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Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2002, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.

Martes, 26 Septiembre 2017

En Zonas Veredales y Circunscripciones Especiales está el 91% de la coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación de Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, es imprecisa porque en realidad en estos territorios hay sembrada más coca, en total se trata del 94.5% de los cultivos ilícitos basados en esta planta.

Tres de los cuatro debates necesarios en el Congreso de la República ya superó el proyecto de Acto Legislativo que podría dar 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a igual número de circunscripciones especiales conformadas por municipios que han vivido de distintas maneras el conflicto armado en Colombia. Los puestos en el Congreso serían por los próximos dos periodos legislativos y en cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Precisamente, el tercero de los debates fue aprobado este lunes 25 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora solo le falta superar el último escollo que será en plenaria de dicha corporación, es decir, con todos los representantes.

El mencionado Acto Legislativo, que fue aprobado primero por el Senado, sufrió una modificación “de especial relevancia”, según la ponencia que se presentó en la Cámara de Representantes (en el debate de Comisión Primera). El texto aprobado finalmente en esta Comisión tuvo algunas reformas frente a la ponencia pero no sustanciales. Sólo se excluyeron cabeceras de más de 25.000 en censo electoral, Colombiacheck se compromete a publicar el texto aprobado por la Comisión Primera una vez lo obtenga.

Para la elección de las 16 curules adicionales “se excluirán las cabeceras municipales de todos los municipios por lo que únicamente se habilitarán puestos de votación y el censo electoral de las zonas rurales de estos”, algo que no estaba contemplado en el texto aprobado por el Senado. En relación a las causas de esa exclusión la Silla Vacía sostuvo que el cambio fue por un “cálculo político”.

El tema de las circunscripciones especiales de paz ha sido un asunto polémico desde el día que se empezó a debatir en el Congreso y por ello Colombiacheck le puso el ojo.

Solo un día después que se aprobó y pasó en sus respectivos dos debates en el Senado (hace dos meses) el congresista Alfredo Rangel publicó un trino en el que expresó su inconformidad por esa iniciativa, un trino que Colombiacheck decidió verificar.

 

 

El proyecto presentado por el Ministerio del Interior, cuando Juan Fernando Cristo era la cabeza de la cartera, simplemente tramitó lo que se pactó y está plasmado en la página 54 del Acuerdo Final.

“En el marco del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales”.

Dos períodos que, según pudo corroborar Colombiacheck en el documento radicado por Mininterior, serán los que comprenda las vigencias de 2018 a 2022 y de 2022 hasta 2026, es decir, a partir de la próxima legislatura que se elige el año que viene y durante los ocho años siguientes.

En el acuerdo negociado en La Habana quedó claro que serían 16 curules adicionales que se le darían a “zonas” o municipios “especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, sin embargo, lo que no quedó claro fue el nombre y la cantidad específica de aquellas “zonas” que tendrían derecho a las 16 curules adicionales.

Meses después del acuerdo se conoció el listado de esos municipios, un total de 167, (ó 164 leer nota aclaratoria) que se ubican en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle. La lista de los 167 municipios, que hace parte integral del proyecto radicado por Mininterior, fue confirmada a este medio por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Colombiacheck contactó a Rangel para verificar de dónde sacó la información en la que basa su trino. El congresista explicó que la obtuvo al “dividir la suma del número de hectáreas de coca presente en los municipios pertenecientes a las Circunscripciones de Paz entre el número total de hectáreas de coca de todo el país. En particular, la cifra del 91% se refiere a la información de los cultivos de coca en el año 2015”. El congresista añadió que el número de hectáreas de coca las obtuvo de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia, ODC.

Para corroborar lo expuesto por Rangel realizamos nuestra propia base de datos, aunque previamente ya este medio había establecido con el chequeo “La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca” que en efecto las Zvtn estaban cerca a estos cultivos ilícitos. Ahora lo nuevo era establecer si la coca también estaba en las circunscripciones especiales de paz, algo que hicimos tomando cifras de 2016 y no de 2015, como lo hizo el senador del Centro Democrático.

Para armar nuestra propia base de datos, en primera instancia recurrimos al ODC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y la cual colabora con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

Esta base de datos del ODC además de reportar el número de hectáreas de coca que se detectaron en el país también discrimina la información por departamentos y municipios.

A esa base de datos le adicionamos las 19 Zvtn (y como bonus extra los seis Puntos Transitorios de Normalización, PTN, que en ciertos casos también son conocidos como zonas veredales) y también el listado de los 167 municipios seleccionados como circunscripciones especiales de paz. Cruzamos los datos y el resultado fue que los cálculos del senador Rangel son aproximados a la realidad, pero se quedaron cortos pues hay más coca de la que él estimó.

Específicamente juntando las Zvtn, los PTN y los 167 municipios de circunscripciones especiales de paz se obtiene el 94.5% de la coca del país. Es decir, de las 146.140 hectáreas de coca que se detectaron en el país, 138.174 están en los lugares mencionados.

Estos datos permiten calificar la afirmación de Rangel como aproximada debido a que estos lugares no tienen el 91% de la coca del país sino el 94.5%, aunque es fundamental reiterar que el senador hizo sus cálculos con información de 2015 y este medio con la información más reciente, es decir, la de 2016.

En relación a las Zvtn es importante recordar que desde agosto dichas zonas perdieron su estatus jurídico de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y pasaron a ser Espacios Territoriales de Reincorporación, la diferencia no es semántica sino práctica. Antes el ingreso a esas zonas estaba vedado, ahora no, cualquiera puede entrar a dichos territorios en los que los guerrilleros de las Farc están haciendo su proceso de reincorporación a la vida civil.

Respecto a los municipios con más presencia de cultivos de coca, Colombiacheck consultó el estudio “Monitorio de de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2016” y el panorama se aclara aún más. Los 10 municipios con más coca en el país, que suman el 48% del total nacional, son todos circunscripciones especiales de paz. Además, los tres primeros municipios que concentran el 30% de la coca, son a la vez zonas en los que se ubica una Zvtn. En Tumaco, Nariño, está una Zvtn en la vereda La Variante, en Tibú, Norte de Santander, está una Zvtn en la vereda Caño El Indio y en Puerto Asís, Putumayo, está otra Zvtn ubicada en la vereda La Pradera.

Con relación a los 167 municipios catalogados como circunscripciones especiales de paz, Colombiacheck pudo establecer, por medio del Simci, que en 117 de ellos hay cultivos de coca. En esas 117 zonas, funcionan 14 de las 19 Zvtn y cinco de las siete PTN.

 

¿Quiénes y cómo escogieron los 167 municipios?

La inquietud se la trasladamos a Mario Puerta, quien se ha desempeñado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp. De acuerdo con su testimonio, para la selección de los 167 municipios se tuvieron en cuenta “una serie de indicadores que reposan con el gobierno, específicamente en el Departamento Nacional de Planeación”.

Según explicó “al cruzar todas esas variables se generan una serie de municipios y con base en ese rango de municipios es que se hacen las circunscripciones”.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista Puerta manifestó que algunas de las variables fueron abandono estatal, alta afectación por el conflicto, presencia de cultivos ilícitos, entre otras.

Respecto a una posible incidencia de las Farc en la selección de los 167 municipios el asesor explicó que el grupo en proceso de reincorporación a la vida civil sí participó en las discusiones como ocurrió en todo el proceso de la mesa de conversaciones. “Todo debía provenir directamente del Acuerdo Final”, añadió Puerta.

Finalmente respecto a la posibilidad que los partidos tradicionales o las mismas Farc acaparen estas curules que fueron creadas exclusivamente para habitantes de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, según el Acuerdo Final, Puerta explicó que se ha creado un blindaje normativo para que esto no ocurra y que tanto en el Acuerdo como en el Acto Legislativo quedó explícito que los partidos tradicionales ni las Farc podrán acceder a estas curules.

Puerta añadió que lo que se espera es que nadie procure hacerle trampa al Acuerdo Final y que las Farc así como los partidos tradicionales respeten la normatividad que no permite que puedan acceder a dichas curules.

 

Criterios para seleccionar los 167 municipios

Colombiacheck indagó los criterios empleados para seleccionar los 167 municipios y encontró la ponencia radicada en Senado que contiene en su página tres los criterios o metodología de dicha selección.

El documento aborda cuatro criterios principales: 1) Grado de afectación derivado del conflicto, 2) Niveles de pobreza, 3) Debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de gestión y 4) Cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales.

Este medio buscó una explicación más detallada del origen de cada una de estas variables pero solo pudo establecer que para la concerniente a los cultivos de uso ilícito se fundamentaron en el ODC. De las demás variables Colombiacheck no pudo conocer de dónde provinieron los datos. Hicimos la solicitud en la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio del Interior (con derechos de petición) pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta que aclare las inquietudes.

De los cuatro criterios está claro que el relacionado con cultivos de uso ilícito tuvo gran ponderación, algo que corrobora este chequeo al confirmar que en los 167 municipios seleccionados, en las Zvtn y PTN se encuentra sembrado el 94.5% de la coca del país.

Frente al tema el representante a la Cámara Alirio Uribe le explicó a Colombiacheck que la alta presencia de coca en los municipios seleccionados resulta apenas lógica si se tiene en cuenta que el fenómeno es una característica de los municipios afectados por el conflicto armado.

Colombiacheck también habló con Camilo Vargas y Germán Robayo, de la Misión Observación Electoral, MOE, y ellos explicaron que “era un hecho extraño solo haber incluido a cuatro municipios de Arauca y ninguno de los departamentos de Boyacá y Casanare. Además, también llamaron la atención sobre cuál fue la razón para no incluir la cuenca del Río Baudó del departamento del Chocó en los municipios seleccionados para las circunscripciones de paz”.

Tanto Vargas como Robayo sostuvieron que aunque el Acto Legislativo mencionó tales criterios de selección lo que podrían indicar los datos es que el criterio de la presencia de coca sería el que más peso tuvo y este se usó para excluir ciertos municipios como por ejemplo los de Casanare, Arauca, Boyacá y los de la cuenca del Río Baudó. Estos departamentos, entre otros, aunque no tienen alta tanta presencia de coca, sí han tenido un grado de afectación del conflicto, tienen altos niveles de pobreza y debilidad institucionalidad, señalaron los expertos de la MOE.


 

Nota aclaratoria:

El texto que se debatió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes menciona 164 municipios, sin embargo, al hacer el conteo de los municipios establecidos en dicho texto aparecen 167. Colombiacheck decidió trabajar con la cifra de 167 municipios porque fue este número que se abordó en los dos debates aprobados en Senado, una cifra que en todo caso no se aleja de la abordada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.