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Falso
A nuestro Gato Chequeabot nos llegó un video en el cual afirman que el gobierno de Gustavo Petro quiere “tumbar” a la empresa Thomas Greg & Sons, asidua contratista saliente de la fabricación de pasaportes y entrante para logística electoral, porque “maneja la información de la Registraduría”.
Según la publicación, la intención de la administración nacional sería reemplazarla para darles cédula a “guerrilleros” y “miles de venezolanos” para que voten en las elecciones presidenciales de 2026.
Este señalamiento es falso. La mencionada compañía no tiene control sobre los datos de la Registraduría, aunque sí acceso para sus funciones electorales. Tampoco está encargada de las cédulas de ciudadanía, ya que esto lo hace la propia entidad.
En el caso de los venezolanos residentes en el país, para que puedan votar en comicios nacionales primero deben adquirir la nacionalidad. Por último, la misma Registraduría ha hecho jornadas de cedulación para exguerrilleros en su reintegración a la vida civil tras firmar la paz.
El video desinformador fue publicado por Yonatan Botero (@yonatancolombiano) en Instagram y Facebook, donde superó las 90.000 reproducciones. A este creador de contenido lo hemos verificado antes por la difusión de contenido falso contra el gobierno Petro en el que también apelaba a la xenofobia, pues se refería a la supuesta llegada de “médicos cubanos” a Colombia con un montaje al diario El Tiempo.
Irónicamente, ha sido el mismo Petro quien ha llegado a señalar a Thomas Greg & Sons de “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría”. Incluso público que desconfía de la transparencia de futuras elecciones luego de que la Registraduría le adjudicó la misma responsabilidad logística para los próximos comicios a esa misma contratista a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la cual hace parte.
La compañía tiene más de una década encargándose de la logística de diferentes comicios nacionales y regionales, incluyendo las que ganó él por la Presidencia en 2022 y la Alcaldía de Bogotá en 2011. No obstante, sus trinos sin evidencia contra la multinacional y el proceso electoral se enmarcan en el enfrentamiento del gobierno con ella por el negocio de los pasaportes, que esta tendrá hasta el 31 de agosto.
En 2024, un chequeo de nuestros colegas de La Silla Vacía expuso que, como parte del contrato de logística electoral, la empresa puede tener acceso a datos de la Registraduría, pero solo para su consulta a través del Archivo Nacional de Identificación. Para ello, debe firmar acuerdos de confidencialidad que contemplan su devolución.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), también dijo en entrevista con Blu Radio que el objetivo de este acceso de la compañía es verificar la identidad de los ciudadanos. “En estricto sentido, no hay un control de la base, hay un acceso de consulta para los procesos electorales con el objetivo de verificar la identidad de los ciudadanos que están en el proceso de inscripción”, apuntó.
Consultada por este medio, el equipo de prensa de la Registraduría nos confirmó que Thomas Greg & Sons solo ha tenido autorización para consultar su información, no para administrarla ni controlarla. “Las bases de datos donde reposa la información de los colombianos es administrada y custodiada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y reposa en la sede central de la RNEC”, respondió el organismo.
Tampoco esta empresa se encarga de la emisión de las cédulas de ciudadanía como pretende hacer ver la desinformación. Tanto el organismo estatal, como el coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, Diego Rubiano, coincidieron en que esto no era cierto.
Según ambas fuentes, la Registraduría es la que se encarga directamente de la expedición de cédulas, pero se apoya en la multinacional francesa Idemia Identity & Security, la cual presta el servicio de mantenimiento, administración, operación, soporte y fortalecimiento de los sistemas de información usados durante el proceso. Esta misma compañía es la que está involucrada en la producción de la cédula digital.
La MOE en su comunicado “La implementación de la cédula digital en Colombia”, del 2023, especificó que esa otra empresa ha sido por dos décadas un proveedor exclusivo del órgano de registro civil en su sistema de identificación. En 2020, incluso se le adjudicó un contrato para la implementación de las plataformas de las cédulas digital y física.
La Registraduría, en su informe de gestión de 2024, informó que produjo 2’644.783 cédulas en policarbonato y 392.757 amarillas con hologramas ese año. Además, en su canal de YouTube, el organismo tiene un video de hace cinco años en el que muestra las instalaciones donde fabrica el documento de identidad.
La Registraduría lanzó la ‘Ruta de la Identificación’ para llevar servicios de registro civil e identificación a 170 municipios afectados por el conflicto armado y priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) creados en virtud del Acuerdo Final de Paz de 2016. Esto contempló varias jornadas para la identificación de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su proceso de reintegración como firmantes.
En todo caso y en virtud de que muchos miembros de las distintas guerrillas son ciudadanos colombianos, también tendrían el derecho a la identificación. El derecho al voto, no obstante, podría ser restringido en caso de condena por algún delito.
En un chequeo anterior explicamos que los venezolanos en territorio colombiano solo pueden votar en comicios de carácter municipal y distrital, según la Ley 1070 de 2006. Para ello, deben tener una visa, acreditar mínimo cinco años de residencia en el país, poseer cédula de extranjería, estar inscritos en el registro electoral y no tener ningún tipo de inhabilitación legal.
Para participar en votaciones nacionales, como las de Presidencia y legislativas, deberán adquirir la nacionalidad colombiana por adopción. Esto no es solo tener una cédula de ciudadanía, ya que este es el último paso. Antes, tendrán que cumplir con una serie de requisitos estipulados en la Ley 43 de 1993:
Esto deberá ser consignado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con relación a los derechos políticos de personas colombo-venezolanas puede leer más en este explicador. Su supuesta participación en fraudes electorales ya ha sido objeto de narrativas que combinan xenofobia y desinformación (1, 2). Además, hace parte de un fenómeno más grande en el que diversos sectores políticos en varios países han buscado estratégicamente minar la confianza en sus procesos electorales, incluyendo estos ataques del petrismo a Thomas Greg.