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Cuestionable

Viernes, 26 Junio 2020

El Ministro de Salud no ha confirmado que hospitales y clínicas tengan un ‘negocio macabro’

Por Laura Rodríguez Salamanca

A principios de junio, Fernando Ruiz denunció mal manejo de las UCI en algunas regiones del país. Pero en algunas publicaciones los usuarios han descontextualizado sus palabras.

Desde hace un par de días se están compartiendo y comentando en redes sociales publicaciones en las que se asegura: “el ministro de salud confirmó (sic) lo que ya hace rato se sabía, en Colombia en muchos hospitales y clínicas tienen un negocio macabro con la salud de las personas”. 

En este tipo de publicaciones [algunas han sido compartidas más de 2.900 veces] se sostiene que “por cada persona que sea hospitalizada el estado paga una suma de dinero, y si la persona la llevan a la UCI (unidad de cuidados intensivos) la suma es más grande. Es por eso que en muchos hospitales están ocupando las UCI con personas que talvez no tenga la nesecidad de estar allí, y lo hacen para cobrar la plática....(sic) Debe ser por eso que hay mucha gente que van hasta por un dolor de muela y de una vez los hospitales dicen que tiene COVID-19 y lo dejan hospitalizados”.

Publicación

En Colombiacheck encontramos que, aunque este tipo de mensajes se basan en una denuncia real que hizo el ministro Fernando Ruiz, descontextualizan parte de la información y presentan un dato engañoso. 

Por una parte, el pasado 3 de junio el Ministro de Salud advirtió en una sesión de la Comisión Segunda del Senado que posiblemente habría un mal manejo en las UCI en algunas zonas del país

“Quiero hacer una importante anotación sobre el uso adecuado de ventiladores, porque hemos venido observando en el país que las áreas de cuidado intensivo en muchos lugares de Colombia están siendo mal utilizadas (…). Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para tener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un interés puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar por los servicios”, dijo. 

Esta denuncia se enfocó en la posible extensión del tiempo de permanencia de los pacientes con COVID-19 en UCI, muchas veces con el fin de no reportar las camas vacías. En palabras de Ruiz: “buscando, de alguna manera, que la cama se utilice con un asegurador con el que se tiene contrato de una EPS que históricamente me ha generado mejores flujos de fondos”.  

El jefe de la cartera de salud no habló [como se dice en las publicaciones que se han viralizado] de hospitalización de pacientes que no lo requieren o del diagnóstico con COVID-19 y hospitalización a personas con otras enfermedades. 

De hecho, el 2 de junio la Superintendencia Nacional de Salud expidió la circular externa 012 de 2020 en la que solicitó “dar estricto cumplimiento a lo establecido en los ‘lineamientos para el manejo clínico de pacientes con enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19’ y fortalecer los canales de comunicación con las Entidades Territoriales y las EAPB [Empresas Administradoras de Beneficios], junto con los criterios de manejo asistenciales que definen la pertinencia o no de la hospitalización en alta complejidad”. 

Por la otra parte, las publicaciones virales presentan un dato engañoso. Hablan de sumas dinero que paga el Estado tanto por cada persona hospitalizada como por cada paciente que es llevado a UCI (una cantidad mayor). Pero como explicamos en otro chequeo, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas, los servicios que se prestan a los pacientes con COVID-19 se están facturando a través de las EPS (con dinero de los cotizantes y de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social para cubrir el Plan Obligatorio de Salud).

Además, como explicamos en el mismo texto, “aunque el 12 de abril el Gobierno Nacional ordenó, a través del Decreto 538, la creación de unas canastas [pagos por ciertos servicios que se le prestan a los pacientes con COVID-19] para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), esto aún está en proceso de reglamentación y, por lo tanto, no se ha empezado a aplicar [de forma generalizada]” 

El 18 de junio esta cartera reglamentó el valor de referencia del pago para los servicios UCI y de Unidades de Cuidados Intermedios, (UCIM) pero para el caso específico en que no haya convenio entre la IPS que atiende al paciente y su EPS. En palabras de María Andrea Godoy, viceministra de protección social,  “las EPS deben pagar a las IPS por servicios UCI para la atención de pacientes con COVID-19 en los eventos en que en no exista acuerdo entre la EPS a la que está afiliado el usuario y el hospital o IPS privada que brinda estos servicios". Esto no se refiere a un valor que pague el Estado directamente a las IPS. 

Entonces, calificamos este tipo de publicaciones, en las que se dice que el ministro de Salud confirmó que en Colombia en muchos hospitales y clínicas tienen un negocio macabro con la salud de las personas, como cuestionables porque parten de denuncias hechas por el Ruiz, pero las sacan de contexto y presentan datos engañosos. 

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Jueves, 23 Abril 2020

De Bedout da cifras ciertas de pruebas Covid-19 por países, pero faltan datos

Por José Felipe Sarmiento

Los datos del periodista vienen de fuentes oficiales pero no se pueden comparar así no más, sin tener en cuenta otras variables. Además, las cifras de Venezuela no son confiables.

Por segundo domingo consecutivo, el periodista Félix de Bedout publicó en su cuenta de Twitter un reporte con la proporción de pruebas para detectar Covid-19 por millón de personas en 10 países de Suramérica, un escalafón que encabeza Venezuela con 10.504 (una semana antes, el 12 de abril, eran 6.337) y en el que Colombia es sexta con 1.160 (antes eran 798).

Trinos de Félix de Bedout con reportes de pruebas Covid-19 por millón de personas en Suramérica

Algunos usuarios han partido de estos datos para concluir, por ejemplo, que “el ‘castrochavismo’ lidera la realización de pruebas en la región”.

Otro usuario saca conclusiones del reporte de pruebas Covid-19 de Félix de Bedout

Colombiacheck encontró que las tablas publicadas por De Bedout son ‘verdaderas pero…’. Aunque sus cifras corresponden a las oficiales, no se pueden comparar por sí solas a la ligera. La falta de atención a las particularidades de cada país puede sesgar su interpretación.

La fuente que cita el periodista es el portal Worldometer. En efecto, las cifras del trino del 19 de abril en la mañana son iguales o ligeramente superiores a las que quedaron en el registro de esa página hecho por el archivo de internet WayBack Machine el sábado en la noche. Lo mismo sucede con las del 12 de abril, tomadas solo tres minutos antes de la publicación en Twitter. El sitio dice que sus datos son tomados de fuentes oficiales y, ocasionalmente, medios de comunicación. Pero estas no siempre son confiables.

¿Líder con trampa?

Las estadísticas de Venezuela, el supuesto líder de la región en aplicación de pruebas por millón de personas, han sido puestas en duda por medios dedicados a la verificación de datos en ese país. Los chequeos de Cotejo, Efecto Cocuyo  y EsPaja (miembros de las alianzas internacionales #DatosCoronavirus y LatamChequea) han destapado varias inconsistencias en la información entregada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Por un lado, la población sobre la que están calculadas las pruebas por millón de personas no tiene en cuenta el fenómeno migratorio masivo que vive ese país. Por lo menos 5 millones de personas han dejado ese territorio en los últimos años, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). Esto equivale casi a 15,5 por ciento de los habitantes proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en el censo de 2011.

Pero la falta de claridad surge sobre todo porque las cuentas no cuadran ni siquiera entre diferentes pronunciamientos del gobierno.

El 2 de abril, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), dijo que el país había hecho 1.779 pruebas hasta el 31 de marzo. Dos días después, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, habló de 1.227 por millón, lo que daría unas 30.700 en total. En ambos casos, se afirma que 8 por ciento dio positivo, lo que implicaba una variación de 144 a casi 2.500 personas contagiadas entre un informe y el otro.

El primero coincidía con la cifra oficial de enfermos, el segundo no. Pero el de la organización internacional daba una cifra de apenas 71 pruebas por millón de personas al descontar los migrantes (lo que, de hecho, aumenta el resultado al disminuir el denominador de la división); este dato es muy inferior al que dio el funcionario.

Luego, las pruebas hechas por Venezuela se dispararon. Del 5 al 9 de abril, supuestamente se hicieron más de 100.000, o sea 20.000 diarias en un país que cuenta con un solo laboratorio para procesar pruebas PCR, que son las que detectan partes del virus en las muestras. A modo de comparación, el techo de procesamiento de pruebas en Colombia es de 17.000 al día con 60 laboratorios en operación, según le dijo la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, al diario El Tiempo.

En ese enredo de datos, Caracas tampoco ha distinguido con claridad cuándo se refiere a PCR y cuándo (o en qué proporción), a las llamadas “pruebas rápidas”, que detectan la presencia de anticuerpos. Las segundas son consideradas menos confiables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos como la epidemióloga Isabel Rodríguez Barraquer, profesora de la Universidad de California San Francisco, solo recomiendan su uso en contextos de investigación, no para diagnósticos clínicos.

De hecho, uno de los proyectos ganadores de la convocatoria especial del Ministerio de Ciencias de Colombia por la pandemia de Covid-19 es un estudio nacional de seroprevalencia de SARS-CoV-2 (o sea, para saber qué proporción de la población ha estado expuesta a este coronavirus) con base en sus sistemas de defensa inmunológica. La investigación, liderada por el INS en alianza con otras nueve instituciones, contará con 2.000 millones de pesos para su ejecución.

Worldometer, la fuente de Félix de Bedout, reproduce las estadísticas oficiales sin muchas consideraciones sobre su confiabilidad. Además, incluso al asumirlas como veraces, Venezuela y otros países tienen particularidades que hacen más complejo el análisis. No es una comparación simple.

Ojo a la estrategia

Las estrategias que los países pueden usar para vigilar la evolución de la epidemia se pueden dividir en tres, según el epidemiólogo Andrés Fandiño Losada, investigador de la Universidad del Valle: evaluar a la población en general con estudios en los que se le aplica la prueba a una muestra representativa, enfocarse en comunidades completas pero específicas donde se concentran más casos de la enfermedad o solo examinar a pacientes sospechosos y probables (una definición que puede variar de acuerdo a los criterios de cada gobierno y a lo largo del tiempo).

Las dos primeras requieren de muchas más pruebas y, por consiguiente, de más recursos. Islandia, por ejemplo, aplicó pruebas a 6 por ciento de su población entre el 31 de enero y el 4 de abril, pero es un país desarrollado de 364.000 habitantes (un poco más que Neiva), por lo que bastó con 13.084 participantes en un estudio por invitación abierta o selección aleatoria y 9.199 pacientes sospechosos. Mientras tanto, Corea del Sur es el ejemplo más conocido de testeo masivo por áreas geográficas con mayor cantidad de casos; llegó a procesar 20.000 pruebas al día.

Fandiño señala que los países suramericanos, en general menos ricos, han optado por la tercera opción. Esto tiene implicaciones sobre las variables a tener en cuenta si se pretende compararlos. La más importante es, precisamente, la definición de caso sospechoso o probable. Para la correcta interpretación de los datos que presenta De Bedout se requiere tener en cuenta las diferencias entre países y los cambios en el tiempo.

Por ejemplo, la guía de Paraguay menciona la fiebre como determinante de un posible caso sospechoso sin especificar una temperatura mínima. En cambio, Colombia y Perú sí establecen que debe ser de 38 °C para arriba. Chile no le pone límite en personas con historial de viaje a lugares con transmisión local del virus, pero lo fija en 37,8 °C para las demás. En Argentina, es de 37,5 grados excepto para personal de salud y regiones con circulación confirmada.

También hay otras diferencias sobre los síntomas adicionales. Paraguay los limita a la tos y la dificultad para respirar. Colombia coincide con Argentina en la mayoría. Sin embargo, allá se incluyó primero la pérdida de olfato y la percepción de mayor dificultad para percibir sabores (signos de alarma que confirmados por la OMS con base en estudios científicos después de la publicación de esta nota, como contamos en otro chequeo). Todo esto afecta el margen de interpretación del personal de la salud y, en consecuencia, el número de pruebas.

Además, el INS ha hecho varias actualizaciones del instructivo colombiano donde aparece esa definición de caso. Esta también incluye otros factores, como el historial de viaje del paciente a los países con circulación comunitaria del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia; esa lista se ha ido ampliando conforme la enfermedad avanza alrededor del mundo. Chile también ha variado su definición según las fases de la epidemia. El portal del Gobierno de Argentina tiene un aviso en el que advierte que la definición “es dinámica”.

Esto está directamente relacionado con otro detalle que se escapa a los reportes de Félix de Bedout en Twitter: el desarrollo de la epidemia ha sido distinto en cada país. Para empezar, no llegó a todos al mismo tiempo.

El primero en registrar la enfermedad en su territorio fue Brasil, el 26 de febrero. Ecuador le siguió tres días más tarde. El 3 de marzo, apareció en Argentina; el 4, en Chile y el 6, en Perú y Colombia. Al día siguiente, en Paraguay. A Bolivia, solo llegó hasta el 11 y Uruguay fue el último en confirmar su llegada, el 13 de marzo. Es decir que la diferencia máxima entre los países de la lista supera incluso las dos semanas de incubación del virus, por lo que no es tan fácil comparar como si todos hubieran estado en la misma etapa de la epidemia desde el comienzo.

Además, “el virus se difundió mucho más en Ecuador y Perú, [entonces] había que hacerles las pruebas a más personas”, explica el médico y profesor Fandiño. De acuerdo con el mapa de Covid-19 de la Universidad Johns Hopkins, esos países llevan 537 y 530 muertes, respectivamente, a causa de esta enfermedad, así como 10.850 y 19.250 casos confirmados.

En contraste, el reporte más reciente del Ministerio de Salud de Colombia ubica al país muy por debajo de estos dos vecinos. Las muertes son 206 hasta el 22 de abril, menos de la mitad. Los casos confirmados llegan 4.356, Ecuador los duplica y Perú los cuadruplica.

El efecto sobre el número de pruebas se nota en las 170.400 que ha hecho Perú. Mientras tanto, Ecuador lleva solo 34.840, cerca de la mitad de las 71.464 que ha hecho Colombia de acuerdo con el INS. Pero ambos países son impulsados en la tabla por millón de personas debido a que tienen poblaciones mucho más pequeñas. Lo contrario pasa con Brasil, el país más afectado de la región (2.906 muertes entre 45.757 casos), que está en la parte baja de la tabla de proporción aunque ha hecho 291.922 pruebas.

Así como el dato de pruebas por millón de personas cambia en Venezuela según se tenga en cuenta o no el éxodo que ha vivido por cuenta de la crisis interna, la cantidad de habitantes de cada país afecta necesariamente los resultados. Por matemáticas simples, una sola prueba aumenta más el resultado por millón en Uruguay, donde viven 3,5 millones de personas, que en Ecuador, donde son 17,5 millones; Perú, que va por 32,8 millones; Colombia, que tiene 50,3 millones, o Brasil, donde hay 211,4 millones (es el séptimo país más poblado del mundo).

“Yo no me atrevería a decir que una medida es adecuada y la otra inadecuada, solo que cada una se interpreta a su manera”, explica el epidemiólogo Fandiño. Insiste en que eso depende de la fase en la que esté cada país, o sea de qué tanto se haya difundido la enfermedad en su territorio. Por su parte, el INS recomienda los datos sobre acumulado de pruebas para Covid-19 del portal de la ONG Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). Allí también se pueden encontrar con relación a la población, aunque por cada 100.000 habitantes.

Esta organización toma la información de fuentes abiertas y “de confianza”, como los organismos internacionales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, solo tiene registro del informe de OCHA; esto deja a ese país por debajo de toda la región, pero la cifra ya está desactualizada. También presenta rezago con respecto a los reportes oficiales de otros países, aunque este es menor en la mayoría de los casos, incluido Colombia.

En resumen, dando por ciertas las cifras de todos los gobiernos (a pesar de las dudas sobre los datos de Venezuela, que de todas formas se concentran en días diferentes a los citados en los trinos, a falta de mejor información por otras fuentes), los reportes de Félix de Bedout son ‘verdaderos pero…’ porque son números reales pero cuya interpretación es más compleja que la simple comparación. Al dejarlos sueltos, se presta para que otros usuarios de redes saquen conclusiones apresuradas sin tomar en cuenta todas las variables ni la confiabilidad de las fuentes.

Actualización 14 de noviembre de 2020, 6:30 p. m.

Antes, este artículo decía que “Colombia coincide con Argentina en la mayoría [de síntomas en la definición de caso]. Sin embargo, allá se incluyó la pérdida de olfato y la percepción de mayor dificultad para percibir sabores (signos de alarma que no han sido confirmados por la OMS o estudios científicos pero sí sugeridos por asociaciones médicas de diferentes partes del mundo, como contamos en otro chequeo)”.

Cambiamos esas líneas para actualizarlas con respecto a las nuevas indicaciones de la OMS y los cambios en el protocolo de Colombia, que también incorporaron la anosmia con posterioridad, cuando surgió evidencia científica más robusta sobre su relación con la COVID-19.

Actualización 24 de abril de 2020, 10:50 a.m.

El doctor Andrés Fandiño le hizo a Colombiacheck una claridad posterior a la publicación de este chequeo, con relación a la pertinencia de cada uno de los indicadores sobre pruebas, el número acumulado y la proporción sobre la población. Por eso modificamos el antepenúltimo párrafo. La calificación sí se mantiene, pues esta modificación incluso la reafirma.

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