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Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.

Lunes, 24 Julio 2017

Uribistas dejan atrás rumor sobre salario de $1.8 millones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La congresista Thania Vega del Centro Democrático dice que el gobierno va “a pagar 90% de salario mínimo a guerrilleros”, afirmación cierta pues el Acuerdo Final dice que recibirán menos de $700.000

La senadora del Centro Democrático Thania Vega, esposa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, en su cuenta de Twitter el pasado 12 de julio realizó una encuesta sobre un tema que ha causado rechazo al interior del uribismo, los sueldos para los exguerrilleros de las Farc.

 

 

La aseveración de la congresista uribista, planteada como pregunta, es verdadera pues según la página 75 del Acuerdo Final los exguerrilleros “recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos (un trabajo estable)”.

Dicho monto, específica el mismo acuerdo, será pagado desde la terminación de las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización, Zvtn, y durante 24 meses.

La encuesta, además de medir la opinión de sus seguidores en relación a los salarios de los exguerrilleros, también sirvió para conocer que los uribistas siguen oponiéndose a que las Farc reciban cualquier tipo de ayuda del Estado, tal como en plena campaña lo aseveró falsamente el expresidente Álvaro Uribe, cuando dijo que las Farc tendrían un salario mensual de $1.8 millones durante cinco años.

Ese fue un rumor que durante la campaña por el plebiscito se convirtió en un mito urbano y buena parte de la opinión pública colombiana creyó. En realidad solo el 17% de los exintegrantes de las Farc podrían ser los que obtengan dicho salario pues integrarán los esquemas de seguridad de los líderes de esa agrupación.

Para saber cómo desmentimos al expresidente hace más de un año lea El Cuentazo de Uribe.

Queda claro que la senadora Vega desestimó la tesis de campaña que tuvo su jefe político, un rumor que nunca fue cierto, pero que aprovecharon Uribe y sus seguidores para difundirlo y causar estupor entre los votantes.

Así las cosas, los exguerrilleros, al igual que otras personas que han abandonado grupos armados ilegales, recibirán además del 90% de un salario mínimo otros auxilios como $2 millones de una asignación única de normalización y también podrían recibir $8 millones, por una sola vez, como capital semilla para iniciar sus emprendimientos, estos proyectos serán canalizados por medio de Ecomún, una organización de economía solidaria creada por las Farc.

Los exmiembros de las Farc que se acojan a los acuerdos tendrán pago de seguridad social por un periodo determinado de 24 meses para las personas que no se encuentren vinculadas a actividades remuneradas. Además, dice el Acuerdo Final, los excombatientes tendrán acceso a programas de educación, vivienda, recreación y deporte, de la misma forma como sucede con los demás desmovilizados de otros grupos armados que han dejado las armas.

Es decir, el gobierno sí realizará los aportes a su pensión, como lo aseveró la senadora Vega.

Falso ofrecimiento de empleo

En síntesis, los exintegrantes de las Farc tendrán auxilios similares a los que han tenido otras personas que han dejado las armas y que se han reintegrado la sociedad por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ahora denominada Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN. Claro, podrán acceder a esos auxilios siempre y cuando cumplan a cabalidad lo estipulado en el acuerdo de paz.

La ANR ha sido encargada de acompañar en los procesos de reintegración a las personas que han dejado las armas. Esta misma agencia fue objeto de falsas noticias el 18 de julio pasado, por medio de mensajes de Whatsapp que referían que esta entidad y la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) estaban haciendo convocatorias para recibir personal.

Falsa oferta de empleo de la ARN por WhatsApp

Pocas horas después la ARN desmintió la información mediante un comunicado: “Como respuesta al aviso en redes sociales, el cual expresa que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) busca profesionales y recibe hojas de vida para proveer empleos o contratos relacionados con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la entidad comunica a la ciudadanía que no ha hecho publicación oficial de dicha información”.