Así lo registra el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Planeación Nacional, a pesar de las críticas que hay por la manera en la que se mide esa superación de la vulnerabilidad. Por ello Colombiacheck califica la meta del presidente como cumplida, pero…

Cifras entregadas por la Unidad de Víctimas a Rutas de Conflicto y Colombiacheck. La entidad señala que su fuente es el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 

La Unidad de Víctimas mide los indicadores que determinan si una persona ha superado su vulnerabilidad con base en los criterios establecidos en la Resolución 2200. Uno de estos criterios es la superación de un umbral del Índice Global de Restablecimiento Social y Económico, el cual consiste en medir el nivel de cumplimiento de los derechos como la identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, generación de ingresos y atención psicosocial.  Si el resultado de esta medición es 1, se considera que la víctima en situación de vulnerabilidad superó su condición.  

Fórmula establecida para medir el índice Global de Restablecimiento Social y Económico. Foto sustraída de la Resolución 2200.

Por otro lado, si la persona pertenece a un hogar cuyos ingresos mensuales son superiores a 1.5 veces por encima de la línea de pobreza estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o cumple los criterios asociados a los derechos de generación de ingresos, vivienda y alimentación definidos a partir del puntaje Sisbén IV que identifiquen su nivel de estabilización social y económico, también salda su situación de vulnerabilidad. 

El segundo criterio corresponde a la manifestación espontánea, libre voluntaria y consciente de la superación de la vulnerabilidad. Esta manifestación voluntaria se realiza ante la Unidad de Víctimas a través de los formatos y protocolos establecidos por ellos.

El 20 de julio de 2021, Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, enfatizaba durante su discurso que en su gobierno, para diciembre del 2020, “había logrado que 700.000 víctimas superaran su condición de vulnerabilidad”. Los datos fueron verificados por Colombiacheck y coincidían con lo registrado en el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV) en Colombia para esa fecha. 

Sin embargo, hay varios puntos que se siguen cuestionando sobre cómo se mide la SSV. Recordemos que en su informe anual del 2020, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, resaltó que “faltaba mucho” para hablar de la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Eliana Díaz Lemus, delegada de la Contraloría para el Sector Social, expresó en entrevista con el medio que han existido esfuerzos y avances importantes en la superación de este indicador, pero que aún no se han tomado medidas más serias para solventar a la población víctima histórica, y a la que sigue entrando en esta condición con el pasar de los años. 

“El presupuesto no daba para cubrir las metas trazadas por el gobierno Duque. No hay un análisis total y real sobre lo que está pasando con las víctimas y la SSV. La Contraloría ha hecho un llamado constante a la revisión del costo para el cumplimiento de estos objetivos antes de la prórroga de la Ley de Víctimas”, agregó Díaz Lemus. 

La Mesa Nacional de Víctimas de Colombia le manifestó a este medio su preocupación porque ven muy lejos la posibilidad de ser reparados integralmente como lo indica la Ley 1448. Enfatizando en lo también mencionado por la funcionaria Eliana Díaz Lemus sobre el aumento continuo de personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y cómo los índices, propuestos por el Gobierno de Iván Duque, no  apuntan a resolver esta realidad.

Además, su perspectiva como Mesa de Víctimas frente a la gestión Duque es un total incumplimiento a la Política Pública en todo el territorio colombiano, sumado a esto las falencias que existen en la implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato sistemático de líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos. 

Para realizar este informe le escribimos a Presidencia un correo con las preguntas de las metas de Duque. En ese tema nos contestaron: “A cierre 31 de mayo de 2022 se han erradicado 33.536 cultivos ilícitos, presentando un acumulado desde 2018 de 361.546 cultivos ilícitos y un avance de cuatrienio de 129,12%. Este indicador presenta 15 días de rezago para la obtención del dato por lo que sus resultados cualitativos y cuantitativos se registrarán en el mes de agosto”.

Estos datos hacen parte de la herramienta SINERGIA del DNP en el indicador de cultivos ilícitos erradicados por la Fuerza Pública. En este punto, al revisar el portal, encontramos esta tabla con el avance del indicador por año:

En el informe del Ministerio de Defensa aparecen estos datos:

Con estos datos, Duque cumplió su meta, pero se debe tener en cuenta el contexto actual del programa de lucha contra las drogas. Como se explicó la Silla Vacía, el 6 de julio de 2022, en el análisis ‘Más hectáreas de coca, el fracaso final de la lucha contra las drogas’: “a finales de 2018 Iván Duque anunció la Ruta Futuro como “una política integral” en la que se vincularían distintos ministerios, fuerza pública y entes de control para la lucha contra las drogas. De cinco objetivos, uno era reducir la disponibilidad de droga. Para eso planteó reducir los cultivos ilícitos y las vulnerabilidades territoriales. A lo que Duque apostó más capital político fue a lo primero. Perdió”.

Aunque oficialmente no ha salido el monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI de la UNODC, dato oficial para el gobierno sobre el número de hectáreas  de cultivos para uso ilícito, la Silla Vacía reveló que a diciembre de 2021 las hectáreas de coca habían aumentado.  El Gobierno de EE.UU, que tiene sus propias mediciones, ya reveló las cifras de 2021 y reportó disminución, aunque la cifra sigue siendo mayor que la de 2018. 

En el chequeo a las afirmaciones de Duque el 20 de julio de 2022 calificamos como inchequeable la afirmación: “Quebramos el crecimiento exponencial de hectáreas de cultivos ilícitos”, pues el informe de UNODC no ha salido.  

Pero en este caso hay un elemento que también se debe tener en cuenta, aunque no ha salido el monitoreo de Colombia, la UNODC sí publicó el informe mundial de drogas, en el que en un acápite ‘Primeros datos sobre los efectos a largo plazo de la erradicación de cultivos forzosa y voluntaria’ se indicó que “se realizó un análisis de muestras pareadas con el método de diferencias en diferencias a fin de determinar los efectos de la erradicación forzosa y voluntaria en las zonas de cultivo de coca de Colombia y se extrajeron las siguientes conclusiones:
 

• La erradicación forzosa daba lugar a una disminución inicial de los cultivos ilícitos para la producción de drogas como consecuencia de la eliminación directa de los arbustos de coca. Sin embargo, posteriormente, el cultivo aumentaba a mayor velocidad que en otras zonas similares en las que no se había efectuado la erradicación forzosa. Al cabo de diez años, según las previsiones, la “ganancia por erradicación” —es decir, la diferencia en cuanto a los cultivos ilícitos para la producción de drogas entre las zonas en las que se erradicaron cultivos y las zonas en las que no— desaparecerá por completo, de lo que se deduce que una sola erradicación forzosa no depara ningún beneficio a largo plazo.
   
• La erradicación voluntaria, coordinada con intervenciones de desarrollo alternativo, llevaba a un aumento inicial del cultivo por el efecto del “incentivo negativo“ (ya que algunos agricultores podrían haber empezado a cultivar de manera ilícita plantas para la producción de drogas con el objetivo de participar en el proyecto). Sin embargo, con el tiempo, los cultivos ilícitos para la producción de drogas se reducían a más velocidad en las zonas de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo que en las otras zonas. Se prevé que la “ganancia por erradicación” siga aumentando durante los próximos diez años”.

En conclusión, aunque Duque cumplió con la meta que propuso en su plan de desarrollo, las erradicaciones no cumplieron su objetivo en la disminución de los cultivos ilícitos.

Según ONU Mujeres, la violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo, esta violencia es  un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, sin importar si la agresión se desarrolla en el ámbito privado o público de su vidas. Para mitigar los casos de violencia basada en género, existen mecanismos tanto de prevención como de atención integral a las víctimas de este delito en el país, dispuestos incluso desde gobiernos anteriores al de Duque. 

El gobierno de Duque en el PND propuso inicialmente la implementación integral del enfoque de género para las mujeres en el marco del Plan de  Estabilización de Territorios y en la Política de Prevención, Protección y Garantía de Derechos de las Mujeres Víctimas,  y en alterno, se planteó fortalecer las Comisarías de Familia y el Mecanismo Articulador de prevención y atención a las violencias de género en los municipios.

Este último recibió sus respectivas disposiciones en el Decreto 1710 de 2020, como estrategia de gestión pública transversal a todo el gobierno. Es una coordinación intersectorial desde el nivel nacional, departamental y municipal con cuatro comités: sistemas de información, atención, prevención y judicialización.

Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, este mecanismo tiene el objetivo de buscar una respuesta técnica y operativa dirigida a la promoción del derecho a una vida libre de violencias y la atención, promoción y acceso a la justicia a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género.

En estos cuatro años, la estrategia instituyó un trabajo en red de autoridades públicas que tienen dentro de sus obligaciones proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia basada en género y, además, el prioritario compromiso de fortalecer toda la infraestructura institucional.

La Consejería diseñó la guía institucional “Pasos para introducir la paz en tu municipio”, dirigida a las autoridades locales para visibilizar e impulsar la promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el nivel territorial. Esta plantea tres grandes acciones esenciales: determinar la sensibilidad o disposición del municipio alrededor de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, adelantar acciones concretas e inmediatas relacionadas y enfocadas con el empoderamiento económico, educativo, la participación, con la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y,  finalmente, la definición de acciones estratégicas de equidad de género en el municipio. 

El mecanismo intersectorial busca acompañar las acciones coordinadas entre los Ministerios de Justicia, Educación, Trabajo, Salud; la Policía Nacional, Medicina Legal y Fiscalía, para prevenir, dar atención y garantizar justicia en casos de violencia basada en género en  contra de las mujeres. En lo municipal, los mecanismos fueron creados por acto administrativo (decreto o acuerdo) y están conformados por una articulación entre la Fiscalía, la Policía judicial, las Comisarías de Familia, los juzgados civiles o promiscuos municipales, los juzgados de control de garantías, la Policía Nacional, Medicina Legal, el Ministerio Público, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), el ICBF y  la Unidad de Víctimas. 

A continuación, sintetizamos las diferentes autoridades existentes y las competencias que tienen en materia de acompañamiento a los casos de violencia de género en el país, en lo nacional y municipal, en relación al mecanismo articulador: 

Fuente: Tomado y adaptado de “Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado”, FENALPER (Federación Nacional de Personeros de Colombia), FJT (Fondo de Justicia Transicional), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

En abril de 2022 se firmó la política pública “De equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”, en la que se detalla que el Mecanismo Articulador llegaba  al 76% de los municipios del país, lo que correspondía a 843 municipios.

En mayo del 2022, la Procuraduría General de la Nación requirió a 1.103 municipios de los 32 departamentos para que remitieran  actos administrativos para crear los comités territoriales del mecanismo articulador y así disminuir la violencia contra las mujeres. Recibió 689 respuestas de parte de municipios que están actualmente en medio de ese proceso.

 El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación mide el porcentaje de municipios que cuentan con una estrategia intersectorial para la prevención de las violencias de género, respecto al total de municipios. En él se contempla el abordaje integral que comprende acciones de promoción de la equidad e igualdad de género, prevención de las violencias y la atención integral a víctimas por parte de los sectores de salud, justicia y protección. 

De acuerdo con Sinergia, en el indicador “Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género”, a corte 8 de julio de 2022, la meta del gobierno de llegar al 70% de los municipios con el mecanismo articulador tiene un cumplimiento del 134%, ya que se superó ese número y se llegó al 76% de las poblaciones. El Informe final de empalme del Departamento Administrativo de la Presidencia 2018-2022 también destaca ese logro.

En agosto del 2022, en relación a la implementación del Mecanismo Articulador, la vicepresidenta y canciller saliente, Marta Lucía Ramirez, dijo en la rendición de cuentas del cuatrienio que la política de equidad de las mujeres, en su eje ‘Mujeres libres de violencia’,  sí logró el objetivo de reducir ese fenómeno. “Logramos nuestro mecanismo articulador en 32 departamentos de Colombia, bajamos la política nacional al nivel territorial, precisamente para que en los 32 departamentos del país podamos prevenir cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, mujeres y jóvenes”, agregó.

Pero esto contrasta con el incremento de las violencias basadas en género en el país. Medicina Legal, por ejemplo, en su Informe estadístico mensual periodo enero-junio hace un comparativo en relación a lo sucedido con las cifras de violencia intrafamiliar e interpersonal de las que fueron víctimas las mujeres en todo el territorio nacional entre el 2021 y el 2022 y detalla que en 2021 en el contexto de violencia interpersonal fueron violentadas 8.816 mujeres y 17.554 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que en este año la tendencia es a la alza pues 13.462 mujeres han sido víctimas  de violencia interpersonal y 22.787 víctimas de violencia intrafamiliar.

El seguimiento a las violencias basadas en género del Observatorio Feminicidios Colombia dice en su Boletín “Vivas nos queremos” que en 2021 se registraron 622 feminicidios, de los cuales 17 fueron trans-feminicidios, 71 mujeres afro, 41 indigenas, 18 lideresas políticas, 3  sindicalistas, 2 firmantes del acuerdo de paz y 45 mujeres migrantes venezolanas. En 2022, entre enero y mayo, según esta organización se han presentado 272 feminicidios, 55 de ellos en enero (13 fueron  tentativa), 57 en febrero (17 en grado de tentativa), 42 en marzo (2 trans-feminicidios, 16 en grado de tentativa), 62 en abril (4 trans-feminicidios y 16 en tentativa) y 50 en mayo (2 trans-feminicidios, 14 feminicidios en grado de tentativa).

Consolidado Feminicidios Enero-Mayo en el país.                                                                                                    Fuente: Observatorio de Feminicidios Colombia 

El reporte dinámico del Observatorio de Feminicidios Colombia tiene un balance que relaciona al detalle lo ocurrido en el país en estos cuatro años.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) reportó en 2021 la ocurrencia de 106 feminicidios, en el balance 2020-2021 y 2021-2022, mientras que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional reportó la ocurrencia de 210 feminicidios. En términos de frecuencia, al menos una mujer fue víctima de feminicidio en Colombia cada 41,7 horas. 

 Feminicidios ocurridos entre 2017-2021                                                                                               Fuente: Sisma Mujer y Dijin

La Corporación SISMA Mujer presentó un análisis del acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual durante 2020 y 2021, en el que se mantienen altos niveles de impunidad en casos de feminicidios, pues del total de casos, el 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y solo el 7,17% en ejecución de penas. 

En este estudio, publicado el 8 de marzo de 2022, también se evidenció un aumento en las violencias basadas en género. “Las violencias contra las mujeres durante el año 2021 reportan un aumento generalizado, con respecto a los registros de fuentes oficiales del año 2020. Como se mencionó en el Boletín No. 28 elaborado por la Corporación Sisma Mujer”, dice el informe, que tiene en cuenta tanto las cifras de violencia intrafamiliar como sexual.

Para Elena Bustos, psicóloga defensora de derechos humanos con enfoque de género y lideresa social del Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico, “a pesar de que el objetivo mismo del mecanismo busca prevenir, hacer seguimiento y disminuir la violencia contra las mujeres, las altas cifras de violencia y de feminicidios del cuatrenio ofrecen un desolador panorama, muy a pesar de que han existido estrategias para disminuir los índices de violencia, el mecanismo intersectorial no ha logrado ser efectivo en terreno”.

Para la trabajadora social y magíster en ciencia política Johanna San Juan, la atención debe estar en el nivel de efectividad de dicho mecanismo, ya que muy a pesar de que  está firmado y acordado con los gobiernos municipales, esto no ha sido garantía de implementación integral, ya que las cifras de violencia basada en género y violencia feminicida cada día se incrementan más.

Por lo anterior, calificamos como cumplida, pero la promesa que hizo el saliente presidente Duque, porque a pesar que logró la meta propuesta en el cuatrienio, son múltiples los argumentos de expertas de que el mecanismo intersectorial para el estudio, mitigación y monitoreo de las violencias no ha logrado tener el efecto para el cual fue creado.