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Miércoles, 25 Noviembre 2020

Las Farc sí se desmovilizaron y no hay pruebas de que tienen un brazo político y otro armado

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo aseguró que el grupo guerrillero nunca se desmovilizó, pero esto no es cierto. La existencia de disidencias, que no están de acuerdo con el grupo que se desmoviliza, es común en estos procesos.

La Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que “las Farc nunca se desmovilizaron. Una parte de esa banda delincuencial hizo la pantomima de una desmovilización, mientras que otro sector, el que ejerce control del narcotráfico, continuó en la ilegalidad con lo que pudieron configurar una perfecta combinación de formas de lucha”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues hasta ahora no hay pruebas de que el grueso de los desmovilizados tengan relación con las disidencias. Por el contrario, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, certifica que la gran mayoría de los reincorporados continúan en el proceso. Además, los autodenominados firmantes de la paz han denunciado constantemente que los están matando y, para pedir protección, marcharon a finales de octubre desde varias zonas del país hasta Bogotá. Por último la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tiene abierto ningún incidente de incumplimiento contra Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Farc, a quien Restrepo acusa de mantener vínculos con las disidencias.

En la oficina de prensa de Restrepo le dijeron a Colombiacheck que la congresista basó su afirmación en que los miembros de la disidencia encabezada por Iván Márquez, autodenominada “La Segunda Marquetalia”, simularon firmar el Acuerdo Final para luego rearmarse y continuar con el negocio del narcotráfico. “A lo que se refiere con ‘todas las formas de lucha’ es a que hoy tienen un brazo político en el Congreso y un brazo armado”, aseguraron. Indicaron, además, que una de las pruebas es una carta de Romaña, fechada en diciembre de 2019, en la que asegura seguir manteniendo contacto con Lozada.

Hay que recordar que una misión de verificación de las Naciones Unidas, ONU, certificó el desarme de las Farc en 2017, mientras que el surgimiento de disidencias (en este caso, de exintegrantes de  Farc que decidieron formar nuevos grupos armados) es común en procesos de desarme, lo que se ha observado en experiencias internacionales, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, en el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, publicado en 2018.

“Su aparición es común ya que todos los ejércitos irregulares están conformados por personas con identidades, costumbres e intereses diferentes, que los hacen susceptibles de divisiones. La evidencia, además, demuestra que las disidencias tienden a surgir más durante negociaciones de paz, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, rechazo, incertidumbre e inconformismo, y que en su aparición y evolución influyen factores organizacionales y del entorno, no solo de tipo económico sino también geográfico, político, social”, explica el informe.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, calcula que entre el 12 y el 15% de los miembros de las antiguas Farc volvieron a las armas o nunca estuvieron en el proceso de paz y asegura que ahora las disidencias están divididas en 28 grupos.

“Tanto para la opinión pública nacional como para las mismas Farc-EP, la conformación de las disidencias responde a meros intereses económicos y codiciosos de sus integrantes (ligados, principalmente, al negocio del narcotráfico). Sin embargo, la realidad es que existen importantes diferencias entre ellas y debemos entenderlas caso a caso. Si bien es cierto que todas se encuentran vinculadas a rentas ilegales, algunas esgrimen razones ideológicas de fondo para justificar su continuación en la confrontación armada, mientras otras carecen totalmente de ellas. Esta situación mostraría que tanto radicales comprometidos con la causa revolucionaria armada como oportunistas se han alejado de la organización y el partido político de la guerrilla, el encontrar en las disidencias tanto capital ideacional como administrativo que satisface sus demandas. Esta oferta, sin duda alguna, puede ser atractiva en el corto-mediano plazo para miembros del partido Farc descontentos con su situación actual”, se explica en el libro Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa temprana, publicado en 2019.

Según la ARN, a septiembre de 2020 de las 13.936 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de Farc, 13.090 seguían en el proceso de reincorporación, cifras que muestran que la mayoría de los exguerrilleros siguen comprometidos con la paz.

No se puede olvidar luego de la desmovilización de los guerrilleros, producto del Acuerdo Final, 243 de ellos han sido asesinados, según el Partido Farc. Debido a que los asesinatos no paran, los excombatientes realizaron una marcha en octubre pasado desde diversas zonas del país que llegó a Bogotá para solicitarle al presidente Iván Duque protección y celeridad en el proceso de reincorporación, pues como lo hemos contado en Colombiacheck, los reincorporados necesitan tierras para cultivar y apoyo para emprender los proyectos productivos.

Precisamente para tratar de parar los asesinatos el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que conformaron los exguerrilleros tras su desmovilización, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización.

Finalmente, hasta ahora la JEP no le ha abierto a Lozada ningún incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad de esa jurisdicción, como nos lo confirmaron en la entidad. Es decir, hasta ahora no hay pruebas de que él haya faltado a sus compromisos con la JEP. También hay que recordar que le corresponde a la justicia ordinaria investigar y judicializar cualquier delito que puedan cometer los exguerrilleros después de la firma del Acuerdo Final.

Si bien no tenemos cómo comprobar que ninguno de los exguerrilleros de Farc tiene nexos con las disidencias, tampoco hay pruebas, hasta ahora, de que el grueso de los reincorporados tenga nexos con las disidencias, como lo asegura Restrepo.

Ariel Ávila entrevistó hace poco a alias “Jonnier”, tercero al mando de la disidencia liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien aseguró que los firmantes de la paz traicionaron el espíritu revolucionario de las Farc. Además, dijo que lo que hicieron los excomandantes fue desarmar a los guerrilleros para entregarlos y luego dejarlos abandonados, lo que deja ver un claro distanciamiento del ahora Partido Farc. 

Hay que aclarar que la comunidad internacional ha apoyado la implementación del acuerdo debido a los avances que han corroborado en terreno, han donado dinero gracias al cual se han impulsado varios proyectos productivos y han resaltado, precisamente, el éxito de la dejación de armas y de la reincorporación. 

“Pocos procesos de paz tienen tanto éxito en las partes claves de la entrega de armas y la reincorporación de combatientes. En la mayoría ni siquiera se llega al 50%, y aquí hubo este éxito rápido”, le dijo Gautier Mignot, el saliente embajador de Francia en Colombia, a El Espectador antes de dejar el cargo los primeros días de noviembre de este año.

Por lo tanto, calificamos la afirmación de Restrepo de que las Farc nunca se desmovilizaron y ahora tienen un brazo armado y otro político como falsa.

 

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Lunes, 13 Febrero 2017

Fiscal se da la ‘pela’ para que colados no ingresen a la JEP

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Gracias a las advertencias que hizo Néstor Humberto Martínez, hoy los disidentes y reincidentes de las Farc en actividades ilícitas quedaron por fuera de la Justicia Especial para la Paz.

Cuando el 19 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional inició con la radicación de proyectos de ley que se aprobarían o no vía fast track por parte del Congreso, hubo un tema que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló como un mayúsculo problema: La ley radicada por el gobierno permitiría colados en la Justicia Especial para la Paz, JEP, beneficios penales a disidentes y reincidentes de las Farc.

La anterior tesis la sustentó el Fiscal argumentado que disidentes de esa organización o reincidentes, aún sin entregar las armas o dejar sus actividades ilícitas, se beneficiarán de la JEP, de acuerdo a como estaba radicado el acto legislativo del Gobierno.

Por esta crítica a Martínez le llovieron críticas y fue señalado de ser un opositor del proceso de paz al ponerle trabas a los proyectos del gobierno, sin embargo, el tiempo y los congresistas terminaron dándole la razón. Varias de las precisiones que el jefe del ente acusador señaló como necesarios para la aprobación de la JEP fueron tenidas en cuenta en los dos debates que se dieron en la Cámara de Representantes, tanto en la comisión primera como en plenaria.

Los señalamientos del Fiscal empezaron el 17 de enero cuando por medio de una misiva dirigida al propio presidente de esa comisión, el representante conservador Telésforo Pedraza, explicó sus preocupaciones.

Colombiacheck seleccionó dos de los señalamientos que hizo el Fiscal, verificó si tenía razón en advertirlos y determinó si la Cámara de Representantes tomó en cuenta sus consideraciones.

¿Los disidentes se beneficiarán de la JEP?

Martínez en una misiva enviada a la Comisión Primera de la Cámara advirtió que el artículo 5º transitorio sobre la JEP tenía una redacción que permitía darle beneficios penales a disidentes de las Farc, es decir, a los que no entregarán las armas y continuarán en actividades ilícitas.

El Fiscal en su misiva argumentó: “El artículo 5º extiende el régimen de beneficios de la JEP a todos “los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno” sin excluir a los disidentes de dichas organizaciones, los que deben quedar sometidos a jurisdicción de la justicia ordinaria”.

En principio el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, negó categóricamente “de ninguna manera”, sostuvo. Explicaba Jaramillo que lo que el Fiscal pretendía era que esto quedará más explícito en el texto que se aprobaría en el Congreso, pero que lo importante era mirar todo en conjunto. Jaramillo recordó el numeral 38 del capítulo que aborda la JEP: “En el caso de las Farc la participación en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición estará sujeta a la dejación de las armas”.

En síntesis, el acuerdo final dejó claro que la justicia transicional solo sería para quienes dejarán las armas (no disidentes), sin embargo, esto no estaba así de explícito en el proyecto que tramitó el gobierno en la comisión primera de la Cámara. El Fiscal señaló que era importante que esto quedará de manera categórica y finalmente la Comisión acató la recomendación de Martínez para garantizar que ningún disidente se cuele en los beneficios penales que ofrece la JEP (ver ley aprobada por Cámara).

El texto quedó así: “Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno nacional”.

Los reincidentes de las Farc

Otra de las consideraciones que señaló el Fiscal, tanto en su primera como segunda misiva, fue que los reincidentes de las Farc podrían mantener los beneficios penales de la JEP por nuevos delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre “en el texto propuesto el reincidente mantiene la competencia de la JEP respecto a los delitos cometidos (por él) con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto”.

El Fiscal manifestó que por un lado el acto legislativo dejó claro que los nuevos delitos de los reincidentes pasarán a la justicia ordinaria, pero por otro lado, el proyecto de ley sostiene que en los casos de reincidencia será la JEP quien evaluará esas conductas y decidirá si el nuevo delito cumple o no con las condiciones para ser incluido en el sistema especial de paz. Es decir, que no se expulsa de manera categórica a los reincidentes sino que estos entran en un proceso de evaluación de la JEP.

Tras el debate, el proyecto que finalmente aprobó la plenaria de la Cámara quedó así: “Si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria.

En dichos casos, la JEP evaluará si esta nueva conducta, cuando corresponda con las que serían de su competencia, implica un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Final, que amerite no aplicar las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia de la JEP.

Para el Fiscal no solo es importante que el Acuerdo Final mencione ciertos aspectos sino también que queden explícitos en los textos que se están debatiendo en el Congreso. Por ahora, el fast track sobre la jurisdicción especial de paz ya quedó aprobado en las dos instancias de la Cámara de Representantes, ahora la pelota la tiene el Senado, entidad que tendrá que dar otros dos debates sobre el tema (en Comisión Primera y en Plenaria) donde seguro el Fiscal volverá a pedir claridades.