidente saliente prometió “aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas”, y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) dejó consignado que para cumplir con ello pasaría de 154 a 255 kilómetros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), el mandatario sale del cargo sin culminar la tarea, pues de los 101 kilómetros que prometió solo logró hacer 73.

De acuerdo con el más reciente Balance de Resultados del PND que entrega el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobierno ha avanzado el 75,50% con respecto a la meta que estableció para el cuatrienio. 

Sin embargo, el crédito de este progreso no es solo del Gobierno Nacional, pues como le informó a Colombiacheck Óscar Patiño, funcionario de la Dirección de Infraestructura del DNP, la construcción de los kilómetros de corredores para bicicleta se realizan a través de convenios de cofinanciación celebrados con las ciudades en el marco de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP).

En otras palabras, el Gobierno Nacional celebra con las administraciones municipales o distritales acuerdos en los que se compromete a financiar un proyecto u obra del municipio. Los corredores para bicicleta o los kilómetros de ciclorred son construidos como un componente del sistema de transporte público por entes territoriales con recursos propios y de la Nación.

Una vez concluyen las obras, los entes gestores y los entes territoriales reportan a la Nación la suma de los kilómetros de ciclocarriles, ciclorrutas o ciclobandas construidas. De acuerdo con Sinergia, se han ejecutado y terminado obras en 10 ciudades del país. La meta aún no se cumple porque, como se detalla en el documento de empalme entre gobiernos nacionales, se encuentran en ejecución 4 obras de sistemas de transporte público que tienen componente de ciclorred: SETP de Pasto, SITM-MIO de Cali, SETP de Santa Marta y troncales alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá.

 

De acuerdo con el último informe publicado que recopila el DNP basado en las cifras de kilómetros de ciclorred construidos en el cuatrienio que entregan los entes territoriales, en Bogotá se construyeron 8,5 kilómetros de corredores para bicicletas; en Bucaramanga, 1 km; en Barranquilla, 300 metros; en Cali, donde más se hicieron, fueron 46,4 km; en Popayán, 3,3 km; en Montería, 800 metros; en Santa Marta, 1 km; en Valledupar, 7,26 km, en Pasto, 4 km y en Neiva, 800 metros.

John Fredy Bustos, ciclista que le ha hecho veeduría a las obras de ciclorred que se realizan en Cali, en donde se han construido más de la mitad de los kilómetros del indicador, señaló que ha hecho seguimiento al proyecto de la ciclorruta que se encuentra en la Troncal Oriente del SITM-MIO: “No es nuevo (el tramo), es mantenimiento de una ciclorruta. Esa ciclorruta fue la primera de Cali de 1994-1996”. También confirmó que se desarrolla la construcción de otro tramo como un componente del Terminal Cabecera Aguablanca, como indica Sinergia.

Andrea Ordoñez, activista por la movilidad sostenible en Pasto, confirmó que el proyecto de infraestructura para bicicletas es un componente del SETP de la ciudad, “al implementar el sistema lo que se está haciendo es la renovación del espacio público, vías y se incluye en la carrera 27 un diseño de ciclorruta, pero no es más de un kilómetro”.

En suma, esta es otra de las deudas de Duque relacionadas con el transporte, pues terminado su mandato le faltó el 25% de la meta. Aún así, la Nación no entrega las obras de corredores de bicicleta sino una parte de los recursos que conviene con los entes territoriales, quienes finalmente ejecutan las obras. Por eso Colombiacheck califica esta meta como cuestionable.




Aumentar en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial. Hoy 420 KM - Meta 1077 KM

En el ‘Pacto por el transporte y la logística’ Duque también contempló aumentar “en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial”, es decir, pasaría de 420 a 1.077 kilómetros. De acuerdo con el sistema de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta meta se cumplió en el 2020. 

El gobierno reactivó tres corredores férreos, según una nota de prensa de la entidad, en la cual insistieron en que “la meta se cumplió a falta de menos de dos años de concluir este Gobierno”. El primero es el corredor del Atlántico, que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta, en el cual rehabilitaron 53 kilómetros. El segundo, un tramo de 341 kilómetros del corredor que va desde La Dorada hasta Chiriguaná. Y, por último, 263 kilómetros del tramo de Bogotá hasta Belencito.

Ana María Zambrano, exgerente de proyectos férreos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a Portafolio en una nota de febrero de 2020 que avanzaban “en la reactivación del modo férreo y multimodal” y que la meta del Plan Nacional de Desarrollo estaba al 94%.

En octubre de 2020, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García Montes, presentó un resumen de la reactivación de la red férrea en la que se ve que el gobierno ha cumplido con la meta del plan de desarrollo. El logro se repite en informes de gestión de la entidad del 2021 y 2022.

 

 

También en septiembre de 2021, en el marco de la firma de un acuerdo con el gobierno británico para la reactivación ferroviaria, la directora del DNP, Alejandra Botero, recordó la meta cumplida a dos años del término del cuatrienio.

Otra de las funcionarias que reiteró el logro fue la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Sin embargo, los múltiples comunicados de los funcionarios desconocen que la reactivación de estos tramos se logró gracias a un proceso de estructuración que viene desde antes del 2018. En una nota de prensa de la ANI de abril de ese año, 4 meses antes de la posesión de Duque, se afirma que el corredor férreo central, específicamente el tramo de 522 kilómetros Chiriguaná - La Dorada, está “listo para operación de carga”:

“El corredor Chiriguaná – La Dorada ha tenido una inversión superior a los $212 mil millones, en dos contratos de obra pública, y durante los años 2013-2018, han sido atendidas más de cincuenta afectaciones. Esta línea férrea es estratégica para la movilización de carga desde el centro del país hacia los puertos del norte de Colombia”, señala la nota de la entidad sobre los trabajos que se realizaron en el corredor más largo de la red que el gobierno afirma haber reactivado.

En una presentación de la ANI en donde se muestra el avance de la estructuración del tramo es claro que el proceso de reactivación comenzó en el año 2017.

Por otro lado, el documento CONPES 3748 de junio de 2013, planteó “declarar la importancia estratégica del proyecto ‘Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones’, para la rehabilitación del sistema férreo en dos corredores: La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito”. Y así poder poner en funcionamiento los dos tramos mencionados, “los cuales han sido afectados por la Ola Invernal ocurrida en los años 2010 y 2011”, se apunta en el texto.

En 2017, la ANI presentó el pliego de condiciones de la licitación para la “reparación y atención de los puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, (...) así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico, entre otras actividades”. Y en mayo de ese año se celebró el contrato de obra pública entre esta entidad y el Consorcio Ibines Férreo.

Duque cumplió en la reactivación de los tramos de la red férrea con operación comercial pero la política pública de rehabilitación comenzó antes de su mandato, por eso lo calificamos como ‘cuestionable’.




“Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual”

Pudimos chequear, durante este período presidencial, dos afirmaciones de Iván Duque relativas a la disminución de la deforestación en el país. Ambas datan de septiembre de 2020, cuando dijo en su mensaje a la 75 Asamblea de las Naciones Unidas que su Gobierno redujo la deforestación en un 19%, en primer lugar, y que impidió la deforestación de 23.000 hectáreas de bosques, en segundo. Las dos recibieron la calificación de cuestionables, ya que eran imprecisas en términos de tiempo o engañosas en materia de efectividad de las medidas. 

La reducción de la deforestación quedó consignada como meta de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se fijó el año 2017, pico más alto de la década en materia de deforestación, como línea base o punto de referencia respecto del cual la deforestación se reduciría en un 30% durante el cuatrienio. 

El porcentaje de disminución al que se refiere el indicador de esta meta según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no toma cifras reales ni compara hectáreas, sino que nace de una proyección realizada por el IDEAM a partir de los datos de crecimiento de la deforestación especialmente en 2016 y 2017. En ese último año se deforestó en el país la cifra récord de 219.552. Con esa línea base, la tendencia ascendente proyectaba alrededor de 232.000 hectáreas deforestadas en 2018, cerca de 244.500 en 2019 y casi 246.250 para 2020. Con esas cifras esperadas, se compararon las cifras reales para medir el avance.

Comportamiento de la deforestación vs tendencia. La línea punteada muestra el crecimiento esperado de la deforestación tras 2017. Los arcos rojos y el azul pronostican un posible aplanamiento de la curva tras la caída de 2018. Gráfico: IDEAM.

Con este sistema de medición, la disminución del fenómeno de la deforestación se ha calculado en un 15% para 2018 (apróx. 34.800 hectáreas menos de las esperadas), 35% para 2019 (apróx. 85.500 hectáreas menos de las esperadas) y 33% para 2020 (apróx. 81.260 hectáreas menos de las esperadas). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) no acumula los resultados año a año, sino que sugiere tomar en cuenta los resultados del último año para medir el progreso del indicador. Por esta razón, hasta la fecha de publicación de este artículo, el progreso de la meta figura en 33%, que corresponde a un cumplimiento de 110%.  

Aunque el Observatorio Global Forest Watch, cuyos cálculos se realizan mediante la interpretación de imágenes satelitales, había proyectado hace varios meses una deforestación de casi 260.000 hectáreas de bosque natural, la información oficial sobre este fenómeno está a cargo del IDEAM, institución que administra el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. El informe finalmente fue publicado el pasado 21 de julio y registró para 2021 una deforestación de 174.103 hectáreas.

Con ese dato, el acumulado de los cuatro años del gobierno de Iván Duque alcanza las 701.841 hectáreas deforestadas. En comparación, el acumulado de los cuatro años anteriores (2014 - 2017) es de 658.498, contando en la cifra el pico más alto de deforestación en la década. Por eso, aunque la meta del Gobierno de Iván Duque se cumplió al corregir la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, se deforestaron más hectáreas que en el período anterior.

Dentro de las conclusiones, el informe presenta una “reducción de 45.449 hectáreas respecto del pico histórico del año 2017, reducción del 21%”, en lugar de señalar, como indica la Doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes Sandra Vilardy que, si bien no hay una suma de grandes magnitudes de deforestación año a año, la curva de deforestación se viene estabilizando en cifras muy altas. 

“Ellos hacen un cálculo asociado a la tendencia. Ese es un dato un poco engañoso en la medida en que la realidad fáctica es que la deforestación aumentó. Y aumentó por varios motivos. No hubo un control preventivo ante la deforestación; ante un proceso que se estaba dando se prefirió actuar de manera reactiva, por ejemplo, con el plan Artemisa, pero no se llenaron los espacios de gobernabilidad en los sitios de alta deforestación, sobre todo en la zona del corredor andino-amazónico, donde se encuentran parques naturales como Picacho, Tinigua y Magdalena. Tal vez la voluntad política estuvo, pero fue superada por la comprensión de las dinámicas y la profundidad de las acciones. Faltó prevención, faltó actuar de manera mucho más amplia y se redujo al tema de Artemisa”.

El comentario de la profesora Vilardy es una de las muchas críticas que este sistema de medición ha recibido por parte de expertos del sector ambiental, en tanto no apunta a alcanzar los mínimos históricos o a la reducción completa de la deforestación, sino a compararse con el punto más crítico de la historia reciente del fenómeno. 

También han surgido cuestionamientos al sistema de medición por parte de figuras políticas. En plenaria del 26 de julio, el representante liberal a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, aseguró que el Ministerio de Ambiente considera un logro la cifra de 2021, cosa que criticó alegando que hubo crecimiento del 10% de deforestación en 2020 y del 2% en 2021, a lo que añadió: “Estamos lejísimos de la meta de 0 deforestación que ha trazado nuestro país para el año 2030”.

En efecto, previo a la publicación del informe, la web del Ministerio de Ambiente publicó un comunicado titulado “Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años”, jactándose de que estrategias como la campaña Artemisa, la Ley de Delitos Ambientales y los pagos por servicios ambientales contribuyeron a tal contención. 

Así pues, si bien el gobierno Duque controló la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, las hectáreas afectadas crecieron comparativamente respecto del período anterior. Los expertos en materia ambiental cuestionan por engañoso el método elegido para realizar la medición durante el cuatrienio, y criticaron las medidas que se tomaron para estabilizar las cifras en una alta deforestación año a año. Por estas razones, calificamos esta meta como Cuestionable.




Incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. 

En el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, el presidente Duque prometió “incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas” y dejó consignado que, para cumplir con ese objetivo, se planteó la estrategia de  formalización de la tierra, el acceso a crédito y a los servicios de extensión agropecuaria para mujeres rurales. 

El indicador de ‘Mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas' se encuentra dentro del ‘Pacto de equidad para las mujeres’ en la línea ‘Mujeres rurales como agentes de transformación en el campo’.

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales son aquellas “que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viven, tienen su actividad productiva relacionada directamente con lo rural”.

 

Según cifras del DANE, se estima que en Colombia el 21,3% de la población femenina vive en áreas rurales y que la población rural comprende el 23,4%, de la cual el 48,13% son mujeres. 

ONU Mujeres y el DANE expusieron en 2021 un informe detallado alrededor de la propiedad de la tierra, en el que afirman que “para el total nacional rural el 63,7% de los predios de único propietario tenía a un hombre como titular, y el restante 36,3% a una mujer como titular; con 18 de los 32 departamentos por debajo de esta media nacional”.

 

 

La Procuraduría en el Informe sobre el avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz, del 7 de enero de 2021, alertó que, en el periodo 2017-2020, el 65,2% de los beneficiados con la formalización de su posesión u ocupación fueron hombres y solamente el 31,6% fueron mujeres propietarias. Además, agregó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe comprometerse a expedir el plan de formalización masiva, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad, pues según su seguimiento, hasta 2020 la gestión en materia de formalización le había correspondido a la atención de rezago institucional histórico.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz reclamó en 2019 que en la práctica persistían barreras de acceso a la propiedad rural para las mujeres. Por lo que esta meta era fundamental para corregir el rumbo en la implementación.

Sin embargo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez Cárdenas, afirmó en la rendición de cuentas 2018-2022 que en los últimos cuatro años han desarrollado una política de enfoque de género no solamente dirigida al acceso a la tierra, sino también al fortalecimiento de las capacidades de la mujer rural. Aunque según datos de la entidad han beneficiado a 70.000 familias con la expedición de 52.000 títulos de propiedad rural. De ellos, el 51% se han emitido y entregado a mujeres.

Sin embargo, en Colombiacheck hemos explicado en varias verificaciones al presidente Duque que estas cifras son cuestionables, pues, incluso, entidades como la Procuraduría o el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento oficial de la implementación, han criticado la falta de claridad en esas cifras precisamente porque el gobierno mezclaba esos dos procesos que tienen metas diferentes: la adjudicación a quienes no tienen tierras o tienen insuficientes y la formalización a quienes la tienen sin papeles. Además, sus avances se basan en procesos que venían andando desde gobiernos anteriores con poca gestión nueva.

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mide el indicador de las mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras tituladas y registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a través de los programas de adjudicación de baldíos a persona natural, adjudicación de bienes del Fondo Nacional Agrario, los programas de subsidio integral de tierras, compra directa y adjudicaciones especiales y formalizaciones de predios privados de pequeña y mediana propiedad rural y títulos con sana posesión ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de la gestión de la ANT. Este indicador responde a lo estipulado en la Ley de Mujeres Rurales (Ley 731 de 2002).

 

 

La meta inicial planteada en el PND fue de 20.628 títulos. A corte de junio de 2022, las mujeres cuentan con 31.674. Particularmente en el mes de junio se reportan 1.003 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos, representado en el 51% sobre el total de beneficiarios. Ese cálculo se hizo bajo las siguientes modalidades: 577 entregas de baldíos mediante la adjudicación y el registro de 10.448,62 hectáreas; 413 formalizaciones de predios privados en 537,33 hectáreas y 13 adjudicaciones de bienes fiscales patrimoniales por un total de 82,29 hectáreas. 

 

 

Para Sinergia, el avance acumulado desde 2018 a la fecha es de 39.163 títulos. Se aclara igualmente que, de agosto de 2018 a la fecha, se tiene un avance de 31.674 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. El indicador logró el cumplimiento en un 252,65 % frente al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un dato extra por agregar es que según el informe de empalme 2018-2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia, son 19.942 las mujeres rurales (en calidad de propietaria y no de copropietaria) que durante estos cuatro años lograron la formalización de sus tierras. Es decir, este número incluye a mujeres solas y no en conjunto con sus parejas, como sí se tiene en cuenta en los datos del DNP y de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

 

Para la trabajadora social, magíster en Ciencia Política e investigadora en violencia política, derechos humanos y paz Johanna San Juan,  los resultados del gobierno Duque con relación al otorgamiento de titularidad de la tierra a las mujeres, más allá de las cifras oficiales, tienen una alta distancia de la realidad,  ya que, según la profesional, a pesar de que eso, aún hoy son los hombres quienes imponen y deciden cuál es el uso que se les da a esas tierras.

“Las mujeres en la ruralidad históricamente hemos estado excluidas de la propiedad de la tierra y cuando hablamos de propiedad no solamente estamos hablando de la documentación que acredita a la mujer como propietaria, sino acerca de la toma de decisiones en relación a la misma, sus destinos y propósitos. Por ejemplo, en la ruralidad se ve de una manera muchísimo más marcada que en lo urbano, que las mujeres no toman decisiones sobre la tierra, sino que son los masculinos cercanos a ellas (familiares, cónyuges) quienes eligen qué hacer con ellas y eso les resta un protagonismo en definir cuál es el uso adecuado de la tierra y cómo se toman las decisiones con esa propiedad”.

La lideresa campesina y licenciada en ciencias sociales Yubitza Rovira, quien fue amenazada y exiliada en el desarrollo de sus funciones como orientadora de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afirma que otro de los elementos que no puede dejar de lado está asociado a la dinámica del conflicto armado interno del país, que a su modo de ver también ha dificultado mucho las labores de exigencia de los derechos sobre la tierra para las mujeres, puesto que las mujeres campesinas se han visto desbordadas por las agendas de movilización por la paz antes que propiamente por las agrarias.

“En relación al Pacto por la Equidad, desde el escenario nacional se expusieron unas directrices en calidad de decretos presidenciales, pero no todas las alcaldías cumplieron, en terreno todo es muy distinto. Por ejemplo, en Ciénaga como municipio PDET, los retos fueron tales que incluso vimos cómo algunos funcionarios de las dependencias de liderazgo institucional adelantaban agendas distantes de los propósitos de la agenda de la equidad. En particular en mi municipio no se diseñó una estrategia intersectorial para empoderar y favorecer la titulación de tierras, lo que evidentemente expone unos retos inmensos en la calidad del tipo de procesos que se adelantaron en lo municipal en relación a estos propósitos, más si se tiene en cuenta que un municipio como Ciénaga es uno de los territorios priorizados para estas agendas”, dijo Rovira.

Por lo anterior, en Colombiacheck decidimos calificar esta promesa como Cuestionable porque a pesar de que se han adelantado avances alrededor de la titularidad de tierras a las mujeres rurales, las múltiples inconsistencias territoriales y los fenómenos asociados a la guerra y la violencia machista no han permitido  lograr una titularidad de tierras de manera integral.