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Miércoles, 25 Noviembre 2020

Las Farc sí se desmovilizaron y no hay pruebas de que tienen un brazo político y otro armado

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo aseguró que el grupo guerrillero nunca se desmovilizó, pero esto no es cierto. La existencia de disidencias, que no están de acuerdo con el grupo que se desmoviliza, es común en estos procesos.

La Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que “las Farc nunca se desmovilizaron. Una parte de esa banda delincuencial hizo la pantomima de una desmovilización, mientras que otro sector, el que ejerce control del narcotráfico, continuó en la ilegalidad con lo que pudieron configurar una perfecta combinación de formas de lucha”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues hasta ahora no hay pruebas de que el grueso de los desmovilizados tengan relación con las disidencias. Por el contrario, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, certifica que la gran mayoría de los reincorporados continúan en el proceso. Además, los autodenominados firmantes de la paz han denunciado constantemente que los están matando y, para pedir protección, marcharon a finales de octubre desde varias zonas del país hasta Bogotá. Por último la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tiene abierto ningún incidente de incumplimiento contra Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Farc, a quien Restrepo acusa de mantener vínculos con las disidencias.

En la oficina de prensa de Restrepo le dijeron a Colombiacheck que la congresista basó su afirmación en que los miembros de la disidencia encabezada por Iván Márquez, autodenominada “La Segunda Marquetalia”, simularon firmar el Acuerdo Final para luego rearmarse y continuar con el negocio del narcotráfico. “A lo que se refiere con ‘todas las formas de lucha’ es a que hoy tienen un brazo político en el Congreso y un brazo armado”, aseguraron. Indicaron, además, que una de las pruebas es una carta de Romaña, fechada en diciembre de 2019, en la que asegura seguir manteniendo contacto con Lozada.

Hay que recordar que una misión de verificación de las Naciones Unidas, ONU, certificó el desarme de las Farc en 2017, mientras que el surgimiento de disidencias (en este caso, de exintegrantes de  Farc que decidieron formar nuevos grupos armados) es común en procesos de desarme, lo que se ha observado en experiencias internacionales, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, en el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, publicado en 2018.

“Su aparición es común ya que todos los ejércitos irregulares están conformados por personas con identidades, costumbres e intereses diferentes, que los hacen susceptibles de divisiones. La evidencia, además, demuestra que las disidencias tienden a surgir más durante negociaciones de paz, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, rechazo, incertidumbre e inconformismo, y que en su aparición y evolución influyen factores organizacionales y del entorno, no solo de tipo económico sino también geográfico, político, social”, explica el informe.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, calcula que entre el 12 y el 15% de los miembros de las antiguas Farc volvieron a las armas o nunca estuvieron en el proceso de paz y asegura que ahora las disidencias están divididas en 28 grupos.

“Tanto para la opinión pública nacional como para las mismas Farc-EP, la conformación de las disidencias responde a meros intereses económicos y codiciosos de sus integrantes (ligados, principalmente, al negocio del narcotráfico). Sin embargo, la realidad es que existen importantes diferencias entre ellas y debemos entenderlas caso a caso. Si bien es cierto que todas se encuentran vinculadas a rentas ilegales, algunas esgrimen razones ideológicas de fondo para justificar su continuación en la confrontación armada, mientras otras carecen totalmente de ellas. Esta situación mostraría que tanto radicales comprometidos con la causa revolucionaria armada como oportunistas se han alejado de la organización y el partido político de la guerrilla, el encontrar en las disidencias tanto capital ideacional como administrativo que satisface sus demandas. Esta oferta, sin duda alguna, puede ser atractiva en el corto-mediano plazo para miembros del partido Farc descontentos con su situación actual”, se explica en el libro Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa temprana, publicado en 2019.

Según la ARN, a septiembre de 2020 de las 13.936 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de Farc, 13.090 seguían en el proceso de reincorporación, cifras que muestran que la mayoría de los exguerrilleros siguen comprometidos con la paz.

No se puede olvidar luego de la desmovilización de los guerrilleros, producto del Acuerdo Final, 243 de ellos han sido asesinados, según el Partido Farc. Debido a que los asesinatos no paran, los excombatientes realizaron una marcha en octubre pasado desde diversas zonas del país que llegó a Bogotá para solicitarle al presidente Iván Duque protección y celeridad en el proceso de reincorporación, pues como lo hemos contado en Colombiacheck, los reincorporados necesitan tierras para cultivar y apoyo para emprender los proyectos productivos.

Precisamente para tratar de parar los asesinatos el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que conformaron los exguerrilleros tras su desmovilización, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización.

Finalmente, hasta ahora la JEP no le ha abierto a Lozada ningún incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad de esa jurisdicción, como nos lo confirmaron en la entidad. Es decir, hasta ahora no hay pruebas de que él haya faltado a sus compromisos con la JEP. También hay que recordar que le corresponde a la justicia ordinaria investigar y judicializar cualquier delito que puedan cometer los exguerrilleros después de la firma del Acuerdo Final.

Si bien no tenemos cómo comprobar que ninguno de los exguerrilleros de Farc tiene nexos con las disidencias, tampoco hay pruebas, hasta ahora, de que el grueso de los reincorporados tenga nexos con las disidencias, como lo asegura Restrepo.

Ariel Ávila entrevistó hace poco a alias “Jonnier”, tercero al mando de la disidencia liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien aseguró que los firmantes de la paz traicionaron el espíritu revolucionario de las Farc. Además, dijo que lo que hicieron los excomandantes fue desarmar a los guerrilleros para entregarlos y luego dejarlos abandonados, lo que deja ver un claro distanciamiento del ahora Partido Farc. 

Hay que aclarar que la comunidad internacional ha apoyado la implementación del acuerdo debido a los avances que han corroborado en terreno, han donado dinero gracias al cual se han impulsado varios proyectos productivos y han resaltado, precisamente, el éxito de la dejación de armas y de la reincorporación. 

“Pocos procesos de paz tienen tanto éxito en las partes claves de la entrega de armas y la reincorporación de combatientes. En la mayoría ni siquiera se llega al 50%, y aquí hubo este éxito rápido”, le dijo Gautier Mignot, el saliente embajador de Francia en Colombia, a El Espectador antes de dejar el cargo los primeros días de noviembre de este año.

Por lo tanto, calificamos la afirmación de Restrepo de que las Farc nunca se desmovilizaron y ahora tienen un brazo armado y otro político como falsa.

 

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Viernes, 01 Febrero 2019

Excombatientes de las Farc, ¿los matan por haber sido guerrilleros?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Eso afirmó el Consejero para el Posconflicto, y aseguró que en la mayoría de los casos los grupos ilegales están detrás de los asesinatos. Pero hasta ahora, no ha sido probado.

Comenzando 2019, el ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luciano Marín (conocido como “Iván Márquez”) reapareció en la escena política. Lo hizo el 12 de enero, a través de un video en el cual criticó la implementación del acuerdo de paz.

 

Marín dijo que en solo dos años que tiene de vigencia el acuerdo (desde el 24 de noviembre de 2016), “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 guerrilleros” (vea: Explicador: ¿Qué es un líder social?).

Ese mismo día, en la noche, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, publicó en la página web de la entidad una carta titulada “Iván Márquez no dice la verdad”.

En ella señaló que es mentira que exista desprotección de los excombatientes y que “las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 excombatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”. La fuente de Archila, según cuenta en el comunicado, es el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, un día después, Archila fue entrevistado en revista Semana, donde se le preguntó por su desacuerdo con Marín y, en particular, sobre los 85 excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados.

Según Archila, “ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad”.

Puesto que al día siguiente, el 14 de enero, Archila fue nuevamente interrogado sobre el tema, pero ahora en RCN Radio, y una vez más afirmó que “no hay ninguno de ellos [los excombatientes] que haya sido evidenciado que hubiera sido muerto en razón de su condición de excombatiente”, en Colombiacheck decidimos verificar qué tanta verdad había en esa afirmación y en otra que mencionó Archila en la entrevista radial: “más de la mitad han sido muertos a manos de grupos armados y en enfrentamientos, lo cual da el indicio de que estaban dedicados nuevamente a actividades delictivas”.

Naciones Unidas

Acudimos directamente a la oficina de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto para consultar cuál fue la fuente en la cual se basó Archila en su afirmación y nos confirmaron que se trata del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia publicado el 26 de diciembre de 2018.

En referencia a la seguridad de los excombatientes de las Farc, el informe señala que “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las zonas circundantes”.

Pero el informe también asegura que, a pesar de ello, “continúan existiendo problemas significativos de seguridad en los nuevos puntos de reagrupamiento de exmiembros de las FARC-EP participantes en el proceso de reincorporación fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

A su vez, el informe confirma que desde la firma del acuerdo de paz y hasta el 26 de diciembre de 2018 (fecha de su publicación), 85 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Señala, además, que en las investigaciones “de un total de 87 casos, incluidos los 85 asesinatos, la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación”.

De esos 48, “36 están vinculados al Clan del Golfo, al ELN, a grupos disidentes de las FARC-EP y al Ejército Popular de Liberación”.

Es decir que, a diferencia de lo que señala Archila, el informe de Naciones Unidas confirma que solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO como los llama el gobierno). Se trata de menos de la mitad de los asesinatos y no de la “inmensa mayoría”, como dijo el consejero.

Por otro lado, el informe no confirma que, de los casos ya investigados o de los que aún están en proceso de investigación, alguno de los excombatientes haya sido asesinado por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Otras organizaciones

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y en su informe ‘Cómo va la paz. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz’, publicado en noviembre del año pasado, registró la situación de los excombatientes de las Farc asesinados.

Según Pares, “los obstáculos del proceso de reincorporación también se manifiestan en las fallas a la seguridad física de los y las ex combatientes de FARC, que también incluyen a sus familiares… de ahí que se tenga registro de 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018”.

Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de Pares, sin embargo, confirmó a Colombiacheck que para este momento, el número de asesinados del cual tienen registro es 85, el mismo número señalado por Naciones Unidas.

Jiménez, además, dijo que hasta el momento no tienen información concluyente sobre las razones o motivaciones de los asesinatos, pero que se mantienen algunas hipótesis.

“La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de estas personas a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales, o de los ya existentes, en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla”, dice el informe de Pares. Esto porque, según Jiménez, son personas que tienen entrenamiento militar, conocen el territorio y por eso son muy útiles para engrosar otras filas.

Sobre este mismo punto Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que esto se debe también a que los desmovilizados están en zonas de economías ilegales donde el tema de la violencia es importante, por eso “se presentan amenazas a exmiembros para presionarlos a que se involucren a bandas delincuenciales”.

En ese sentido, los dos investigadores coinciden en que no se puede decir que los exmiembros de las Farc asesinados por bandas delincuenciales necesariamente estaban incurriendo en actividades ilícitas, como señaló Archila.

Por el contrario, según Garzón, esto “libera la responsabilidad del Estado en términos de seguridad para los excombatientes, que es compleja, pero que el gobierno no ha podido resolver”.

La segunda hipótesis de Pares tiene que ver con situaciones de venganza particulares o por su antigua filiación a la insurgencia armada. “En algunas regiones hay cuentas pendientes en términos de lo que sucedió en la guerra entre ellos o fuera de la organización”, agrega Garzón.

Y estos hechos hacen que en este punto no haya total claridad de si los asesinatos se dieron por asuntos personales o familiares, de acuerdo Jiménez. O si por el contrario, refutando lo dicho por Archila, sí tienen que ver con el hecho de que estas personas hayan pertenecido a las Farc.

¿Qué dice la Farc?

Camilo Ernesto Fagua, miembro de la Comisión Nacional de derechos humanos del partido Farc, le dijo a Colombiacheck que desde la primera firma del Acuerdo Final han registrado 93 exintegrantes asesinados y que han podido establecer que detrás de esos homicidios están grupos paramilitares, fuerzas estatales, grupos de narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

(Lea: El ELN no aumentó acciones violentas durante mesa de negociación)

Aunque no han podido determinar cuántos de los homicidios han tenido como móvil la calidad de reinsertado de la víctima,“hemos encontrado que la principal causa de esas muertes es el incumplimiento en materia de garantías de seguridad y protección porque a mucha gente no se le ha cumplido con la puesta en marcha de los proyectos productivos o el proceso de la reincorporación integral, lo cual hace que mucha gente se disperse del proceso colectivo y se vuelva vulnerable a hechos como retaliaciones por hechos anteriores como por hechos relacionados con el proceso de conformación del partido”, indicó el abogado.

En este sentido hay coincidencias con lo que le dijo Garzón a Colombiacheck, pues según él los lugares adónde están llegando los exguerrilleros (que pueden ser sus lugares de origen o donde se encuentra su familia y que no hacen parte de las zonas establecidas en el marco de la implementación del acuerdo) son espacios de alta vulnerabilidad para ellos, pues no cuentan con la protección que establece el acuerdo de paz. Y ese hecho puede estar incidiendo en los homicidios de los cuales están siendo víctimas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Cumpliendo los pasos del chequeo de Colombiacheck y como el informe de Naciones Unidas cita a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, intentamos contactarnos también con esta entidad para conocer en qué están las investigaciones frente al caso, pero hasta el momento de publicar este chequeo, la oficina de prensa de la Fiscalía no nos ha suministrado ninguna respuesta al respecto.