Desde hace un par de días se están compartiendo y comentando en redes sociales publicaciones en las que se asegura: “el ministro de salud confirmó (sic) lo que ya hace rato se sabía, en Colombia en muchos hospitales y clínicas tienen un negocio macabro con la salud de las personas”. 

En este tipo de publicaciones [algunas han sido compartidas más de 2.900 veces] se sostiene que “por cada persona que sea hospitalizada el estado paga una suma de dinero, y si la persona la llevan a la UCI (unidad de cuidados intensivos) la suma es más grande. Es por eso que en muchos hospitales están ocupando las UCI con personas que talvez no tenga la nesecidad de estar allí, y lo hacen para cobrar la plática....(sic) Debe ser por eso que hay mucha gente que van hasta por un dolor de muela y de una vez los hospitales dicen que tiene COVID-19 y lo dejan hospitalizados”.

En Colombiacheck encontramos que, aunque este tipo de mensajes se basan en una denuncia real que hizo el ministro Fernando Ruiz, descontextualizan parte de la información y presentan un dato engañoso. 

Por una parte, el pasado 3 de junio el Ministro de Salud advirtió en una sesión de la Comisión Segunda del Senado que posiblemente habría un mal manejo en las UCI en algunas zonas del país. 

“Quiero hacer una importante anotación sobre el uso adecuado de ventiladores, porque hemos venido observando en el país que las áreas de cuidado intensivo en muchos lugares de Colombia están siendo mal utilizadas (…). Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para tener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un interés puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar por los servicios”, dijo. 

Esta denuncia se enfocó en la posible extensión del tiempo de permanencia de los pacientes con COVID-19 en UCI, muchas veces con el fin de no reportar las camas vacías. En palabras de Ruiz: “buscando, de alguna manera, que la cama se utilice con un asegurador con el que se tiene contrato de una EPS que históricamente me ha generado mejores flujos de fondos”.  

El jefe de la cartera de salud no habló [como se dice en las publicaciones que se han viralizado] de hospitalización de pacientes que no lo requieren o del diagnóstico con COVID-19 y hospitalización a personas con otras enfermedades. 

De hecho, el 2 de junio la Superintendencia Nacional de Salud expidió la circular externa 012 de 2020 en la que solicitó “dar estricto cumplimiento a lo establecido en los ‘lineamientos para el manejo clínico de pacientes con enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19’ y fortalecer los canales de comunicación con las Entidades Territoriales y las EAPB [Empresas Administradoras de Beneficios], junto con los criterios de manejo asistenciales que definen la pertinencia o no de la hospitalización en alta complejidad”. 

Por la otra parte, las publicaciones virales presentan un dato engañoso. Hablan de sumas dinero que paga el Estado tanto por cada persona hospitalizada como por cada paciente que es llevado a UCI (una cantidad mayor). Pero como explicamos en otro chequeo, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas, los servicios que se prestan a los pacientes con COVID-19 se están facturando a través de las EPS (con dinero de los cotizantes y de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social para cubrir el Plan Obligatorio de Salud).

Además, como explicamos en el mismo texto, “aunque el 12 de abril el Gobierno Nacional ordenó, a través del Decreto 538, la creación de unas canastas [pagos por ciertos servicios que se le prestan a los pacientes con COVID-19] para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), esto aún está en proceso de reglamentación y, por lo tanto, no se ha empezado a aplicar [de forma generalizada]” 

El 18 de junio esta cartera reglamentó el valor de referencia del pago para los servicios UCI y de Unidades de Cuidados Intermedios, (UCIM) pero para el caso específico en que no haya convenio entre la IPS que atiende al paciente y su EPS. En palabras de María Andrea Godoy, viceministra de protección social,  “las EPS deben pagar a las IPS por servicios UCI para la atención de pacientes con COVID-19 en los eventos en que en no exista acuerdo entre la EPS a la que está afiliado el usuario y el hospital o IPS privada que brinda estos servicios". Esto no se refiere a un valor que pague el Estado directamente a las IPS. 

Entonces, calificamos este tipo de publicaciones, en las que se dice que el ministro de Salud confirmó que en Colombia en muchos hospitales y clínicas tienen un negocio macabro con la salud de las personas, como cuestionables porque parten de denuncias hechas por el Ruiz, pero las sacan de contexto y presentan datos engañosos.