Pasar al contenido principal
Miércoles, 16 Enero 2019

En el archivo: El tratado de extradición de Colombia con Estados Unidos

Por Pablo Medina Uribe

Paloma Valencia y otros miembros del CD volvieron a afirmar erróneamente que el país no tiene tratado de extradición con EE.UU. Sí existe el tratado, pero la historia de su validez nacional e internacional es compleja.

La semana pasada, tras la audiencia que se realizó en Miami en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, varios miembros del Centro Democrático trinaron un mensaje alegando que "Colombia no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos".

Por ejemplo, este fue el mensaje trinado por la senadora Paloma Valencia:

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar en julio de 2018, tras un debate en el Congreso sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el que salió a colación el tema (por el caso del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', quien es acusado en los Estados Unidos por supuesto narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz).

En ese momento, el entonces senador del Centro Democrático Jaime Amín argumentó, sobre el tratado de extradición, que "unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso [el de ‘Jesús Santrich’], y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”.

Por su parte, el entonces senador del Partido de La U Roy Barreras dijo que "el tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”.

En nuestro chequeo original, calificamos la afirmación de Amín como "engañosa" y la de Barreras como "ligera" (en nuestro nuevo sistema de calificaciones, ambas serían calificadas como "cuestionables".

Esta fue nuestra explicación para llegar a esas calificaciones:

"El expresidente Álvaro Uribe había afirmado en su momento que el tratado de extradición entre los dos países no estaba vigente. Ese fue también uno de los argumentos de los abogados de Arias. En cambio la Cancillería manifestó lo contrario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó entonces la situación compleja de ese acuerdo binacional. De hecho, una cartilla sobre la extradición publicada por el Gobierno [de Santos] explica de manera muy escueta lo que sucede en el caso de Estados Unidos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández le contó a Colombiacheck la historia completa. El secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano como delegado presidencial de Julio César Turbay, Germán Zea Hernández, firmaron un tratado bilateral de extradición en 1979. Este, en principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.

Pero la ley con la que se aprobó el tratado en Colombia fue demandada y la Corte Suprema de 1986 la declaró inexequible. Según el tribunal, era un vicio que el texto no hubiera sido firmado por el presidente Turbay sino por el ministro delegatario Zea. Aunque cabe recordar que la decisión se dio después de una serie de amenazas y atentados contra los magistrados, además de la toma del Palacio de Justicia el año anterior. “Los narcos, en especial Pablo Escobar y los Extraditables, atacaron mucho ese tratado”, afirmó Hernández.

Incluso el presidente Virgilio Barco firmó una nueva ley ese año para tratar de que Colombia acogiera el tratado. Sin embargo, la Corte la ‘tumbó’ de nuevo. Luego vendrían la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991 (una concesión a Escobar para que se entregara) y su levantamiento con la reforma de 1997, como lo recuerda un informe del Departamento de Estado americano.

A pesar de todo esto el tratado, aunque inaplicable en la legislación interna por falta de aprobación, permaneció siempre vigente a nivel internacional, como lo ha explicado la Cancillería. Es por eso también que en Estados Unidos lo asumen así y, en consecuencia, la corte de Florida que lleva el caso de Arias determinó que el acuerdo está en vigor antes de avalar la extradición del exministro de Agricultura.

El exmagistrado advirtió que “no podemos decirles a los estadounidenses que no apliquen el tratado porque se cayó la ley acá; ese es un problema nuestro”. En consecuencia, no es cierto que el tratado no exista, como dice el senador Barreras, ni que solo esté vigente a veces, como señala Amín".

Por las mismas razones, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como "cuestionable".

Miércoles, 16 Noviembre 2016

La JEP “funcionará hasta por diez años”, un engaño del presidente Santos

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con la firma del nuevo acuerdo de paz con las Farc comienzan a aparecer en el debate público nuevas imprecisiones sobre su alcance. Esta vez el ‘pinochito’ fue el presidente Juan Manuel Santos, quien omitió decir varias cosas al hablar del límite de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El 12 de noviembre, con un discurso que duró 23 minutos, Juan Manuel Santos, primer mandatario de los colombianos, anunció que se había firmado el nuevo acuerdo de paz entre su gobierno y las Farc. Durante su alocución el Presidente explicó los límites de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros temas.

Santos sostuvo que la JEP “funcionará hasta por diez años”, algo que Colombiacheck encontró engañoso gracias a la inspección del texto del nuevo acuerdo, el cual, pese a la promesa del Presidente de que los colombianos podríamos leerlo al día siguiente, solo se pudo revisar 35 horas después, a las 6:53 de la mañana del 14 de noviembre, cuando finalmente el Equipo de Paz del Gobierno lo divulgó.

 

 

Sobre el plazo en que va a operar la JEP el presidente explicó que, respondiendo a una petición expresa de limitarla, “funcionará hasta por diez años y solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años”.

Sin embargo, tras revisar los nuevos acuerdos revelados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encontramos que los diez años no son el verdadero límite y que, específicamente en el numeral 9 del punto 5.1.2., queda claro que se podrá extender su vigencia en el tiempo:

El plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de los informes que tratan los literales b) y c) del numeral 48, será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad. La Sección de estabilidad y eficacia de Resoluciones y Sentencias prevista en el último párrafo del numeral 52 podrá constituirse en cualquier momento en que resulte necesaria, sin limitación temporal alguna”.

El tema de un tiempo límite para la JEP fue propuesto por varios críticos del acuerdo de paz que no logró la refrendación el 2 de octubre, por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó que “era apropiado fijar límites de tiempo a esa jurisdicción para que la justicia ordinaria no sea reemplazada”.

Con el nuevo acuerdo se habla de un límite de tiempo pero no queda claro de cuánto será, lo cierto es que pueden ser más de 10 años, algo que no dijo el presidente Santos en su discurso.

El 'taximetro' de la JEP

El primer escollo que Colombiacheck encontró para verificar la frase del Presidente sobre los diez años en que operará la JEP, es que estos solo se empezarán a contar cuando todas las salas y secciones estén en funcionamiento. Es decir, en principio habrá salas y secciones que inicien su operación mucho antes que otras. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento empezará a operar mucho antes que la de Amnistía e Indulto.

Colombiacheck buscó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de corroborar esta información y en dicha entidad lo confirmaron, sin embargo, recalcaron que todas estas salas y secciones de la justicia transicional funcionarán de manera pronta.

Pero el problema no solo es cuándo arranca, el numeral referido por Colombiacheck y no mencionado por el presidente Santos en su discurso dice expresamente que la JEP tendrá otros cinco años de funcionamiento, los cuales podrán prorrogarse.

Es decir, la JEP tendrá diez años para investigar, imputar cargos y juzgar. Luego los otros 5 se usarán para cierres o, como lo dice el propio acuerdo, “para concluir su actividad jurisdiccional”.

Otro punto que no fue mencionado por el presidente Santos es que este mecanismo de justicia transicional tendrá una sección que funcionará a perpetuidad, por lo menos así lo dice expresamente el nuevo acuerdo. Será la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias que funcionará “sin limitación temporal alguna”.

En Colombiacheck no podemos explicar cuál es la razón para que el presidente, al dirigirse a millones de colombianos en su intervención televisada del 12 de noviembre, dijera que la JEP “funcionará hasta por diez años” y omitiera todas las otras posibilidades que ofrece el nuevo acuerdo.

Pero consideramos que este no es un asunto menor ya que al hablar del funcionamiento del mecanismo especial también hablamos de recursos públicos. No es lo mismo mantener la justicia transicional por una década que por 15 años y tampoco es igual buscar recursos para un mecanismo alternativo de justicia con una sección que funcionará eternamente.