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Falso

Viernes, 16 Octubre 2020

La falsa acusación de MinDefensa contra Medicina Legal por caso Dilan Cruz

Por José Felipe Sarmiento

En el debate de moción de censura en su contra, que cursaba en la Cámara de Representantes, el ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que el instituto “cometió un error” al declarar que la muerte del joven fue un homicidio.

“Ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio la conducta del hombre del Esmad. Medicina Legal cometió un error ese día después de la necropsia: avanzó en la tipificación de la conducta que no le correspondía”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en referencia al ataque de la Policía contra una manifestación el 23 de diciembre de 2019 en Bogotá, cuando un disparo de escopeta del Escuadrón Móvil Antidisturbios mató al adolescente Dilan Cruz.

La frase del Ministro hizo parte de su intervención, el pasado 7 de octubre, en la Cámara de Representantes, para responder a un debate de moción de censura que la oposición y algunos congresistas liberales convocaron en su contra por haber desacatado la orden que le dio la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, de “presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

Colombiacheck revisó esta afirmación y encontró que lo que dijo el funcionario es falso. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sí tiene competencia para determinar si una muerte fue homicidio sin que esto implique una supuesta equivocación en los términos que señaló Trujillo. Por tanto, no se extralimitó en sus funciones como lo planteó el funcionario.

El 28 de noviembre, la entonces directora de la entidad, Claudia García Fino, informó en rueda de prensa que los hallazgos de la necropsia de Cruz y los estudios de balística “permiten establecer como manera de muerte médico-legal: violenta, homicidio”. Desde ese momento, el dictamen causó polémica. Su base, según el comunicado, fue que la causa de muerte había sido un “trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparada por arma de fuego”, específicamente una bolsa de perdigones de plomo (bean bag) de escopeta calibre 12.

El Ministerio de Defensa le sustentó la frase a Colombiacheck con los artículos de la Constitución que les dan a la Fiscalía y la Justicia Penal Militar (que se quedó con la competencia en este caso por decisión del Consejo Superior de la Judicatura) la facultad “para investigar las conductas que revisten las características de delito y acusar ante las autoridades judiciales a los presuntos responsables”. El documento señaló que, para ello, se debe “analizar si se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable” en los términos del Código Penal

Según la argumentación del Gobierno, la Guía de Procedimientos para la Realización de Necropsias Medicolegales de Medicina Legal dice que “el perito deberá referirse siempre a la causa básica de la muerte (enfermedad o evento que desencadena la secuencia que lleva a la muerte)”, de acuerdo con una lista que incluye “proyectil de arma de fuego”. Finalmente, acude a esta cita literal:

No es conveniente que el perito incluya en el Protocolo de Necropsia inferencias o pronunciamientos sobre aspectos críticos que, aunque válidos y sustentables técnicamente, requieren ser discutidos y analizados previamente con investigadores y/o autoridades en las diferentes etapas del proceso.

Lo que omite el Ministerio es que el mismo documento del instituto, editado en 2004 tras la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, también dice que “el examen post mórtem medicolegal debe ser concluido con una opinión que abarque los puntos sobresalientes del caso, en particular sobre causa y manera de muerte”. La segunda sigue una clasificación internacional e incluye la opción de homicidio cuando la muerte es “causada por un tercero, de forma intencional o no intencional”.

En la misma definición, la guía aclara que “no se trata de tipificar un delito, ni de hacer juicios de valor o de responsabilidad ya que esto es competencia de la autoridad”. La penalista Diana Muñoz Castellanos, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le explicó a Colombiacheck que las categorías que usan los médicos legistas en sus conclusiones “no obligan” a las entidades judiciales.

La especialista describe el dictamen como “una opinión informada de un profesional en una materia, que es susceptible de ser confrontada o contrastada”, en este caso, por la defensa del capitán Manuel Cubillos, el policía procesado. En otras palabras, se trata de un soporte para que las autoridades definan el tipo de delito, pero no es el único elemento que se tiene en cuenta. “No son equivalentes”, dice la abogada.

De hecho, Medicina Legal utiliza la categoría homicidio de manera permanente en sus registros e informes, como el Forensis, que presenta las cifras de muertes violentas cada año. El hecho de que el instituto haya determinado que la muerte de Dilan fue de esta manera acredita, en palabras de la experta, “que la muerte fue violenta y causada por otra persona; no entró a calificar si fue un homicidio doloso, culposo, preterintencional o si estaba dentro de alguna causal de ausencia de responsabilidad”. Estas sí serían valoraciones jurídicas.

El Decreto Único del Sector Salud compiló en 2016 otra norma que, desde 1990, señala entre las funciones de las autopsias médico-legales la de “ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo (homicidio, suicidio, accidente, natural o indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante”. Esta es la facultad en la que se basan los protocolos de Medicina Legal, como explica el experto en ciencias forenses César Augusto Giraldo, docente de la Universidad CES.

El investigador no comparte el contenido de esa norma, pues considera que sí causa “confusiones” en cuanto a que la declaratoria de homicidio puede interpretarse como un juicio de responsabilidad. Sin embargo, señala que esta regulación se aplica a las necropsias en general. Muñoz, por su parte, aclara que los peritos tienen libertad para decidir qué tan específicos son en su dictamen, por eso “algunos prefieren solo poner que la muerte fue violenta”.

Por tanto, a pesar del debate que puede haber en torno a la reglamentación de estos exámenes, no se puede decir que el informe en el caso puntal de Dilan Cruz haya estado equivocado o haya avanzado en la tipificación del delito, como lo hizo Trujillo. Su señalamiento contra el instituto es falso porque contradice la normatividad vigente sobre las facultades de la entidad y el alcance de sus conceptos en este tipo de investigaciones.

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Domingo, 28 Mayo 2017

“En el último año han bajado en un 73% la extorsión y los homicidios”

Por Sania Salazar

La frase habla de Buenaventura y la dijo el Secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, pero no es exacta, porque esa reducción se basaría en datos de 2013.

Alfonso Prada, Secretario General de la Presidencia de Colombia, visitó Buenaventura (Valle del Cauca) durante los primeros días de mayo para tratar de impedir un paro cívico que por esos días se estaba planeando en el puerto y que, efectivamente, empezó el 16 de mayo. El paro tiene en jaque la productividad del puerto más importante del país, por donde se mueve el 55% del comercio exterior de Colombia, actividad que le deja más de $5 billones de pesos a la nación cada año.

RCN Radio entrevistó a Prada sobre los resultados de su visita y durante la conversación aseguró que “en el último año han bajado en un 73% la ocurrencia de delitos como la extorsión y los homicidios”.
Después de consultar varias cifras y de compararlas, Colombiacheck califica la afirmación de Prada como inflada, pues la reducción es del 70%, pero no en el último año, sino desde 2013.

Indagamos cuál era la fuente en la que se basaba la afirmación y Daniel Quiroga, asesor de Prada, nos indicó que tomaron las cifras de un informe sobre los avances del Plan de Choque de Buenaventura. La visita de Prada, fue, precisamente, para exponer los progresos de ese plan a los líderes del puerto.

“Buenaventura ha logrado reducir la tasa de homicidios en un 70% desde 2013”, dice el documento.

Según el informe, enviado a Colombiacheck por el gerente del Plan todos somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar, la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes en 2015 fue de 20 y en 2016 de 14,7. Hicimos la cuenta y la reducción es del 26,5%.

Al comparar la tasa de homicidios de 2013 que se situó en 49 con la de 2016, que como ya habíamos dicho fue de 14.7, la respuesta es una reducción del 70%, de la que habla el documento.
En conclusión, parece que Prada se equivocó en el periodo comparado, pues según esas cifras, la disminución es real, pero con respecto a 2013, no al 2016 y exageró en tres puntos el porcentaje de disminución.

La imagen donde están esas cifras la publicaron también en la cuenta de Twitter de Todos somos Pazcífico @TSPazcifico, esta vez atribuida a Escobar.

 

 

Preguntamos de qué fuente habían tomado las cifras de homicidios y nos dijeron que de Planeación Nacional, donde solicitamos la información, pero nos enviaron un documento donde no hay cifras anuales de homicidios que permitan comparar y establecer la diferencia.

Lo que dicen otras cifras

Consultamos entonces otras fuentes, pero cada institución o estudio tiene cifras distintas. Nos preguntamos entonces, ¿por qué esa diferencia?
Según el informe Forensis, del Instituto de Medicina Legal, en 2013 la tasa de homicidios en Buenaventura fue de 50.7, casi dos puntos más de lo que dice el informe en el que se basó Prada. Con esta fuente no pudimos establecer la variación de este delito entre 2015 y 2016 porque no han publicado la versión del informe del año pasado.

Le solicitamos las cifras de homicidios desde 2010 a la oficina de prensa de la Policía de Buenaventura, pero solo nos proporcionaron datos de 2015 (77 asesinatos) y 2016 (59). Calculamos la tasa de homicidios basados en la proyección de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para esos años: pasó de 19,2% a 14,4%. Se redujo en un 24,8%. Menos del 26% que indica el informe en el que se basó Prada.

Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, para el mismo periodo calcula una reducción de 5,8 asesinatos por cada cien mil habitantes entre 2015 y 2016. Una disminución del 29,2%.

El informe de la FIP deja al descubierto que en Buenaventura no hay metas de reducción de los asesinatos para 2019 ni han fijado metas anuales.

“Si bien no hay fórmulas mágicas para reducir la violencia, una de las claves está en definir metas que permitan hacer seguimiento a las intervenciones de las autoridades. De otro modo, las administraciones estarán navegando a ciegas en su deber de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad”, concluye el informe.


¿Y la extorsión?

En el documento del que Prada sacó las cifras no está la palabra extorsión y mucho menos cifras al respecto.

Según la Policía de Buenaventura, en 2015 hubo 56 casos de extorsión, mientras en 2016 se registraron 43. Una rebaja del 23,2%. Cifra muy lejana al 73% del que habla el Secretario General de la Presidencia.

Parece que las cifras sobre extorsión en el Puerto no abundan, pero en una nota publicada por la revista Semana sobre el paro vigente, el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta Sabid, aseguró que “hay extorsión por parte de esos grupos que han quedado reductos de bandas. Han venido nuevamente presentándose en la ciudad, hemos buscado que se hagan operativos para no tener otra vez dificultades en el comercio”, explicó.

Un informe de 2014 titulado Entornos complejos: Buenaventura, realizado por la FIP en conjunto con otras organizaciones, relata como en la capital del Pacífico la vida criminal la dominan bandas locales, algunas con raíces en antiguos paramilitares y otros en pandillas callejeras. “Ganan dinero haciendo trabajos para los Rastrojos y los principales traficantes de drogas, y manejan el negocio de la micro-extorsión en los barrios que controlan”.

El eterno olvido en el que vive Buenaventura

El editorial del diario El Espectador del pasado 21 de mayo recordó la huella que la violencia ha dejado en Buenaventura: “De los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas; entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio”.

Una nota publicada el pasado 17 de mayo en el mismo diario relataba: “En cuanto a la seguridad, en Buenaventura como en el Chocó se está presentando casos de confrontación de bandas criminales por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, además de esto hay altos índices de extorsión e inseguridad en los barrios, y a pesar que la cifra de asesinatos ha disminuido, la tasa de desempleo se encuentra sobre el 62%, muy por encima del promedio nacional que bordea el 10%, por lo que piden acciones del gobierno para la generación de empleos estables en la región”.

El informe de la FIP, que califica a Buenaventura como el puerto marítimo más importante sobre el Pacífico señala además que la posición geográfica de Buenaventura en particular “es llamativa para los grupos armados debido a la ubicación estratégica de la ciudad por su salida al mar, y por su condición de punto de entrada de armas y salida de drogas por el Pacífico, desde y hacia Centroamérica y Asia”.Buenaventura ha tenido que soportar por años pobreza, inequidad, malos servicios de salud, problemas con la educación, falta de agua potable, desempleo y analfabetismo, además de la violencia que llegó incluso a los límites de casas de pique en las que descuartizaban y desaparecían a las personas. Pero si no se tienen claras las cifras de los problemas que hay que solucionar, como los homicidios y las extorsiones, muy complicado establecer metas medibles para superar esos males.