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Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.

Viernes, 31 Mayo 2019

Cadena de Whatsapp desinforma sobre cumplimiento de las partes en acuerdo de paz

Por Sania Salazar

No es cierto que el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, le otorgue porcentajes de cumplimiento a cada una de las partes firmantes del mismo.

Circula una cadena de Whatsapp que asegura: “el informe de cumplimiento de acuerdos: El Gobierno incumplió el 90% de los acuerdos, las Farc cumplieron al 90%. Universidad de Notre Dame”.

Cadena de Whatsapp

Después de revisar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que efectivamente hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, no otorga porcentajes al cumplimiento de las partes firmantes del Acuerdo. Lo que hace es evaluar el avance de los compromisos pactados.

Hay que recordar que en el Punto 6 del Acuerdo Final firmado en La Habana por el Gobierno y la exguerrilla de las Farc se pactó la creación de un mecanismo de verificación con un componente internacional para comprobar el estado y avances de la implementación del Acuerdo, que además debe “identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación”.

El Instituto Kroc hace parte de ese mecanismo, en el que le quedaron encargadas las tareas de diseñar la metodología para identificar los avances de los acuerdos “que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz”.

David Huey, representante del Instituto Kroc en Colombia, le explicó a Colombiacheck que la metodología consiste en asignarle categorías de cumplimiento a cada punto pactado en el Acuerdo, “cero” para lo que no ha arrancado, “uno” para lo que está en marcha y “tres” para lo completado. “Eso es generalmente objetivo, pero hay algo de subjetividad de los analistas en Estados Unidos de cuando una disposición ha pasado de una categoría a otra, pero hay toda una metodología rigurosa y justificada cuando una disposición se gradúa de una categoría a otra”.  

Huey indicó que se trata de un ejercicio técnico y académico que no evalúa las partes, porque no les parece constructivo y porque polarizaría el debate alrededor de la implementación, lo que evalúan es si los acuerdos se implementan o no.

“Lo que nos interesa es, de manera muy objetiva, tener una metodología en la cual todo el mundo pueda confiar, aunque nada es ciento por ciento perfecto, pero la rigurosidad académica es lo que genera la garantía de la objetividad del ejercicio, por ende nunca haríamos ese tipo de calificación al que se refiere la cadena de Whatsapp”, indicó Huey.

El representante del Instituto Kroc en Colombia concluyó que es demasiado simplista sacar conclusiones como las del mensaje de Whatsapp porque un acuerdo de paz tiene fases, responsabilidades mutuas porque un actor puede cumplir rápidamente muchas disposiciones porque le compete en esa fase del proceso y otro tiene la responsabilidad a largo plazo.

El Instituto saca un informe anual sobre el estado de la implementación en el que presenta porcentajes que muestran el nivel de avance de los compromisos. En el más reciente se puede ver cómo presentan los resultados. Según ese informe, al 30 de noviembre de 2018, de las 578 disposiciones a las que le hacen seguimiento, 391 (68%) están en algún nivel de implementación.

Instituto Kroc


Este gráfico presenta el estado de la implementación a noviembre de 2018. “El 23% de los compromisos se han implementado completamente, el 12% tiene un nivel de avance intermedio, y un 33% tiene un nivel de avance mínimo. En síntesis, el 68% de los compromisos del Acuerdo Final se encuentran en algún nivel de implementación—mínima, intermedia o completa”, indica el informe.

Instituto Kroc

En este gráfico muestran el estado de la implementación según cada punto del Acuerdo. Según Kroc, desde diciembre de 2016 los mayores avances en términos de implementación completa se continúan observando en el Punto 3 (Fin del Conflicto) y el Punto 6 (Implementación, Verificación y Refrendación). Los niveles más bajos de implementación completa se evidencian en el Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas). Así mismo, los niveles más altos de implementación no iniciada, es decir, compromisos que a la fecha no han iniciado su implementación, se encuentran en el Punto 2 (Participación Política) y el Punto 5 (Acuerdo sobre las víctimas del conflicto).

En el Instituto Kroc resaltaron que si bien son la instancia acordada por las partes como componente técnico de verificación de la implementación son totalmente independientes.

*Foto tomada del Facebook de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.