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Domingo, 19 Noviembre 2017

Imelda Daza: Son más las víctimas de otros actores armados que los de las guerrillas

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la fórmula vicepresidencial de Timochenko, quien se basó en cifras del Informe Basta Ya, pero generalizó las cifras diciendo que eran víctimas del conflicto, cuando son de un delito en particular, el asesinato selectivo.

“Son más los muertos de los paramilitares que los de la guerrilla”: Imelda Daza.

 

 

En la cuenta de Twitter de la W Radio se difundió esta frase a raíz de una entrevista que le hicieron a Imelda Daza Cotes, fórmula a la vicepresidencia de Timochenko por el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

Revisamos la grabación completa y lo primero que se encontró es que Daza Cotes no dice, al menos de manera literal, la frase que aparece en el trino de la W Radio.

“De cada 100 víctimas que deja el conflicto armado, 17 lo son por culpa de todas las guerrillas y 83 son víctimas de paramilitares, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, empresarios y políticos. Y el informe agrega: no los discriminamos porque actuaron juntos”, fue lo que realmente dijo la candidata en la W Radio, quien aseguró que las cifras fueron tomadas del Informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Colombiacheck calificó la afirmación como Engañosa pues si bien las cifras corresponden al informe utilizado como fuente, no son del total de las víctimas del conflicto, sino de asesinatos selectivos, solo uno de los delitos cometidos por las guerrillas.

Este medio consultó a Daza Cotes, quien explicó que lo que quiso fue hacer claridad en que las Farc no fueron el único victimario en el conflicto armado colombiano.

“Hay que conocer la verdad; en una guerra tan prolongada las Farc no fueron las principales responsables de la tragedia. El paramilitarismo fue un proyecto de Estado”, aseguró.

Colombiacheck buscó las cifras del informe Basta Ya que indica que de 23.161 registros de asesinatos selectivos que tiene esa entidad ocurridos entre 1981 y 2012, el 16,8 % de los casos (3.906) fueron responsabilidad de las guerrillas, porcentaje que la candidata redondeó por encima.

De los 23.161 registros de asesinatos selectivos, los paramilitares son presuntamente responsables del 38,4% (que corresponde a 8.902 casos). Grupos armados no identificados, el 27,7% (6.406 casos). Miembros de la Fuerza Pública, el 10,1% (2.340 casos). Actores desconocidos, el 6,5% (1.511 casos). Acciones conjuntas entre paramilitares y la Fuerza Pública, el 0,4% (83 muertes). El 0,05% de los homicidios (13) habrían sido responsabilidad de otros grupos, “entre ellos milicias populares y agentes extranjeros”.

Esto suma el 83% del que habló la candidata.

Al analizar las cifras encontramos que Daza Cotes cometió varias imprecisiones. Primero usó los porcentajes para para hablar de las víctimas del conflicto en general cuando esos números corresponden al delito de asesinato selectivo únicamente. Según el Basta Ya, entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de “por lo menos 220.000 personas”. El mismo informe señala que las víctimas de asesinato selectivo son 23.161 casos ocurridos entre 1981 y 2012.

Daza Cotes se equivocó al asegurar que el informe no desagrega la responsabilidad de los demás actores del conflicto distintos a las guerrillas y al decir que estos actuaron juntos, pues el documento solo habla de acciones conjuntas entre Fuerza Pública y paramilitares en algunos casos.

Por último, acertó al mencionar el porcentaje de 83% de responsabilidad de los actores armados distintos a las guerrillas, pero hay que reiterar que esa cifra corresponde a víctimas de asesinatos selectivos, no a víctimas en general del conflicto.

Además, el informe aclara que la información del Registro Único de Víctimas (RUV) sobre los autores de los hechos es muy limitada, pues solo se sabe en el 9,8% de los casos. Por eso se basan también en el registro estadístico del GMH, que ha documentado directamente delitos como el asesinato selectivo con información de organizaciones como el Cinep, Justicia y Paz y el Comité permanente para la Defensa de los derechos humanos, entre otros.

En momentos en que la campaña política formal en Colombia está a punto de empezar Colombiacheck reitera la necesidad de tener cuidado con lo que se dice en público, pues las imprecisiones en el discurso pueden llevar a desinformar a la sociedad.

Asesinatos selectivos, la estrategia más letal

Según el mismo informe, “los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto”.

Los datos del Basta Ya indican que algunas estrategias delictivas fueron usadas más recurrentemente por determinados grupos. Los asesinatos selectivos hicieron parte de la lista de delitos cometidos por los paramilitares, las guerrillas y la Fuerza Pública. “Los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares”, sentencia el informe.

Alberto Morales, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en sociología del conflicto, explicó que con la retirada de las Farc del conflicto armado otros actores relacionados con el narcotráfico luchan por apoderarse del mercado, que en el caso de las ciudades es una lucha muy fuerte y ese es el problema de seguridad más importante ahora. Pero que la gente no se ha dado cuenta de eso.

“La masa que se informa sigue todavía con el discurso de que las Farc son el gran cartel del narcotráfico y se apoyan en ciertos lemas muy bien manejados por la derecha colombiana”, indicó el profesor.

(Colombiacheck chequeó la frase que asegura que las Farc son el mayor cartel de droga del mundo, argumento que ha utilizado en repetidas ocasiones el Centro Democrático, y encontró que encontró que la afirmación no tiene sustento).

¿Tienen responsabilidad los medios de comunicación?

Daza Cotes también le dijo a Colombiacheck que “el Plan Colombia incluyó un plan de medios de comunicación que incentivó el odio a las Farc”.

Al respecto, el profesor Morales dijo que “los medios se han referido a la guerrilla en los términos de la lucha al terrorismo posterior a la era Bush, ese lenguaje cala mucho cuando una sociedad es afín a querer al padre autoritario o a alinderarse muy fácilmente con la lógica de autoritarismo. Es posible que el problema sea de simple lenguaje porque el lenguaje apoya la manera de pensar la economía actualmente”.

El artículo Los medios en el escenario del conflicto y lo político, (publicado en 2014) del director del Grupo de Investigación Comunicación, Medios y Cultura de la Universidad Javeriana, Daniel Guillermo Valencia Nieto, califica la relación de los medios de comunicación con el Ejército colombiano de reverente, pues muestra a sus integrantes como héroes intachables a quienes no se les debe cuestionar pues enfrentan al principal enemigo de la sociedad, las Farc, que según el artículo, son mostradas como el único mal de gravedad de Colombia. Esto sin desconocer el odio, no gratuito, de los colombianos hacia las Farc.

“El cubrimiento periodístico y la producción de la información sobre el conflicto forjan el pensamiento único que confunde a las audiencias, porque estos medios solo se ocupan de mostrar a las Farc o al ELN, como el problema y no al conflicto social, político y económico como el verdadero problema para afrontar como sociedad y como país, y que en últimas es el verdadero causante de la pobreza, el atraso y la desigualdad”, concluye el artículo.

Miércoles, 25 Enero 2017

Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía

Por Sania Salazar

Por ahora solo se podrían beneficiar los guerrilleros acusados de rebelión y delitos conexos, pues los demás casos los resolverá la JEP, que aún no existe. Pero falta que esté listo el acta de compromiso que deben firmar los guerrilleros para que la amnistía quede en firme.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero que ya se podía solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía porque no se necesitaba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

 

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la frase como aproximada, pues aunque la ley está vigente, falta un documento que los beneficiarios de la misma deben firmar para que la amnistía se materialice.

La frase genera confusiones, primero porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado que se necesitaba la existencia de la JEP para aplicar la amnistía y el debate sobre la creación de la JEP apenas empezó el 18 de enero en la Cámara de Representantes, donde le dieron un primer visto bueno en la Comisión Primera.

“Es la ley que va a determinar todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz, en su sala de amnistía, para de alguna manera avanzar en todo el proceso de aplicación de la justicia transicional. Necesitamos crear la justicia transicional para aplicar la ley de amnistía”, aclaró Cristo en entrevista publicada por el periódico El Universal, de Cartagena.

Colombiacheck habló con Rivera quien aclaró que “ya se puede solicitar para los delitos de iure (los que son reconocidos por la ley), como los conexos con el delito político, todo lo demás tiene que esperar a la JEP, pero esos trámites ya se pueden desarrollar porque la ley de amnistía es clara en que hay unas personas que pueden salir porque los delitos por los que los sindican son delitos de carácter político”.

Hay que aclarar, primero, que la amnistía de iure (que se usa como contrario a de facto y significa por virtud o ministerio de la ley, según explica la Real Academia de la Lengua Española) es la que se aplicará a los guerrilleros rasos, “a quienes serían responsables por acciones propias de pertenecer a una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado, tales como porte ilegal de armas o uso de uniformes privativos de la Fuerza Pública”, explica Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

Según la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, mejor conocida como Ley de Amnistía e Indulto, en el artículo 17, la amnistía “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma”, eso quiere decir que entró en vigencia desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Santos la sancionó.

“Hay puntos específicos en los que no es posible aplicar la amnistía o indulto si no están en funcionamiento las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de aquellos casos en los que no resulta claro, a primera vista, si se trata de delito de rebelión o conexos o puede catalogarse como un crimen internacional que no sería objeto de amnistía ni indulto”, precisó la investigadora.

“Para quienes están en zonas de normalización la ley tendrá efectos reales cuando termine el calendario de la dejación de armas. Si es alguien investigado penalmente, tendrá efectos cuando el fiscal conozca que esa persona fue beneficiada por la amnistía y no continúe con la investigación penal. Si es condenado, cuando le levanten la condena y lo dejen libre”, explicó Güiza.

Pero falta un papel

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó que hay jueces que le han preguntado por el acta de compromiso que deben firmar los beneficiados con la amnistía, pues ya han recibido solicitudes para aplicar esa ley.

“Está pendiente el acta de compromiso que tienen que firmar todas las personas para salir en libertad, los beneficiados con la amnistía de Iure, que se comprometen a no volver a la lucha armada, y los que salen con libertad condicional, que se comprometen a acudir ante la JEP en caso de ser llamados, a no salir del país sin autorización y a reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está poniendo en marcha el procedimiento para suscribir el acta, se está discutiendo un borrador para que los distintos involucrados estén de acuerdo en su contenido, luego ya se pasa a lo operativo de la suscripción de las actas. Es el paso que falta para hacer efectiva la amnistía”, aclaró Díaz.

La funcionaria agregó que las Farc debe entregar una lista con los nombres de los guerrilleros que se beneficiarán con la amnistía, lista que servirá para corroborar que quienes pasen por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización pertenezcan efectivamente a las Farc. Aclaró que en el caso de guerrilleros presos, condenados o con un proceso judicial en curso, será el juez respectivo el que otorgue la libertad basado en la relación con esa guerrilla, comprobada en la sentencia o en el proceso, y que cumpla con los demás requisitos necesarios para beneficiarse de esa ley.

Díaz dijo que esperan que el acta esté lista en pocos días.

Otro debate

La investigadora de Dejusticia indicó que hay otro debate que tiene que ver con la revisión que la Corte Constitucional debe hacer a la ley de amnistía. Güiza recordó que, según el acto administrativo 1 de 2016, más conocido como fast track, “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, lo que quiere decir que la Corte las revisará sin necesidad de que sean demandadas, como ocurre ordinariamente con el resto de las leyes, sin embargo esa revisión no suspende los efectos jurídicos de la ley de amnistía, pues esta tiene vigencia desde el momento en que el Presidente la sancionó.