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Miércoles, 12 Septiembre 2018

En Colombia las desapariciones son más que en las de dictaduras de Chile y Argentina

Por Sania Salazar

Un trino compara, sin tener en cuenta el contexto, el número de desaparecidos de las dictaduras de Chile y Argentina con las del conflicto colombiano.

Un gráfico difundido en Twitter indica que los desaparecidos en el conflicto colombiano (según el trino, 86.000) superan a los de las dictaduras de Chile (3.200) y Argentina (40.000). La información del gráfico es Aproximada porque no hace la comparación con la metodología adecuada pues para sacar conclusiones en casos como este hay que tener en cuenta los periodos comparados y la población de cada país en esos lapsos.

 

 

El reporte más reciente del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre desaparición forzada indica que en Colombia se han registrado 80.569 desapariciones entre 1958 y 2018. Aunque en ese mismo Observatorio se había hablado de 86.000 desaparecidos, se depuraron las bases de datos y se llegó a esa nueva cifra. En el trino no se indica el periodo de tiempo cuantificado en el caso de cada país, ni la fuente en la que se basan las cifras.

La gráfica compara cifras de periodos violentos de distinta duración. La dictadura en Chile duró 17 años (entre 1973 y 1990). Por su parte, la dictadura en Argentina duró siete años (de 1976 a 1983). Las estadísticas de Colombia, en cambio, corresponden a 60 años de conflicto armado (1958-2018), por lo que la comparación es inexacta, según explicó Andrés Suárez, director del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH-

Suárez, además, indicó que la única comparación viable entre la situación de desaparecidos en estos tres países tendría que basarse en la tasa de víctimas por 100 mil habitantes (es decir, qué porcentaje de la población que tenía cada país en el momento de los hechos fue afectada) para saber en dónde fue más grave la situación.

Según el informe del CNMH titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, en Chile hubo 3.500 desapariciones documentadas y 10.000 en Argentina, en donde la proyección de ese delito es de 30.000 casos.

Para confrontar las cifras de una manera mínimamente comparable, sobre todo en términos de tiempos, Suárez recomendó tomar el lapso entre 1997 y 2004 que es el periodo más crítico de desapariciones en el caso colombiano, con 41.200 casos.

También recomendó, en el caso de Argentina utilizar la cifra de 10.000 desaparecidos por ser los casos que están documentados.

Al hacer ese ejercicio, el resultado es que Colombia sí es el país más afectado por ese delito con 93,2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. El segundo Argentina con 35,8 y Chile el tercero con 30,2 por 100 mil habitantes. (Si en el caso argentino se tomara la cifra de los 30.000 casos proyectados, el resultado sería de 107,4 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, un resultado más alto que el de Colombia).

Aunque en el trino se habla de Seguridad democrática haciendo alusión a la llamada política de seguridad del Estado que se denominó así durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay que aclarar que esa política se implementó durante el doble periodo de Uribe (2002-2010) y la cifra de desaparecidos del CNMH corresponde a 60 años de conflicto.

También hay que señalar que entre 2002 y 2010 hubo 29.251 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado (de las 80.569 que se han registrado), pero también que en el periodo de consolidación de esa política hubo un decrecimiento de ese delito, (como se puede ver en el gráfico).

Infografía sobre desapraición forzada con datos del CNMH

Suárez señaló además, que esa reducción pudo ser mayor de no ocurrir los falsos positivos y resaltó que entre los responsables de las desapariciones forzadas no solo está el Estado, sino que es un crimen en el que tienen responsabilidad otros grupos armados. “A diferencia de las dictaduras no hay cómo probar en estos momentos que la desaparición fue una política sistemática o una estrategia del poder militar en Colombia o del Estado colombiano, con eso hay que tener cuidado”, concluyó Suárez.

El caso colombiano

En Colombia este es un crimen de lesa humanidad que “ha afectado sobre todo a los líderes sindicales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH.” indica el informe Hasta encontrarlos.

Ese informe indica además que también han sido víctimas de desaparición forzada los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado de las denuncias y los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho eco de los reclamos de los allegados a las víctimas.

 

Martes, 31 Julio 2018

Consulta Anticorrupción busca darle dientes al Estado para que le quite contratos a corruptos

Por Sania Salazar

Actualmente un contratista al que se le comprueben actos de corrupción debe ceder voluntariamente el contrato, la Consulta pretende que el Estado pueda terminarlo unilateralmente.

A 26 días de votar la Consulta Anticorrupción en Colombia persisten las dudas y la información falsa con respecto a ese proceso.

En Facebook circula una publicación que asegura que la Consulta busca, entre otras cosas, impedir que los contratistas corruptos cedan los contratos a terceros y que, por el contrario, el Estado pueda recuperar esos contratos. Colombiacheck encontró que esta información contiene una inexactitud, por lo que la califica de Aproximada.

Publicación sobre consulta anticorrupción

La publicación de Facebook se refiere a la última parte de la pregunta número dos de la Consulta en donde se habla de darle potestad al Estado de terminar unilateralmente con contratos obtenidos con actos de corrupción:

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

En Vence al Corrupto, la página de los promotores de la consulta anticorrupción, explican, sobre esa parte de la segunda pregunta, que actualmente dentro de las causales para que la entidad contratante termine unilateralmente un contrato no están contemplados los hechos de corrupción.

El artículo 17 de la Ley 80 de 1993 dice que la entidad, en acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación anticipada del contrato, entre otros, en los siguientes eventos: muerte o incapacidad física permanente del contratista, o disolución de la persona jurídica del contratista, o por declaración de quiebra del mismo, pero no se mencionan casos de corrupción.

En conversación con el periódico El Espectador, la exsenadora del Partido Verde Claudia López dice que el objetivo de esta parte de la iniciativa es “darle la facultad al Estado de cancelar de manera unilateral y sin ninguna indemnización los contratos que se consiguen con corrupción”.

https://youtu.be/i9qxIySpIzI

En la página Vence al Corrupto explican, además, que la Ley 80 de 1993 ya impide que los condenados por delitos contra la administración pública puedan contratar con el Estado. Sin embargo, en el caso de los contratistas a los que se les comprueban actos de corrupción cuando el contrato ya está firmado y en ejecución, la cesión o renuncia al contrato depende de la voluntad del contratista.

Hay que anotar que la cesión del contrato no es un derecho del contratista, sino una opción que tienen las entidades del Estado.

“Cuando una persona es condenada por peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad o usurpación y abuso de funciones públicas, le corresponde ceder el contrato o renunciar a su ejecución si lo primero no es posible. Esta consecuencia es abiertamente insuficiente, pues la administración no cuenta con las herramientas para terminar unilateralmente los contratos en razón a las condenadas de los corruptos”, precisan los impulsores de la Consulta.

Para Humberto García Vega, especialista en derecho administrativo y profesor de contratación de la Escuela Superior de Administración Pública, lo que se pretende es aprobar una causal más de inhabilidad y de terminación anticipada de un contrato, iniciativa que él ve bien, porque cree que la sola difusión de la Consulta servirá como factor de difusión.

Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, le explicó a Colombiacheck que “hoy lo que aplica es la cesión, existe en la Ley 80. Lo que nosotros queremos es que no se necesite la voluntad o la firma del contratista para ceder el contrato, porque si no lo quiere ceder no se le puede quitar ni asignar a otra persona”.

En un Facebook Live con el periódico El Colombiano Lozano explicó, además, que si el contratista se niega a ceder el contrato puede seguir ejecutándolo “y además se le sale a deber y hay que indemnizar, como a Odebrecht”, concluyó la senadora.

La publicación de Facebook tiene razón en que un contratista condenado por corrupción puede ceder su contrato, pero eso no es malo, lo malo es que es la única forma en la que, actualmente, se le puede despojar del mismo. Lo que busca el punto dos de la Consulta Anticorrupción es que el Estado tenga potestad para terminar unilateralmente con el contrato y no depender de que el contratista lo quiera ceder.