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Viernes, 16 Octubre 2020

La falsa acusación de MinDefensa contra Medicina Legal por caso Dilan Cruz

Por José Felipe Sarmiento

En el debate de moción de censura en su contra, que cursaba en la Cámara de Representantes, el ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que el instituto “cometió un error” al declarar que la muerte del joven fue un homicidio.

“Ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio la conducta del hombre del Esmad. Medicina Legal cometió un error ese día después de la necropsia: avanzó en la tipificación de la conducta que no le correspondía”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en referencia al ataque de la Policía contra una manifestación el 23 de diciembre de 2019 en Bogotá, cuando un disparo de escopeta del Escuadrón Móvil Antidisturbios mató al adolescente Dilan Cruz.

La frase del Ministro hizo parte de su intervención, el pasado 7 de octubre, en la Cámara de Representantes, para responder a un debate de moción de censura que la oposición y algunos congresistas liberales convocaron en su contra por haber desacatado la orden que le dio la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, de “presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

Colombiacheck revisó esta afirmación y encontró que lo que dijo el funcionario es falso. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sí tiene competencia para determinar si una muerte fue homicidio sin que esto implique una supuesta equivocación en los términos que señaló Trujillo. Por tanto, no se extralimitó en sus funciones como lo planteó el funcionario.

El 28 de noviembre, la entonces directora de la entidad, Claudia García Fino, informó en rueda de prensa que los hallazgos de la necropsia de Cruz y los estudios de balística “permiten establecer como manera de muerte médico-legal: violenta, homicidio”. Desde ese momento, el dictamen causó polémica. Su base, según el comunicado, fue que la causa de muerte había sido un “trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparada por arma de fuego”, específicamente una bolsa de perdigones de plomo (bean bag) de escopeta calibre 12.

El Ministerio de Defensa le sustentó la frase a Colombiacheck con los artículos de la Constitución que les dan a la Fiscalía y la Justicia Penal Militar (que se quedó con la competencia en este caso por decisión del Consejo Superior de la Judicatura) la facultad “para investigar las conductas que revisten las características de delito y acusar ante las autoridades judiciales a los presuntos responsables”. El documento señaló que, para ello, se debe “analizar si se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable” en los términos del Código Penal

Según la argumentación del Gobierno, la Guía de Procedimientos para la Realización de Necropsias Medicolegales de Medicina Legal dice que “el perito deberá referirse siempre a la causa básica de la muerte (enfermedad o evento que desencadena la secuencia que lleva a la muerte)”, de acuerdo con una lista que incluye “proyectil de arma de fuego”. Finalmente, acude a esta cita literal:

No es conveniente que el perito incluya en el Protocolo de Necropsia inferencias o pronunciamientos sobre aspectos críticos que, aunque válidos y sustentables técnicamente, requieren ser discutidos y analizados previamente con investigadores y/o autoridades en las diferentes etapas del proceso.

Lo que omite el Ministerio es que el mismo documento del instituto, editado en 2004 tras la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, también dice que “el examen post mórtem medicolegal debe ser concluido con una opinión que abarque los puntos sobresalientes del caso, en particular sobre causa y manera de muerte”. La segunda sigue una clasificación internacional e incluye la opción de homicidio cuando la muerte es “causada por un tercero, de forma intencional o no intencional”.

En la misma definición, la guía aclara que “no se trata de tipificar un delito, ni de hacer juicios de valor o de responsabilidad ya que esto es competencia de la autoridad”. La penalista Diana Muñoz Castellanos, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le explicó a Colombiacheck que las categorías que usan los médicos legistas en sus conclusiones “no obligan” a las entidades judiciales.

La especialista describe el dictamen como “una opinión informada de un profesional en una materia, que es susceptible de ser confrontada o contrastada”, en este caso, por la defensa del capitán Manuel Cubillos, el policía procesado. En otras palabras, se trata de un soporte para que las autoridades definan el tipo de delito, pero no es el único elemento que se tiene en cuenta. “No son equivalentes”, dice la abogada.

De hecho, Medicina Legal utiliza la categoría homicidio de manera permanente en sus registros e informes, como el Forensis, que presenta las cifras de muertes violentas cada año. El hecho de que el instituto haya determinado que la muerte de Dilan fue de esta manera acredita, en palabras de la experta, “que la muerte fue violenta y causada por otra persona; no entró a calificar si fue un homicidio doloso, culposo, preterintencional o si estaba dentro de alguna causal de ausencia de responsabilidad”. Estas sí serían valoraciones jurídicas.

El Decreto Único del Sector Salud compiló en 2016 otra norma que, desde 1990, señala entre las funciones de las autopsias médico-legales la de “ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo (homicidio, suicidio, accidente, natural o indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante”. Esta es la facultad en la que se basan los protocolos de Medicina Legal, como explica el experto en ciencias forenses César Augusto Giraldo, docente de la Universidad CES.

El investigador no comparte el contenido de esa norma, pues considera que sí causa “confusiones” en cuanto a que la declaratoria de homicidio puede interpretarse como un juicio de responsabilidad. Sin embargo, señala que esta regulación se aplica a las necropsias en general. Muñoz, por su parte, aclara que los peritos tienen libertad para decidir qué tan específicos son en su dictamen, por eso “algunos prefieren solo poner que la muerte fue violenta”.

Por tanto, a pesar del debate que puede haber en torno a la reglamentación de estos exámenes, no se puede decir que el informe en el caso puntal de Dilan Cruz haya estado equivocado o haya avanzado en la tipificación del delito, como lo hizo Trujillo. Su señalamiento contra el instituto es falso porque contradice la normatividad vigente sobre las facultades de la entidad y el alcance de sus conceptos en este tipo de investigaciones.

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Martes, 25 Julio 2017

¿Uribe redujo los asesinatos de periodistas?

Por Sania Salazar

Aunque eso dice la dirección del partido Centro Democrático en Santander, el tema no se puede reducir a la matemática. Así que menos muertes de periodistas no garantizan una mayor libertad de prensa.

Diana Saray, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, publicó el pasado 28 de mayo la columna Uribe, el destructor, en la que llamaba la atención sobre los ataques del senador Álvaro Uribe a varios periodistas del país. Como respuesta recibió en la redacción del periódico una carta del Centro Democrático en Santander con algunas ‘precisiones’.

 

 

En la carta, Carlos Arturo Peña Blanco, director ejecutivo del Centro Democrático en Santander, asegura que durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) los índices de homicidio de periodistas “tuvieron una reducción considerable, lo cual garantizaba ese ejercicio de la prensa como un derecho fundamental”.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues si bien en esos años se redujeron los homicidios de periodistas, se desconoce el contexto de la situación, que según estudios al respecto, para nada se reflejó en garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Las formas de acallar a la prensa cambiaron.

Llamamos a Peña Blanco para saber en qué basa su afirmación. Nos dijo que la fuente era la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

“En 2002 asesinaron 10 periodistas, en 2010, uno solo. Hay que resaltar que en el 2008 no asesinaron a ninguno, lo que no ocurría en el país desde hace mucho tiempo”, nos explicó por WhatsApp.

“Ahora, dirán que si bien los homicidios disminuyeron las amenazas aumentaron. Es cierto. Mientras que en el periodo 1998-2001 se presentaron 14 amenazas contra periodistas al año, en los periodos 2002-2005 fue de 66 y en el periodo 2006-2009, fue de 93”, aseguró el directivo.

Según Peña Blanco, el aumento de las amenazas se debe a “la confianza en las instituciones y el Programa de Protección al periodista, que incentivaron las denuncias. El programa de Protección lo montó Pastrana, pero fue en el gobierno Uribe donde se fortaleció a cargo del Ministerio del Interior”, concluyó.

El primer error de sus declaraciones es afirmar que en 2010 mataron un solo periodista, pues en realidad fueron dos. Según las cifras del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia (1977-2015), los asesinatos pasaron de diez en 2002 a dos en 2010.

La reducción a la que se refiere Peña Blanco es del 80%. Aunque durante los ochos años de la era Uribe fueron asesinados 30 periodistas en colombia.

 

El informe de la Flip aporta cifras anuales de asesinatos de periodistas desde 1996. Entre ese año y 2001, un año antes de que Uribe llegara a la presidencia, mataron a 36 periodistas. Hay que aclarar que ese periodo abarca seis años y no ocho.

El informe compara además periodos de cinco años. Entre 2011 y 2015 segaron la vida de 6 periodistas. Estas comparaciones, aunque no abarcan periodos de ocho años, permiten vislumbrar el panorama antes y después del Gobierno Uribe.

“Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la Flip en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional”, indica el informe del Centro de Memoria Histórica.

Vivos, pero amordazados

“Como observaron en su momento los Informes de la Flip sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos humanos y de algunos periodistas”, resalta el informe.

El documento también registra casos reportados por la Flip como el del periodista Gonzalo Guillén, de quien Uribe dijo que había dedicado su carrera periodística a la infamia y la mentira. O la calificación de “mentiroso” y “miserable” a Daniel Coronell. “Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, dice el informe.

Camilo Vallejo, abogado y periodista, uno de los investigadores del informe La palabra y el silencio, explicó que no porque se reduzcan los homicidios de periodistas hay más libertad de prensa. “Crecen otro tipo de agresiones, no solo las amenazas, que son las que toman protagonismo después. En el Gobierno de Uribe aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes, el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, que es el presidente, pierde su posición de garante para defender a los periodistas”.

Vallejo afirma que es absolutamente falso que las amenazas se incrementen porque hay una confianza y la gente ha denunciado más. Explica que los datos de la Flip, que son los que retoma el informe, no son datos oficiales, no se toman ni de la Fiscalía, ni de la Policía, “precisamente porque desde su nacimiento la Flip documenta casos porque entiende que muchos periodistas no quieren hacerlos llegar a las autoridades. El incremento se registra en el rastreo que hacía la Flip antes del 2002”, indicó.

Además, Vallejo recordó que en esa época hubo muchos periodistas desplazados, solo en Arauca 20 periodistas tuvieron que salir del departamento. Para el investigador es muy difícil saber si el sistema de protección se fortaleció en el gobierno Uribe.

Vallejo indicó que hay una hipótesis muy fuerte y es que lo que ocurre en la era Uribe, con ese proceso de estigmatización y de recrudecimiento del conflicto, es que al aumentar la autocensura, menos agresiones se registran como noticias, pero no hay más libertad de prensa, “esa es la ecuación que no se puede perder de vista”, recalcó.

“Otra hipótesis es que la autocensura está creciendo cada vez más, hay menos agresiones, pero la situación de la libertad de expresión puede estar igual o incluso peor si hablamos en términos de cuánta información estamos conociendo”, concluyó Vallejo.