Un gráfico difundido en Twitter indica que los desaparecidos en el conflicto colombiano (según el trino, 86.000) superan a los de las dictaduras de Chile (3.200) y Argentina (40.000). La información del gráfico es Aproximada porque no hace la comparación con la metodología adecuada pues para sacar conclusiones en casos como este hay que tener en cuenta los periodos comparados y la población de cada país en esos lapsos.

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— Moisie7e (@moi7nieto) 1 de septiembre de 2018

El reporte más reciente del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre desaparición forzada indica que en Colombia se han registrado 80.569 desapariciones entre 1958 y 2018. Aunque en ese mismo Observatorio se había hablado de 86.000 desaparecidos, se depuraron las bases de datos y se llegó a esa nueva cifra. En el trino no se indica el periodo de tiempo cuantificado en el caso de cada país, ni la fuente en la que se basan las cifras.

La gráfica compara cifras de periodos violentos de distinta duración. La dictadura en Chile duró 17 años (entre 1973 y 1990). Por su parte, la dictadura en Argentina duró siete años (de 1976 a 1983). Las estadísticas de Colombia, en cambio, corresponden a 60 años de conflicto armado (1958-2018), por lo que la comparación es inexacta, según explicó Andrés Suárez, director del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH-

Suárez, además, indicó que la única comparación viable entre la situación de desaparecidos en estos tres países tendría que basarse en la tasa de víctimas por 100 mil habitantes (es decir, qué porcentaje de la población que tenía cada país en el momento de los hechos fue afectada) para saber en dónde fue más grave la situación.

Según el informe del CNMH titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, en Chile hubo 3.500 desapariciones documentadas y 10.000 en Argentina, en donde la proyección de ese delito es de 30.000 casos.

Para confrontar las cifras de una manera mínimamente comparable, sobre todo en términos de tiempos, Suárez recomendó tomar el lapso entre 1997 y 2004 que es el periodo más crítico de desapariciones en el caso colombiano, con 41.200 casos.

También recomendó, en el caso de Argentina utilizar la cifra de 10.000 desaparecidos por ser los casos que están documentados.

Al hacer ese ejercicio, el resultado es que Colombia sí es el país más afectado por ese delito con 93,2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. El segundo Argentina con 35,8 y Chile el tercero con 30,2 por 100 mil habitantes. (Si en el caso argentino se tomara la cifra de los 30.000 casos proyectados, el resultado sería de 107,4 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, un resultado más alto que el de Colombia).

Aunque en el trino se habla de Seguridad democrática haciendo alusión a la llamada política de seguridad del Estado que se denominó así durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay que aclarar que esa política se implementó durante el doble periodo de Uribe (2002-2010) y la cifra de desaparecidos del CNMH corresponde a 60 años de conflicto.

También hay que señalar que entre 2002 y 2010 hubo 29.251 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado (de las 80.569 que se han registrado), pero también que en el periodo de consolidación de esa política hubo un decrecimiento de ese delito, (como se puede ver en el gráfico).

Suárez señaló además, que esa reducción pudo ser mayor de no ocurrir los falsos positivos y resaltó que entre los responsables de las desapariciones forzadas no solo está el Estado, sino que es un crimen en el que tienen responsabilidad otros grupos armados. “A diferencia de las dictaduras no hay cómo probar en estos momentos que la desaparición fue una política sistemática o una estrategia del poder militar en Colombia o del Estado colombiano, con eso hay que tener cuidado”, concluyó Suárez.

El caso colombiano

En Colombia este es un crimen de lesa humanidad que “ha afectado sobre todo a los líderes sindicales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH.” indica el informe Hasta encontrarlos.

Ese informe indica además que también han sido víctimas de desaparición forzada los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado de las denuncias y los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho eco de los reclamos de los allegados a las víctimas.