El recién removido alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se enfrentó a un control político en la Cámara de Representantes el pasado 7 de noviembre, dos semanas antes de salir del cargo, en medio de reclamos por el poco avance de la llamada “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro para bajar los índices de violencia en el país.

Esta citación, en la que ya le pedían renunciar, se produjo en un contexto en el que la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC, comandada por ‘Iván Mordisco’, había suspendido apenas dos días antes la mesa de diálogos que mantiene con el Gobierno, mientras que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también en medio de un proceso de paz y cese al fuego bilateral, había secuestrado al papá del futbolista Luis Díaz.

Frente a los representantes, Rueda defendió los acercamientos exploratorios y los diálogos que la administración actual había adelantado con diversos grupos armados, que también incluyen bandas urbanas.

Durante su intervención, de casi 40 minutos, el exfuncionario afirmó que después del acuerdo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante la presidencia de Álvaro Uribe, en 2006, “cerca de 4.000 integrantes de los 31.000 que dejaron las armas han sido asesinados”.

 

Habló del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre la guerrilla de las FARC y el Estado, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y aseguró que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, “el día de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, inicia su control territorial y social en el norte del Chocó y en varias áreas del territorio nacional, de manera permanente y sostenida hasta el día de hoy. Y hoy está en un proceso de expansión”.

Sostuvo que “las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, las mismas señalan la importancia de dialogar con todos, incluyendo a los narcotraficantes”. Además, sacó pecho por el proceso de Paz Total que adelantaba y dijo que “en desarrollo de la fase de exploración, nosotros como oficina de paz, logramos que 150 colombianos y colombianas que estaban secuestrados, recobraran la libertad. En exploración, sin mesa de diálogos, 150”.

En Colombiacheck verificamos estas aseveraciones del exfuncionario con nuestra metodología y concluimos que una es verdadera, pero; otra es falsa, y dos resultan inchequeables. 

Recordemos que Rueda fue removido de su cargo el miércoles 22 de noviembre y en su lugar fue designado Otty Patiño, quien ya se venía desempeñando como jefe del equipo del Gobierno en la negociación con el ELN, para liderar los ocho procesos con guerrillas y grupos armados urbanos que se llevan a cabo desde el año pasado. 

Para esta verificación, le solicitamos al equipo de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz mayor información sobre las frases del exfuncionario. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, no obtuvimos respuesta a nuestras preguntas.

“Y les puedo afirmar que el día de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, inicia su control territorial y social en el norte del Chocó y en varias áreas del territorio nacional, de manera permanente y sostenida hasta el día de hoy. Y hoy está en un proceso de expansión, y son las llamadas AGC”

Lo dicho por el funcionario del Gobierno, que hasta hace unos días hacía parte de la negociación de paz con la guerrilla del ELN, fue afirmado en el contexto de un debate de control al que fue citado el 7 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. 

En Colombiacheck verificamos lo afirmado por Rueda y lo calificamos como  “verdadero, pero” porque aunque fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo y organizaciones hablan  de una expansión de las AGC a partir de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, en Bogotá, la presencia de este grupo en esta región está documentada desde 2015.

Para verificar la afirmación de Rueda, tomamos como punto de partida el 24 de noviembre de 2016, cuando el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), como último máximo comandante de las FARC, firmaron el Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón de Bogotá

La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Chocó fue creciendo en el contexto de una expansión de grupos armados ilegales en la región desde 2021. Según la Defensoría del Pueblo, desde ese año las AGC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se expandieron en los municipios de Bojayá y Medio Atrato, en el Chocó, y en Vigía del Fuerte en Antioquia. 

Dicha expansión fue dada a conocer por esa entidad en la Alerta Temprana 016-2021, donde puso en sobreaviso que 32.679 personas que habitan esa zona estaban en riesgo por cuenta de “la expansión de las AGC en la zona y la disputa territorial que tienen con el ELN, lo que supone una clara situación de riesgo para la población civil de las comunidades étnicas que habitan en dichos corredores fluviales y cuyos territorios quedan interpuestos a merced de los dos grupos armados presentes”. 

La alertaba abarcaba, como población en riesgo, a las autoridades indígenas y afrocolombianas, comerciantes, personas defensoras de DD. HH, líderes y lideresas sociales, docentes, servidores públicos, población en proceso de reincorporación a la vida civil; habitantes de cabeceras urbanas y víctimas del conflicto armado. El Frente Pablo José Montalvo de las AGC y la Compañía Néstor Tulio Durán del ELN eran los grupos que estaban copando los territorios.

En la misma alerta temprana quedó consignado que la firma del acuerdo de paz con las FARC fue un punto de “inflexión fundamental” porque las AGC y el ELN empezaron a ocupar los territorios dejados por los antiguos frentes 34 y 57 de de las Farc, algo que va en la misma línea de lo afirmado por Danilo Rueda. 

Dicha entidad documentó que la expansión de las AGC, se dio, principalmente, en el municipio de Bojayá, donde empezó a tener fuerte presencia desde las cabeceras municipales de los municipios de Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio y Murindó hacia las cuencas de los ríos, Napipí, Bojayá y Opogadó. Esto en medio de un escenario de disputa y confrontación bélica con la guerrilla del ELN que ya ejercía el control territorial en dichas cuencas.

Carlos Espitia, investigador en temas de conflicto armado y memoria histórica de Indepaz, confirma que después de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, de acuerdo con trabajo de campo realizado por ellos en el Chocó, las AGC iniciaron su expansión hacia esa región, en especial en el sur del Chocó. 

“Luego del Acuerdo, especialmente al final del gobierno Duque, se empiezan a ver los efectos del reacomodo que se dio en todo el país, y por supuesto en el Chocó, en el caso de las AGC, hay una expansión desde su núcleo de poder que es el Urabá Antioqueño y el Darién chocoano, en varios sentidos”, explica el experto al añadir que el avance se ha visto principalmente en las regiones de Baudó y San Juan. 

En esos territorios, afirma, las Autodefensas Gaitanistas mantienen con el ELN una disputa. “Hay patrones particulares porque las AGC, al parecer, se encuentran principalmente en zonas más cercanas a bordes de ríos principales, mientras que el ELN está en zonas de mayor dificultad de acceso y eso ha sido una ventaja para ellos porque conocen mucho mejor las zonas”, agrega el investigador de Indepaz.  

Hay que decir que las alertas tempranas de la Defensoría, sobre las AGC en el Chocó, también se remontan a 2018, como la 011-18, donde la entidad advirtió́ el avance de estructuras armadas pertenecientes a las AGC desde la región del Bajo Atrato y los municipios de Bahía Solano y Nuquí con destino a las cuencas hidrográficas de los ríos Napipí y Opogadó en el municipio de Bojayá́. Incluso desde ese año ya ese organismo hacía alusión a la presencia de miembros de las AGC en las cabeceras municipales de Bojayá́ y Vigía del Fuerte con el propósito de copar los espacios dejados por las Farc.

En un documento de 2021 publicado por Usaid, en asociación con la Fundación Paz y Reconciliación y el United States Institute of Peace, se recoge que el año en el que llegaron al AGC al Chocó fue 2019 “cuando la comunidad rural de Pogue presenció el desembarco de alrededor de 300 hombres armados en este corregimiento”. En el texto se explica que se trataba entonces de “las AGC que llegaron a la zona para disputarle al ELN el control territorial y el manejo de las economías ilegales en el Atrato; desde ese momento se fueron esparciendo a lo largo y ancho del territorio de Bojayá a través del río”. 

Lo anterior también se une a lo investigado por la Comisión de la Verdad, organismo nacido del Acuerdo de Paz, que recopiló su investigación histórica sobre las AGC en varios anexos del informe final presentado por la CEV. En estos se expone información en contexto sobre los inicios y la evolución de este grupo criminal en el país. Uno de esos documentos se titula “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros, reconfiguración actual del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba”.

La Comisión, tomando un poco también lo informado por la Defensoría, plantea que las AGC se han movido por un corredor amplio entre Antioquia, Chocó y Córdoba. La Comisión nombra ese circuito como “Media Luna Norte” que abarca el Bajo Atrato, el Urabá antioqueño, los territorios del nudo de Paramillo, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, zonas que han sido influenciadas significativamente por las actividades de las AGC, según la entidad. 

Hay que decir que desde mayo de 2018 la Defensoría del Pueblo publicó el ‘Informe especial de riesgo: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’. En dicho informe oficial da a conocer que antes, en el sur del Chocó, se habían presentado desplazamientos masivos desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente por la existencia de estructuras armadas del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. 

En el mismo documento, en varios apartados, también se insiste en que después de la concentración de guerrilleros de las FARC en 2016 en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), espacios donde los excombatientes hicieron su tránsito a la vida civil, las Autodefensas Gaitanistas se afianzaron no solo en el sur del Chocó, también lo hicieron en el norte. “Están en el trasfondo de los principales impactos en términos humanitarios. La región es estratégica por constituirse en un corredor para el narcotráfico”, dice la Defensoría en el informe.

En otra de las indagaciones adelantadas para verificar lo afirmado por el hoy excomisionado de Paz, Danilo Rueda, encontramos un artículo del portal Verdad Abierta y que se titula ‘¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?’. En este escrito periodístico se informa que desde septiembre de 2015 las AGC empezaron a “copar diversas áreas pese a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales y líderes de las comunidades. Hoy tienen control sobre diversas regiones del departamento y sus enfrentamientos con la guerrilla del Eln han generado una grave crisis humanitaria que se profundiza día a día”.

En el mismo artículo, publicado el 27 de abril de 2017, se recoge la denuncia del avance en el Chocó de las las Autodefensas Gaitanistas de Colombia desde “hace poco menos de dos años sin mayor freno estatal hacia zonas estratégicas del departamento, vitales para fortalecer negocios ligados al tráfico de drogas, a la explotación aurífera y al tráfico de armas y de municiones”. 

Lo principal que denuncia el informe periodístico tiene que ver con que las AGC, para el momento de publicación del artículo, habían avanzado hacia zonas como El Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato desde septiembre de 2015, “cuando inició su expansión hacia el centro y sur de Chocó.  Su objetivo, según diversas fuentes consultadas, es copar a sangre y fuego los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc, hoy en concentración y en vía a dejar las armas, reincorporarse a la vida legal y construir un movimiento político”.

Otra de las fuentes consultadas es la Corporación Arco Iris. En un artículo publicado por ellos, titulado ‘Las AGC, grave amenaza para comunidades del Chocó’, esta organización plantea que desde 2015 las comunidades del Chocó experimentan, como consecuencia de una “arremetida paramilitar”, varios enfrentamientos entre las “Farc y el ELN contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en área de los ríos Bojayá, Pogue, Buchado, Arquia. Se calcula que una fuerza de 500 paramilitares de las AGC campamentan en las veredas de las Brisas entre Vigía del Fuerte y el municipio de Riosucio”. 

El texto comienza con una declaración sobre cómo las AGC representan una amenaza significativa para las comunidades del Medio y Bajo Atrato chocoano. Se menciona también una investigación de campo realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris que confirma el alto riesgo que enfrentan estas comunidades debido a la presencia del también llamado Clan del Golfo. 

También exponen que dicho actor armado ilegal está implementando un proceso de expansión territorial para controlar las rutas y áreas de producción y el circuito económico de la cocaína, además de dejar claro que las AGC, por información de campo recogida por la misma Corporación, planean ocupar violentamente los territorios de presencia histórica del antiguo Bloque 57 de las Farc. 

Después de verificada la información sobre lo afirmado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, que un inicio de la expansión de las AGC en el Chocó desde 2016, hay que indicar que es “verdadero, pero” porque aunque sí se presentó una expansión de las AGC a partir de del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, en Bogotá, hay documentos y testimonios de su presencia en la región desde 2015, un año antes de la firma. 

“Bien, retomando entonces las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, las mismas señalan la importancia de dialogar con todos, incluyendo a los narcotraficantes”

Hay que decir que en el informe final de la Comisión de la Verdad hay recomendaciones al Gobierno Nacional sobre distintos temas. En cuanto a lo afirmado por Danilo Rueda, vale la pena decir que no está consignado expresamente que se deba “dialogar con todos, incluyendo a los narcotraficantes”, sino que el Gobierno y el Congreso de la República, con apoyo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, debería diseñar e implementar una estrategia integral de sometimiento –individual y colectivo– como parte de la política pública de desmantelamiento de 1190 de las organizaciones criminales. 

Como un plan de acción en ese tema la CEV recomendó:

1. “Fortalecer el análisis de contexto, la caracterización y el diagnóstico de los diferentes grupos, sus tipologías, su estructura, sus motivaciones y sus formas de financiación y objetivos, con el fin de responder a las particularidades de la criminalidad organizada”.
2. “Establecer una estructura de incentivos judiciales y en materia de saneamiento de bienes, y condiciones para acceder y mantener los beneficios que se relacionen con la contribución al esclarecimiento del fenómeno criminal y a la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
3. “Establecer como prioridad en la investigación penal la violencia sistemática que ocasiona violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, así como los actos de corrupción a gran escala vinculados con la criminalidad organizada y sus redes de apoyo”.
4. “Garantizar que la definición de la situación jurídica de quienes se sometan ocurra en un periodo de tiempo razonable”.
5. “Garantizar el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos armados ilegales y adoptar medidas efectivas que contribuyan a su desvinculación”.

Es decir, la Comisión de la Verdad lo que propone es poner en marcha una estrategia de incentivos judiciales y de saneamiento de bienes para narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales, incentivos que se otorgarían a cambio de su total sometimiento y desmantelamiento de operaciones criminales. No hace referencia puntualmente a que el Gobierno dialogue con narcotraficantes sino que estructure unos incentivos para que se sometan a la ley. 

Junto a la anterior sugerencia, la CEV lo que les planteaba al Estado, a través del Presidente y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y a los grupos armados ilegales, es que se priorice el diálogo como herramienta para poner fin a la confrontación armada. De nuevo, no hace referencia a que se deba dialogar con narcotraficantes, como lo ha dicho el comisionado de Paz en el Congreso.

Hay que decir que las recomendaciones, según explicador publicado por Colombiacheck  el 24 de agosto de 2022, empezaron a ser trabajadas por esa entidad desde 2021 a través de la Dirección para el Diálogo Social de la Comisión de la Verdad. Durante este tiempo, la entidad se dedicó a la recolección, sistematización y análisis de 10.091 propuestas iniciales de recomendaciones. Estas fueron entregadas por diversas fuentes, incluyendo 6.534 de ellas por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Después de esto, las principales sugerencias fueron recogidas, condensadas, en las más de 100 recomendaciones que se publicaron en el informe final de la Comisión de la Verdad (CEV). Según la información proporcionada por la entidad para dicho trabajo, el 27% de las recomendaciones hacían referencia a derechos de las víctimas y el 17 % a la paz territorial. Además, al menos 8.434 recomendaciones fueron dirigidas al Estado, sus agencias, instituciones y organismos. 

Es importante destacar que estas recomendaciones surgieron de espacios promovidos por la Comisión, así como de informes y casos recibidos y avances de investigación. Este es un claro indicativo de la amplia gama de fuentes que se han utilizado para informar y formular estas recomendaciones.

Por todo lo anterior, hay que decir que es “falso” lo afirmado por Rueda durante el debate en el Congreso al que fue citado sobre la supuesta recomendación de la CEV para “dialogar con todos, incluyendo a los narcotraficantes”. Esto en realidad no corresponde con lo propuesto por la entidad en su informe final.

“En desarrollo de la fase de exploración, nosotros como oficina de paz, logramos que 150 colombianos y colombianas que estaban secuestrados, recobraran la libertad. En exploración, sin mesa de diálogos, 150”.

Rueda aseguró que en “la fase de exploración nosotros como oficina de paz, logramos que 150 colombianos y colombianas que estaban secuestrados”. Para esta verificación debemos establecer que los primeros diálogos exploratorios del Gobierno para comenzar el proceso de Paz Total con el ELN ocurrieron cuatro días después de que se posesionara el presidente Petro el año pasado, con un viaje a Cuba el 11 de agosto en el que participaron el comisionado Rueda y el canciller, Álvaro Leyva. 

Al mes siguiente, específicamente el 14 de septiembre, hubo una reunión, esta vez con el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC, en Caquetá para hablar sobre la Paz Total. En ese momento, también se supo que la Segunda Marquetalia, grupo fundado por exintegrantes de la misma guerrilla que se acogieron al Acuerdo Final de 2016 y luego se rearmaron, buscaba sumarse al nuevo proceso (1, 2). 

Luego, la opinión pública conoció, a través de una revelación de la revista Semana, sobre los encuentros entre el excomisionado de Paz y líderes de bandas de Antioquia llevados a cabo el 22 de septiembre para tratar el proceso de pacificación y el sometimiento colectivo. A los pocos días, bandas de Buenaventura también pactaron el fin de hechos de violencia, lo cual calificó Petro como parte del primer “laboratorio de la paz urbano”.

En octubre siguieron los diálogos exploratorios con el EMC y el 14 de noviembre se acordaron las garantías para una reunión interna de mandos para elaboración de protocolos, la designación de sus delegados e iniciar una mesa de conversaciones de paz (1, 2).

Finalmente, el 21 de noviembre, se instaló la mesa de diálogo con el ELN con una declaración conjunta de cinco puntos entre las delegaciones del Gobierno, liderada por Otty Patiño, y de la guerrilla, encabezada por Pablo Beltrán.

Para mediados de diciembre de ese año, el excomisionado de paz comentó que había tenido contactos preliminares con la Segunda Marquetalia para sumar a la disidencia guerrillera a la Paz Total.

Este año, además, hubo varias reuniones de acercamiento entre el 9 y 10 de febrero con tres bandas de Quibdó, Chocó: Los Mexicanos, los Locos Yam y RPS-Cartel del Norte, que contaron con el acompañamiento de la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este año se instalaron oficialmente las siguientes mesas de diálogo:

• 2 de junio: Se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno y voceros de las bandas criminales de Antioquia en la cárcel del municipio Itagüí. 
• 18 de julio: Comenzó la mesa de diálogo con Shottas y Espartanos, organizaciones criminales de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
• 8 de octubre: ocurre la instalación oficial de las mesas de diálogos con el EMC.

Hasta el momento, ha habido contactos preliminares con el Clan del Golfo a través de representantes jurídicos, pero no se han nombrado equipos negociadores de las partes. Con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el gobierno ha estado cerca de instalar mesas de diálogos socio-jurídicas, pero no se ha concretado nada aún. Y con las bandas de Quibdó, desde agosto de este año hay un espacio de conversaciones socio-jurídicas. 

Es importante destacar que como ha habido un procedimiento distinto con cada grupo armado, no pudimos establecer el periodo de duración de la fase de exploración de la Paz Total, pues de acuerdo con la organización, esto varía. Hay casos en los cuales los diálogos exploratorios aún continúan.

Aunque le solicitamos a la oficina del Comisionado de Paz los datos sobre las supuestas liberaciones de 150 colombianos durante estas conversaciones, no respondieron a nuestra petición. Por parte del Ministerio de Defensa nos suministraron los siguientes indicadores de secuestros y liberaciones durante el gobierno de Gustavo Petro hasta el 31 de octubre de este año:

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional de MinDefensa.

MinDefensa, sin embargo, no detalla a qué organización criminal se le atribuye la autoría del rapto. Solo detalla el nombre del captor en el caso de los rescatados; así, por ejemplo, entre octubre y enero de este año se totalizaron 3 personas rescatadas del ELN.  

Aunado a esto, pese a solo tener las fechas de personas liberadas, al desconocer si había detrás alguno de los grupos armados en diálogo con el Gobierno no pudimos establecer si la liberación se enmarcaba en las distintas fases de exploración de la Paz Total.

También le preguntamos a la Fundación Ideas para la Paz (FIP) si habían recopilado datos sobre liberados en el marco de la Paz Total por parte de grupos armados, pero nos indicaron que esa información no la manejaban.  

Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), nos explicó que las cifras sobre personas liberadas “son muy complejas de rastrear, sobre todo por el subregistro”. 

Suben secuestros por el ELN y disidencias

Aunque el excomisionado Rueda se centró en las liberaciones, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció, tras el primer año de gobierno de Petro, que los casos de secuestro aumentaron un 90% en Colombia, pasando de 154 a 293 y detalló que mayoritariamente fueron ejecutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y estructuras criminales armadas que delinquen en diferentes localidades del país.

“Un gesto sincero se constituye en un paso sólido para alcanzar la paz en el Catatumbo y en cualquier otra región del país. Den el paso, demuéstrenlo con un verdadero gesto, no secuestren, renuncien a tan abominable práctica. Piensen como país, con el anhelo de los colombianos de vivir como hermanos, seguros, libres, respetuosos de los derechos humanos”, exhortó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.

Esta situación llevó a que la delegación del gobierno le diera un ultimátum al ELN a principios de noviembre para continuar con el proceso de diálogo y le exigió que dejara de secuestrar y liberara a quienes tenía en cautiverio (que se calcula son 32 personas). El comunicado se dio tras la liberación de Luis ‘Mane’ Díaz, secuestrado el 28 de octubre por el frente de Guerra Norte de la guerrilla. Hasta el momento, la organización armada no ha manifestado su intención de hablar del tema en la próxima ronda de negociaciones. 

La FIP también en su informe sobre la Paz Total en el primer año de la administración de Gustavo Petro alerta sobre el aumento del secuestro en lo que va de 2023, al igual que de la extorsión, y llamó la atención de que este incremento se presenta principalmente en zonas rurales, “lo que indicaría la relación de los grupos armados con este comportamiento y su interés por obtener más recursos. En departamentos como Nariño, Norte de Santander (Catatumbo), Caquetá, Putumayo, Meta (sur y Puerto Gaitán) esta relación es evidente”.

Fuente: FIP. 

En resumen, calificamos la frase del excomisionado Rueda sobre la liberación de 150 colombianos durante la fase exploratoria de la Paz Total como inchequeable, pues no tuvimos acceso a los datos en los que él se apoya y la fuente para contrastarlos, el Ministerio de Defensa, a pesar de que documenta las liberaciones no detalla el autor del secuestro de modo que se pueda establecer la supuesta relación con cada uno de los procesos exploratorios con diferentes grupos. Además, organizaciones independientes que cubren temas de conflicto como la FIP y Pares, no tienen cifras al respecto.

“El fruto de esos procesos tiene que ver, uno de ellos, de esas dinámicas de violencia, con lo que se logró en el 2006 en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, con el desmonte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Después de ese proceso, cerca de 4.000 integrantes de los 31.000 que dejaron las armas han sido asesinados”.

En su última aparición como Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo en un debate de control político de la Cámara de Representantes que en 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se desmontaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que “cerca de 4.000 integrantes de los 31.000 que dejaron las armas han sido asesinados”.

Colombiacheck se dio a la tarea de verificar las cifras declaradas por el ahora excomisionado y encontró que una es cuestionable y la otra, inchequeable porque al momento de la publicación de este informe, ni el entonces funcionario ni la oficina de prensa de su oficina respondieron a nuestros cuestionamientos para saber el sustento de sus afirmaciones.

También porque ninguna organización social, no gubernamental o institución del Estado lleva un control -a la fecha- sobre las condiciones de seguridad de las personas que se desmovilizaron en el marco del proceso de Justicia y Paz para reintegrarse a la vida civil.

¿Cuántos integrantes de las AUC se desmovilizaron en el gobierno de Uribe?

En los registros de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que desde 2003 acompaña y asesora a quienes hacen tránsito a la legalidad, se da cuenta de que de las 76.656 personas que abandonaron grupos armados ilegales entre 2001 y 2023 en Colombia, 36.559 pertenecieron a las autodefensas.

Los datos fueron publicados en su último informe ‘ARN en cifras’ con corte a octubre de 2023. Según esa misma agencia, entre 2002 y 2010, años correspondientes al periodo de Uribe, los desmovilizados fueron 35.822, como lo reseñamos en  un un chequeo anterior.

La cifra de cuántas personas realmente se desmovilizaron mereció incluso un capítulo aparte del libro ‘Desmovilización y Reintegración Paramilitar panorama posacuerdo con las AUC’ del Centro de Memoria Histórica. Allí se explicó que “en la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas ‘venta de franquicias’ que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno”.

Así mismo, agregó que debido a que este proceso se desarrolló a través de desmovilización progresivas, se “facilitó la duplicación de los efectivos reales, acompañada de los hechos denunciados de vinculaciones irregulares”.

Es así como recuenta que el Ministerio de Justicia de la época reportó 30.944 desmovilizados; según el Comité de Dejación de Armas, conformado por los Ministerios del Interior y de Justicia, de Defensa, la ahora Agencia para la Reincorporación  y la Normalización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo,  entre 2003 y 2005 fueron certificadas 7.584 personas como desmovilizadas individuales.

También se reportó de manera oficial que, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2010, 23.001 personas que pertenecían a las AUC dejaron ese grupo.. 

Por su parte, en agosto de 2006, la MAPP OEA, en su séptimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia, 30.915 personas dejaron las autodefensas.

Esta cifra y la del Ministerio de Justicia son las que más se acercan al dato que dio el ahora exfuncionario. Sin embargo, la oficial y más actualizada es la de la ARN, que es mayor. Por eso, se puede decir que la cifra del excomisionado de Paz es cuestionable.

¿Hay reportes actuales del asesinato de exparamilitares?

Otra cifra que entregó el excomisionado Danilo Rueda está relacionada con el asesinato de excombatientes de las AUC. Según él, son 4.000 personas, sin precisar el periodo de tiempo.

Al respecto, indagamos diferentes reportes relacionados con estos hechos. En las pesquisas en internet encontramos que el informe más reciente fue publicado por el periódico El Tiempo y se titula ‘Más de dos mil ‘exparas’ que se reincorporaron fueron asesinados’.

En la publicación de julio de 2019, se citan cifras de la “Agencia para la Reincorporación” (sic) que precisa que “en total, 3.094 ex-Auc han salido del proceso de reintegración por fallecimiento; 39 de ellos por muerte natural, y el resto por hechos violentos: 37 en muertes accidentales, 42 se han suicidado, 76 han fallecido en medio de accidentes de tránsito y otros 2.202 han sido asesinados. Aún faltan 698 muertes por establecer”. 

Sin embargo, el medio de comunicación no cita el nombre del informe y al revisar en la web de la ARN, los ‘ARN En Cifras’, publicados cada mes desde 2018 están hechos bajo un mismo modelo que desde entonces, no dan cuenta de homicidios de la población reintegrada.

Allí, la entidad presenta un balance de su gestión, precisando el recuento de su experiencia, número de oficinas nacionales, países financiadores, el tipo de procesos que realiza, número de desmovilizados según el grupo armado y a qué se dedican estas personas y dónde están, sin dar información de cuántas de ellas pudieron ser asesinadas. Consultada esta institución a través de su oficina de prensa, aclaró que, efectivamente, no tiene cifras de excombatientes asesinados.

Organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) o la Fundación Ideas para la Paz (FIP) no hacen seguimiento actual a la situación de los desmovilizados paramilitares, sino que se refieren en términos generales a los desmovilizados de distintos grupos o hacen el recuento específico de lo que está ocurriendo con los exintegrantes de las antiguas FARC que firmaron el Acuerdo en el Teatro Colón en 2016.

Entre tanto, el capítulo 5 de ‘Rearmados y Reintegrados: panorama posacuerdos con las AUC’, publicación de 2015 realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), plantea un panorama amplio sobre las condiciones de seguridad de quienes decidieron dejar las armas. Según el documento, entre 2001 y 2009, 2.118 desmovilizados fueron reportados como muertos y, con el pasar de cada año, hubo un incremento significativo.

“Sin embargo, la ACR (ahora ARN) se pronuncia en sentido contrario: En la gran mayoría de los departamentos se ha presentado una reducción significativa en el homicidio contra la población desmovilizada, cercana al 46 %. En los años considerados en este informe durante todos los meses se reportaron muertes de desmovilizados. En junio de 2008 y en marzo, abril y mayo de 2009 se presentaron picos altos en el número de fallecidos”, dice el documento.

Otra institución que se ocupó de reportar lo que ocurrió con los desmovilizados paramilitares fue el Consejo Permanente sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA). Sus informes sobre los homicidios de exintegrantes de estructuras paramilitares se presentaron hasta 2008. En los años subsiguientes, entregó informes pero no con este dato.

En ese año, el Décimo tercer informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo, la MAPP/OEA expresó preocupación por la situación de seguridad de los desmovilizados. “El número de desmovilizados muertos colectivos e individuales es de 1.945, de los cuales 1.298 fueron por homicidio (66 %)”, señala el último documento en el que se hizo precisión sobre las cifras de decesos de exparamilitares.

Después de este informe, se señalan casos puntuales como, por ejemplo, en el Décimo cuarto informe, donde se hacen advertencias sobre los problemas de seguridad de esta población luego del asesinato del excomandante del Bloque Tolima Diego Martínez, alias ‘Daniel’, cuando estaba recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Así las cosas y sin tener un reporte actualizado de las cifras de paramilitares que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil, es imposible afirmar que Danilo Rueda dio datos verdaderos o falsos en su debate de control político en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, calificamos de inchequeable la afirmación.