3 DATOS CLAVE:

1. Cuentas antiderechos han atacado al proyecto de Ley Integral Trans o Sara Millerey diciendo que permite la hormonización, la mutilación y el cambio de sexo desde la infancia o que les quita a las familias la patria potestad sobre personas con identidades de género diversas antes de los 18 años.
2. Nada de esto está contemplado en la iniciativa como fue aprobada en primer debate ni lo estaba en la versión original, a la que de todas formas se le hicieron varias modificaciones justamente para evitar este tipo de tergiversaciones.
3. Varios difusores de estas desinformaciones coinciden con anteriores campañas contra los derechos de la población LGBTIQA+, especialmente desde sectores religiosos.

En la última legislatura del actual Congreso, que comenzó este 20 de julio, la Ley Integral Trans debe seguir su trámite, luego de haber sido aprobada a último minuto en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, mientras enfrenta una serie de ataques con desinformaciones recicladas sobre su contenido.

Desde sectores conservadores y religiosos afirman falsamente que la norma va a legalizar el cambio de sexo en la niñez a través de cirugías, terapias de hormonización y hasta la mutilación genital; todo esto sin necesidad del aval de los padres. El propósito, según ellos, es implantar la ‘ideología de género’ en los menores.

La iniciativa legislativa no promueve operaciones o tratamientos para el cambio de sexo en la infancia. Tampoco les quita a los padres la patria potestad. El objeto de esta ley es garantizar los derechos fundamentales de las personas trans en el país. 

Registrado como el proyecto de ley 122 de 2024 en la Cámara, este contempla medidas para evitar la exclusión y discriminación de las personas con identidades de género diversas. Esto abarca el reconocimiento legal en el registro civil, su inclusión laboral, la protección frente a violencias estructurales, la publicación de datos y estadísticas oficiales, etc. 

El texto tenía 50 artículos, pero fueron eliminados cinco en su primer debate. Todavía le restan otros tres para su aprobación definitiva, uno en plenaria de la Cámara de Representantes y dos en comisión y plenaria del Senado.

A esta propuesta legislativa también se le conoce como Ley Sara Millerey, en conmemoración a la mujer trans asesinada en Bello, Antioquia, en abril, y sobre quien también lanzaron narrativas revictimizantes sin fundamento.

Proyecto de ley no estipula el cambio de sexo en la niñez

Analizamos el texto radicado en la Cámara y el aprobado en comisión. Ninguno menciona lo que señalan en redes sociales sobre “cambio de sexo”, “hormonización” o “mutilación” a edades infantiles. De hecho, en el artículo 3 indica que la identidad de una persona transgénero se construye “independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas”.

La versión original, no obstante, reconocía que las personas toman decisiones sobre su identidad de género en su infancia y adolescencia según su madurez, en lo que se estipula como “principio de autonomía progresiva”. Esto fue sustituido por una referencia general a lo que ordena la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Igualmente, no es que permita decisiones médicas sin consentimiento.

Ya ese tribunal había señalado, en su sentencia T-218 de 2022, que la identidad de género se empieza a construir desde temprana edad, aproximadamente desde los tres años. Por lo tanto, asintió ese derecho y el de “acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género”, pero no de forma irrestricta sino de acuerdo al grado de autonomía, justamente en relación con la edad y otros factores a tener en cuenta según cada caso.

La misma jurisprudencia del alto tribunal había reconocido, en la T-063 de 2015, la identidad de género como un derecho fundamental, vinculado a la dignidad humana, autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, exhortó a expedir una ley que proteja este derecho.

A pesar de esto, para evitar tergiversaciones, se hicieron ajustes en la versión aprobada. “La ley no autoriza ni obliga a niños, niñas o adolescentes a someterse a tratamientos médicos (…) Durante el trámite legislativo se hicieron ajustes precisamente para disipar cualquier ambigüedad sobre los menores de edad”, señaló la representante verde por Bogotá y ponente de la iniciativa Catherine Juvinao.

En este sentido, a pesar de que la propuesta nunca hizo mención a la pérdida de patria potestad, se removió un punto que explícitamente permitía a “cualquier persona solicitar la corrección del componente de sexo y el cambio de nombre en su registro civil en cualquier momento del ciclo de vida, sin autorización de terceros”. También se eliminó una disposición que indicaba que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades desarrollarán estrategias para acompañar a las familias en el respeto de la identidad de género de niños, niñas y adolescentes.

Aunque en ninguno de los documentos se mencionan las terapias de hormonización, luego de su primera discusión, en el proyecto se retiró el capítulo completo que abordaba la “salud y seguridad social”. Allí se incluían medidas sobre el acceso a tratamientos y procedimientos médicos para la afirmación y la prohibición de los destinados a reprimir identidades de género diversas.

La norma mantiene el principio de despatologización, que señala que la identidad de género no debe ser vista como enfermedad y no se pueden exigir tratamientos o diagnósticos para el acceso a derechos, beneficios o servicios públicos. 

La Plataforma Ley Integral Trans Ya, conformada por más de una centena de organizaciones a favor de la legislación, sostuvo que la propuesta busca garantizar el acceso al derecho fundamental a la salud en general para esta población que históricamente se ha visto discriminada por el sistema, más allá de los servicios afirmativos. Todas las personas trans en cualquier etapa de su vida tienen derecho a recibir atención médica, hacerse exámenes y demás sin ser discriminadas; por eso no se especifica una edad, explicó la alianza.

Eso no significa que cualquier tratamiento se pueda dar a cualquier persona sin límites. “La formulación y autorización de determinados tratamientos, como por ejemplo los bloqueadores hormonales, tienen como criterio el desarrollo corporal, los estadios del desarrollo sexual del cuerpo humano”, señalaron. En muchos casos, aclararon, la afirmación de género en la infancia o adolescencia consiste en procesos de acompañamiento psicológico y reconocimiento social.

La ley, por lo tanto, no incluyen disposiciones sobre cambio de sexo, hormonización, cirugía de los menores o pérdida de la patria potestad. Las modificaciones introducidas fueron más de precisión técnica, pero no implican que en la versión original se hubiera considerado nada de lo anterior. 

No existen cirugías de cambio de sexo para menores

Como explicamos en nuestra investigación “#ConLosNiñosNoTeMetas: desinformaciones y odio contra circular de SuperSalud sobre población trans”, en Colombia no están permitidas ni se han registrado cirugías de cambio de sexo a personas antes de los 18 años. Estas solo se practican a partir de la mayoría de edad, “cuando realmente el paciente lo disponga”, nos explicó el abogado Andrés Martín, defensor de los derechos de la población LGBTIQA+.

El Ministerio de Salud también lo confirmó a través de un derecho de petición enviado por el diario El Espectador. La entidad gubernamental indicó que no existe ni un solo registro de algún procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo en niños, niñas o adolescentes. Solo 59 personas, entre los 21 y los 73 años, se han sometido a estas intervenciones entre 2018 y 2024.

Desinformaciones con la etiqueta #StopLeyTrans

Con la etiqueta #StopLeyTrans, que llamaba a detener la iniciativa, influencers y activistas religiosos atacaron la Ley Sara Millerey y en muchos casos utilizaron justamente estas mentiras:

• “La comisión primera de la cámara quiere aprobar a última hora el proyecto de ley integral trans que busca legalizar cambio de sexo en niños e ir contra la patria de potestad”, Jonathan Silva (@silvajonathan01).
• “Aprobaron el proyecto de ley trans que permite a los adultos cambiarle el sexo a los niños, mutilando sus genitales o llenándolos de hormonas el resto se sus vidas. Aprobado en 1 debate necesita 4 aún lo podemos hundir, Colombianos necesitamos unirnos. #stopleytrans”, Juliana Alvarado R (@JuliAlvarado23).
• “Que la gente recuerde a @JorgeTamayoU [representante del Partido de la U por el Valle del Cauca] que busca votos en las iglesias que hoy apoyó el PL Trans que busca legalizar hormonización en menores de edad”, Carol Borda (@CarolBordaA).

La cuenta de la organización Padres con la Verdad (@PadresConlaVerd) incluso se sumó a esta desinformación para relacionar el proyecto con “tortura” y “experimentación”. De hecho, lo hizo con discurso de odio, al referirse a la transexualidad con el término “disforia de género”, que corresponde a una enfermedad mental con un trasfondo distinto, pero que justamente puede ser detonada por este tipo de actos y palabras discriminatorias, como detallamos en un explicador.

La etiqueta recibió más de 42.000 menciones, con dos picos importantes: el 4 de junio, cuando fue aprobado el informe de ponencia positiva de la norma, y el 19, luego de que se aprobara la iniciativa legislativa en su primer debate. Estos datos los obtuvimos a través de la herramienta Meltwater, a la cual tenemos acceso mediante nuestros aliados del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Detrás de estos mensajes, están varios de los mismos actores que han desinformado antes contra otras medidas y propuestas a favor de las personas trans y LGBTIQA+ en general: la directora de Nazer Colombia, Carol Borda; el cofundador del mismo movimiento Jonathan Steven Silva Mocetón; la creadora de contenido católica Juliana Alvarado y la organización Padres con la Verdad.

Por ejemplo, estos mismos señalamientos fueron difundidos en 2024 con la etiqueta #ConLosNiñosNoTeMetas para atacar el hundido proyecto de ley ‘Inconvertibles’, dirigido a prohibir los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género (mal llamados “terapias de conversión”) y la circular de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la atención integral en salud de la población trans en Colombia. Así lo demostramos en sendas investigaciones