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Miércoles, 16 Enero 2019

En el archivo: El tratado de extradición de Colombia con Estados Unidos

Por Pablo Medina Uribe

Paloma Valencia y otros miembros del CD volvieron a afirmar erróneamente que el país no tiene tratado de extradición con EE.UU. Sí existe el tratado, pero la historia de su validez nacional e internacional es compleja.

La semana pasada, tras la audiencia que se realizó en Miami en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, varios miembros del Centro Democrático trinaron un mensaje alegando que "Colombia no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos".

Por ejemplo, este fue el mensaje trinado por la senadora Paloma Valencia:

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar en julio de 2018, tras un debate en el Congreso sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el que salió a colación el tema (por el caso del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', quien es acusado en los Estados Unidos por supuesto narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz).

En ese momento, el entonces senador del Centro Democrático Jaime Amín argumentó, sobre el tratado de extradición, que "unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso [el de ‘Jesús Santrich’], y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”.

Por su parte, el entonces senador del Partido de La U Roy Barreras dijo que "el tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”.

En nuestro chequeo original, calificamos la afirmación de Amín como "engañosa" y la de Barreras como "ligera" (en nuestro nuevo sistema de calificaciones, ambas serían calificadas como "cuestionables".

Esta fue nuestra explicación para llegar a esas calificaciones:

"El expresidente Álvaro Uribe había afirmado en su momento que el tratado de extradición entre los dos países no estaba vigente. Ese fue también uno de los argumentos de los abogados de Arias. En cambio la Cancillería manifestó lo contrario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó entonces la situación compleja de ese acuerdo binacional. De hecho, una cartilla sobre la extradición publicada por el Gobierno [de Santos] explica de manera muy escueta lo que sucede en el caso de Estados Unidos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández le contó a Colombiacheck la historia completa. El secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano como delegado presidencial de Julio César Turbay, Germán Zea Hernández, firmaron un tratado bilateral de extradición en 1979. Este, en principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.

Pero la ley con la que se aprobó el tratado en Colombia fue demandada y la Corte Suprema de 1986 la declaró inexequible. Según el tribunal, era un vicio que el texto no hubiera sido firmado por el presidente Turbay sino por el ministro delegatario Zea. Aunque cabe recordar que la decisión se dio después de una serie de amenazas y atentados contra los magistrados, además de la toma del Palacio de Justicia el año anterior. “Los narcos, en especial Pablo Escobar y los Extraditables, atacaron mucho ese tratado”, afirmó Hernández.

Incluso el presidente Virgilio Barco firmó una nueva ley ese año para tratar de que Colombia acogiera el tratado. Sin embargo, la Corte la ‘tumbó’ de nuevo. Luego vendrían la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991 (una concesión a Escobar para que se entregara) y su levantamiento con la reforma de 1997, como lo recuerda un informe del Departamento de Estado americano.

A pesar de todo esto el tratado, aunque inaplicable en la legislación interna por falta de aprobación, permaneció siempre vigente a nivel internacional, como lo ha explicado la Cancillería. Es por eso también que en Estados Unidos lo asumen así y, en consecuencia, la corte de Florida que lleva el caso de Arias determinó que el acuerdo está en vigor antes de avalar la extradición del exministro de Agricultura.

El exmagistrado advirtió que “no podemos decirles a los estadounidenses que no apliquen el tratado porque se cayó la ley acá; ese es un problema nuestro”. En consecuencia, no es cierto que el tratado no exista, como dice el senador Barreras, ni que solo esté vigente a veces, como señala Amín".

Por las mismas razones, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como "cuestionable".

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Miércoles, 26 Agosto 2020

JEP sí proporciona abogados a las víctimas, pero algunas organizaciones de ellas no confían en los elegidos

Por Sania Salazar

Una representante a la Cámara del Centro Democrático publicó en Twitter una frase del Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, que asegura que la JEP no les ha designado abogados para representar a sus víctimas, lo cual es cuestionable, pues lo que hay de fondo es que no confían en los abogados disponibles

La representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que Sebastián Velásquez, Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, dice: “para nosotros hay un desequilibrio total en el manejo que la Justicia Especial para la Paz le brinda a los victimarios frente a las víctimas que al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos”.

Al preguntarle a la senadora por la fuente de esa información, nos mandó el teléfono de Velásquez, quien le dijo a Colombiacheck que por informaciones periodísticas se enteró de la ejecución del contrato 342 de 2020, del que le mandaron el pantallazo de algunas páginas, que él ha publicado en Twitter, y aclaró que no ha visto el contrato completo.

Aunque el mensaje de Twitter de Velásquez asegura que la contratación de 93 abogados para la defensa de exguerrilleros de Farc costó 4.930 millones de pesos, él le admitió a Colombiacheck que “contratan varios ítems, no solamente abogados, mal haría yo en dividir 4.930 en 93, ahí hay otros ítems” y aseguró que la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, no ha negado la existencia del contrato.

Colombiacheck califica la información como cuestionable porque tiene varias imprecisiones sobre el contrato del que se habla y porque el representante de Fevcol no aclara que cuando asegura que "las víctimas al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos" se refiere solo a las que hacen parte de su organización. Pero también porque hay pruebas de que la JEP sí ha contratado abogados para las víctimas en general, pero Velásquez duda de que esos profesionales trabajen en favor de ellas. Además, porque la JEP asegura que se reunieron con Fevcol para socializar las propuestas de representación y defensa de las víctimas, proceso al que los invitaron a participar, pero en el que ellos no han presentado la documentación necesaria.

Velázquez aseguró que, para presentar sus casos ante la JEP, las víctimas de Fevcol han tenido que recurrir a abogados que donan su trabajo, pues no han contado con la ayuda de los de la JEP para documentar los casos y acreditar a las víctimas ante esa jurisdicción.

El representante legal de Fevcol reconoce que la JEP le informó a una de las fundadoras de la Federación que tienen abogados para ofrecer asesoría y representación judicial a las víctimas, pero aseguró que “en el caso tal de que fuera a acceder a un abogado los brindarían ellos y no tenemos ninguna garantía de que ese abogado trabaje en favor de las víctimas”.

En la página web de la JEP, Colombiacheck encontró en la contratación realizada entre enero y junio de 2020 varios contratos de asesoría jurídica y defensa judicial “a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

La JEP aseguró que, al 30 de junio de 2020, ha prestado servicios de asesoría a 3.337 víctimas, ha asumido la representación común de 1.909 víctimas individuales y 260 sujetos colectivos que representan y agrupan a más de 574.732 mil víctimas individuales acreditadas, pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas (afrocolombianos e indígenas), acreditadas en los macrocasos.

La JEP le aclaró a Colombiacheck que esa jurisdicción cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), un mecanismo gratuito dirigido para las víctimas y comparecientes que demuestren carecer de recursos suficientes para una representación y una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas ante ese tribunal.

También aclaró la JEP que no se contratan abogados a título personal, sino organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de las víctimas.

“En el acercamiento a dichas organizaciones se ha incluido a la organización FEVCOL a la cual se le ha invitado, en reiteradas oportunidades mediante comunicaciones electrónicas y reuniones presenciales, a remitir al SAAD la documentación que exige la Resolución 862 de 2019 que reglamenta el Registro de Abogados, con el fin de incluirla como organización acreditada para adelantar labores de asesoría y representación de víctimas, sin que a la fecha la organización FEVCOL haya remitido la información requerida para la correspondiente evaluación de capacidades”, resaltó la JEP en un comunicado escrito que le envió a Colombiacheck.

El tribunal explicó en el mismo comunicado que los requisitos y condiciones de elegibilidad de los abogados que deben prestar servicios de orientación, asesoría y asistencia legal (representación judicial a las víctimas y defensa técnica a los comparecientes) están regulados constitucional y legalmente.

“Según lo establece la Ley de Procedimiento de la JEP, las víctimas cuentan con cinco (5) opciones para participar en las diferentes instancias y momentos procesales en la JEP, así: (i) por sí mismas, es decir de manera personal y directa sin necesidad de un apoderado; (ii) por medio de un apoderado(a) de confianza; (iii) por un apoderado designado por la organización de víctimas; (iv) por intermedio de una representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP o, (v) de manera subsidiaria a las anteriores, mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública”, precisaron en la JEP.

En el Tribunal indicaron, además, que el parágrafo segundo de esa Ley de Procedimiento de la JEP señala que cuando haya más de una víctima se  podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas nombren uno o más abogados comunes para que defiendan de forma colectiva sus derechos, esto, principalmente en los macrocasos que ha abierto la jurisdicción. Así que debido a que la norma indica que se deben asignar representantes comunes y no apoderados judiciales individuales, la Secretaría Ejecutiva adelanta los procesos de asignación de los representantes comunes de víctimas.

La JEP indicó que, cuando las víctimas no tienen los recursos para contratar un abogado de confianza, el SAAD les provee abogados con “conocimientos y experiencia comprobadas” en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y representación de víctimas, “contratados con el estricto cumplimiento de los requisitos correspondientes”. 

En el Tribunal aseguraron que desde 2018 la Secretaría Ejecutiva de la entidad ha trabajado en identificar al mayor número de organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de víctimas.

El contrato 

Como ya lo dijimos, Velásquez se refiere al contrato 342 de 2020, que  aparece en la sección de transparencia de la página web de la JEP y en el Secop II firmado el 17 de abril de 2020 y con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de defensa  y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género”.

Como le reconoció Velásquez a Colombiacheck, el objetivo del contrato no es solo la contratación de abogados, sino de otros profesionales para desarrollar el proyecto base del contrato como el equipo administrativo y técnico.