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Chequeo Múltiple

Lunes, 23 Mayo 2022

Gustavo Petro 

Por Colombiacheck

Alcalde de Bogotá 2012-2015

A lo largo de los años el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cargo que ejerció entre 2012 y 2015 ha sacado pecho por numerosas ejecutorias durante su administración. 

Hoy, como candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Petro ha sorteado debates y respondido en Twitter, a través de su cuenta @petrogustavo a los cuestionamientos que le han hecho por algunas de sus actuaciones en ese periodo de gobierno.

Desde el punto en el que dejó los estudios del metro subterráneo de Bogotá, pasando por haber sacado de las calles a 65.000 niños que trabajaban, hasta asegurar que en su administración se recuperaron las finanzas de la red pública de los hospitales de Bogotá, al punto de dejar un superávit.

Al final de su mandato, sus ejecutorias como alcalde de los bogotanos fueron analizadas por expertos en algunos medios de comunicación como Razón Pública, que en este artículo escrito por el sociólogo, Efraín Sánchez, aseguró que “el mayor éxito de su gestión fue algo que ni siquiera está entre las metas del Plan de Desarrollo: haber reducido la pobreza a la mitad. En esto la ciudad tuvo un avance evidente, al reducir en más de 500.000 el número de pobres”.

Sánchez, precisa, luego de hacer un análisis entre lo que cumplió y no cumplio el entonces mandatario, que “si hay una lección cierta que deja el paso de Petro por la Alcaldía es que, por más correctos que sean los nuevos modelos y por mejores que sean las intenciones, no hay que perder de vista ni las necesidades cotidianas de la gente, ni las instituciones que nos rigen”. 

Y en este reciente artículo comparativo de las gestiones de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, hecho por el diario La República, se menciona, por ejemplo que, “primero, haciendo una comparación de favorabilidad según las encuestas de Gallup, en la recta final de cada uno de los candidatos, Gutiérrez tenía un mejor panorama, con un 85% de aprobación en la medición del 28 de junio de 2019. En el caso de Petro la favorabilidad fue de 32% para el 27 de junio de 2013”.

Así es que en Colombiacheck decidimos navegar por los datos disponibles para confirmar, a partir de nuestra metodología de verificación, la veracidad de esas frases que a lo largo de la campaña a la Presidencia ha pronunciado Petro.

Le pasamos la lupa a diez de ellas en temas como: salud, educación, seguridad, pobreza, gestión de basuras, metro, movilidad eléctrica y niños trabajadores.

De estas frases encontramos que tres son falsas,  tres más cuestionables, dos son verdaderas pero y dos son verdaderas.


 

 

“Entregamos 45 sedes nuevas de colegios públicos en Bogotá. Entregamos 1400 aulas de preescolar”

En el debate que el pasado 14 de marzo realizaron El Tiempo - Semana, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, le preguntó directamente a Gustavo Petro por cuántos colegios había entregado durante su administración, de los que inicialmente prometió.

En el intercambio que se puede ver desde el minuto 2:34:30 del debate, Petro le responde a Gutiérrez “entregamos 45 sedes nuevas de colegios públicos en Bogotá. Entregamos 1400 aulas de preescolar”.

Así que decidimos verificar la veracidad de las cifras entregadas por el candidato del Pacto Histórico en relación con las ejecutorias de su administración en infraestructura educativa.

En primer lugar lo que podemos decir es que Petro durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá, cargo que desempeñó entre 2012 y 2015, prometió construir 100 colegios y 1000 jardines infantiles.

Luego, en su Plan de Desarrollo ajustó la meta a 86 colegios, de los cuales 30 iban a ser en lotes nuevos y otros 56 restituidos en predios preexistentes, así está consignado en la página 146 del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, como se puede ver en la tabla abajo de estas líneas. 

 

 

Sobre los jardines infantiles, el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, estableció una meta de construir 595, entre las Secretarías de Integración Social y de Educación, meta que está consignada en la tabla No. 1, página 102 del plan de desarrollo.

 

 

Así que de entrada las metas de Petro y bajo las que se debe evaluar su gestión en este aspecto son las que quedaron consignadas en su plan de desarrollo.

Sin embargo, y sobre esos resultados finales, ya son numerosas ocasiones en las que el hoy candidato a la Presidencia ha confundido a sus seguidores y críticos con las cifras por las que ha sacado pecho a lo largo de los años a este respecto. 

De hecho, el pasado febrero en Colombiacheck verificamos una publicación en la que se recogía, en un collage, diferentes trinos de Petro con las cifras de los colegios que había entregado.

En dicho chequeo encontramos que en efecto el collage que se viralizó sí correspondía a 5 trinos hechos por Petro, en fechas diferentes, y que contenían todos una cifras distinta sobre los colegios entregados, así se pueden ver en la biblioteca virtual archive.is: 1, 2, 3, 4, 5

Esa compilación de trinos empieza con una cifra de 23 sedes nuevas de colegios entregados en su administración, para luego decir que fueron 26. Posteriormente, afirma que entregó 48 sedes nuevas, en otro trino llega a hablar de 51 colegios y 1200 aulas de preescolar, y después dice que en su administración se entregaron 45 colegios nuevos y 1200 aulas.

 

La realidad es que durante su administración se entregaron realmente 18 colegios, 10 de los cuales fueron nuevos por restitución y los ocho restantes nuevos en infraestructura adquirida por la Secretaría de Educación Distrital.

Así quedó consignado en este informe de la Veeduría Distrital, titulado, Seguimiento al avance de metas priorizadas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015, el informe tiene corte al 31 de diciembre de 2015, es decir, el día en que Petro culminó su periodo como alcalde de Bogotá.

 

En este gráfico se ve que en relación con la meta planteada en el Plan de Desarrollo de Petro, tan solo se llegó a un cumplimiento del 20,93%. Tomado del informe de la Veeduría Distrital 2015.

 

Y adicionalmente, el informe de la veeduría reporta que la administración Petro dejó listos los diseños de 27 colegios, 4 más en obra, en trámite de licencias 2 y 4 más cuyos contratos debieron ser sometidos a caducidad o liquidación por incumplimiento de los contratistas.

En total, el presupuesto que había apropiado el Distrito en el período 2012 - 2015 para cumplir con esta meta, entonces fue de $784.159 millones y se llegaron a ejecutar $432.455 millones, lo que significó un avance, al cierre del gobierno, de tan solo el 55,15%, según reportó la Veeduría en su informe.

En un informe más duro, incluso y dos meses (28 de octubre de 2015) antes del final del Gobierno de Petro en Bogotá, la Contraloría Distrital publicó un documento titulado “Administración Petro le deja 30 deudas a Bogotá” y entre esas, se precisa que, “en la meta De la propuesta inicial de construir 100 nuevos colegios: Aunque se modificó a 86, se evidenció cero colegios nuevos en lotes nuevos, y 10 terminados por restitución o reconstrucción”.

Y agrega que de la meta de “terminar 39 colegios inconclusos: Solo hay ocho terminados. La Contraloría ha puesto varias alertas por el incumplimiento en obras en colegios distritales de la ciudad”.

De hecho, las alertas frente al incumplimiento de la meta propuesta por Petro se habían advertido con anterioridad y así lo evidencia este artículo del diario El Espectador, publicado el 27 de julio de 2014, cuando el entonces concejal, Juan Carlos Flórez, aseguró, “de los 23 colegios nuevos que debía construir entre 2012 y 2013, sólo está listo uno, el San José Castilla, que fue un contrato de la administración anterior. Además, entre 2012 y 2013 se asignaron $393.000 millones para la construcción de colegios nuevos y a 31 de diciembre de 2013 estaban sin ejecutar $256.000 millones, es decir, el 65,2% del presupuesto”.

En ese entonces, el secretario de Educación Distrital, Oscar Sánchez, le aseguró a El Espectador que “para la Secretaría ha sido un dolor de cabeza conseguir predios para construir colegios. El ciclo de maduración para construir colegios se demora entre cinco y seis años. Gestionar los predios, diseñar las obras, todo eso toma tiempo. Hemos realizado 300 obras de adecuación. Pero una de las limitaciones fundamentales es el suelo. Por ejemplo, donde hay más déficit, como en el Rincón y Tibabuyes, no hay suelo para construir”.

Sobre la falta de eficiencia de la administración Petro en Bogotá, en relación con la infraestructura educativa, el analista y ex secretario de Educación, Francisco Cajiao, dijo en esta columna publicada en el portal Razón Pública en septiembre de 2014, “El problema de la actual administración no es su falta de resultados, pues los tiene en abundancia, sino la falta de un referente claro en la planeación. Por ejemplo, el Plan Sectorial de Educación no se hizo en el primer año de gobierno y apenas terminando 2013 se distribuyó muy restringidamente un documento sobre el cual fue imposible hacer evaluaciones por su falta de concreción”.

En relación con la otra parte de la frase de Petro, en la que asegura que si administración construyó 1400 aulas de preescolar, el informe de la Veeduría Distrital, publicado en febrero de 2016 y que hizo el corte de cuentas a la administración de Gustavo Petro, aseguró que frente a la meta propuesta, se observó un nivel de ejecución del presupuesto 2012-2015 del 74,97%. Teniendo en cuenta que este era de $374.627 millones y se ejecutaron $280.845 millones

Y precisa, que “a 31 de diciembre de 2015 la Secretaría de Educación Distrital reportó 85 equipamientos correspondientes a 511 aulas para la atención integral de la primera infancia detalladas así: 13 aulas de jardín en colegio construidas, 178 aulas en condición de arrendamiento, 88 aulas móviles modulares, 74 aulas en infraestructura comprada y 158 aulas adecuadas para la implementación de educación inicial”. 

Agregó, la Veeduría que “por su lado, en 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social entregó 4 jardines infantiles convencionales y 20 Jardines móviles modulares en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. En 2014 había entregado 4 equipamientos para la atención integral a la primera infancia”.  

En este punto, encontramos además que en el informe de gestión  de la administración Petro, incluso hay una discrepancia en el número de aulas reconocidas por la Veeduría en su reporte.

El informe en mención, publicado el 1 de diciembre de 2015 que tuvo un corte al 30 de septiembre de 2015, establece que en “Bogotá Humana generó 22.226 nuevos cupos para niñas y niños entre los 0 y 5 años; abrió 116 jardines infantiles con 11.226 nuevos cupos para niñas y niños de entre 0 y 5 años y 425 aulas en colegios, para atender niñas y niños entre 3 y 5 años con 11.300 cupos. En total, la ciudad cuenta con 425 aulas en colegios del distrito y 431 jardines infantiles con ambientes enriquecidos y espacios adecuados”.

Sin embargo, en el análisis hecho por Cajiao, el error en la gestión de Petro en relación con la atención educativa de los niños de 0 a 5 años, radicó en el cambio que se hizo al entregar dicha labor a la Secretaría de Educación.

“Era lógico que esta función se siguiera cumpliendo por parte de la Secretaría de Integración Social, que tiene una larga y exitosa experiencia en el tema. Sin embargo, en la administración de Petro, además de enunciar sueños imposibles, se decidió desbaratar las cosas que funcionaban razonablemente bien y reinventar todo el modelo de gestión social de la Alcaldía”.

Y aquí están consignadas algunas de las metas de educación que fueron detectadas por la Veeduría Distrital y que registraron un riesgo alto de incumplimiento, entre las que están la construcción de colegios y los equipamientos para la primera infancia.

 

De tal manera, que con estas evidencias concluimos que las cifras entregadas por Gustavo Petro en relación con la construcción de infraestructura educativa durante su administración son erradas y no coinciden con lo que los informes registraron en su momento la construcción de 18 colegios y la apertura de 511 aulas para primera infancia.

 


 

 

“Recibimos la red hospitalaria de Bogotá en 2012 con 270.000 millones de pesos de déficit y la dejamos con 4.000 millones de superávit”

La afirmación la hizo Gustavo Petro el pasado 31 de enero, en respuesta a una crítica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en un recorrido por diferentes lugares del país, en el marco de la campaña al Congreso, afirmó que el hoy candidato presidencial había quebrado la salud en Bogotá.

La declaración de Uribe fue reproducida en este artículo de la revista Semana titulado “Gustavo Petro quebró la salud en Bogotá”.

La respuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico a la publicación, que fue posteada en la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe, fue:

“Es increíble el nivel de desesperación de esta persona que sufre viudez del poder.

Recibimos la red hospitalaria de Bogotá en 2012 con 270.000 millones de pesos de déficit y la dejamos con 4.000 millones de superávit”.

 

De tal manera que en Colombiacheck decidimos verificar esta frase para encontrar si los datos respaldan las afirmaciones de la gestión de Petro en ese aspecto, cuando fue alcalde de Bogotá (2012- 2015).

Lo primero que hay que decir es que en agosto 29 de 2012, a través de la resolución 2509, el Ministerio de Salud categorizó para ese año el nivel de riesgo financiero en el que se encontraban los hospitales del país y, entre ellos, a los 22 de Bogotá, de los cuales 7 fueron categorizados en alto riesgo, otros 7 en medio, uno sin riesgo y 7 más en riesgo bajo.

 

Captura de pantalla de la página 10 de la resolución 2509 de agosto de 2012

Dicha resolución, firmada por la entonces ministra de Salud, Beatriz Londoño, precisaba en el artículo que “una vez comunicada por el Ministerio de Salud y Protección Social a las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Salud, la información de categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, dentro de los siguientes sesenta (60) días calendario a dicha comunicación, las Empresas categorizadas en riesgo medio o alto, deberán adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, a que se refiere el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011”.

Es decir, que en Bogotá 14 de los 22 hospitales o ESE de la red pública de Bogotá, en ese momento, debían adoptar dicho plan.

La crisis hospitalaria de hecho, fue reconocida y denunciada por el entonces secretario de Salud Distrital, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en esta entrevista de balance del primer año de su gestión, el 1 de enero de 2013, le dice al diario El Espectador: “El año pasado, la crisis de la salud en la capital, y en todo el país, fue espantosa. El cierre de los hospitales era inminente; llegamos a deber en algunos hasta tres meses de sueldo y en otros hasta cuatro meses. Y se impidió la parálisis, en gran parte, porque se convenció al Gobierno Nacional que descongelara las cuentas maestras, para evitar el colapso. La Secretaría también gestionó más recursos por medio de la armonización presupuestal y convenció al Concejo de la ciudad de la necesidad de mayores recursos para el sector. Hoy, todos los trabajadores tienen el sueldo al día”.

De tal manera que, tras la resolución del Ministerio de Salud, los planes son diseñados por los hospitales y la Secretaría Distrital de Salud y, en marzo de 2014, son aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así lo registró este boletín de prensa del Ministerio de Salud.

En ese documento se precisa que “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó los planes de saneamiento fiscal y financiero de 14 Empresas Sociales del Estado (ESE) de Bogotá con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a los pacientes de la capital de la República. Con la aprobación de estos planes, se destraban $1.3 billones que el Distrito tenía en las cuentas maestras”.

Ya en 2015, el panorama para la red hospitalaria de Bogotá cambió y así quedó registrado en la resolución 1893 de 2015, pues de los 14 hospitales que estaban en una situación compleja fiscal y financiera en 2012, 11 habían salido de la categorización de riesgo alto y medio y pasaron a “sin riesgo”.

 

Captura de pantalla de la resolución 1893 del 29 de mayo de 2015, se observa el cambio de riesgo de los hospitales de Bogotá.

 

Del déficit al superávit

La difícil situación de los hospitales fue detallada en este Balance General del Plan de Desarrollo Distrital, 2012- 2016, informe que fue presentado como insumo del empalme de la Secretaría Distrital de Salud, en noviembre de 2015, al precisar que “en el año 2012 el déficit presupuestal neto ascendió a $(-277) mil millones, para la vigencia 2013 se redujo a $(-118) mil millones; para el año 2014, según información preliminar, los 22 hospitales que conforman las 4 subredes presentan un superávit neto de más de $3 mil millones [Tabla 22 y Gráfico 44]. Sin embargo, es importante resaltar que aún existen hospitales con dificultades financieras como: Simón Bolívar, Tunal, Meissen y San Blas”. 

El informe explica que “la reducción del déficit fue el producto de las siguientes medidas adoptadas en el contexto de la Bogotá Humana: Racionalización del gasto (este se ha mantenido durante el período a nivel de 2012), Aumento de la facturación de servicios, Mejoramiento del recaudo y Aumento de la producción para equilibrar el no pago de las EPS”.

Los resultados de algunas de esas medidas, son reconocidos en este informe de la Contraloría Distrital, titulado “Sistema de salud y crisis de los hospitales de la red pública del Distrito Capital 2012 -2015”, que destaca: “Al detallar el resultado de los ingresos del período, por la Venta de Bienes, Servicios y Productos, resultado de la misión de los hospitales, se tiene que entre los años de 2012 y 2013 hubo un crecimiento de 1,9%, mientras que entre 2013 y 2014 se presentó un incremento cercano al 5% y entre los dos últimos años fue de 8,6%, situación positiva para el sistema; sin embargo, el esfuerzo se diluye con el trato que ofrecen las EPS y otros deudores a los prestadores de salud”.

El cambio en la situación financiera de la red hospitalaria de Bogotá, ya había sido anunciada también por el secretario de Salud Distrital, el sucesor de Jaramillo, Mauricio Bustamante, quien en este artículo del diario El Tiempo, el 2 de enero de 2015, dijo “en el 2011 el déficit presupuestal del sistema era de 235.038 millones de pesos; en el 2012, de 277.868 millones, y en el 2013, de 118.900 millones. “Llegamos a cero y, en algunos casos que tenemos que verificar en enero, hay superávit”, dijo.

Sin embargo, la Personería de Bogotá, opacó el entusiasmo de la Alcaldía a cargo de Petro, en el tema salud, al decir, en noviembre de 2015, que las cifras de la administración eran mentirosas.

“El personero cuestiona que la Secretaría de Salud diga que un logro importante es la situación financiera de los hospitales públicos del Distrito, afirmación que es cierta a diciembre de 2014, pero al 2015, tres de los 14 que se encuentran en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), con corte a 30 de junio de 2015, como Meissen y Usaquén tienen un déficit de $3.245 millones y $1.337 millones, respectivamente y Chapinero pasó de un déficit de $1.971 millones a $2.577 millones” registró en su momento el diario El Espectador.

Las declaraciones del entonces personero, Ricardo María Cañón, recibieron una respuesta de la Secretaría Distrital de Salud, que en este documento, sustenta que “la Red Pública Hospitalaria, adscrita a la Secretaría de Salud, en el periodo 2012- 2014, alcanzó niveles crecientes de ingresos hasta llegar al 96% de recaudo, pasando de un déficit de $-277.868 millones en 2012 a un superávit de $3.821 millones en 2014”. 

 

 

Pero en dicha respuesta ni en el  Balance General del Plan de Desarrollo Distrital, 2012- 2016 se incluyen las cifras del estado de la red hospitalaria en la vigencia de 2015, ultimo año de gobierno de Petro en Bogotá.

Sin embargo, en este informe de la Veeduría Ciudadana, Análisis de corto plazo de las Subredes Integradas de Salud de Bogotá D.C 2015 -2018, se observa un declive a partir de 2015 en las finanzas de las subredes (organismos en que fueron agrupados los 22 hospitales públicos de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa).

Así se puede ver en los siguientes gráficos en los que se analizan los indicadores de rentabilidad para cada subred entre 2015 y 2018.

 

 

También en el cuadro bajo estas líneas se puede ver claramente el déficit y superávit de las cuatro subredes entre 2012 y 2017. Allí queda claro que en el 2015, luego de una caída significativa entre 2013 y 2014, el déficit de los hospitales públicos de Bogotá fue de $45.176 millones de pesos.

 

De tal manera que tras estas evidencias, calificamos como cuestionable la afirmación de Gustavo Petro sobre el superávit en que dejó a la red hospitalaria de Bogotá, por $4000 millones, pues la cifra fue realmente de $3800 millones, pero se dio en 2014, ya que en el 2015 el déficit de estas instituciones llegó a $45.176 millones.


 


 

 

“Redujimos la pobreza multidimensional del 12 al 4,7%”

Una de las estadísticas con las que más se enorgullece el senador de Colombia Humana y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es la reducción de la pobreza multidimensional en Bogotá durante su alcaldía, en el periodo 2012-2015. El dato también es recordado con frecuencia por sus seguidores en redes sociales.

En el debate del 14 de marzo de 2022, organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana, se lo sacó en cara a su contrincante de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, cuando le preguntó: “¿Cuánto redujo usted la pobreza multidimensional en su gobierno respecto a Medellín? En Bogotá, redujimos del 12% del total de la población al 4,7%. Redujimos la pobreza multidimensional a la tercera parte de lo que la recibimos”.

 

También ha usado este logro en Twitter para criticar a las administraciones de sus sucesores, Enrique Peñalosa y la actual mandataria de la ciudad, Claudia López. En 2019 publicó un trino al respecto con un gráfico que mostraba la reducción en número absoluto de personas, no en proporción, y en septiembre de 2021, otro en el que la tasa también caía del 12,1% al 4,6%, casi el mismo rango que mencionó ahora en televisión.

En la campaña de 2011 no había prometido una reducción específica de esa cifra, que apenas se estaba empezando a implementar. Sus propuestas en materia de pobreza tampoco eran muy detalladas, pero al menos la de mejorar la oferta de vivienda sí podía tener un impacto directo en la medición y en su plan de desarrollo agregó algunas de salud y educación, como se detalla más adelante.

La pobreza multidimensional es un índice (IPM) que tiene en cuenta la situación de las personas con base en cinco dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda. Estas se miden con indicadores como el analfabetismo, la inasistencia escolar, el desempleo de larga duración (12 meses o más), las barreras de acceso a la atención en salud o la falta de servicios de acueducto o alcantarillado, entre otros.

Tabla de indicadores y dimensiones del IPM

Como lo ha explicado Economía para la Pipol, es una medición diferente a la monetaria, que se basa en líneas de ingreso promedio que marcan umbrales bajo los cuales se puede estar en pobreza o pobreza extrema. El economista Germán Darío Machado, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), explica que la diferencia está en que la multidimensional “busca medir es calidad de vida y no los ingresos de la gente”.

Colombiacheck encontró que Petro acierta no solo en las cifras sino en que, efectivamente, estas se le pueden atribuir en mayor parte a la gestión del Distrito bajo su mando. Si bien había una tendencia nacional que favorecía esa mejora, algunas de sus políticas y metas cumplidas sí impactaron de manera positiva los indicadores sobre los que podía tener influencia el gobierno local, por lo que tuvo resultados mucho mejores en proporción que los del país.

Lo que dicen las cifras

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registra en sus datos de pobreza multidimensional que la ciudad pasó de 11,9% a 4,7% en la alcaldía del hoy congresista. Además, señala que era la menor del país en 2015, su último año al frente de la capital.

En términos proporcionales, esto equivale a una reducción de 60,5% en el IPM. Por tanto, efectivamente, los resultados se acercaron a la relación que dio Petro: al final de su periodo, la pobreza multidimensional había caído casi a la tercera parte de la que existía cuando él tomó el cargo.

Si bien el índice nacional también bajó en ese periodo, del 28,8 al 18,8% y en las cabeceras lo hizo del 21,5 al 13,9%, estas disminuciones representaron alrededor del 35%. O sea que Bogotá casi duplicó al país en la mejoría.

Además, al tener un punto de partida más bajo, la ciudad tenía más riesgo de estancarse en lugar de mejorar. Esto es porque, explica Machado, “cuando usted tiene la pobreza más bajita, caso Bogotá, cada vez bajarla es más difícil aunque sean los mismos puntos”.

La pobreza monetaria también bajó, según el DANE. Estaba en 13,1% en 2011, justo antes de la llegada de Petro a la Alcaldía, y cerró su administración en 10,4% tras un pequeño repunte, pues en 2014 alcanzó a estar en 10,1%. Es decir que se redujo en poco más de una quinta parte al final.

La nacional pasó de 34,1% a 27,8%, o sea casi una cuarta parte, sin repuntes en ese periodo. Es decir que, en este caso, sí le fue un poco mejor a Colombia en general.

La comparación con el país

Petro ha tomado como propio el logro de la pobreza multidimensional, mientras que la monetaria, donde la reducción fue más modesta y superada por el promedio del país, se la ha dejado al Gobierno Nacional. En el balance de resultados de su plan de desarrollo con corte al término de su periodo, el 31 de diciembre de 2015, dice:

“Por las variables que las componen, las mediciones de pobreza transmiten mensajes diferentes, y plantean diferentes alternativas de política pública. [...] Se podría afirmar que los cambios en la LP [línea de pobreza] dependen más de las políticas nacionales que de las distritales, mientras que el gobierno local tiene un margen de maniobra significativo en el NBI [índice de necesidades básicas insatisfechas] y el IPM. Las dimensiones del IPM tienen una relación directa con las estrategias de Bogotá Humana, como la atención privilegiada a la infancia, la ampliación de la cobertura y calidad educativa, y el mejoramiento de las condiciones de hábitat y entorno”.

Machado considera que puede haber diferencias entre el desempeño de las dos mediciones por la naturaleza de cada una y también es distinto el grado de responsabilidad de las administraciones locales y nacionales. Cuando se cuenta según el nivel de ingresos, la tendencia general tiene más peso. En cambio, el impacto sobre las dimensiones del otro índice es más “controlable” y deja un margen de maniobra que, según cada indicador, puede estar más o menos en la competencia distrital.

“La pobreza monetaria va muy de la mano con el desempeño económico y, fundamentalmente, con el mercado laboral. La multidimensional, como tiene un poco más de variables, se puede afectar de distinta manera y sobre todo con una incidencia mucho más clara de política pública”, explica el docente.

“Casi que, para tener éxito en la pobreza multidimensional, un alcalde tiene que hacer cosas bien pero, además, estar apalancado en una tendencia nacional buena. Es muy raro que usted encuentre casos donde haya, por inventar un escenario, una ciudad donde la pobreza haya bajado 10 puntos mientras la nacional subió; eso es muy atípico”, afirma también.

Las políticas de la Bogotá Humana

En 2011, cuando Petro aspiró y ganó la Alcaldía de Bogotá, el IPM índice multidimensional estaba recién diseñado en Colombia por iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos. No obstante, de las tres veces que el programa del entonces candidato por el movimiento Progresistas hablaba de la pobreza de la ciudad, ninguna prometía medidas con impacto directo en los ingresos, como subsidios. Había una, en cambio, que podía tener efecto en indicadores multidimensionales: “una oferta de vivienda bien localizada y accesible”.

El inicio de los estudios y diseños para el sistema de cables aéreos también tenía enfoque para el transporte desde y hacia los barrios más pobres. Sin embargo, era una propuesta de largo plazo que no pretendía verse reflejada en las mediciones de pobreza, pues no prometía construirlos en su administración. Además, Machado recuerda que el índice multidimensional no pregunta por transporte público, así que de todas formas no hubiera tenido incidencia directa.

El plan de desarrollo de la administración de Petro, Bogotá Humana, tenía entre sus objetivos el de “incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres”, lo que incluía subsidiar algunos de sus gastos como parte de sus estrategias. También pretendía enfocar la generación de empleo en las localidades con mayor pobreza, lo que tendría impactos monetarios pero también podría mejorar indicadores multidimensionales.

Por otro lado, se planteó “mantener la cobertura de los servicios de salud demandados para la población pobre no asegurada” y “mejorar el acceso de las familias más pobres a servicios básicos que representan un monto importante de los ingresos familiares”, por medio de tarifas más progresivas. Entre estas, incluía el subsidio al mínimo vital de agua.

Se propuso la creación de proyectos productivos y formación para población vulnerable y discriminada. Este tipo de programas podrían mejorar los indicadores de desempleo crónico e informalidad laboral, señala Machado.

En lo estrictamente monetario, Petro prometía subsidios para personas de la tercera edad. Algunas iniciativas incluso estaban directamente enfocadas en quienes estaban bajo el umbral de la pobreza extrema, entre otros grupos de población, como el apoyo a iniciativas productivas o la formación, capacitación e intermediación para el trabajo; aunque no estaban destinadas a aumentarles los ingresos directamente con transferencias de dinero.

Así, de las promesas de la Bogotá Humana, las que tenían el impacto multidimensional más directo eran las de vivienda, salud y educación. Además, las políticas de apoyo a proyectos productivos de personas vulnerables y formación para el trabajo también podían tener una incidencia positiva por medio de sus indicadores sobre empleo. El resto podía tener efectos más indirectos, pero no estaba tan evidentemente relacionado con esa medición.

En cuanto a la pobreza monetaria, solo los subsidios que aumentaban los ingresos de las personas podían tener una incidencia. Las reducciones de tarifas que prometía el entonces alcalde, como el mínimo vital de agua, si bien aumentan la disponibilidad que tienen las personas para gastar su dinero en otras cosas, no afectan la medición.

“Hay que diferenciar un poquito en que esos de pronto son programas de política pública deseables, cosas que uno quisiera que pasaran, pero no necesariamente van directamente con la medición de pobreza. La multidimensional tiene unos criterios muy específicos”, advierte Machado. En este sentido, cabe aclarar que lo que se verifica en este caso es el efecto en la medición de la que habla Petro, no si la política fue o no favorable.

La rendición de cuentas

En la rendición de cuentas final de la alcaldía de Petro, en la que entregó un balance de su gestión, no sacaba pecho por la reducción del índice multidimensional pero sí por la mejoría del indicador de calidad de vida urbana, que mide aspectos similares, en todas las localidades de la ciudad. En 2014 sí se había referido directamente a la pobreza multidimensional, aunque sin atribuir la disminución a ningún programa específico, y en 2013 ni siquiera usó la palabra multidimensional.

De todas formas, en ese balance del cierre de su mandato, en 2015, sacaba pecho con el acceso a salud y la disminución del trabajo infantil por su relación con la pobreza. Estas dos variables efectivamente forman parte de la medición del IPM.

“Se destinaron 6.000 profesionales de la salud para recorrer las zonas más pobres de la ciudad, atendiendo de manera programada a 800.000 familias (3’200.000 personas), muchas de las cuales nunca habían tenido los recursos para visitar un centro asistencial”, señalaba el documento. Relacionaba esto con la disminución del embarazo adolescente, la mortalidad infantil y la desnutrición en la ciudad, que son ciertas.

Estas tres estadísticas no afectan el índice de pobreza multidimensional de forma directa. El acceso al “servicio institucional de salud ante una necesidad sentida” por las personas de una familia, sí.

Más adelante, decía que “Bogotá Humana trabajó incansablemente para la superación del trabajo infantil, muestra de ello es que en el año 2013 se presentó una disminución del 23,3%; entre el año 2011 y el 2014, la reducción fue del 13%”. Esto lo relaciona con la meta de “atención integral a niñas, niños y adolescentes” del plan de desarrollo, por medio de la Secretaría de Integración Social y otras entidades, que no solo se cumplió sino que se superó en 63% con casi 17.500 beneficiarios, según el mismo informe.

Aunque el número de atenciones no afecta la medición de pobreza, el trabajo infantil sí es uno de sus indicadores. Los datos del DANE muestran un descenso en la tasa de trabajo infantil, que pasó del 8,4% en 2012 (no hay datos para 2011) al 5,9% en 2015. Es casi un 30% de disminución, incluso mayor que la mencionada en su informe. Al tomar en cuenta la tasa ampliada por oficios del hogar, se pasó del 11,9 al 9,4%, una caída de 21%.

Las casas de la juventud, centros de atención y esparcimiento para la población de 14 a 28 años, también eran presentadas en el documento como una contribución para “salvar de la pobreza” a las adolescentes, al prevenir el embarazo temprano. Aunque, a diferencia de otras estadísticas, esto no afecta ninguna de las mediciones de pobreza.

El documento también destaca beneficios como el mínimo vital de agua o la reducción de tarifas de aseo y transporte, así como la atención nocturna a la infancia pero estos, como ya se dijo, no tienen efecto directo sobre las mediciones de pobreza porque no implican transferencias de dinero para aumentar los ingresos brutos de las familias ni mejoran las variables que toma en cuenta el índice multidimensional. No obstante, al ahorrarles gastos, el argumento de la administración era que les permitía tener más dinero disponible para otras cosas:

“Las apuestas por el mejoramiento de la capacidad financiera de la población más pobre, se reflejan hoy con datos de impacto que demuestran mejores condiciones para las familias en mayor vulnerabilidad y pobreza. De acuerdo con la encuesta Multipropósito 2014, entre 2011 y 2014, los hogares en los que por falta de dinero algún miembro del hogar no consumió́ ninguna de las tres comidas, uno o más días a la semana pasó de 7,2% a 4,9%” (sic).

Es verdad que la investigación que menciona, hecha por la Secretaría de Planeación, dio ese resultado. Pese a esto, una vez más, esto no influye en los indicadores de pobreza.

Entre tanto, la tendencia ascendente en la construcción de vivienda de interés social (VIS) en la ciudad, que se aceleró sobre todo en 2013 y 2015 según el DANE, curiosamente no aparece como un logro contra la pobreza en la rendición de cuentas final a pesar de que sí se relaciona de forma más evidente con una de las dimensiones medidas. Aunque en esto influyó el enfrentamiento entre el Distrito y la Nación por las condiciones y disponibilidad de suelo para programas del gobierno Santos como el de las “casas gratis”.

Los subsidios a la oferta de vivienda se mencionan como una forma de “inclusión social de familias vulnerables”. En especial, el informe destacaba que 57% de las casas habían beneficiado a hogares víctimas del conflicto armado. De hecho, un comunicado de la Alcaldía en septiembre de 2015 informaba de la reducción del déficit habitacional en la ciudad y afirmaba que había llegado al punto más bajo desde 2003.

No obstante, la rendición de cuentas reconoce que otras cifras quedaron cortas frente a las metas programadas por la misma administración: en subsidios distritales en especie para vivienda nueva o usada, 31%; en mejoramiento de habitabilidad en el área urbana, 84%; en mejoramientos de vivienda, 51%.

En materia educativa, el informe destaca la reducción en la deserción escolar en Bogotá que fue registrada por el Ministerio de Educación. Esto se relaciona en parte con los componentes del índice de pobreza, pero el documento no menciona nada específico sobre los datos concretos que afectan la medición: inasistencia, bajo logro y rezago educativo o analfabetismo.

Los aspectos del plan de desarrollo enfocados en el fortalecimiento de la economía popular y que, eventualmente, podrían haber impactado el desempleo y la informalidad también tuvieron cumplimientos bajos. El informe final reconocía que “los programas ‘Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad’ y ‘Trabajo decente y digno’ presentan el más bajo nivel de cumplimiento con un avance ponderado de sus metas inferior al 43%”.

De modo que Petro sí puede atribuirles a algunas de sus políticas el haber influido de manera positiva en la reducción de la pobreza multidimensional, sobre todo por la vía del trabajo infantil y la vivienda, aunque en otras no sea clara la influencia o hayan tenido resultados menores a los esperados. Además, acierta en las cifras, que proporcionalmente fueron mucho mejores que la tendencia nacional, lo que hace verdadera su afirmación.

¿Qué propone ahora?

Como candidato presidencial, Petro le apunta tanto a la pobreza multidimensional como a la monetaria en su actual programa de gobierno. Sin embargo, no detalla mucho en cómo.

De las seis menciones a la pobreza, una sola está en una propuesta que pretende aumentar de forma directa los ingresos de una población: la renta mínima básica para las mujeres cabezas de familia. Otras dos buscan reducirla por la vía de la generación del empleo garantizado enfocado en mujeres y la inclusión económica de quienes se dedican a la pesca, que podrían impactar en ambas mediciones al aumentar ingresos y reducir el desempleo crónico. El resto son enunciados generales que no contemplan medidas concretas.

Su programa de 2018 tenía más detalles al respecto. De ocho menciones, tres tenían que ver con el aumento de ingresos a la población más pobre: el bono pensional, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y los soportes económicos para maternar. Estos últimos también se relacionaban con políticas de salud que, junto con la educación, eran las que planteaba como formas de reducir la pobreza y que tenían efecto sobre la medida multidimensional. Otras dos no eran claras sobre el enfoque.


 


 

 

“65.000 niños salieron del trabajo infantil”

Durante el debate presidencial emitido en directo el 14 de marzo de 2022, organizado por Semana y El Tiempo el candidato Gustavo Petro habló de algunos de sus principales logros como alcalde de Bogotá en el periodo 2012 - 2015 y destacó, frente al también candidato presidencial Federico Gutiérrez, los alcances del programa Basura Cero, que buscaba lograr que los residuos sólidos aprovechables fueran reciclados.

A las dos horas y medias de debate, el candidato por el movimiento Pacto Histórico afirmó que, gracias a ese programa, 65.000 niños lograron salir del trabajo infantil.

“Si queremos hablar de transición energética, usted menciona (refiriéndose a Ferderico Gutiérrez)  los carros que compramos nuevos, que eran para implementar el programa más ambicioso de reciclaje que ha tenido la ciudad. 65.000 niños salieron del trabajo infantil”, señala el exalcalde de Bogotá.

 

 

Recordemos que en su  plan de gobierno (2012 - 2016) en el apartado de ‘Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital’, el exalcalde de Bogotá se propuso disminuir la tasa de trabajo infantil a menos de 1,5% en el Distrito Capital, y atender intersectorialmente a 23.804  niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil para restablecer sus derechos y promover su desvinculación.

En Colombiacheck decidimos verificar que tan ciertas fueron las afirmaciones de Gustavo Petro sobre los supuestos logros en materia de trabajo infantil y si hicieron parte de las metas alcanzadas durante su mandato.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el trabajo infantil es todo aquel realizado por un niño, niña o adolescente que no alcance la edad mínima de admisión al empleo y en los términos establecidos por la legislación nacional y que, por consiguiente, impida la educación y el pleno desarrollo del niño la niña o el adolescente; el que se ajuste a la definición de trabajo peligroso o aquel que está incluido como peores formas de trabajo infantil.

También se entiende como toda actividad, remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona, por personas menores de 18 años de edad y las cuales les resulten peligrosas por su por su naturaleza o condición.

Estas actividades, además de impedir el desarrollo escolar de esta población, también implican un daño para su salud, al tratarse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos, como también lo explica la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El ICBF también explica otra situación de trabajo infantil, conocida como trabajo infantil ampliado, que incluye a las niñas, niños o adolescentes entre los 5 y 17 años que realizan tareas domésticas y labores al interior de la familia todos los dias, sin receso por más de 15 horas semanales, mientras sus  padres, madres o cuidadores se encuentran trabajando.

Cerca de 40.000 niños habrían salido del trabajo infantil entre 2011 y 2015

De acuerdo con un  Informe sobre el comportamiento del trabajo infantil en Colombia, publicado en 2012 por el Miinisterio de Trabajo, en 2011( periodo anterior a la alcaldía de Gustavo Petro), Bogotá contaba con un total de 1’563.000 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años, de los cuales 177.000 niños se encontraban en situación de trabajo infantil o trabajo infantil ampliado. Es decir, una tasa del  11,3. 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el último trimestre del 2015, fecha en la que ya había finalizado la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, se calcula que la población de niños y niñas entre los 5 y 17 años ascendía a 1'580.278, y 148.899 (9,4) de ellos estaban en situación de trabajo infantil o trabajo infantil ampliado.

De acuerdo con estos datos, Bogotá pasó de tener en 2011 a 177.000 niños que trabajaban o que hacían oficios en casa por más de 15 horas a la semana, a tener 148.899 en 2015, es decir que 28.101 salieron de esta condición (1,8).

Aunque esta cifra está muy por debajo de los 65.000 niños que afirma el candidato presidencial Gustavo Petro, sí cumplió con las metas establecidas durante su gobierno pues se atendieron a más de los 23.804  niños en situación de riesgo o trabajo infantil en el distrito propuestos en su plan de gobierno.

Reducción importante del trabajo infantil

A pesar de que para el 2015 Bogotá tenía el 38% del trabajo infantil de las trece principales ciudades, el 33% de las 24 ciudades y el 10% del trabajo infantil de toda Colombia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró a la capital del país como ejemplo del ezfuerzo y acciones de prevención y erradicación de esta problemática.

A través del ensayo ‘Los colores de las niñas y los niños. Ensayo sobre el fin del trabajo infantil ilustrado con la experiencia de la ciudad de Bogotá’, la entidad internacional señala que la reducción del trabajo infantil en la capital colombiana, sobre durante el periodo 2011 a 2015, y que esta estuvo asociada al desarrollo de una política social incluyente y un buen desempeño de variables económicas y sociales.

En el documento, la OIT también advierte sobre las diferentes formas y lugares de trabajo infantil en Bogotá y señala que las localidades con mayor tasas trabajo infantil para el 2015 eran Ciudad Bolívar (14,9%), San Cristóbal (14,3%) y Santa Fe (14,1%), mientras que quienes tienen las menores tasas eran Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero, con 6,6%, 5,9% y 5,3%, respectivamente.

Sobre la reducción en los números del trabajo infantil y trabajo infantil ampliado, una investigación de Paula Rodríguez Camacho, magíster en Gestión del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, publicada en 2018, identificó los factores que posibilitaron que Bogotá, de 2012 a 2018 alcanzara una reducción de 7% en la tasa de trabajo infantil ampliada, logrando con esto que 111.826 niños, niñas y adolescentes menos fueran victimas de esta problemática.   

“Uno de los factores positivos que sin duda influyó en la disminución de la tasa de trabajo infantil, tienen que ver con la identificación de dicha problemática social y su inclusión en los planes de desarrollo, definiendo metas, indicadores y destinando de recursos específicos para su cumplimiento. Las metas definidas para la reducción de la tasa de trabajo infantil en los dos planes de desarrollo se lograron”, detalla la investigación.

Con esta información Colombiacheck califica como falsa afirmación de Gustavo Petro en la que indica que durante su gobierno como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 “Más de 65.000 niños salieron del trabajo infantil”, pues como lo hemos explicado, esta cifra es de 28.804.

 


 

 

“A usted (Federico Gutiérrez) le aumentó la tasa de homicidios, nosotros la bajamos de 22 a 15”

El ex alcalde de Bogotá y candidato a la Presidencia tuvo varios cruces de palabras con su contrincante Federico Gutiérrez durante el debate del 14 de marzo de 2022. Se trató del primer cara a cara entre los candidatos en este año. 

Y en uno de esos momentos, Petro le dijo a Gutiérrez: “A usted (Federico Gutiérrez) le aumentó la tasa de homicidios, nosotros la bajamos de 22 a 15”.

Aunque Petro tiene razón en que a Federico Gutiérrez le aumentó la tasa de homicidios al final de su mandato en Medellín (los detalles los podrán encontrar en el chequeo a los logros de ‘Fico’), en esta verificación encontramos que las cifra  de Petro es exagerada, por lo que su afirmación es cuestionable. 

Esa no fue la única vez que Petro aseguró que bajó los homicidios a una tasa de 15 por cada 100 mil habitantes. En 2018, en la anterior campaña presidencial, publicó este trino:

 

 

En este especial como primer paso para verificar las afirmaciones de los ex revisamos sus programas de gobierno como candidatos y sus posteriores planes de desarrollo y los balances de gestión. En el caso de Petro, en su programa la única mención de los homicidios fue esta: “Aumentaré el pie de fuerza para proteger la actividad nocturna. Ampliaré la policía de la noche y mejoraré la percepción de seguridad, buscando reducir la frecuencia y modalidad de delitos como, homicidios, atracos, hurtos, etc.”.

Cuando llegó a la Alcaldía, en su plan de desarrollo puso como meta bajar la tasa de homicidios a 18 por 100.000 habitantes. Una cifra que cumplió.

 

 

Sin embargo, en su sacada de pecho dijo que había dejado la tasa en 15 por cada 100 mil habitantes. Una cifra que incluso contradice lo publicado en su balance de gestión.

 

 

En Colombiacheck, además revisamos las cifras de los homicidios en Bogotá, entre 2011 y 2015, de tres fuentes: Medicina Legal, el DANE y la Policía. Como explicamos en un chequeo sobre este tema a Sergio Fajardo, estas son las tres entidades que manejan estos datos en el país.

Así que al revisar, como se observa en la siguiente tabla, los datos de las tres entidades, en 2011, año anterior a la llegada de Petro al poder, la tasa superaba los 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Sin embargo, en 2015, último año de su gobierno, la tasa no fue de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, como él asegura que la dejó.  El ex alcalde de Bogotá exagera la reducción de esa tasa en al menos 2 puntos, pues todas de las cifras oficiales superan su afirmación. 

 

Año

PONAL

Tasa Ponal

DANE

Tasa DANE

ML

Tasa ML

2010

1321

17,9

2114

19

1743

23,67

2011

1638

21,9

1743

23

1654

22,15

2012

1267

16,7

1601

18

1283

16,95

2013

1269

16,5

1337

18

1283

16,72

2014

1335

17,2

1313

18

1362

17,51

2015

1344

17,1

1402

18

1371

17,40

 

En el análisis ‘¿Qué pasa con la seguridad?: entre Petro y Peñalosa, realizado por Hugo Acero, en el medio Razón Pública, este indica:  “Bajo el gobierno de Gustavo Petro la tasa se redujo de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 17,4 en 2015. Durante los tres años de Enrique Peñalosa la tasa ha caído a 12,7. O sea que Petro logró una reducción del 21 por ciento, mientras que Peñalosa, en tres años de gobierno, ha logrado una del 27 por ciento”.

Pero es que las mismas cifras de los balances de la Alcaldía de Bogotá, citadas por la Contraloría de Bogotá en el  informe Balance Social y Políticas Públicas 2015 tampoco le dan la razón al ex alcalde.


 

 

Ideas para la Paz, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá realizó el an Análisis de las Políticas de Seguridad Bogotá 2008- 2014, que cobijó las alcaldías de Samuel Moreno y Gustavo Petro. En la de Petro resaltó: 

“Programa fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana: este programa tenía como uno de sus objetivos la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, vinculó los proyectos estratégicos para la seguridad ciudadana, en conjunto con operadores de justicia y seguridad, tanto a nivel local como nacional. 

Se buscó implementar mejor capital y medios de seguridad, así como hacer mantenimiento a lo existente. Se buscó producir información y conocimiento relacionado con seguridad y convivencia en la ciudad. Así mismo, buscó consolidar el Sistema Único de Seguridad y Emergencias (NUSE-123) y actualizar el Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia”.

Con estos elementos, calificamos la afirmación de Petro como cuestionable. Sí logró bajar la tasa de homicidios y cumplió con lo prometido en su plan de gobierno pero exageró la cifra que dijo en los debates y trinos recientes. 


 

 



“¿Qué vehículos eléctricos hay en Bogotá? Centenares de buses híbridos entró mi gobierno, en algo que no existía en Bogotá con el SITP”* 

En el debate de Prisa Media, que se llevó a cabo el pasado 27 de enero y en el que participaron tres de los precandidatos presidenciales, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y Sergio Fajardo, se desató un rifirrafe entre los dos primeros por la movilidad eléctrica en los sistema de transporte masivo de sus ciudades, Medellín y Bogotá.

En el cruce de palabras entre los candidatos, Petro aseguró: “¿Qué vehículos eléctricos hay en Bogotá? Centenares de buses híbridos entró mi gobierno, en algo que no existía en Bogotá con el SITP. En Bogotá dejamos los estudios de diseño del metro subterráneo”.

Cabe recordar que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y de acuerdo con el experto en movilidad eléctrica Eduardo Cando “la tecnología de buses eléctricos para sistemas de transporte masivo llegó a Sudamérica entre 2018 y 2019. De hecho, una de las dificultades que tuvo Bogotá para renovar su flota de Transmilenio por buses eléctricos radicó en que para ese momento no se había probado con suficiencia en buses articulados y biarticulados y por eso la ciudad se tardó un poco más que Medellín y Cali en hacer ese recambio que, sin embargo, ya se está dando y a pasos agigantados”.

Cando explicó además que, en ese período, la tecnología era la que ofrecía para ese entonces la fabricante sueca Volvo, “aunque en China ya se habían probado en los Juegos Olímpicos de Beijing los primeros buses eléctricos, los híbridos paralelos que trajo Volvo para el SITP eran los que sí se habían probado en Bogotá”.

Sin embargo, en el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, que fue la hoja de ruta del entonces alcalde Petro, contemplaba en su primera parte, capítulo III, lo que se denominó el programa de Movilidad Humana y que entre otras cosas planteaba que daría prioridad “...al transporte masivo sobre el vehículo particular y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir a mitigar el cambio climático…”.

Ese era el leitmotiv de esa administración. El hoy precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, en su respuesta a Gutiérrez durante el debate, no precisa un número exacto y habla de “centenares de buses híbridos”.

Y partiendo entonces del propósito que planteaba en su plan de desarrollo, encontramos que en efecto ese proceso empezó en el periodo de gobierno de Gustavo Petro, cuando se anunció, en agosto de 2013, que la multinacional Volvo había vendido 200 buses híbridos para el sistema de transporte público de Bogotá.

En esta nota del diario Portafolio, se detalla que “los compradores de los vehículos son el Consorcio Express, con 156 buses, y GMóvil, con los 44 restantes. El contrato incluye, además del chasís, garantía de la batería por 12 años y un contrato de servicio de cinco años. Los buses serán carrozados en Colombia por las empresas Busscar y Superpolo. Los vehículos empezarán a operar en diciembre del 2013 y una parte servirá las líneas troncales de TransMilenio y otra parte como alimentadores”.

Sin embargo, los primeros 22 buses híbridos para el SITP que llegaron a Bogotá lo hicieron cuando Petro fue destituido de su cargo tras un fallo de la Procuraduría y el alcalde encargado era el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo.

Así quedó registrado en esta nota del diario La República del 14 de abril de 2014, en la que señala que “el gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente, y el alcalde encargado, Rafael Pardo, inauguraron la entrada en operación de 22 buses híbridos de Transmilenio que beneficiarán a quienes circulen por la estación Bicentenario (calle 4 con avenida Caracas) hasta la carrera séptima con Calle 73”.

Nueve días después Petro volvería al cargo, tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó al presidente, Juan Manuel Santos, acatar el pedido de medidas cautelares con las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pedía suspender los efectos del fallo de destitución, como lo menciona este artículo del diario El Tiempo.

Posteriormente, el 14 agosto de 2014 se registra la nueva puesta en operación de 27 buses híbridos en el sector de San Cristóbal, así lo informó la página web de la Alcaldía de Bogotá en este boletín.

“Cerca de 19 kilómetros de longitud tiene el trazado de esta nueva ruta, que será cubierta por 27 buses híbridos con capacidad para 80 pasajeros. Sobre este trayecto, el usuario encontrará cinco paradas en la Troncal de la Carrera 10 y 14 más sobre la Carrera 7ª”, precisa el artículo citado.

Y un mes y medio después, el 29 de septiembre de 2014, en este trino desde su cuenta, Petro anuncia la entrada en operación de 185 nuevos buses para Transmilenio, entre los que se incluyen varios híbridos.

 

185 buses nuevos, euro 5, híbridos, biarticulados, articulados y padrones entran ahora al servicio en Transmilenio pic.twitter.com/I83gJBhIJk

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2014

 

Meses después, el 9 de febrero de 2015, Petro, aprovecha la celebración del día sin Carro para presentar otros “20 nuevos buses híbridos zonales (Urbanos) que entran a formar parte de la nueva flota que está migrando hacia las tecnologías limpias”, como lo registró este boletín de la Alcaldía de Bogotá.

“Con estos nuevos buses híbridos, a partir del lunes 9 de febrero de 2015, los habitantes de Ciudad Bolívar podrán desplazarse por la carrera Séptima y Décima hasta la calle 76. De esta manera Bogotá Humana mejora la movilidad para los habitantes de la localidad 19”, se detalla en el boletín oficial. 

Posteriormente, en esta entrevista del 10 de marzo del 2015 en Blu Radio, el gerente de uno de los operadores más grande del SITP, Consorcio Express, Andrés Jaramillo, explicó las ventajas de esta nueva tecnología ya que dicha empresa acababa de poner en marcha 177 nuevos buses híbridos y agregó que en el caso de Bogotá ya se contabilizaban 240 buses con este sistema rodando por la ciudad.

William Camargo, quien durante la alcaldía de Gustavo Petro fuera el director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, le aseguró a Colombiacheck que “lo de él con el tema de la transformación de la movilidad hacia una eléctrica y no de combustibles fósiles era una obsesión y por eso puso tanto empeño en que se diera lo de los buses híbridos y lo de los taxis eléctricos, por eso además en su plan de desarrollo quedó consignado que hacia eso se encaminarían las acciones de este gobierno en el aspecto de movilidad”.

Así que calificamos como verdadera la afirmación de Gustavo Petro en el sentido de que en su periodo como alcalde de Bogotá él “entró centenares de buses híbridos al SITP”, pues en efecto así fue de acuerdo con las evidencias presentadas en este texto.

*Este chequeo fue publicado el 14 de febrero en la verificación ‘La movilidad eléctrica saca chispas entre Fico, Petro y Peñalosa’


 

 

“Tuvimos taxis eléctricos en el primer piloto que hicimos alrededor del taxi eléctrico”*

En el mismo debate de Prisa, a renglón seguido de hablar de los vehículos eléctricos, Petro complementó: “Tuvimos taxis eléctricos, en el primer piloto que hicimos alrededor del taxi eléctrico”.

Y así fue, en efecto el 2 de septiembre de 2013, dio inicio el piloto de taxis eléctricos en Bogotá con la puesta en marcha de 51 vehículos, de la fabricante china BYD, que llegaron en unas condiciones que favorecían a sus compradores, los más importantes de esos beneficios eran que no tenían que pagar por el ‘cupo’, que podían explotar por 5 años el vehículo y que estaban exentos de pico y placa, como lo registró en esta nota el diario Portafolio.

Sin embargo, algunas de las promesas que se hicieron a los entonces compradores de esos vehículos no fueron cumplidas, en especial en lo que se refiere a la instalación de electrolineras, en un número suficiente que permitiera agilizar la recarga de los taxis.

De hecho, el pasado 21 de septiembre, la concejala María Fernanda Rojas aseguró en un comunicado que “estos vehículos han tenido retos de todo tipo, incluso tenían problemas por no pasar la revisión tecnomecánica de gases ya que no había un protocolo inicial para estos vehículos, aún cuando era obvio que no necesitaban esta prueba. Incluso el Aeropuerto Eldorado, que inicialmente los había acogido, los expulsó cuando los vehículos pasaron de 5 años de antigüedad”.

Rojas añadió que “este piloto, que comenzó durante la administración de Gustavo Petro, no tuvo avances durante los primeros años ya que no se concretaron las promesas de los gestores ambientales. Posteriormente, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, el piloto fue completamente olvidado, no fue importante para la Secretaría de Movilidad durante esos 4 años”.

De la misma opinión es el periodista especializado en automotores José Clopatofsky, quien también en septiembre pasado, en su habitual editorial de la revista Motor, aseguró que “el caramelo repartido fue una tentación para esos compradores que desembolsaron más de 80 millones de pesos por unidad, pero la indigestión fue total. Petro les prometió un subsidio mensual de 900.000 pesos por dos años y licencia de operación sin pagar el cupo que cobran las empresas de taxis amarillos, pero eso apenas duró dos meses y se evaporaron todas las demás arandelas. Ellos hoy pasan todo tipo de trabajos, pues las estaciones de carga no llegaron, más bien las quitaron, se quedaron sin estacionamiento en el aeropuerto y nunca tuvieron precios de repuestos favorables ni publicidad en los vehículos que los iba a sostener”.

Para Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, “la novedad que planteó ese piloto de los taxis eléctricos en Bogotá fue lograr meter esos vehículos sin cupo, eso hizo una diferencia, pero a pesar de todo lo que ha pasado con esa experiencia, nos sirvió porque pudimos lograr que en la reforma tributaria del 2016 consiguiéramos que el IVA para esta tecnología solo fuera del 5%, porque desde entonces entendimos que para que una transición energética sea posible, debía haber incentivos para promover su uso en el país, por eso en medio de todo, para mí no es un fracaso”. 

Así es que, tras estas evidencias, podemos concluir que si bien Petro tiene razón, pues fue en su administración cuando se implementó el piloto de taxis eléctricos, las promesas y los compromisos que se hicieron con quienes apostaron por esos vehículos no fueron cumplidos. Por eso la calificación es “verdadera pero”.

 


 

 

“Dejamos los estudios de diseño del metro subterráneo”*

 

Es una suerte de mantra que ha venido repitiendo Gustavo Petro desde que terminó su periodo como alcalde el 31 de diciembre de 2015. En repetidas ocasiones (1, 2, 3, 4), ha reivindicado los estudios que durante su ejercicio se realizaron para una solución de transporte como el metro. 

En esta búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter del precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico se puede ver claramente como ha insistido y disputado por el proceso que llevó a cabo en su alcaldía, que su sucesor, Enrique Peñalosa descartó por la opción de metro elevado.

Y si bien es claro que estos estudios del metro subterráneo llegaron a una fase de diseños muy adelantada, conocida como ingeniería básica avanzada, con estos aún no se podían dar pasos inmediatos a su construcción.

El portal La Silla Vacía ya había chequeado antes una frase similar de Petro y encontró en su análisis que “​los estudios de ingeniería básica son los conocidos como Fase II, y son un paso previo a los de ingeniería de detalle o Fase III. Este nivel es el que, según la ley, permite iniciar la construcción. Los de Fase II, según la ley, establecen “si el proyecto es factible para su ejecución”, mientras que los de Fase III son para “diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”.

Petro, de hecho, ha reconocido que los estudios de su Alcaldía llegaron a ingeniería básica avanzada, como lo hizo en este trino en el que le responde al ex gerente general del Metro de Bogotá, Andrés Escobar.

“Señor Andres Escobar, la ingeniería básica avanzada como acaba de decir la contraloría, es un estudio de ingeniería de detalle fase III, para túneles y estaciones. Su costo beneficio es positivo si se introduce la valorización de predios y tenía aval del Banco Mundial”.

 

Señor Andres Escobar, la ingeniería básica avanzada como acaba de decir la contraloría, es un estudio de ingeniería de detalle fase III, para túneles y estaciones. Su costo beneficio es positivo si se introduce la valorización de predios y tenía aval del Banco Mundial. https://t.co/m6I7GfZo37

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2020

 

Pero de nuevo, la ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, estableció, en su título II, artículo 12 lo siguiente:  

 

 

Sin embargo, en el largo debate por los detalles en los que Petro dejó el proyecto de metro subterráneo al final de su administración, la Contraloría Distrital de Bogotá dio un nuevo empuje a los reclamos del hoy precandidato presidencial en este informe publicado en octubre de 2019, “Primera línea del metro para bogotá PLMB. efectos en las finanzas del distrito capital”.

En dicho documento, la Contraloría aseguró que, “la Administración Distrital viene desarrollando el proyecto para la Primera Línea del Metro - PLMB, con base en los últimos estudios realizados, entre ellos el elaborado por la consultoría Consorcio L 1, que alcanzó el nivel de ingeniería básica avanzada (ingeniería de detalle)”.

Pero ingeniería básica avanzada e ingeniería de detalle no es lo mismo, como se explica en este documento de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, en la que se detalla que: 

“La ingeniería básica define los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto. Estas ideas y definiciones del proyecto son los pilares en que se basará la ingeniería de detalle, para la ejecución de los planos constructivos. La ingeniería básica es desarrollada por un grupo pequeño de ingenieros (en comparación con la ingeniería de detalle que requiere mas personas dedicadas), que elaboran planos, especificaciones técnicas, y si corresponden documentación de licitación”.

Y agrega que, “la ingeniería básica no es constructiva, con los planos disponibles en esta etapa no se pueden construir ni montar los equipos. Esta documentación es suficiente para evaluar la obra y los trabajos de montaje, con suficiente aproximación para lograr una cotización válida”.

Por otra parte, sobre la ingeniería de detalle, precisa, “Integran la ingeniería de detalle: planos, planillas, croquis, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, en forma y con alcance tal que permitan realizar a un tercero (el contratista) todos los trabajos detallados.

El proyecto constructivo de las instalaciones es en distintas disciplinas: electricidad, arquitectura, obras civiles.

La ingeniería de detalle se fundamenta en la ingeniería básica, tomando los lineamientos indicados, y desarrollando planos constructivos, la nueva variable es la definición y documentación precisa de los equipos a montar; es decir se debe contar con planos que reflejen los equipos adquiridos”.

Adicionalmente, en este artículo del diario El Tiempo, que recoge este mismo debate de los términos a los que llegaron los proyectos de Petro y Peñalosa, así como el citado informe de la Contraloría Distrital, y que fue publicado el 4 de marzo de 2020. precisa el diario que, “en una entrevista con EL TIEMPO en septiembre de 2019, Ricardo Cárdenas, el ingeniero que estuvo al frente del metro subterráneo, aclaró que ambos tipos, elevado y subterráneo, tienen estudios de ingeniería básica avanzada y que a ambos les faltan los estudios de ingeniería de detalles, proceso que tardaría entre uno y dos años en hacerse”.

También el experto en movilidad, Darío Hidalgo, le dijo a El Tiempo, que “es importante aclarar que tanto el metro subterráneo como el elevado tienen informes de ingeniería básica avanzada, ambos alcanzaron este avance en 2019, pero ninguno de los dos tiene estudios de ingeniería de detalle".

Y frente a lo señalado por la Contraloría en cuanto a que "los estudios del metro subterráneo llegaron a un nivel de ingeniería básica avanzada (ingeniería de detalle), mientras que los del elevado solamente alcanzaron el nivel de factibilidad", Hidalgo insistió en el error de interpretación del ente de control. "Son dos tipos de estudios diferentes y no se pueden equiparar".

Así es que tras estas evidencias y análisis concluimos que, si bien es cierto que Petro dejó muy avanzados los estudios de ingeniería necesarios para el metro subterráneo, estos no alcanzaron la Fase III que según la ley son los estudios y diseños definitivos que llevan finalmente a la construcción de la obra en cuestión.


*Este chequeo fue publicado el 14 de febrero en la verificación ‘La movilidad eléctrica saca chispas entre Fico, Petro y Peñalosa’

 


 

 

“Compramos carros de basura nuevos, los otros eran arrendados. 164 camiones 0km que operaron durante todo mi gobierno” 

Uno de los cuestionamientos que ha perseguido a Gustavo Petro después de su ejercicio como alcalde de Bogotá (2012 - 2015) es el que tuvo que ver con el modelo de recolección de basuras, completamente público, que intentó establecer en la capital y que de hecho le costó la suspensión temporal del cargo. 

En el debate que la alianza Semana - El Tiempo realizaron el pasado 14 de marzo y que fue denominado ‘El debate de los que son’, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, cuestionó a Petro así: “¿O sea que lo de los buses basura es mentira?”.

Frente a esa pregunta, en el minuto 2:37:25 seg Petro le respondió: “primero no son buses basura, eran camiones compactadores”, de nuevo Gutiérrez interpela ¿y en dónde están esos camiones en este momento y lo que vio el país es mentira, que están pudriéndose por ahí en un patio?

“Sí, es mentira. Algunos camiones que eran de una flota alquilada se le devolvieron al dueño. Nosotros compramos 164 camiones 0 kilómetros, las fotos están todavía en internet. Esos camiones operaron durante todo mi gobierno y la mitad del gobierno de Peñalosa”.

De tal manera que nos pusimos en la tarea de indagar por esta afirmación, sobre los camiones que en su momento la administración de Petro compró para suplir el servicio de recolección de basuras en la capital.

Afirmación que sin dar cifras, también respondió en este trino: 

 

Para empezar es importante aclarar que en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana 2012- 2016 quedó consignado en el artículo 30 el programa ‘Basura Cero’ que decía en sus primeros postulados: “Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, generados por la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos. Implica un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo”.

Dentro de este programa se contemplaron seis proyectos prioritarios: Estrategia de producción sostenible, Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente, Modelo de reciclaje para Bogotá, Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario y Escombros cero. 

Y para llevar a la realidad estos proyectos de su Plan de Desarrollo, Petro decidió, a través del decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 establecer un ‘Esquema Transitorio del Servicio de Aseo’, de esta manera buscaba “quitarle el poder a los operadores privados”, según lo reportó en este artículo el diario El Espectador, publicado el 10 de diciembre de 2013.

En dicha pieza periodística, se detalla además como “El cambio en el modelo de contratación fue significativo en la medida en que cambió el esquema de remuneración. Anteriormente los operadores privados ganaban de acuerdo a un porcentaje de lo que se recaudaba vía tarifa; con el nuevo esquema empezaron a ganar un pago fijo mensual. Aseo Capital: $3.400 millones. Ciudad Limpia y Lime: $3.900 millones”.

Y fue así, con esta decisión administrativa, que iba en consonancia con el Plan de Desarrollo del gobierno petrista, como Bogotá cambió su modelo de aseo y en el cisma que se produjo la ciudad padeció tres días de una grave crisis en la recolección de basuras, y que posteriormente le valió la destitución del cargo a Gustavo Petro, aunque el fallo fue suspendido días después y Petro volvió a su cargo.

En ese momento, el 20 de diciembre de 2012, el portal informativo BBCMundo, recogió las reacciones  de Petro, “(Hay quienes) están esperando que la ciudad se llene de basuras, para demostrar la ignorancia del gobierno distrital y a partir de ahí lograr dos objetivos: la restitución de los contratos por vía de hecho de los operadores privados, que vienen ganándose 120.000 millones de pesos al año (unos US$67 millones) y, por otra parte, lograr las condiciones políticas que permitan la revocatoria", afirmó.

Así es que en el marco de este contexto, la creación de un modelo público de aseo, como el Distrito de Bogotá, debió emprender la compra de una flota de camiones compactadores que hiciera la recolección de las basuras en el 52% del territorio distrital, pues los operadores privados fueron recontratados para atender la operación restante.

El 13 de diciembre de 2012, el gerente de Aguas de Bogotá, Diego Bravo anunció la adjudicación del contrato a través del cual el Distrito compraría 278 vehículos compactadores de las marcas Daewoo y Navitrans, como lo reportó RCN radio en este artículo.

"Nunca antes se había hecho un proceso para que los vehículos estuvieran al servicio de la ciudad, por eso buscamos que estos queden como patrimonio de Bogotá, manifestó Bravo.

La empresa Daewoo entregará 238 vehículos en un plazo de 120 días, los primeros llegarán a la ciudad a mediados de febrero, según lo contemplado en la licitación. Por su parte la empresa Navitrans, entregará 40 camiones para completar la totalidad de la flota que pretende adquirir el Distrito”.

Y en abril de 2013 llegaron las primeras 70 compactadoras de la marca Daewoo, según reportó en su momento Canal Capital.

 

 

Ya en enero, y para solventar la crisis, se habían alquilado 60 compactadores, nueve de los cuales llegaron en enero de 2013 a Bogotá, de acuerdo con este informe de Noticias Caracol.

 

 

Pero el destino de la flota comprada para implementar el programa de Basura Cero, ideado por el Distrito, en la Alcaldía de Gustavo Petro, duró hasta que en el gobierno de su sucesor, Enrique Peñalosa cambió el esquema de aseo y  lo entregó de nuevo a los privados.

Según reportó el diario El Espectador, en marzo de 2018, 105 de estos vehículos fueron llevados a un lote ubicado en Tocancipá, “...llegaron 105 carros con los logos de Bogotá Cero y Aguas de Bogotá. De acuerdo con Angélica Arenas, gerente corporativa de residuos sólidos de la Empresa de Acueducto, el traslado comenzó hace 15 días, pero el proceso se adelanta desde mucho antes: Hicimos un análisis para determinar cuál sería el mejor predio para dejar los vehículos de aseo mientras se conoce cuál será su futuro”.

Y precisa El Espectador, en su reportaje titulado, ‘Los camiones que ahora son basura’, que “El Acueducto de Bogotá es propietario de 278 vehículos que compró la pasada administración para el servicio de aseo y recolección de basuras. Se trata de una flota integrada por 13 barredoras, 15 camiones, 204 camiones recolectores y 44 volquetas, en la que se invirtieron $76.388 millones. Fue la inversión que se hizo para poner en marcha el programa Basura Cero y los vehículos quedaron bajo el manejo de la empresa Aguas de Bogotá, que hasta el mes pasado tuvo a su cargo la recolección de residuos en 12 localidades (el 52 % de la ciudad)”.

De tal manera que es cierto que durante su gobierno Petro tuvo una flota de vehículos para implementar el esquema público de recolección de basuras, conocido como Basura Cero, la flota estaba integrada por 278 vehículos, de los cuales 204 eran recolectores o compactadores y no 164 como mencionó el ex alcalde en su debate con Federico Gutiérrez, por lo que calificamos como verdadero pero esta afirmación.


 


 

 

“En mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo”

 

El 28 de julio de 2021, Petro publicó este trino en su cuenta de Twitter:  “Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, en mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo”.

 

Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, en mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2021

 

En Colombiachek en esa ocasión verificamos esta afirmación y la calificamos de falsa. Para este especial retomamos el chequeo acerca de las empresas creadas por el ex alcalde.

Para ese chequeo, contactamos al senador Petro a través de su cuenta de Twitter  y nos dijeron que su afirmación se sustenta en datos de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre empresas creadas en su administración. 

Para soportar esta afirmación Petro le compartió a Colombiacheck un enlace de la página de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de noviembre de 2015 en el que, en efecto, esa entidad afirmaba que tenía más de 400.000 empresas registradas. Pero el trino de Petro omite una información que contiene ese mismo enlace y es que el dato también incluye “compañías renovadas”.

El 30 de octubre de 2011, Gustavo Petro fue electo alcalde de Bogotá para el periodo 2012-2015. El 20 marzo de 2014 fue destituido de su cargo por la Procuraduría tras una investigación por la reestructuración del esquema de aseo en la ciudad, pero 31 días después, el 21 de abril de ese mismo año y tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Petro fue restituido en su cargo. 

Los datos de la Cámara de Comercio entre 2012 y 2015, período de Petro en la Alcaldía, son así:

En 2012 se crearon 62.951 empresas. El dato para 2013 fue de 62.777 nuevas compañías y para 2014 de 74.411. En 2015 se crearon 9.533 nuevas firmas. Eso quiere decir que durante la administración de Petro en Bogotá, 259.672 empresas fueron creadas. El cálculo de las 400 mil compañías de las que habla, en realidad son el acumulado entre todas las firmas creadas entre 2009 y 2015.

De acuerdo con cifras de la CCB -que solo lleva registro de las compañías que están en la formalidad, es decir que se inscriben ante esa entidad con un registro mercantil-, entre 2009 y 2011 se habían registrado 167.934 empresas nuevas. 

Sumada esa cifra con las creadas entre 2012 y 2015 el total es de 427.606. Eso quiere decir, que aunque en la alcaldía de Petro sí creó un gran volumen de empresas, fueron 259.672, lo que corresponde al 60,7% de las que se atribuyó.

En los históricos que lleva el programa 'Bogotá, Cómo Vamos' se llevan las mismas cifras de creación de empresas e incluso se lleva un registro de la base empresarial de Bogotá desde 2008 a 2018. En el récord se ve que entre 2016 y 2017 se alcanzó la cifra de 400 mil empresas matriculadas y renovadas. 

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Registros históricos de empresas matriculadas en Bogotá. Crédito: 'Bogotá, Cómo Vamos'. 

En su respuesta a Colombiacheck, el senador indicó que como la Cámara de Comercio “solo contabiliza las empresas formales” y “no las que se denominan informales, que son al menos el mismo número (…) no habría desacierto en el trino”. En el mensaje se argumentó que la economía informal es al menos del 50% en Bogotá.

La OIT dice que la economía informal comprende más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90% de las microempresas y pequeñas empresas (MYPE) a escala mundial. En América Latina, el porcentaje de informalidad oscila entre el 40 y 50%. De acuerdo con el DANE, una empresa informal es una unidad “no constituida en sociedad, que no posee un registro mercantil o no lo renovaron en el último año establecimientos que no cuentan con registros contables completos de su actividad económica”.

Sin embargo, por su misma naturaleza, la informalidad es un índice difícil de verificar. En este estudio de 2019 de Fedesarrollo se muestra que, en efecto, la informalidad empresarial representa al 50% de las firmas en Colombia, pero ese mismo informe detalla que “existen pocas fuentes para estimar la informalidad empresarial en Colombia”.

Pese a ello, el informe hace un cálculo basado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, donde se puede ver que el 59% de los negocios son informales en Colombia, es decir que cerca de 6 de cada 10 empresas en el país es informal. Sin embargo, no hay una cifra exacta sobre cuántas existen. 

El economista Jaramillo explica que aunque la gestión de un alcalde puede impulsar la creación de empresas, no hay relación con la creación de éstas. “En el 90% del tiempo los países experimentan algún tipo de crecimiento económico, entonces incluso con un alcalde que no haga nada, igual se van a crear empresas”, afirma. Y agrega que las iniciativas para la constitución de nuevas firmas son en un 90% de carácter privado y “eso no se debe solo a una gestión del alcalde”.  

Por su parte, el analista Sinisterra explica cuáles son otras de las variables que se deben tener en cuenta para la creación de empresas. 

“La gestión de un Alcalde o de un Presidente sí es importante para que haya más creación de empresas, las políticas son importantes, pero hay otros factores: la seguridad, la infraestructura, la posibilidad de interactuar con pares, de conseguir materias primas, la facilidad de importar insumos, la comunicación, la calidad de los puertos. No solo es la política del mandatario, sino de una cantidad de cosas que se unen para poder hacer que los empresarios sean exitosos”, detalla. 

La gestión del senador se dio en medio de un ciclo económico favorable para la capital y para el país. En otra verificación que hizo Colombiacheck sobre la tasa de ocupación laboral en Bogotá durante la alcaldía de Petro, Iván Jaramillo Jassir, experto en derecho laboral y pensional e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que “vincular las políticas locales con el crecimiento de la empleabilidad es muy complejo porque depende de muchos factores impositivos y de la dirección de la economía nacional. Obviamente sí hay una mejoría a la que él puede contribuir, pero está relacionada con el ciclo económico”.

De acuerdo con datos del DANE, la tendencia de la capital fue la misma que la que se presentó a nivel nacional. Además, esta curva de crecimiento no se inició en la administración Petro, sino que empezó antes y alcanzó su cúspide en el ciclo económico.

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Tasa de ocupación por regiones en Colombia 2001- 2020. Crédito: DANE

“Desde 2012, hay un notable crecimiento en la tasa de ocupación nacional, que alcanzó su máximo en 2015. O sea, el evento fue a nivel nacional. Y ese cambio venía creciendo desde 2008, más o menos. No parece ser algo particular de la alcaldía”, explicó en su momento a Colombiacheck Laura Fuerte, jefe del departamento de Economía de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. 

En el programa de gobierno para la alcaldía de Petro, cuyo eje principal eran los temas sociales, se incluyó la creación “de programas de empleo de emergencia para la población vulnerable”. En su plan de desarrollo, con datos más aterrizados, una de las metas era “financiar al menos 100.000 unidades productivas de economía popular”. 

De acuerdo con el informe de la Veeduría Distrital, la meta apenas se cumplió en un 1,25%. 

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“A 31 de diciembre de 2015 se financiaron 1.249 unidades productivas de economía popular por un valor desembolsado de $10.387 millones (...) Las actividades económicas más relevantes fueron: ‘otros servicios calificados y no calificados’ con una participación del 21% y desembolsos por $836 millones en 265 unidades de negocio, y ‘Confecciones y textiles’ con una participación de 21% y desembolsos por $1.965 millones en 198 unidades de negocio”, indica el ente de control Distrital. 

En resumen, lo asegurado en el trino de Petro es falso porque la cifra sobre el número de compañías creadas en su alcaldía es una exageración del dato oficial que complementa con una suposición sobre el tamaño de la economía informal. Además, incluyó datos de 2009, cuando no era alcalde​.















 

 




 

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Jueves, 24 Marzo 2022

Frases de candidatos presidenciales sobre pensiones, entre verdades a medias y datos cuestionables

Por José Sarmiento, Juan Lozada, Mónica Ospino, Paola Benjumea y Alexander Campos

Verificamos lo dicho sobre el sistema pensional por Gustavo Petro, Íngrid Betancourt, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez en debates, redes sociales y en sus páginas oficiales.

“¿La reforma pensional en qué consiste? En un sistema de pilares”, propuso el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el primer debate posterior a las consultas interpartidistas, el lunes 14 de marzo de 2022, organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana.

Su idea, como se detalla luego, es que las personas coticen al sistema público por sus ingresos hasta 4 salarios mínimos para pagar las mesadas de los pensionados actuales con esos aportes, liberar a la Nación de lo que gasta en el déficit pensional (un 3,5% de su presupuesto anual, como ya verificó Colombiacheck) y darles otro uso a esos recursos. La cotización a partir de ese umbral iría a un ahorro individual de cada trabajador y el pago en su vejez sería conjunto entre el Estado y el otro fondo, que podría ser privado.

La propuesta generó una discusión con la candidata del Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, sobre la viabilidad y conveniencia de ese esquema para el país. El otro asistente al debate, Federico Gutiérrez, de la alianza Equipo por Colombia, no se refirió con profundidad al tema en ese momento pero sí en el debate de medios regionales del 17 de marzo.

Por otro lado, el aspirante de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no asistió a la cita con El Tiempo y Semana pero terció luego con un hilo de Twitter que terminó enlazando a su página de propuestas para personas mayores. Los mensajes en la red social no dan mayores datos, pero el documento en su portal de campaña sí.

Durante toda la semana, la reforma pensional fue un tema ampliamente discutido en medios de comunicación. Incluso el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció al respecto. Según lo cita el diario económico Portafolio, dijo que “quieren echarle mano al ahorro de las personas para volverla plata de bolsillo de la politiquería”.

De modo que Colombiacheck verificó algunas de las afirmaciones tanto del intercambio de argumentos que tuvieron Petro y Betancourt en vivo, como las de Gutiérrez en otro debate y las dadas por Fajardo en el programa que adjuntó a sus trinos. Cabe aclarar que los chequeos no califican las propuestas sino los datos mencionados en esos espacios.

Sin embargo, antes de entrar en esos detalles hay que entender el contexto de las pensiones en el país.

Así funcionan las pensiones

El sistema pensional colombiano se divide en varios regímenes. Los dos principales son el de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y el de prima media (RPM). Los exceptuados son los que funcionan bajo normas especiales para ciertos sectores, como las Fuerzas Militares, la Policía o el magisterio, entre otros.

En el de ahorro individual cada persona se afilia a una administradora de fondos de pensiones (AFP) privada y abona un porcentaje de sus ingresos a una cuenta propia. Si tiene contrato laboral, una parte la cubre el empleador. En todo caso, ese dinero es de quien cotiza pero el fondo lo puede invertir de diferentes formas para darle rendimientos, que también son para el trabajador.

La pensión que reciba en su vejez dependerá del monto ahorrado en total, pero no puede ser inferior a un salario mínimo. Para asegurar esto, una parte del aporte va al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, una bolsa de donde se saca, de ser necesario, lo que haga falta para alcanzar ese valor.

La persona puede recibir un monto mensual durante un tiempo programado hasta agotar lo ahorrado o una renta vitalicia calculada con la expectativa de vida. En este último caso, el monto se ajusta cada año con el aumento del salario mínimo y el Estado cubre la parte de este porcentaje que esté por encima de la inflación correspondiente.

El RPM está a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que es una empresa pública, y funciona distinto. Lo que aporta cada afiliado, también con una parte a cargo del empleador cuando hay contrato laboral, va a fondos comunes con los que se pagan las mesadas de los pensionados actuales y el Estado pone la plata faltante cuando no alcanza. Las personas que coticen en el futuro, a su vez, pondrían los recursos para las pensiones de los trabajadores actuales cuando lleguen a la vejez.

A diferencia del RAIS, donde lo importante a la hora de retirarse es el ahorro alcanzado, el monto de la mesada en este otro régimen se calcula con base en el salario promedio de los últimos 10 años antes de la edad de jubilación, que es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres en cualquier caso, o de toda la vida laboral si es más alto. Luego se ajusta solo con la inflación anual, o sea de acuerdo a lo que suban los precios en el mercado, para mantener su poder adquisitivo.

Los dos regímenes compiten entre sí y son excluyentes. Cada persona es libre de escoger en cuál de ellos se afilia e incluso puede trasladarse al otro si cambia de opinión, con algunos requisitos de trámites, tiempo de permanencia y edad.

Esto es lo que propone cambiar Petro por un esquema en el que sean complementarios. Ya había planteado la misma idea en su campaña presidencial de 2018.

Con estos elementos claros, estas son las verificaciones a Petro, Betancourt, Fajardo y Gutiérrez. Colombiacheck intentó contactar a cada uno para consultarle por el sustento de sus respectivas afirmaciones. Al cierre de esta publicación, solo habían contestado la candidata de Verde Oxígeno y el de la coalición Centro Esperanza.

Gustavo Petro

Íngrid Betancourt

Sergio Fajardo

Federico Gutiérrez

Betancourt, Fajardo y Gutiérrez

Gustavo Petro

 

“Proponemos un régimen de pilares [...] acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo”

VERDADERA PERO...

En el debate de El Tiempo y Semana, Petro dijo que el sistema de pilares “lo propone el Banco Mundial” y luego detalló su propuesta. Esto mismo lo ha reafirmado en Twitter, donde señaló que este modelo ha sido “acogido” no solo por esa entidad internacional sino también por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), un reconocido centro de estudios económicos.

Colombiacheck encontró que esto es “verdadero pero…”. Si bien ambas entidades sí han planteado ese cambio, no ha sido del todo en los mismos términos que el candidato propone. Sobre todo porque difieren considerablemente en el monto del umbral entre los “escalones” del nuevo esquema.

En 2013, el Banco Mundial sugirió este modelo como una forma de brindar una mayor seguridad financiera para la tercera edad. El organismo definió así los tres “pilares” o escalones que deben componerlo: “1) un sistema manejado públicamente con participación obligatoria y el objetivo limitado de reducir la pobreza entre la población anciana; 2) un sistema de ahorros obligatorios manejados privadamente; y 3) ahorros voluntarios”.

Más tarde, durante la campaña de 2018, Fedesarrollo aterrizó esa propuesta para Colombia en un artículo publicado en marzo de ese año. Los autores fueron el entonces director ejecutivo de esa ONG y actual gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el investigador David Forero. Decía el documento:

“La propuesta busca crear los mecanismos para que dichos regímenes actúen con un criterio de complementariedad entre ellos. Esto significa que se acabaría el concepto de ‘afiliado’ a uno u otro esquema, y todos los trabajadores formales estarían afiliados a ambos regímenes al mismo tiempo. Así, el Pilar Uno, de carácter público y bajo la lógica de Reparto, se encargaría de recibir las cotizaciones de todos los trabajadores formales de la economía hasta 1 SML [salario mínimo legal], y otorgaría un beneficio pensional con un límite superior de 1 SML y decreciente en el nivel de ahorro del afiliado. Por su parte, el Pilar Dos de Ahorro Individual y administrado de manera privada, recogería las contribuciones de cada trabajador por encima de 1 SML para ahorrarlas en su cuenta individual, y de esta forma complementar la pensión básica del Pilar Uno con prestaciones proporcionales al ahorro de los afiliados. En conjunto, las pensiones otorgadas por ambos regímenes serían siempre superiores a un salario mínimo y crecientes a medida que los afiliados hayan hecho mayores contribuciones” [énfasis añadidos].

Es decir que, de acuerdo con esta idea, la cotización iría a los pensionados actuales por medio de la administradora estatal hasta el umbral de un salario mínimo y el resto, a una cuenta individual en AFP. En lugar de competir, se complementarían. El economista Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores y expresidente de Colpensiones, señala que así es como funciona “en la mayoría de países”.

Sin embargo, no es exactamente igual a lo que plantea Petro. El abogado laboralista Kevin Hartmann, investigador doctoral en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, señaló en un hilo de Twitter que la diferencia es el monto límite que plantea el candidato entre estos dos pilares, pues ha hablado de 4 salarios mínimos.

No es un detalle menor. Hartmann señala que de ese valor depende por cuánto tiempo sería sostenible el modelo de pilares: que sea más alto implica un mayor gasto público más pronto, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.

De modo que Petro tiene razón en que tanto el Banco Mundial como Fedesarrollo han hecho propuestas que coinciden con la suya en el planteamiento de un sistema de pilares, pero no en el monto del umbral. Por eso su frase es “verdadera pero…”.

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Gustavo Petro

“3 millones de personas de la tercera edad hoy no reciben pensión”

CUESTIONABLE

En el debate presidencial de El Tiempo y Semana, el candidato presidencial del Pacto Histórico aventuró esta cifra de adultos mayores que a día de hoy no cuentan con pensión. Sin embargo, hay una imprecisión en su afirmación en cuanto a lo que realmente constituye acceder a ese beneficio u obtener otro tipo de prestación.

Muestra de ello es la entrevista publicada el 14 de febrero de 2022 en Portafolio, en la que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, afirmó que en Colombia hay alrededor de seis millones de personas de la tercera edad, pero el 50% de ellas no tiene acceso a una jubilación. Como se ve, aunque el directivo habla de alrededor de tres millones de personas, igual que Petro, no se refiere a recibir pensión, sino a acceder a una jubilación.

En el mismo sentido, el 17 de febrero de 2022, el director del mismo diario, Francisco Miranda, aseguró en una editorial que “1,72 millones de colombianos están pensionados por el sistema y 1,72 reciben subsidios del programa Colombia Mayor, otros 3,2 millones no tienen ninguno de los dos beneficios”. La distinción entre pensión y subsidio es la clave para entender la imprecisión del candidato.

La siguiente gráfica de Econometría Consultores, con datos de 2019-2020, permite visualizar la diferencia de los grupos amparados con algún beneficio para su jubilación.

Diagrama que clasifica 6,8 millones de adultos mayores entre pensionados (1,7 millones), con subsidio (1,7 millones), en programa de ahorro BEPS (34.850) y sin protección (3,4 millones)

Como se observa en el gráfico, de los 6,8 millones de colombianos en edad de pensión, sólo 1,7 millones la recibía. Otros 1,7 millones tenía algún subsidio del programa Colombia Mayor o un Beneficio Económico Periódico (BEPS) y 3,4 millones de adultos mayores se encontraban por fuera de la cobertura del sistema. Esta última cifra fue consignada en el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, emitido por el Consejo Privado de Competitividad.

Como se explica en la página 19 de un informe publicado en 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el programa Colombia mayor consiste en un subsidio mensual fijado en 80.000 pesos que puede girarse directamente a la cuenta bancaria del beneficiario, o bien otorgarse a través de servicios sociales básicos en Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos. Los BEPS, por otra parte, son prestaciones que obtiene un trabajador que realizó aportes como cotizante pero no alcanzó a cumplir los requisitos para adquirir una pensión.

La abogada Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), también reconoce esa distinción: “Ni los subsidios de Colombia Mayor ni el programa BEPS hacen parte del sistema pensional, se trata de prestaciones complementarias que no están atadas a la limitación constitucional que obliga a que todas las pensiones sean iguales o superiores al salario mínimo”.

En ese orden de ideas, la población que recibe estos subsidios no puede contabilizarse en el grupo de quienes reciben pensión. En los datos del gráfico elaborado por Econometría Consultores, serían cinco millones de personas las que no tenían acceso a pensión, aunque 1,7 millones de ellas contaran con algún beneficio de jubilación.

Según la caracterización publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en diciembre de 2021, los datos más recientes arrojan 4,7 millones de adultos mayores no reciben una pensión. Al descontar de esa cifra a los beneficiarios de Colombia Mayor y BEPS, se obtiene un aproximado de 3 millones de personas sin pensión ni prestación de otra índole.

Dado que esta cifra final coincide con la afirmada por Gustavo Petro en el debate presidencial, pero considerando que en no especificó la distinción entre pensión y beneficios complementarios, calificamos su frase como cuestionable.

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Gustavo Petro

“El sistema que tenemos de ahorro paga al banquero un 30% del total de la cotización mensual”

CUESTIONABLE

Una de las afirmaciones de Petro en su discusión con Betancourt que ha generado más polémica es en la que dijo que el RAIS “paga al banquero un 30% del total de la cotización mensual”. A lo que le agregó la pregunta: “¿Es o no es un robo?”.

La reforma de 2003 a la Ley 100 de 1993, que rige los sistemas de salud y pensional, establece que el valor actual de la cotización para pensiones es del 16% del ingreso base mensual de cada persona afiliada a cualquiera de los dos regímenes. De ese valor, hay 3 puntos porcentuales que van parcialmente a cubrir los gastos de administración.

“Las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%”, le respondió Asofondos a Petro en un comunicado con base en esa misma norma. Además, reconoce la vicepresidenta jurídica del gremio, Clara Elena Reales, hay un 1,5% que solo aplica en las AFP privadas y que va al Fondo de Garantías de Pensión Mínima.

“Como resultado de esos dos pagos a la cuenta de ahorro individual del afiliado, al RAIS va 11,5% del IBC [ingreso base de cotización]. En el caso de Colpensiones, a la bolsa común con la cual se financian pensiones va 13% del IBC”, concluye.

En su comunicado, Asofondos también citó una publicación sobre mercados pensionales hecha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021, donde se calculó que las tarifas de los fondos en Colombia equivalían en 2020 a 0,6% del total de los activos que manejan de los afiliados. El 0,4% era lo correspondiente a los cobros sobre los salarios.

Sin embargo, el candidato no habló del 30% sobre el ingreso ni sobre los activos sino sobre “el total de la cotización”. Es decir que, por ejemplo, para alguien que gana el mínimo de 1 millón de pesos al mes, la cuenta del senador no se basa en ese valor sino en los 160.000 pesos que cotiza al sistema.

Al día siguiente del debate de El Tiempo y Semana, Petro se reafirmó en Twitter. “Para refutarme, dicen que de los 16 puntos, porcentaje de cotización, 11,5 van a la cuenta del cotizante mensualmente y 4,5 a otros menesteres. ¿Cuánto es 4,5 de 16?”, escribió.

El resultado de esa operación es el 28,1%, una cifra cercana al 30% que había dicho inicialmente. Olivera confirma el resultado: “Yo supongo que lo que Petro hace es redondear”, pero al igual que el economista Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes, advierte que eso no quiere decir que esos recursos sean ganancias para los fondos y sus dueños, el “banquero” del que habló el candidato.

La misma tabla que usó Petro en su trino, tomada de una nota del diario económico La República a propósito de sus declaraciones, aclara la destinación de esos dineros de acuerdo con las leyes ya citadas y en concordancia con la interpretación normativa de los expertos mencionados. La fuente de los datos es el informe trimestral de rentabilidad de los fondos publicado por la Superintendencia Financiera en diciembre de 2021.

Tabla de la Superfinanciera sobre distribución de la cotización a AFP: del 16%, 11,5 puntos van al ahorro individual; 1,5, al fondo de pensión mínima; 1,8 en promedio al seguro y 1,2 en promedio a comisión

Aparte del punto y medio del Fondo de Garantías de Pensión Mínima, con el que se asegura que la mesada en la vejez no sea inferior a un salario mínimo, el reporte muestra que los otros 3 puntos que el aspirante presidencial presenta como un “pago al banquero” incluyen el costo de “seguros previsionales”. Asofondos y expertos independientes coinciden en que estas pólizas son para cubrir pensiones de invalidez o sobrevivientes.

La repartición no es igual en todas las AFP. En promedio, solo 1,2 puntos porcentuales de la cotización (7,5%) corresponden a comisiones por administración de los aportes. En la que más cobra, Skandia, el valor es de 2,1 puntos (13,1%).

Así que la afirmación de Petro es cuestionable porque presenta los 4,5 puntos de los 16 de la cotización que no entran a la cuenta de ahorro individual, o sea el 28%, como una ganancia de la administradora. En realidad, la mayoría cubre otros gastos y aportes para diferentes tipos de pensiones y la sola comisión es casi la cuarta parte de lo que él dijo.

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Gustavo Petro

“Este sistema pensional, como el de salud, se imitó de los modelos de Pinochet”

CUESTIONABLE

Otro argumento del candidato del Pacto Histórico para defender su propuesta de reforma fue la comparación entre los modelos pensionales de Colombia y Chile, junto con los respectivos sistemas de salud. Le atribuyó el triunfo electoral del nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, a la inconformidad de la población de su país con ambos esquemas.

“Este sistema pensional, como el de salud, se imitó de los modelos de [Augusto] Pinochet en Chile”, dijo Petro. Ya lo había expresado en Twitter en octubre de 2020, en ese entonces aludiendo a los resultados del plebiscito que habilitó la Constituyente que avanza allá mismo para reemplazar la Carta Política heredada de la dictadura encabezada por el mencionado general (1973-1990).

En el debate, Petro prosiguió:

“Ellos [los chilenos] empezaron primero, nosotros después. Nosotros comenzamos en el 93. Cuando comenzaron los chilenos primero, ellos ya se dieron cuenta entonces, antes de nosotros, de que no hay pensión y de que no hay salud. ¿Por qué creen que ganó Boric? Boric ganó precisamente por un programa para garantizar el derecho a la pensión que los fondos privados de Chile conculcaron. No hay derecho a la pensión hoy en Chile y lo mismo en la salud”.

Incluso recordó que dos días antes se había reunido con el mandatario chileno el día de su toma de posesión. Señaló que uno de sus objetivos con ese encuentro era el de “tratar de homogeneizar las reformas a la salud y a las pensiones” entre los dos países.

Petro tiene razón en que, en los dos ámbitos, los sistemas de Chile y Colombia tienen algunos aspectos comunes y en que cronológicamente surgieron en ese orden. No obstante, el segundo está lejos de ser una reproducción del primero, pues también incorporó elementos que no existían e incluso aún están ausentes allá. Así que la frase que presenta los modelos colombianos como imitación de los chilenos es cuestionable.

Empecemos por las pensiones.

“El sistema pensional en todo el mundo empezó como el de reparto o el de prima media en Colpensiones [...] y era sostenible porque había mucha más gente joven que vieja, o sea muchos más trabajadores que pensionados”, explica el consultor Mauricio Olivera, expresidente de la administradora pública. Con la reducción de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, se empezaron a buscar alternativas, incluida la del ahorro individual como complemento.

En Chile, eliminaron el reparto y se quedaron solo con este nuevo sistema, continúa el economista y coincide Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos. El cambio entró en vigencia en mayo de 1981, por un decreto-ley de la dictadura expedido seis meses antes, y sigue vigente.

“Desde los 90, este modelo ha sido replicado total o parcialmente en varios países de América Latina, incluido Colombia”, recordaban en 2017 la abogada Victoria Jara y la economista Sandra Rodríguez, en ese entonces y respectivamente subdirectora y directora de la Cámara de Seguridad Social de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en un artículo publicado en la revista de ese gremio. Su análisis reconocía que, a pesar de eso, aquí sí se mantuvo el régimen de reparto en paralelo a las AFP.

Olivera, de hecho, califica la combinación colombiana como “extrañísima” porque los dos esquemas no se complementan sino que compiten entre sí. Señala que esto también pasa, por ejemplo, en Perú, pero no de la misma manera porque en este otro país “la persona desde el inicio decide dónde quedarse”. No hay traslados entre regímenes como acá.

Entonces el RAIS colombiano sí es un modelo como el chileno, pero en ese país desapareció el equivalente al RPM. Este nunca ha dejado de existir acá y la administradora pública, Colpensiones, compite con las AFP y tiene ventaja frente a estas de por los subsidios pensionales que aumentan las mesadas, como también lo señalaban Jara y Rodríguez en su nota.

También hay otras diferencias que señalan tanto los gremios como el expresidente de Colpensiones. Una de las más notables es que en Chile no existe una garantía de pensión mínima como la de Colombia. Otra es que allá no existe la protección constitucional que impide que esos recursos sean usados con otros fines, que sí está consignada en el Artículo 48 de la Carta Política colombiana de 1991. A la vez, la cotización chilena es del 10%, menor por 6 puntos.

Con la salud sucede algo similar.

“En el mundo es difícil encontrar dos sistemas iguales a otro. Se habla que los sistemas de salud son como huellas digitales de los países”, afirma el médico salubrista Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud de Chile. La reestructuración del de su país data de la misma época que la reforma pensional ya mencionada, también se dio por decretos con fuerza de ley bajo el mando de Pinochet entre 1979 y 1985.

Se le han hecho algunas reformas, pero la esencia del modelo se ha mantenido. Tiene aseguramiento público y privado. En este último, señala el exfuncionario chileno, los planes de beneficios son más de 60.000 y se aplican según análisis del riesgo de cada persona y su capacidad de pago, mientras el primero es de afiliación obligatoria con 7% de cotización sobre los ingresos laborales o gratis para las personas de menores recursos.

“Nosotros teníamos un sistema de cajas de seguridad social para los trabajadores que cotizaban en el sector privado y en el sector público y teníamos un sistema público centralizado para los más pobres. Esta idea de crear un seguro más liberal con seguros privados individuales fue sólo producto de la dictadura”, señala Inostroza.

En contraste, el sistema colombiano surgido de la Ley 100 en 1993 apareció en un contexto “más democrático”, en palabras del experto en referencia precisamente a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. “Nosotros estamos viviendo un proceso parecido. Entonces yo creo que, en ese sentido, Colombia está más adelantada”, dice el salubrista.

El sistema está compuesto por dos regímenes principales. La característica primordial es que hay solidaridad del contributivo hacia el subsidiado, pues los recursos se centralizan en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). En Chile, se manejan fondos independientes, lo que genera problemas de financiación en el aseguramiento público que atiende a la gran mayoría de la población y depende sobre todo de las cotizaciones, los copagos de los afiliados e impuestos.

El régimen contributivo en Colombia es para quienes tienen capacidad de pago, que cotizan un porcentaje de sus ingresos mensuales (12,5% del salario u otros ingresos laborales y tarifas variables para los pensionados) y reciben otros cobros ocasionales como las cuotas moderadoras y copagos. Parte de esto financia al subsidiado, para la población más pobre o ciertas personas prioritarias que solo tienen que hacer copagos en casos excepcionales.

“En el régimen chileno no existe la solidaridad”, contrasta el economista experto en sistemas de salud latinoamericanos Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Para el profesor, la razón por la que se puede interpretar que hay una similitud es porque en ambos casos existen aseguradoras privadas, pero funcionan de manera “absolutamente diferente”.

Si bien los dos países tienen similitudes en la incorporación de una seguridad social mixta, con actores públicos y privados, también hay aspectos que diferencian un modelo de salud del otro de manera bastante marcada. Inostroza señala en especial el desarrollo de los planes de servicios.

Mientras Chile cuenta con miles de programas diferentes, Colombia tenía uno para cada régimen y los unificó en 2015 (al menos en el papel, porque en la práctica persisten barreras de financiación, matiza Vecino). De hecho, una de las reformas chilenas fue la creación, en 2005, de un paquete explícito de beneficios mínimos que se debían cubrir, similar a lo que aquí era el Plan Obligatorio de Salud (POS) reemplazado por el Plan de Beneficios (PBS).

Por otro lado, el seguro público chileno es uno solo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que a tiende por medio de los entes territoriales. En Colombia existen empresas públicas o mixtas de distintos niveles que compiten con las privadas en ambos regímenes, aunque esa competencia se ve limitada en el subsidiado y sobre todo fuera de las grandes ciudades, precisa de nuevo Vecino.

Estas y otras diferencias también han sido desarrolladas en documentos académicos; por ejemplo, una tesis de maestría de la Universidad del Rosario presentada en 2019. Además, el investigador de Jonhs Hopkins indica que tienen consecuencias prácticas, como una mayor dificultad para que la gente en Chile consiga ciertos servicios preventivos que no son del primer nivel de atención pero tampoco son para enfermedades graves o que tengan que poner más dinero de su propio bolsillo para acceder al sistema.

De modo que, nuevamente, hay elementos comunes, pero no todo es idéntico. Estas diferencias hacen cuestionable el señalamiento de Petro de que los modelos de salud y pensión colombianos son imitaciones de los que se crearon en la dictadura de Pinochet.

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Ingrid Betancourt

“Hoy en día estamos con 4 colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona [...] en el 2070”

VERDADERA PERO...

La frase la dijo Ingrid Betancourt cuando criticaba la propuesta pensional de Gustavo Petro en el debate El Tiempo y Semana. Betancourt dijo que “Hoy en día estamos con 4 colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona”. Luego Petro le preguntó: “¿Dentro de cuántos años Ingrid?”, a lo que la candidata respondió: “hasta el 2070”.

Consultamos con el equipo de prensa de Betancourt cuál era la fuente de su afirmación y nos enviaron la proyección de la población del país por área, sexo y edad para el periodo 2018-2070 que publica el DANE. Esa base de datos y otras más se pueden consultar en la página de proyecciones de población de la entidad, que, para hacerlas, se basa en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018.

También nos dijeron que la justificación es que, según la proyección, “hoy en día son 4 trabajadores por cada persona mayor de 60 años”, pero este reporte no tiene tasas de ocupación ni formalidad, así que es más preciso hablar de población en edad de trabajar que asegurar que este número de personas trabaja.

La razón de los números a través de los años, expresado en una gráfica, se ve así:

Lo que quiere decir que en 2022 hay aproximadamente 4 personas entre los 20 y los 60 años por cada persona mayor de 60 años. En 2070, la razón tiende a igualarse: 1,7 por 1. Los datos de la candidata son ciertos.

Ahora bien es necesario tener en cuenta que esta proyección del DANE solo muestra un número de personas que discrimina por edad y sexo, pero no dice si cotizan para pensión o si pagan impuestos.

Por ejemplo, el DANE realiza mediciones del mercado laboral basado en diferentes categorías como la Población Total (PT), la Población en Edad de Trabajar (PET), la Fuerza de Trabajo (FT) y los Ocupados (O).

Esto es importante porque, como dice la economista y experta en demografía Piedad Urdinola, Betancourt “solo sabe sacar la razón de dependencia de adultos mayores pero no cómo funciona el sistema hoy en día”.

Urdinola explica que el sistema pensional en Colombia es mixto. En el público los jóvenes sí soportan a los pensionados pero en el privado cada quien se soporta a sí mismo. En otras palabras, la candidata de Verde Oxígeno no aclara que estos datos corresponden al funcionamiento del sistema público, pues en el privado no se puede hablar de dependencia entre jóvenes y viejos.

Jorge Llano, analista y experto pensional, precisó que esta tasa se puede calcular con dos fuentes. La primera es la tasa o el índice de apoyo potencial (potential support ratio) que publica el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES). Tuvimos en cuenta la variable que compara el número de personas entre los 15 y 64 años versus los que tienen 65 o más y con proyecciones desde 1950 hasta 2100.

La segunda, indicó Llano, es un documento del DANE que presenta series de poblaciones e indicadores del mercado laboral desde el 2001 hasta el 2021. Este permite ver el número de personas que se considera población en edad de trabajar y sus categorías. De esta fuente utilizamos la tasa de ocupados que hay actualmente en el mercado laboral: 53,4%. Los ocupados son quienes están trabajando y se asume entonces que realizan aportes a pensión o pagan impuestos que sirven para cubrir el hueco pensional del régimen público.

La siguiente gráfica con los números de población por edad del DAES y el ajuste de la tasa de ocupados del DANE muestra que actualmente hay 4 ocupados por cada persona mayor de 65 años, y la tendencia muestra que en 2070 habrá solo 1.

Los números sí corresponden con los de Betancourt pero hay que notar que las variables de referencia son distintas. En la primera gráfica dividimos las personas entre los 20 y los 60 años (28 millones) entre las personas mayores de 60 (6 millones). En la segunda dividimos las personas ocupadas (18 millones) entre 4,6 millones de personas mayores de 65 años. En suma la candidata si acertó pero se fue por otro camino.

Aún así este dato, por sí solo, ilustra únicamente el régimen público de pensiones como dice Urdinola. “Depende de cuál de los dos sistemas está hablando”, nos dijo también la economista Martha Susana Jaimes.

La candidata tampoco tuvo en cuenta la cantidad de trabajadores informales en el mercado laboral. La Guía Ciudadana al Sistema de Pensiones y Protección de la Vejez en Colombia, publicada en 2019 por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resalta que uno de los retos del sistema de pensiones es que el 46,9% de la población ocupada es informal, “y, por lo tanto, no cuentan con la protección del sistema de seguridad social”, dice la guía.

El reporte del mercado laboral del DANE sobre informalidad muestra que para el 2022 el porcentaje de población informal ocupada es del 43.2%. Y la medición de empleo informal y seguridad social para el trimestre de noviembre 2021 a enero de 2022 muestra que solo el 57,4% de las personas ocupadas cotizan para pensión.

En conclusión calificamos como “verdadero, pero” la afirmación de la candidata Íngrid Betancourt porque los datos son correctos en la medida en que por cada persona mayor de 60 años hay 4 personas entre los 20 y los 60, aunque es necesario aclarar que esta relación de dependencia aplica únicamente para el régimen público, y no para el privado que se basa en el ahorro individual. Además, la candidata no tiene en cuenta cuántas personas entre los 20 y los 60 años son empleados o informales ni tampoco que solo el 57,4% de los empleados cotizan para pensión.

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Ingrid Betancourt

“El gran problema, en este momento, del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional”

VERDADERA PERO...

En medio de la discusión de la propuesta de reforma pensional por parte del candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se produjo un intercambio con la candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, acerca del modelo pensional en Francia.

En detalle, este fue el intercambio entre ambos candidatos:

Petro: ¿Sabes que lo que yo estoy proponiendo es como funciona el régimen pensional en Francia?
Betancourt: Sí, pues es una catástrofe.
Petro: ¡Ah, es una catástrofe en Francia!
Betancourt: Sí, pues el gran problema, en este momento, del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional, entonces realmente no es un buen ejemplo.

En Colombiacheck verificamos en concreto esta última afirmación.

La reforma pensional es también un tema del debate en la campaña electoral francesa, en la que el presidente, Emmanuel Macron, busca la reelección. En Francia, además del sistema general, existen 42 regímenes especiales de pensión, que no han podido ser desmontados a pesar de los intentos hechos por el actual gobierno desde 2019.

En ese año el proyecto de reforma pensional de Macron fue fuente de masivas protestas en todo el país, pues el texto buscaba establecer un modelo universal de pensiones y un sistema por puntos, pero la propuesta debió ser aplazada debido a las manifestaciones y al surgimiento de la pandemia, a inicios del 2020.

Haciendo un poco de historia y para poner en contexto el asunto francés, “el sistema de pensiones francés para el sector privado fue creado en 1945. Está compuesto por un régimen de base, gestionado por la CNAV, Caja Nacional del Seguro de Vejez y por un régimen complementario que es obligatorio. A este régimen general están afiliados el 68% de las personas activas. El resto de trabajadores está sujeto al régimen de los funcionarios y a los regímenes especiales que cuenta con 42 especificidades”, como lo explica un artículo de Radio Francia Internacional.

Y el gasto pensional en 2019, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo de Francia, “representó 331.000 millones de euros, pagados a más de 17 millones de jubilados, es decir, el 13,6% del PIB”, el producto interno bruto.

Por otra parte, los cálculos presentados en el más reciente informe del Consejo de Orientación de Pensiones de Francia precisaron que, para 2020, a causa de la pandemia de COVID-19 y a la fuerte contracción de los recursos, asociada a la caída del PIB, “el déficit del sistema de pensiones ha aumentado masivamente a un total de 18.000 millones de euros en 2020, es decir, el 0,8% del PIB”.

Sin embargo, esa entidad que reconoce el déficit, precisa más adelante en su reporte anual que aunque “la proporción del gasto en pensiones en el PIB fue especialmente alta en 2020, con un 14,7% de los ingresos nacionales, en el 2021 con el repunte de la actividad y por el exceso de mortalidad relacionado con la crisis sanitaria, Francia volvería a un nivel cercano al del periodo anterior a la crisis a partir de 2022, en torno al 13,7% hasta 2030”.

Y en este marco, el economista francés Marc Touati, en una reciente entrevista con el programa radial Toda Francia en la que se debatió la crisis pensional francesa, aseguró: “Nuestro sistema funcionaba muy bien mientras había suficientes activos. En los años 70, había 3 activos por 1 pensionado. Hoy hay 1,5 trabajadores por 1 jubilado. La jubilación no es un problema político ni económico, es un problema matemático. Añádase a esto que estamos viviendo más que cuando se introdujo nuestro sistema actual y la financiación de la jubilación se vuelve complicada”.

Para Touati, “lo que más me preocupa como economista y ciudadano es que si no hacemos nada, nuestro sistema de pensiones de reparto explotará. En 2050, podría haber hasta 1.000 billones de euros de déficit de pensiones que se sumarán a la deuda pública que ya es enorme”.

Sin ir más lejos, las estadísticas de la OCDE muestran que el déficit fiscal en Francia en el 2020 fue del 9,09%, tan solo por debajo de países como Grecia, cuyo déficit fue del 10,09% y por encima de la media de la Unión Europea que fue de 6,68%. Claro que esto fue en el marco de la pandemia por el coronavirus, que incrementó el gasto público y disminuyó los ingresos; pero las cifras de la OCDE muestran a Francia con un déficit que supera la media europea año a año.

Para Marcelo Duque, experto en pensiones y profesor de maestría en la Universidad Icesi, “Íngrid Betancourt tiene razón cuando afirma que en Francia hay un gran problema de déficit a causa de las pensiones, en especial por la carga que suponen los regímenes especiales, pues es muy costoso pagar esas pensiones”.

Por ejemplo, explica el docente, “en Francia los trabajadores ferroviarios tienen un modelo especial que se les otorgó por las condiciones en que desarrollaban su trabajo cuando tenían que alimentar las calderas de los trenes y eso suponía un peligro para sus vidas, pero eso ya fue superado por la tecnología y, sin embargo, los beneficios pensionales se mantienen, más con el componente adicional de que la expectativa de vida ha aumentado en el mundo en general”.

Otro de los regímenes especiales, que data del año 1698, es de los trabajadores de la Ópera de París, quienes tienen beneficios que les permiten jubilarse entre los 42 y los 60 años.

“Los bailarines de la Ópera de París pueden jubilarse a los 42 años, con una pensión media equivalente a los salarios de las tres últimas temporadas. Los artistas del coro pueden jubilarse a los 50 años y los músicos de la orquesta, a los 60 años. Entre ellos, la pensión media oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros, cuando la pensión media del conjunto de los franceses oscila entre 1.200 y 1.300 euros”, explica el diario ABC en este artículo.

Macron no desiste y, cuando busca su reelección, ha planteado de nuevo la reforma pensional en su programa de gobierno; esta vez, insistiendo en aumentar la edad de pensión, tal como lo afirmó el portavoz del mandatario y lo registró esta nota del portal DW: “En el programa de Emmanuel Macron estará la propuesta de aplazar progresivamente la edad de jubilación a los 65 años [desde los 62 actuales], avanzó en la radio RTL el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal”.

“El objetivo es aumentar progresivamente la edad de jubilación a partir de 2023 hasta alcanzar los 65 años en 2032, precisó su entorno. La primera generación en jubilarse a esa edad sería la nacida en 1969. El mandatario aboga también por una pensión mínima de 1.100 euros al mes (unos 1.210 dólares) –inferior al salario mínimo actual– para quienes tengan una carrera laboral completa y por suprimir algunos regímenes especiales, agregó Attal”.

Así que calificamos como “verdadera pero…” la afirmación de Betancourt sobre que las pensiones son el gran problema del déficit fiscal en Francia, pues, en parte, son los regímenes especiales aquellos que causan mayor presión sobre el sistema y el déficit ocasionado alcanza casi el 0,8% del PIB de ese país. No es preciso decir, como lo señala, consecuencia de un esquema igual al que propone Petro.

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Sergio Fajardo

“El 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados”

VERDADERA

Sergio Fajardo también se unió al debate acerca de las pensiones en Colombia y publicó un hilo de Twitter sobre este tema. En uno de los trinos enlazó su propuesta ‘Una red de protección social integral para las personas mayores’, donde asegura que “el mismo sistema pensional reproduce las desigualdades del país: el 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados”.

Los subsidios pensionales a los que se refiere Fajardo son los del régimen de reparto o de Prima Media (RPM) porque en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no hay subsidio, sino que cada persona tiene su cuenta de ahorro individual a la que le contabilizan sus rendimientos. Consultamos a su campaña para saber cuál era la fuente de su afirmación y nos respondieron que estaba en una presentación hecha en noviembre de 2019 por Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, denominada ‘Elementos para una reforma pensional en Colombia’.

Diapositiva de Fedesarrollo con tabla de subsidios por quintiles de ingreso. De los pensionales, 50,8% van al quinto (el más adinerado) y 23,4%, al cuarto

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, coincidió con lo dicho por Fajardo en una audiencia pública virtual ante la Corte Constitucional sobre el traslado de un fondo privado de pensión a Colpensiones, realizada el 28 de octubre de 2021, en la que aseguró: “el 74% de los subsidios pensionales se los están llevando los quintiles 4 y 5 de la población, o sea de los más ricos del país”.

En su intervención, el funcionario mostró un cuadro sobre la distribución de subsidios sociales por quintil de ingresos, una medida muy utilizada en economía para clasificar una población en función de sus entradas económicas desde los más bajos hasta los más elevados. Así, se le divide por partes iguales, cada una equivalente a un 20%.

Tabla de subsidios del Ministerio de Hacienda con los mismos valores.

En este cuadro, cuyas fuentes son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con datos de 2015, se puede ver que el 50,8% de los subsidios transferidos al sistema de pensiones está focalizado en el quintil 5, es decir, que beneficia al 20,2% de la población con mayores ingresos en edad de pensión. Mientras tanto el quintil 1, que es el de menores ingresos, recibe apenas el 4,3% de los subsidios.

Igualmente, el 23,4% de estos recursos está focalizado en el quintil 4, beneficiando al 18,8% de la población. Al sumar el porcentaje de las pensiones de los quintiles 4 y 5, nos da el 74%. Es decir que el 39% de la población más rica, casi el 40% que menciona Fajardo, se beneficia de esos dineros, por lo cual su afirmación es verdadera.

Cabe aclarar que los porcentajes que da el Ministerio de Hacienda sobre los subsidios pensionales incluyen los del programa Colombia Mayor creado en 2012, que no hacen parte del sistema pensional. A pesar de que consiste en transferencias económicas a adultos mayores en situación de pobreza, su monto es muy inferior al salario mínimo que se exige por Constitución para una pensión y no depende de haber sido cotizante.

El economista y profesor universitario Francisco Azuero aclaró que este subsidio no es una pensión. “Es una ayuda que se le da a las personas mayores, pero en términos legales no es una pensión”, expresó. Lo mismo aclaró Mauricio Olivera, de Econometría Consultores.

Por su parte, Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, explicó que los subsidios de Colombia Mayor son “prestaciones complementarias que no están atadas a la limitación constitucional que obliga a que todas las pensiones sean iguales o superiores al salario mínimo”.

De acuerdo con un informe de Fedesarrollo denominado ‘El Sistema Pensional en Colombia: Retos y alternativas para aumentar la cobertura’, publicado en abril de 2010 con datos de 2006, la distribución de los subsidios pensionales en Colombia es inequitativa.

“Históricamente, el sistema de pensiones ha contenido una significativa cantidad de subsidios dado el bajo nivel de contribuciones y el relativamente alto nivel de beneficios en el RPM. Como la cobertura es baja y en beneficio de los más favorecidos, no sorprende que la distribución de los subsidios según quintiles de ingreso del hogar esté mal focalizada, con el 20% más pobre recibiendo un subsidio mínimo y el más alto recibiendo el 80% del total”, dice el informe.

Tabla de subsidios pensionales de Fedesarrollo en 2010, con datos de 2006. De los pensionales, 80,8% iban para el quintil 5, el 20% de la población con mayores ingresos; el 4 recibía otro 12,83%.

Además, agrega que “el RPM ha generado otros problemas adicionales en términos de equidad. En particular, las contribuciones de los trabajadores de menores ingresos, que tienen una vida laboral inestable y que generalmente no alcanzaban a cumplir los requisitos para obtener una pensión, estaban financiando las pensiones de la población más favorecida y de las personas que pertenecían al régimen de transición”.

Azuero le explicó a Colombiacheck que el subsidio se define cuando el valor presente de las cotizaciones es inferior al valor presente de la pensión y un sistema neutro, en el que no hay subsidio ni impuesto, es cuando todo lo que uno ahorra va para su pensión. “Si uno termina recibiendo más de lo que aportó en valor presente se dice que hay subsidio y en el régimen de prima media son las pensiones más altas las que más subsidio reciben”, expresó.

Igualmente, en un documento que elaboró para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) denominado ‘El sistema de pensiones en Colombia. Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera’, publicado en 2020, el profesor de Los Andes coincidió en que “el sistema pensional es profundamente inequitativo y regresivo, especialmente por los subsidios a los altos ingresos presentes en el régimen de prima media. Quienes no hayan completado el número de semanas exigidas, que son generalmente los más pobres, terminan subsidiando al resto de los afiliados”.

Por su parte, el Banco Mundial en su informe ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’, publicado en 2021, señala que la inequidad del sistema de pensiones en el país se deriva de la existencia de subsidios implícitos que tienen dos fuentes: en primer lugar, aquellos que contribuyen al sistema público de pensiones pero que no acumulan suficientes semanas de contribución para obtener una pensión recuperan sus contribuciones, ajustadas por la inflación, pero no por el retorno real que sus ahorros hubieran generado si se hubiesen invertido en el mercado financiero. Y en segundo lugar, la combinación de la edad de jubilación, la tasa de reemplazo bastante alta y las bajas tasas de contribución.

“En el nivel individual, esta generosidad es progresiva; es decir, la tasa interna de retorno de contribuciones y pensiones es mayor para las personas con salarios más bajos, incluso para las personas con progresión salarial a lo largo de sus vidas laborales. Sin embargo, el hecho de que las personas con ingresos altos (cuyas carreras tienden a ser más largas, más estables y con una mayor progresión salarial) tengan más probabilidades de acumular una pensión que las personas con ingresos bajos inclina la generosidad agregada del sistema hacia las pensiones de altos ingresos”, indica el informe.

Agrega que “los subsidios implícitos en el sistema de pensiones de Colombia corresponden principalmente a los beneficiarios de pensiones elevadas” y que la distribución de estos subsidios se puede aproximar observando cómo las transferencias a Colpensiones para cubrir el déficit del sistema público de pensiones se distribuyen por nivel de ingresos. “La mayor parte del déficit se encuentra donde se concentra la mayoría de los pagos de pensiones, o sea en las pensiones más elevadas”, señala el Banco Mundial.

Gráfico de transferencias a Colpensiones por decil de ingresos. El 10 (con más ingresos), transfiere el 60%. El 9, algo menos del 20%. El 8, el 10% y las demás barras van disminuyendo conforme baja el nivel de ingresos.

Teniendo en cuenta las cifras del Ministerio de Hacienda y los conceptos de los expertos, en Colombiacheck calificamos como verdadera la frase del candidato Sergio Fajardo en la que afirma que el 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados.

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Sergio Fajardo

“Manizales presenta la mayor cobertura de pensiones con un 39,5%, seguida de Medellín con 39,3%. En cambio, ciudades de la Región Caribe como Riohacha y Sincelejo alcanzan coberturas tan solo del 15% y 16%, respectivamente”

VERDADERA

En su programa de Gobierno, el candidato de la coalición Centro Esperanza consigna estas cifras que reflejarían la distinción territorial de la cobertura pensional. Además, demostraría que el cobijo del sistema es muy bajo, considerando que la ciudad con mayor cobertura no alcanza el 40% de la población en edad de pensionarse.

La fuente que nos proporcionó el equipo de campaña de Fajardo es este informe, publicado en noviembre de 2021 por el DANE y la Fundación Saldarriaga Concha. En él se utiliza información de 2020 y se desglosan los porcentajes de cobertura por ciudad, coincidentes con los utilizados por en el portal del exgobernador.

Tabla de cobertura pensional por ciudades con los mismos datos

El economista Martín Jaramillo nos explicó a qué se deben estas diferencias de cobertura a nivel territorial: “El factor número uno es la formalidad. Manizales es una de las ciudades con menor informalidad en el país. Si la gente está vinculada en un empleo formal, cotiza. Al cotizar, tiene mayor probabilidad de pensionarse. También hay otras variables que entran en juego como la demografía, el salario mediano y la expectativa de vida, entre otras”.

La discusión respecto a la baja cobertura del sistema pensional colombiano ha suscitado informes del Banco de la República y la Cepal, además de numerosas universidades entre las que se cuenta el Externado. De la mano de esa baja cobertura, viene el problema de la carga fiscal que el pago de las pensiones representa para el Estado. Una situación analizada en “La encrucijada que tiene al sistema pensional de Colombia en crisis”, artículo de Portafolio.

Adrián Garlati, director del programa de Economía de la Universidad Javeriana, señaló que los motivos de la baja cobertura del sistema pensional colombiano están sobre-diagnosticados y apuntó tres de ellos:

“El principal elemento es que el salario mínimo, condición primordial para cotizar a pensión: es muy alto en términos de lo que la población realmente gana. La mitad de los colombianos no alcanza a ganar un millón al mes. Si a eso se suma la informalidad y la inestabilidad laboral, se hace casi imposible el acceso, porque en los períodos de desempleo no se cotiza. En segundo lugar, muchas de las personas que ganan por encima del salario mínimo descreen del sistema. Ven muy lejana la posibilidad de pensionarse, así que no cotizan. Por último, en el régimen privado puede darse que un cotizante con salario de cinco millones se pensione con un millón trescientos mil, cosa que a algunas personas puede parecerles una especie de estafa. Todo eso desestimula la base de aportantes, lo que posteriormente deriva en una población mayor sin garantía de pensión”.

Con estas consideraciones, damos a la frase del programa de Sergio Fajardo la calificación de verdadera, pues sus cifras coinciden con una publicación reciente de la autoridad estadística del país y revelan las dimensiones y diferencias territoriales de la cobertura pensional en Colombia.

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Federico Gutiérrez

“Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él (Petro) se quiere gastar sabiendo que no es una plata de él. Lo que básicamente él plantea es expropiarles el ahorro a los colombianos”

CUESTIONABLE

En el Debate de las Regiones, Gutiérrez, se refirió a la propuesta pensional de su contendor Gustavo Petro, quien no asistió. “La propuesta de Petro sobre ese tema no solo es populista, sino peligrosa. Pone en riesgo el ahorro de los colombianos. Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él se quiere gastar sabiendo que no es una plata de él. Lo que básicamente él plantea es expropiarles el ahorro a los colombianos”, expresó.

Los ahorros de los que habla Gutiérrez son los del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que son administrados por cuatro fondos de pensiones privados (Skandia, Protección, Colfondos y Porvenir).

De acuerdo con el informe anual consolidado por Asofondos, entidad gremial que representa a las AFP, el ahorro, propiedad de los afiliados, registró al cierre de 2021, “un monto total de 357,8 billones de pesos, con rendimientos que, solo para los doce meses, llegaron a 31,8 billones”.

Como ya explicamos, la propuesta pensional de Petro consiste en un modelo de pilares en el que los dos regímenes pensionales actuales, el de Prima Media y el RAIS, no sean competitivos sino complementarios. La idea es que las personas que tengan ingresos de hasta 4 salarios mínimos coticen en Colpensiones para pagar las mesadas de los pensionados actuales con esos aportes y los que ganen más de eso coticen sobre sus primeros 4 salarios con Colpensiones y el resto iría a un ahorro individual de cada trabajador, por lo que el pago de la pensión sería conjunto entre el Estado y un fondo privado.

“Lo que proponemos es lo contrario de una expropiación”, ha dicho Petro en Twitter sobre su propuesta.

La expropiación se refiere a la adquisición por parte del Estado, en la mayoría de los casos, de un bien anteriormente considerado de propiedad privada. Esta debe estar recogida en el marco legal del país, de modo que puedan evitarse posibles abusos de poder por parte de los gobernantes.

Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, le dijo a Colombiacheck que de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia, los recursos de pensiones se deben destinar exclusivamente para ese fin. “Solo en el RAIS los recursos de las cuentas de ahorro individual son de propiedad de los afiliados, así tengan una destinación particular. Esa protección conduce a que tales recursos solo puedan destinarse al pago de pensiones y no para solventar otros gastos”, expresó.

De acuerdo con la abogada constitucionalista, una eventual nacionalización requeriría tanto un cambio en la ley “para forzar el traslado de todos los afiliados a Colpensiones y eliminar la libertad de escogencia” como en la propia Carta Política “para abolir el principio de sostenibilidad financiera”. Sin embargo, su interpretación es que en eso consistiría la propuesta de Petro.

El economista Francisco Azuero también explicó que legalmente no es posible que se puedan expropiar los ahorros de los fondos privados de pensiones porque los dueños de esa plata son los afiliados, a menos que el presidente dicte emergencia económica o pase un proyecto al Congreso haciendo una reforma constitucional.

“El Gobierno no puede disponer de esos recursos. Lo que pasa es que Petro no ha explicado bien en qué consiste su propuesta y qué le va a dar a los que tienen ahorrado en los fondos de pensiones. Cuál es la contrapartida que le va a dar a los ahorradores a cambio de los dineros que se van a ir a los fondos comunes del Estado”, precisó.

Por su parte, el laboralista Kevin Hartmann dijo, en una entrevista al Diario Criterio, que la reforma pensional que propone Petro no puede considerarse una expropiación porque la reforma, según su hipótesis, sería a futuro. “Es decir, a partir del momento en que esa reforma entra en vigencia, las contribuciones van a acabar con el déficit que tiene el Presupuesto General de la Nación”, detalló Hartman.

“¿Qué pasa con las contribuciones que ya hicieron las personas que están en los fondos privados de pensiones? Nada, no va a pasar nada. Esa plata sigue ahí invertida en los bonos y en las acciones en las que están invertidas hoy día”, agregó el abogado.

Por lo anterior, en Colombiacheck calificamos lo dicho por el aspirante Federico Gutiérrez como cuestionable, porque si bien lo que está ahorrado en los fondos privados de pensiones son 357 billones de pesos, a corte 2021, es impreciso decir que esos recursos Petro los vaya a expropiar. El Estado no puede tomar esos recursos porque son propiedad de los afiliados y las reformas que habría que hacer para cambiar eso exceden lo descrito por el candidato del Pacto Histórico hasta el momento, por lo que no hay diferentes interpretaciones.

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Federico Gutiérrez

Petro “hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%: totalmente falso, es del 3%”

CUESTIONABLE

Federico Gutiérrez también hizo referencia a Petro en el debate de RED+ cuando aseguró que este “lo único que hizo todo el tiempo fue mentir”, refiriéndose a un debate anterior en el que se habló de la propuesta del candidato por el Pacto Histórico en el tema de pensiones. Como ejemplo, se refirió al dato sobre las tarifas de las AFP: “Hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%: totalmente falso, es del 3%”.

Esta afirmación, sin embargo, también es cuestionable. Aunque, como está verificado en este mismo chequeo, Petro sí fue impreciso en la forma como presentó la cifra, Gutiérrez está comparando el cálculo que hizo él sobre el valor de la cotización mensual con el porcentaje que establece la ley expresado sobre el total de los ingresos. De esta manera, exagera el error de su contrincante.

Como ya se explicó antes, la Ley 100 (a raíz de la reforma de 2003) establece hoy que el 3% del ingreso base con el que se cotiza para pensión en el RAIS se destina a gastos que incluyen tanto una comisión para la AFP como un seguro que cubre las eventuales pensiones de invalidez o sobrevivientes. Hasta ahí tiene razón la cifra de Gutiérrez.

Sin embargo, esos 3 puntos hacen parte del 16% del “total de la cotización”, que fue de lo que habló Petro. Además, se les suma otro punto y medio que contribuye al Fondo de Garantías de Pensión Mínima.

De modo que son 4,5 puntos que no van a la cuenta de ahorro individual para la pensión de vejez de la persona. El 28,1% de lo cotizado cada mes, un valor cercano al que señaló el senador de Colombia Humana y al que él se refería.

Este cálculo del candidato del Pacto tiene sus propios errores, pues presentó esa tasa como un “pago al banquero” cuando en realidad también incluye rubros distintos a la comisión para el fondo privado por la administración de los recursos. En promedio, esto último representa apenas un 7,5% de la cotización, o sea 1,2 puntos del ingreso mensual.

A pesar de esto, Gutiérrez no corrigió esa imprecisión al criticarla sino que comparó dos cifras que hacen una relación de tarifas diferente. De esta forma, señaló a Petro de mentir con una tasa 10 veces mayor a la real, que tampoco es el caso y, por tanto, la afirmación del exalcalde de Medellín también es cuestionable.

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Fajardo, Betancourt y Gutiérrez, acceso a una pensión

“Sólo el 25% de las y los colombianos mayores de 65 años tiene acceso a una pensión, siendo más favorecidos los hombres, con un 31% por ciento, en comparación con las mujeres (22%)”: programa de Sergio Fajardo.

“Solo el 24% de los colombianos logran entrar al sistema de pensión”: Federico Gutiérrez

“1 de cada 4 colombianos tiene acceso a pensión”: Íngrid Betancourt

VERDADERA

Los tres candidatos tanto en debates como en el programa de Fajardo hicieron una afirmación similar. Al revisar los datos y el contexto de estas afirmaciones encontramos que son verdaderas. En Colombiacheck, como parte de nuestra metodología, consultamos a las tres campañas sobre las fuentes de sus afirmaciones, pero la de Gutiérrez no respondió.

En el caso del equipo de prensa de Fajardo nos respondieron que las cifras provienen de la nota estadística ‘Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación’ que publicó el DANE en noviembre del 2021. En la página 81 se puede ver esta tabla con la caracterización de pensionados:

Tabla del DANE sobre acceso a la pensión por género

En el total nacional se pueden notar las cifras que dio Fajardo en su propuesta. Total personas con pensión 25,5%. Una cifra que es similar a la dicha por Ingrid que dice que 1 de cada 4 colombianos tiene acceso a pensión (esto es el 25%) y aproximada al dato entregado por Gutiérrez del 24%.

Al consultar a Asofondos y los expertos economistas Luis Carlos Reyes y Piedad Urdinola sobre cómo corroborar la información, estos se refirieron al reporte del DANE de cifras de pobreza monetaria que realiza la entidad con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2012-2020. La publicación ‘Pobreza monetaria - Caracterización de la población adulta mayor’, del 6 de diciembre de 2021, muestra las proporciones de adultos mayores de 60 años pensionados por sexo.

Tabla de acceso a pensión por género

En Colombia, según la publicación, hay 1'680.022 pensionados de un total de 6'472.071 adultos mayores, esto es el 25,96%.

Debido a que Fajardo también habló que “los hombres, con un 31% son los mas favorecidos, en comparación con las mujeres (22%)”, en Colombiacheck analizamos las cifras discriminadas por sexo.

Como se observa en la primera tabla, de la nota del DANE, los datos de Fajardo concuerdan con los de esa publicación: total de hombres con pensión 30,8% y total de mujeres con pensión 22,4%. Este documento tiene en cuenta los requisitos para obtener la pensión de vejez en Colombia, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.

En la segunda, del informe de caracterización de la población adulta mayor, se registran 808.638 hombres pensionados de un total de 2'923.406 adultos mayores, es decir el 27,66%, 3,34 puntos porcentuales menos que la cifra del candidato. Por último el reporte documenta que hay actualmente 871.384 mujeres pensionadas de un total de 3'548.665, el 24,56%, esto significa 2,56 puntos porcentuales más que la cifra del candidato.

Sin embargo, la diferencia entre ambas tablas radica en la población escogida para el cálculo. “Personas mayores en Colombia…”, la que usó Fajardo como referencia, toma como población los hombres y mujeres en edad de pensión, desde los 62 y 57 años respectivamente. La caracterización de pobreza monetaria toma como referencia a todos los adultos mayores de 60 años.

Para Urdinola y Reyes las cifras de Fajardo son correctas en tanto se aproximan bastante a las que se encuentran en la mediciones del DANE.

También es correcto afirmar que los hombres son más favorecidos. Esto se explica porque la trayectoria de vida es distinta para mujeres y hombres, según dice el informe Hombres y mujeres: brechas de género en Colombia de ONU Mujeres, el DANE y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) publicado en septiembre de 2020.

“Ellas en todo momento y en gran número se dedican al trabajo no remunerado, con el correspondiente abandono o, incluso, la no inserción al mercado laboral”, dice la publicación que describe la situación socioeconómica de hombres y mujeres en el país.

En conclusión, calificamos como verdaderas las afirmaciones de Fajardo, Gutiérrez y Betancourt. En Colombia solo 25% de los adultos mayores tienen acceso a una pensión, como dice el informe de pobreza monetaria del DANE. Además los hombres logran jubilarse y vivir de su pensión en mayor medida que las mujeres.

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